Ricardo García Silva
Expediente 300/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/05/2019
Partes del expediente
- Ricardo García Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA III. UN ACUERDO CON NOTIFICAICON PERSONAL
- Principal
MESA III. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
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MESA III QUEJOSO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE ONCE DE ABRIL DE LA PRESENTE ANUALIDAD, TODA VEZ QUE SE DEJO CITATORIO EN EL DOMICILIO SEÑALADO ACUERDO DE ONCE DE ABRIL ACTUAL Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, en atención a lo solicitado en proveído de cuatro de los cursantes remite copia certificada del auto de veintinueve de marzo del año en curso dictado en el juicio laboral J.29/1122/2018 así como de la razón de imposibilidad de diez del mes y año en curso signada por el actuario de su adscripción. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que anexa y describe el Presidente responsable en el ocurso que se provee. En otro contexto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, de las que se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como actos reclamados: 1. El auto de quince de febrero de dos mil diecinueve dictado en el expediente laboral J.29/1122/2018, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual se fijaron las trece horas del veinticuatro de junio del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. La omisión de notificar y emplazar a la parte demandada en el juicio laboral J.29/1122/2018. En ese sentido, el Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir el informe justificado que se provee, aceptó la existencia del acto reclamado, de igual forma, remitió copia certificada del auto de veintinueve de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral J.29/1122/2018, del cual se desprende que se señalaron las diez horas del quince de mayo del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y se ordenó notificar dicha determinación a la partes en el juicio de referencia, documental a la cual se le otorga valor probatorio, en términos de los dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, se colige que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos de la dilación procesal controvertida. Esto es así, porque el numeral y la fracción en comento, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". En efecto, de una interpretación sistemática de la norma legal citada, se deduce que dicha causal de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: a) Por revocación o, b) Sustitución procesal. Es así, ya que de la norma transcrita se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivos, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es el restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. Luego, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De esta forma se destaca, que del informe rendido por la responsable, se desprende que si bien existía el acto reclamado consistente en el auto de quince de febrero de dos mil diecinueve dictado en el expediente laboral J.29/1122/2018, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual se fijaron las trece horas del veinticuatro de junio del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y la omisión de notificar y emplazar a la parte demandada en citado juicio, lo cierto es también, que en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se señalaron las diez horas del quince de mayo del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y se ordenó notificar dicha determinación a la partes en el citado expediente, sin que pase desapercibido para este juzgador la circunstancia de imposibilidad para emplazar a la demandada en el expediente de origen, dado que dicha circunstancia es ajena a la Litis planteada en esta vía constitucional. Bajo esa óptica, se observa que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la propia autoridad responsable, mediante un acto posterior, destruyó el que dio origen a este sumario, lo que constituye una situación jurídica idéntica a la que habría existido si le hubiera concedido el amparo, por lo que la omisión reclamada no puede continuar surtiendo sus efectos. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Novena Época, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820 , que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ante lo expuesto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción XXI, de la Legislación de la Materia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las diez horas con veinte minutos del trece de mayo de dos mil diecinueve; así como todas las medidas y determinaciones decretadas, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 2503, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Octubre de 2005, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, para que válidamente pueda sobreseerse en el juicio, debe invocarse alguna fracción del artículo 73 de la propia ley; sin embargo, no necesariamente toda causa de improcedencia puede considerarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías que dé lugar a decretar el sobreseimiento, fuera de la audiencia constitucional, pues para ello es menester que la causa se manifieste con tal notoriedad que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integren, porque éstos surgen a la vista y, además, se tenga la certeza absoluta de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MEA III Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, no es posible su desahogo, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa para que esté en aptitud de conocer el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable el cuatro de los cursantes; en consecuencia, se difiere la audiencia de mérito y como nueva fecha se fijan las diez horas con veinte minutos del trece de mayo de dos mil diecinueve. Resulta aplicable al caso por las razones que contiene, la jurisprudencia P./J.54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Notifíquese.
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