Ricardo García Valencia

Expediente 361/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
361/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Ricardo García Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante el cual transcribe el proveído de veintiuno de mayo del año en curso, emitido en los autos del juicio de amparo 270/2021-IV, del que se desprende que acusa recibo e informa que asume la competencia para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 361/2021-I del índice de este juzgado. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida de manera electrónica por ********************, por su propio derecho, y ********************, por conducto de quien se ostenta su abogado defensor, licenciado ********************, contra actos del Juez Miguel Hugo Vázquez Hernández, Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 361/2021-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La resolución dictada en la carpeta judicial número ******************** radicado en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Monterrey, Nuevo León, al recurso de revocación interpuesto por el licenciado ********************. INCOMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente, debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Para tal efecto, es necesario traer a contesto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicio de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: El último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuanto la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución materia, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juzgado de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de una distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que: A las diez horas con treinta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial ********************, estaba programado el desahogo de la audiencia inicial de imputación y en su caso de vinculación a proceso contra ********************, por su probable participación en la comisión de los delitos de Falsificación y Uso de documentos en General. 2 Previamente ********************, había designado como su abogado defensor al licenciado ********************, dentro de la carpeta judicial ********************, quien previamente, ya había aceptado y protestado el cargo conferido. 3 El desahogo de la diligencia dada la emergencia sanitaria que impera en el país, por la propagación del virus que ocasiona el COVID 19, fue programada vía remota, a través de la liga del programa computacional denominado Microsoft Teams y la liga de acceso https://pjenl.gob.mx/SMURL/10247093331223, o bien cualquier medio tecnológico al alcance de la imputada o en las cabinas de audiencia para videoconferencia habilitada en las sedes ministeriales o asistir con la debida anticipación al Palacio de Justicia correspondiente. 4 Por así convenir a sus intereses y por el lugar de su residencia, ******************** y su abogado ********************, optaron por la liga del programa computacional denominado Microsoft Teams y la liga de acceso https://pjenl.gob.mx/SMURL/10247093331223, para comparecer al desahogo de la audiencia. 5 Pese a que ******************** y su abogado ********************, intentaron acceder a la liga señalada, cinco minutos antes de las diez horas con treinta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, no lo lograron aún con los diversos intentos y recurso de los que hicieron uso. 6 El quince de abril de dos mil veintiuno, le fue notificado por correo electrónico el acuerdo en el cual a las diez horas con treinta y seis minutos, el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, declaró cerrada la audiencia y abandonada la defensa, por parte del licenciado ******************** y ordenó comunicar al Instituto de la Defensoría Pública para que designara un Defensor Público, que asistiera a la imputada y compareciera a la próxima audiencia a desahogarse en la carpeta judicial ********************. 7 Inconforme con dicha determinación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el licenciado ********************, interpuso el recurso de revocación ante la Oficina Virtual del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, con la finalidad que se analizara que la causa por la cual la imputada y su defensor no pudieron acudir al desahogo de la audiencia, no era atribuible a ellos; y, por tanto se revocara la resolución de ABANDOLO DE DEFENSA y se dejara nombrado y ratificado como abogado defensor de la imputada ********************, al licenciado ******************** para que pudiera comparecer a la próxima audiencia en la carpeta judicial ********************. 8 El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, vía electrónica al correo señalado para oír y recibir notificaciones por el abogado defensor licenciado ******************** le fue notificado la resolución al recurso de revocación interpuesta en la cual el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, declaró infundados los agravios y por tanto, improcedente el recurso de revocación, dejando firme la determinación de abandono de la defensa, por parte del licenciado ******************** y la designación por parte del Instituto de la Defensoría Pública para que designe un Defensor Público, que comparezca a la próxima audiencia y asista a la imputada ******************** en la carpeta judicial ********************. De lo antes reseñado se advierte que los quejosos ******************** y ******************** acuden a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: La resolución dictada dentro de la carpeta judicial ********************, que les fue notificada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, vía electrónica al correo señalado para oír y recibir notificaciones por el abogado defensor licenciado ********************, pronunciada con motivo del recurso de revocación interpuesto, por el citado profesionista; en la cual el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, declaró infundados los agravios y por tanto, improcedente el recurso de revocación, dejando firme la determinación de abandono de la defensa, por parte del licenciado ******************** y la designación por parte del Instituto de la Defensoría Pública de un Defensor Público, que comparezca a la próxima audiencia y asista a la imputada ******************** en la citada carpeta judicial. En ese contexto, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que las consecuencias derivadas de la determinación que se reclama surtirán efectos en el lugar en que se encuentra radicada la carpeta judicial ********************, esto es en el Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, órgano jurisdiccional que radica fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado. Por tanto, toda vez que la ejecución de las consecuencia derivadas de la determinación reclamada surtirán efectos fuera de la jurisdiccional de este órgano jurisdiccional, opera la hipótesis contenida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, en donde se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual hace patente la incompetencia de este Juzgado para conocer de la demanda en estudio. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis I.1o.A.44, legible en la página 1299, A XIV, Agosto de 2001, Materias Administrativa, Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al efecto dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 134, V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución." En razón de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgado de Distrito, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surta a favor del Juez de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno, ya que el mismo ejercer jurisdicción territorial en el distrito judicial en el que surtirán efectos las consecuencias derivadas de la determinación reclamada. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno, para lo que tenga a bien determinar; e informe si acepta o no el conocimiento del mismo. SUSPENSIÓN. Sin que haya necesidad de proveer sobre la suspensión del acto controvertido, en términos del artículo 48 de la ley reglamentaria en cita, puesto que no se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los diversos del numeral 15, primer párrafo, de la ley de la materia, dado que no pone en peligro la integridad de los peticionarios, ni tampoco ante el supuesto en el tercer párrafo del numeral 126 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, del propio Pleno. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, hágasele las subsecuentes notificaciones vía electrónica, con nombre de usuario "********************", así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio; en consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. En el entendido que, con independencia de lo señalado en la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, en cuanto al surtimiento de efectos de las notificaciones por lista, con el objeto de brindar certeza a dichas partes y atendiendo a lo señalado en los diversos numerales 26, fracción IV, 30, fracciones I, párrafo cuarto y II, párrafo segundo, debe señalarse que las notificaciones por vía electrónica únicamente tendrán lugar con motivo de la consulta de la resolución judicial correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, lo que generará la constancia respectiva, o cuando sin haber revocado la referida solicitud, se ingrese un acuerdo al expediente electrónico para la consulta de las partes y, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber realizado la consulta de la resolución respectiva, se genere la constancia que corresponda. FORMAS EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se le tiene señalando los números de teléfono y correo electrónico que proporciona, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). CUADERNO DE ANTECEDENTES. Fórmese con impresión de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes.

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