Ricardo Garza Salazar
Expediente 1150/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Garza Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1150/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve, al tercero interesado ÓSCAR LEONARDO IBARRA ORDOÑEZ, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese al referido tercero interesado, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes acuerdos, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. CHANT*
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1150/2019-II, promovido por RICARDO GARZA SALAZAR, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada el mismo día ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, RICARDO GARZA SALAZAR, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Único Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado Morelos y otras autoridades (fojas 6 a 10 del expediente principal). SEGUNDO. Una vez subsanada la prevención, por auto de tres de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, radicándola con el número 838/2019-8, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional (fojas 15 y 16 del expediente principal). TERCERO. Mediante auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero de Distrito ordenó la separación de juicios en el amparo 838/2019-8, conociendo únicamente por cuanto a los actos reclamados por el quejoso respecto de la causa penal 18/2015, por el delito de fraude genérico ordenando la remisión de las diversas causa penales 467/2010, 13/2015, 30/2015, 55/2017, 15/2017, 16/2015, 17/2015, 414/2010, 577/2016, 450/2016, 609/2016, 612/2016, 448/2016, 797/2016, 827/2016, 798/2016, 61072016, 452/2016, 449/2016 705/2016, 826/2016, 54/2017, 182/2016, y 290/2016 al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a fin de que returnar de manera aleatoria las demandas de amparo (fojas 78 a 80 del expediente principal). CUARTO. Por auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve se tuvo por recibido el oficio 1106/2019, proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remitió el diverso oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el que decreta la separación de juicios dentro del amparo 838/2019-8 de su índice, en consecuencia, se admitió la demanda de amparo promovida por Ricardo Garza Salazar, contra el acto consistente en la orden de presentación girada en la causa penal 827/2016, antes 75/2016, registrándose con el número 1150/2019-II, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se dio vista al impetrante para que dentro del plazo de quince días contados a partir de la legal notificación, en vía de ampliación manifestara si era su deseo o no señalar como autoridad responsable a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; toda vez que del informe justificado se advertía la participación de dicha Sala (fojas 83 a 87 del expediente principal). El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por desinteresado a la parte quejosa en señalar como autoridad responsable a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que se continuó con la prosecución del presente juico en los términos en que fue planteada la demanda de amparo (fojas 208 del expediente principal). Seguida la secuela procesal luego de haber sido diferida la audiencia constitucional, inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; además, el acto reclamado es atribuido a autoridades que residen dentro de tal territorio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La orden de presentación girada dentro de la causa penal 827/2016, antes 75/2016, del índice del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos y su ejecución al Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal y Director de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal, ambas de la Fiscalía del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado (anteriormente con denominación Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado en el cual refirió que el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia giró orden de presentación en contra del aquí quejoso (foja 61 vuelta del expediente principal). Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que integran la causa penal 827/2016, antes 75/2016, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexo I); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. De igual forma, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Encargado del Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado y Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 41 a 57 del expediente principal). CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. De oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" El primero de los dispositivos legales contempla que, si en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, exista un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, fracción II, establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de garantías, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y, a su vez, el diverso 108, fracción III, establece el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los actos que se reclamaron en esta instancia constitucional, son: 1.- La orden de presentación girada dentro de la causa penal 827/2016, antes 75/2016 del índice del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos. 2.- La ejecución de dicha orden. Ahora bien, a pesar de que por auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se requirió al impetrante para el efecto de que manifestara si señalaba como autoridad responsable a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, no lo hizo dentro del plazo concedido, razón por la cual, mediante auto dictado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por desinteresada en la ampliación de la demanda respecto a la mencionada autoridad y se ordenó continuar el tramite respecto de las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda; a saber Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, Encargado del Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado y Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado En mérito de lo anterior, debe sobreseerse en el juicio, en virtud de no ser posible analizar la constitucionalidad de la orden de presentación reclamada, toda vez que fue emitido por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, autoridad que al no haber sido designada como responsable, no fue llamada a juicio, por lo que no existe posibilidad de que pueda defender la constitucionalidad de tal acto. Esto es así, toda vez que de los antecedentes del acto reclamado se advierte lo siguiente: Mediante determinación de diecinueve de abril de dos mil dieciséis en la averiguación previa S.C-01/160/2011, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado solicitó al Juez Penal de Primera Instancia en Turno del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, librara orden de presentación en contra de Ricardo Garza Salazar y otros (fojas 359 a 417 del anexo). El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el entonces Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, ahora Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, ordenó abrir el expediente respectivo y por resolución de once de noviembre del mismo año, determinó negar la orden de presentación solicitada por el Agente del Ministerio Público en contra de Ricardo Garza Salazar y otros, como probable responsable del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 188 fracción IV del Código Penal para el Estado de Morelos (fojas 419 a del anexo I). Inconforme con lo anterior, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen interpuso recurso de apelación del cual correspondió conocer a los Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Penal 1202/2016-10 derivado del expediente 827/2016-2 antes 75/2016-3 determinaron revocar la resolución de once de noviembre de dos mil dieciséis emitida por la encargada del despacho del entonces Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, ahora Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos y decretó orden de presentación en contra del aquí quejoso (fojas 483 a 566 del anexo I). Ahora bien el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y en el caso la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, fue quien emitió el acto que se reclama en esta vía, pues en el toca penal 1202/2016-10 determinó en su primer resolutivo revocar la resolución de once de noviembre de dos mil dieciséis emitida en la causa penal 827/2016 antes 75/2016-3 y en su lugar decretar orden de presentación en contra del aquí quejoso, por la comisión de fraude genérico (anexo I foja 563 vuelta). Por tanto, al advertirse la existencia y participación de la citada autoridad jurisdiccional ordenadora se requirió al impetrante para que en ejercicio del principio de instancia de parte agraviada efectuara la designación con tal carácter y fuera correctamente integrada al controvertido de garantías, habida cuenta que constituye un imperativo del quejoso la designación de las autoridades a las que atribuya el carácter de responsables al no ser factible la actuación oficiosa del Juez de Amparo aún en suplencia de la queja. Es aplicable la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 113 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así mismo, apoya a lo anterior, en lo conducente la tesis XV. 1o. 31 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 283 del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. El artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado; ahora bien, cuando a virtud de encontrarse el domicilio del demandado en el extranjero, el juez de la causa ordena el respectivo emplazamiento a través de carta rogatoria, resulta que para efectos del amparo, es autoridad ordenadora el juez civil de primera instancia y autoridad ejecutora el Canciller del Consulado Mexicano en el país que efectúe materialmente el emplazamiento y no el actuario adscrito al Juzgado del conocimiento, de tal manera que si en la demanda de garantías que se promueva sólo es señalado este último como autoridad ejecutora, jurídicamente no procede analizar la constitucionalidad de los actos efectuados por el Canciller mexicano en el extranjero si no fue llamado a juicio ni oído como autoridad responsable del emplazamiento reclamado, por lo que en tal caso procede sobreseer en el juicio de garantías correspondiente. Por lo tanto, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para estudiar la legalidad de la orden de presentación incoada en contra del quejoso, en razón que la autoridad denominada, Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos emisora de la misma, no es parte en la presente controversia, ya que no tiene el carácter de autoridad responsable. Lo anterior es así, al no ser factible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad que no fue correctamente integrada a la litis constitucional ante la ausencia de instancia de parte, lo cual genera que no puede ser oída en relación al reclamo que se plantea so pretexto de trasgredir las formalidades que rigen al juicio de amparo; de ahí que se estima que el quejoso incumplió con el imperativo consagrado en los numerales 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es que se sobresea en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Encargado del Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado y Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la ilegalidad de la orden de presentación. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR RICARDO GARZA SALAZAR, contra las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy siete de noviembre de dos mil diecinueve, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1150/2019-II, promovido por RICARDO GARZA SALAZAR, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada el mismo día ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, RICARDO GARZA SALAZAR, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Único Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado Morelos y otras autoridades (fojas 6 a 10 del expediente principal). SEGUNDO. Una vez subsanada la prevención, por auto de tres de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, radicándola con el número 838/2019-8, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional (fojas 15 y 16 del expediente principal). TERCERO. Mediante auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero de Distrito ordenó la separación de juicios en el amparo 838/2019-8, conociendo únicamente por cuanto a los actos reclamados por el quejoso respecto de la causa penal 18/2015, por el delito de fraude genérico ordenando la remisión de las diversas causa penales 467/2010, 13/2015, 30/2015, 55/2017, 15/2017, 16/2015, 17/2015, 414/2010, 577/2016, 450/2016, 609/2016, 612/2016, 448/2016, 797/2016, 827/2016, 798/2016, 61072016, 452/2016, 449/2016 705/2016, 826/2016, 54/2017, 182/2016, y 290/2016 al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a fin de que returnar de manera aleatoria las demandas de amparo (fojas 78 a 80 del expediente principal). CUARTO. Por auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve se tuvo por recibido el oficio 1106/2019, proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remitió el diverso oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el que decreta la separación de juicios dentro del amparo 838/2019-8 de su índice, en consecuencia, se admitió la demanda de amparo promovida por Ricardo Garza Salazar, contra el acto consistente en la orden de presentación girada en la causa penal 827/2016, antes 75/2016, registrándose con el número 1150/2019-II, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se dio vista al impetrante para que dentro del plazo de quince días contados a partir de la legal notificación, en vía de ampliación manifestara si era su deseo o no señalar como autoridad responsable a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; toda vez que del informe justificado se advertía la participación de dicha Sala (fojas 83 a 87 del expediente principal). El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por desinteresado a la parte quejosa en señalar como autoridad responsable a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que se continuó con la prosecución del presente juico en los términos en que fue planteada la demanda de amparo (fojas 208 del expediente principal). Seguida la secuela procesal luego de haber sido diferida la audiencia constitucional, inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; además, el acto reclamado es atribuido a autoridades que residen dentro de tal territorio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La orden de presentación girada dentro de la causa penal 827/2016, antes 75/2016, del índice del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos y su ejecución al Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal y Director de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal, ambas de la Fiscalía del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado (anteriormente con denominación Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado en el cual refirió que el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia giró orden de presentación en contra del aquí quejoso (foja 61 vuelta del expediente principal). Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que integran la causa penal 827/2016, antes 75/2016, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexo I); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. De igual forma, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Encargado del Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado y Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 41 a 57 del expediente principal). CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. De oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" El primero de los dispositivos legales contempla que, si en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, exista un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, fracción II, establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de garantías, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y, a su vez, el diverso 108, fracción III, establece el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los actos que se reclamaron en esta instancia constitucional, son: 1.- La orden de presentación girada dentro de la causa penal 827/2016, antes 75/2016 del índice del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos. 2.- La ejecución de dicha orden. Ahora bien, a pesar de que por auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se requirió al impetrante para el efecto de que manifestara si señalaba como autoridad responsable a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, no lo hizo dentro del plazo concedido, razón por la cual, mediante auto dictado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por desinteresada en la ampliación de la demanda respecto a la mencionada autoridad y se ordenó continuar el tramite respecto de las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda; a saber Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, Encargado del Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado y Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado En mérito de lo anterior, debe sobreseerse en el juicio, en virtud de no ser posible analizar la constitucionalidad de la orden de presentación reclamada, toda vez que fue emitido por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, autoridad que al no haber sido designada como responsable, no fue llamada a juicio, por lo que no existe posibilidad de que pueda defender la constitucionalidad de tal acto. Esto es así, toda vez que de los antecedentes del acto reclamado se advierte lo siguiente: Mediante determinación de diecinueve de abril de dos mil dieciséis en la averiguación previa S.C-01/160/2011, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado solicitó al Juez Penal de Primera Instancia en Turno del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, librara orden de presentación en contra de Ricardo Garza Salazar y otros (fojas 359 a 417 del anexo). El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el entonces Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, ahora Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, ordenó abrir el expediente respectivo y por resolución de once de noviembre del mismo año, determinó negar la orden de presentación solicitada por el Agente del Ministerio Público en contra de Ricardo Garza Salazar y otros, como probable responsable del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 188 fracción IV del Código Penal para el Estado de Morelos (fojas 419 a del anexo I). Inconforme con lo anterior, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen interpuso recurso de apelación del cual correspondió conocer a los Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Penal 1202/2016-10 derivado del expediente 827/2016-2 antes 75/2016-3 determinaron revocar la resolución de once de noviembre de dos mil dieciséis emitida por la encargada del despacho del entonces Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, ahora Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos y decretó orden de presentación en contra del aquí quejoso (fojas 483 a 566 del anexo I). Ahora bien el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y en el caso la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, fue quien emitió el acto que se reclama en esta vía, pues en el toca penal 1202/2016-10 determinó en su primer resolutivo revocar la resolución de once de noviembre de dos mil dieciséis emitida en la causa penal 827/2016 antes 75/2016-3 y en su lugar decretar orden de presentación en contra del aquí quejoso, por la comisión de fraude genérico (anexo I foja 563 vuelta). Por tanto, al advertirse la existencia y participación de la citada autoridad jurisdiccional ordenadora se requirió al impetrante para que en ejercicio del principio de instancia de parte agraviada efectuara la designación con tal carácter y fuera correctamente integrada al controvertido de garantías, habida cuenta que constituye un imperativo del quejoso la designación de las autoridades a las que atribuya el carácter de responsables al no ser factible la actuación oficiosa del Juez de Amparo aún en suplencia de la queja. Es aplicable la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 113 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así mismo, apoya a lo anterior, en lo conducente la tesis XV. 1o. 31 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 283 del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. El artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado; ahora bien, cuando a virtud de encontrarse el domicilio del demandado en el extranjero, el juez de la causa ordena el respectivo emplazamiento a través de carta rogatoria, resulta que para efectos del amparo, es autoridad ordenadora el juez civil de primera instancia y autoridad ejecutora el Canciller del Consulado Mexicano en el país que efectúe materialmente el emplazamiento y no el actuario adscrito al Juzgado del conocimiento, de tal manera que si en la demanda de garantías que se promueva sólo es señalado este último como autoridad ejecutora, jurídicamente no procede analizar la constitucionalidad de los actos efectuados por el Canciller mexicano en el extranjero si no fue llamado a juicio ni oído como autoridad responsable del emplazamiento reclamado, por lo que en tal caso procede sobreseer en el juicio de garantías correspondiente. Por lo tanto, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para estudiar la legalidad de la orden de presentación incoada en contra del quejoso, en razón que la autoridad denominada, Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos emisora de la misma, no es parte en la presente controversia, ya que no tiene el carácter de autoridad responsable. Lo anterior es así, al no ser factible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad que no fue correctamente integrada a la litis constitucional ante la ausencia de instancia de parte, lo cual genera que no puede ser oída en relación al reclamo que se plantea so pretexto de trasgredir las formalidades que rigen al juicio de amparo; de ahí que se estima que el quejoso incumplió con el imperativo consagrado en los numerales 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es que se sobresea en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Encargado del Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado y Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la ilegalidad de la orden de presentación. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR RICARDO GARZA SALAZAR, contra las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy siete de noviembre de dos mil diecinueve, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Doy fe.
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