Ricardo Garza Salazar

Expediente 1139/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1139/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Garza Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa por acuerdo de veintiséis de noviembre del año en curso, a fin de que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos respectivos. En consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que se difiere para las DIEZ HORAS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ******, en su carácter de autorizado del quejoso; mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a la imposibilidad económica que, aduce, tiene el quejoso para llevar a cabo la publicación de los edictos a su costa para emplazar a los terceros interesados ****** y solicita sean publicados a costa del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad su petición en atención a las siguientes consideraciones. En primer lugar, debe indicarse que conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, las facultades conferidas a *****en su calidad de autorizado del quejoso, son para recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, son limitativas y no enunciativas, por lo que no se encuentra facultado para hacer la manifestación que refiere en el sentido de que el quejoso no cuenta con solvencia económica. Ello, es así, toda vez que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por el agraviado, al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo éste puede realizar, pues es a quien le consta dicha circunstancia, de lo contrario, permitir que el autorizado del quejoso dé contestación al cuestionamiento planteado, se traduciría en que hiciera suyos hechos que no le constan. Es aplicable al caso concreto, la siguiente jurisprudencia de la Primera Sala, Décima Época, con registro 2007285, visible en el libro 9, página 210 de Agosto de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Pero por otra parte, no se aportó prueba alguna para acreditar que el directo quejoso no tiene recursos económicos para hacer las publicaciones de los edictos, a pesar de que tiene la carga probatoria de hacerlo; en ese sentido, no se surte en favor del quejoso, la excepción que establece el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. De la lectura de dicho numeral, se advierte que las notificaciones personales deben practicarse, si se desconoce el domicilio de alguna de las partes o el señalado sea inexacto, por medio de edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que si la persona obligada a dicha publicación es de escasos recursos económicos, a juicio del órgano jurisdiccional podrá ordenarse ésta sin costo para el quejoso. En ese sentido, para la procedencia legal de la publicación de edictos con cargo al Consejo de la Judicatura Federal, se requiere demostrar que la parte quejosa carece de los recursos económicos para ello, dado que se trata de un supuesto de excepción a la regla general de la carga de los deberes procesales. Así, el emplazamiento al tercero interesado a un juicio de amparo y en general en todo proceso jurisdiccional, se justifica legalmente en la observancia de los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso que consagran el segundo párrafo, del artículo 14, constitucional, en cuanto al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que de manera previa al dictado de cualquier resolución judicial que conlleve un acto de privación, se cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Por lo que, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, esto es, mediante notificación en el lugar donde habitualmente reside, debe agotarse todo un procedimiento previo de investigación de su domicilio y, solamente en caso de que éste resulte infructuoso, entonces se le emplazará por medio de edictos, los cuales por regla general correrán a cargo de quien haya instado la acción, puesto que corresponde a quien impulse la actividad jurisdiccional para obtener una sentencia favorable a sus intereses, cubrir las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados para satisfacer las cargas procesales. Ahora bien, existe una excepción a esa regla general, en el juicio de amparo, la cual consiste en que, cuando hay imposibilidad económica por parte del quejoso para pagar el costo de la publicación de los edictos, éste será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, para la procedencia de dicho supuesto de excepción, previsto en el primer párrafo del inciso c), de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, es necesario que exista -si no prueba directa- al menos indicios suficientes que confirmen la situación de precariedad de la parte quejosa o, alguna otra circunstancia que pudiera crear convicción en el juzgador federal, de que la parte quejosa carece de recursos económicos suficientes para así considerar que el pago de los edictos representa una afectación grave para su economía personal o familiar. Sin embargo, tal condición de precariedad o incapacidad económica no puede tenerse por demostrada con la sola manifestación que en ese sentido realice el autorizado del directo quejoso, máxime que como se dijo, no estaba en aptitud de desahogar dicho requerimiento, al ser una cuestión estrictamente personal; dado que se requiere de algún otro elemento de prueba o indicio que cree convicción suficiente en el juzgador, para que pueda darse el supuesto de excepción a la citada regla general. En ese sentido, en cada caso concreto, el juzgador deberá bajo el concepto de "escasos recursos", analizar si el quejoso demuestra que el pago de los edictos afecta gravemente su economía personal o familiar, ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a la referida carga procesal. En esa tesitura, en el presente caso, este juzgador de amparo no advierte datos o medios de prueba con los cuales se tenga por actualizada la excepción del pago de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal ya que el quejoso no aportó alguno con el cual demostrara carecer de medios económicos suficientes para hacer frente y que, con motivo de tal pago, se afectara gravemente su economía personal o familiar, aun cuando se le otorgó la oportunidad de probarlo y se limitó a indicar que estaba imposibilitado económicamente para hacerlo, sin exhibir u ofrecer algún elemento probatorio con el cual lo acreditara; por lo tanto, no surte efectos en favor del quejoso el primer párrafo del inciso c), de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1110, registro 2008746, cuyo rubro y texto son: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso". Apoya la conclusión alcanzada, lo resuelto en sesión de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el recurso de queja ****. En esa tesitura, tal y como fue ordenado en auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve y dado que este órgano de control constitucional ha agotado todos los medios legales a su alcance con el objeto de emplazar a la parte tercera interesada sin obtener resultado alguno; con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la ley de la materia, este Juzgado de Distrito ordena realizar el emplazamiento de los terceros interesados ***** por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que deberán ser publicados por tres veces consecutivas, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Al caso es aplicable, por analogía, la tesis número XXII.6.C., sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, página 565, que a la letra dice: "NOTIFICACIÓN EN AMPARO AL TERCERO PERJUDICADO CUANDO SE DESCONOCE SU DOMICILIO, DEBE REALIZARSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 30, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO. En el caso de desconocerse el domicilio del tercero perjudicado o de la designación de casa o despacho para oír notificaciones, el actuario adscrito lo asentar así, dando cuenta, al titular del órgano respectivo, para que dicte las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles; sin que resulte aplicable por ende, diverso ordenamiento legal de manera supletoria, por encontrarse plenamente regulada la conducta que nos ocupa por el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, de ahí que resulte procedente que una vez concluida la investigación del domicilio del tercero perjudicado, que resulte infructuosa, se ordene la publicación de edictos a costa del quejoso, a efecto de llamar a su contrario a juicio." Así también, deberá fijarse en la puerta de este órgano judicial copia del mismo, por todo el tiempo del emplazamiento. Por consiguiente, requiérase a la parte quejosa, para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos respectivos, los cuales quedan a su disposición a partir de la notificación del presente acuerdo, a fin de que proceda a su publicación; asimismo, deberá exhibir conforme se publiquen los edictos; los ejemplares (periódicos) en que vengan insertos los mismos. Por tanto, en caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de VEINTE DÍAS siguientes al en que se pongan a su disposición, SE SOBRESEERÁ EL AMPARO, con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 27, fracción III, segundo párrafo del inciso b) del propio ordenamiento legal, así como el diverso 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya a lo anterior, por similitud jurídica, la tesis número I.3o.C.973 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materia Común, visible en la página 2009, Tomo XXXIV, Julio de 2011, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra estatuye: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." [Énfasis añadido]. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Administradora de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Morelos "1"; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por auto de dieciséis de octubre del año en curso, ya que informa que no cuenta con la información solicitada; lo que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que este Juzgado Federal se reservó acordar lo conducente en relación al emplazamiento de los terceros interesados **********, ************, ************ y *************, hasta en tanto obraran en este expediente la totalidad de los oficios de las dependencias requeridas; circunstancia que ya aconteció, por lo que se provee al respecto. Con fundamento en el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atentos exhortos a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en turno, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, y al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tengan a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que emplacen a los siguientes terceros interesados en los domicilios que según corresponda: ************* y/o **********. ************************************. *****************. ***********************************. ****************. *************************************. Asimismo, los actuarios de la adscripción que corresponda, deberán hacerle de su conocimiento el órgano jurisdiccional que ordena la notificación, el número de expediente, el día y hora de la audiencia constitucional y le entregaran copia de la demanda de amparo, requiriéndole que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, siguiente al de la notificación, señale domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del plazo concedido, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes incluso las de carácter personal, se les harán por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, y 29, ambos de la Ley de Amparo; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Por tanto, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el treinta y uno de octubre actual, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Finalmente, este Juzgado se reserva a acordar lo conducente respecto del emplazamiento del tercero interesado ******************, hasta en tanto obre en autos el resultado de las diligencias ordenadas en el presente auto. Notifíquese; y emplácese a los terceros interesados por medio de exhorto.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de nueve de octubre actual, informa que no cuenta con información relativa al acta de defunción del tercero interesado *******, en la causa penal de origen, no obstante, remite copia certificada de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de misma fecha, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en relación a la credencial para votar que fue remitida por la autoridad oficiante, en virtud de que la misma ya obra en autos. Ahora bien, de autos se advierte que en la razón signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de diecinueve de septiembre actual, fue informado por una empleada doméstica del lugar, que el tercero *******, ya había fallecido; por lo cual, mediante auto de veintitrés de septiembre actual, se requirió al Director General del Registro Civil del Estado de Morelos, a efecto de que remitiera copia certificada del acta de defunción, sin embargo, la Directora General de dicha dependencia, manifestó no contar con información alguna. Por lo anterior, se comisiono de nueva cuenta al actuario judicial adscrito, a efecto de que preguntara en el domicilio en el cual le informaron del fallecimiento del tercero interesado, el lugar en el cual fue registrada su defunción, empero, al constituirse en el domicilio ordenado, le negaron la información solicitada; por lo cual, no se tiene certeza sobre el fallecimiento del tercero en cita. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de dos de septiembre del año en curso, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se da inicio al procedimiento correspondiente a la localización del domicilio de dicha parte procesal. En mérito de lo que antecede, se ordena girar sendos oficios a Comisión Federal de Electricidad, Delegado en el Estado de Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegado en el Estado de Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Vocal Local del Instituto Nacional Electoral y a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Morelos "1" con sede en Morelos, todas con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen si dentro de sus respectivos registros cuentan con información relativa al domicilio de: **************. Apercibiéndose a los titulares de cada una de dichas dependencias, que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedoras a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, este órgano de control constitucional se reserva a acordar lo conducente respecto al emplazamiento de la totalidad de terceros interesados hasta en tanto obre en autos el resultado de la búsqueda oficiosa ordenada en el presente auto. Notifíquese.

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