Ricardo García Rubio

Expediente 1829/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1829/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Ricardo García Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, transcurrió sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho la parte quejosa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. b) Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que relacionó el expediente 1399/2019-IX de su índice con el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior se acuerda lo siguiente: Previo al examen de la demanda, conviene destacar que en el artículo 113 de la Ley de Amparo se establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." La parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: "(.) (.)". Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda y anexos, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción IX, y 113 de la ley de la materia este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia es necesario exponer los razonamientos y realizar la transcripción de los artículos señalados que se consideran aplicables al caso. El artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;(.)". De acuerdo con el dispositivo legal transcrito, este motivo de improcedencia se da cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de amparo fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales. Tal como lo establece la jurisprudencia I. 4o. C. J/50 visible en la página 85 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, Febrero de 1992, que resulta aplicable por identidad de razón, es del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su ratio legis y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevaría a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable; sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituye su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia en comento, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la ratio legis como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo". Así, para actualizar la causa de improcedencia es necesario destacar cuáles son los efectos de la sentencia que concedió el amparo para advertir si se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas actuaciones, esto es, si se le dieron lineamientos concretos que debía realizar en cumplimiento al fallo protector a fin de restituir al agraviado o bien si quedó desvinculada al dictar una nueva resolución reasumiendo plenamente su jurisdicción, porque de ser el caso, las violaciones cometidas al emitir el nuevo acto serían autónomos y podrían impugnarse en un nuevo juicio; sin embargo, sí se dieron directrices de cómo debería dictarse el nuevo acto, existirá una desobediencia a la ejecutoria dictada. En apoyo a lo anterior se cita la tesis de la Novena Época, visible en la página 2131 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Enero de 2010, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ASPECTOS QUE ACTUALIZAN LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Para actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente (...) II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.", en primer lugar, es necesario destacar cuáles son los efectos específicos de la sentencia que concedió el amparo para advertir si se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas actuaciones, o bien, se le dieron lineamientos concretos que debía realizar en cumplimiento al fallo protector a fin de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y, en segundo, una vez analizado el acto reclamado, habrá de confrontarse con los efectos de la sentencia protectora para determinar si se trata o no de una resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta; pues sólo de esa manera, esto es, descartando que no se dejó plenitud de jurisdicción, sino que se dieron directrices de cómo debería dictarse el nuevo acto, puede llegarse a la conclusión inequívoca de que existe correspondencia entre éste -acto reclamado- y el fallo constitucional y, en consecuencia, la improcedencia del nuevo juicio de amparo en su contra". Precisado lo anterior, se estima pertinente destacar que la parte promovente en su escrito de demanda, específicamente en la narración de sus antecedentes señaló: "(.) (.)". En el caso, Ricardo García Rubio promovió juicio de amparo, el cual, por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quien lo radicó bajo el expediente 1399/2019-IX; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. En términos del artículo 88 del código adjetivo señalado, pueden válidamente invocarse de oficio, como hechos notorios, las constancias que integran los expedientes de diversos órganos jurisdiccionales como medios de prueba, aptos para fundar una determinación o sentencia; sin que para ello sea necesaria la certificación de los datos o del anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial. Situación que ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.IX/2004, aplicable por analogía, misma que aparece publicada en la página 259, del tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN." Así, de una revisión electrónica a dicho juicio, se advierte que en la sentencia de quince de enero de dos mil veinte, se resolvió: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto del acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas, en el diverso tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE al quejoso Ricardo García Rubio contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso sexto, para los efectos establecidos en el último de este fallo". Posteriormente, previo substanciamiento del recurso de revisión interpuesto en dichos autos por auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno causó ejecutoria el juicio y se requirió el cumplimiento del fallo en los términos siguientes: Seguido el cumplimiento del fallo por acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, se declaró cumplido el fallo protector y se realizó el pronunciamiento siguiente: "(.) previos requerimientos, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio registrado con el consecutivo 28313, se tuvo a la Jefa de la Unidad Jurídica, en representación del Almirante Secretario y Director General de Recursos Humanos, todos de la Secretaría de Marina, exhibiendo las constancias en copia certificada con las cuales adujo dar cumplimiento a la sentencia de amparo constantes de: Acuerdo Secretarial 438/2021, oficios 2919/2020 y 2920/2021 todos de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, así como las cédulas de notificación de seis de diciembre de dos mil veintiuno realizadas a Ricardo García Rubio (quejoso), en los que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: (.) (.)" De los documentos digitalizados se advierte que se emitieron con motivo de la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de amparo 1399/2019-IX con el objeto de cumplimentarla. En ese orden de ideas, es evidente que existe una sentencia definitiva en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la determinación contenida en el diverso oficio 2036 de diez de septiembre de dos mil diecinueve y emitiera una nueva en la que determinara que la situación en la que se encuentra el quejoso, solo puede dar lugar a su "baja temporal" del servicio activo en la Armada de México, hasta en tanto, se resuelva el proceso penal correspondiente, que si no concluye con una sentencia que declare su responsabilidad penal, puede regresar a desempeñar su empleo sin sujetarlo a requisitos de ingreso. Precisado lo anterior, en la demanda de amparo que se atiende, el promovente, señala como acto reclamado el acuerdo 438/2021 de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno y el oficio 2919/2021 de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos en cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el juicio de amparo 1399/2019-IX, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. No obstante lo anterior, las autoridades no emitieron dichos actos con plenitud de jurisdicción, sino en estricto acatamiento a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo 1399/2019-IX, de ahí que sea evidente la actualización de la causa de improcedencia contenida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la tesis IV.1o.7 K, visible en la página 503 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Febrero de 1998, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." En ese orden de ideas, si como quedó señalado en la sentencia que otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, la autoridad responsable quedó constreñida a acatar los lineamientos que le fueron ordenados, existe una vinculación total, respecto de la resolución que emita con la ejecutoria dictada en el diverso juicio, ello conforme a los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, por lo que al quedar vinculada a los términos de la sentencia concesoria, la autoridad debe acatarla ajustándose estrictamente a la resolución que le concedió el amparo, a fin de evitar que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/2, de la Novena Época, visible en la página 259, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, Mayo de mil novecientos noventa y cinco, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCION II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCION DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo." A su vez se cita la tesis 1a. LXX/2003, Novena Época, consultable en la página 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Diciembre de 2003, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, Pág. 1391, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Es aplicable al presente asunto, por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio , ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Ricardo García Rubio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que previo a proveer sobre la admisión de la demanda, se solicitó en diversos proveídos de once de enero y uno de febrero, ambos de dos mil veintidós al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, copia del juicio de amparo 1399/2019, necesarias para proveer conforme a derecho, sin que se hayan recibido dichas constancias. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que de no existir inconveniente legal alguno se sirva remitir copia certificada, completa y legible de todo lo actuado en el juicio de amparo 1399/2019, de su índice o bien habilite la consulta electrónica de las constancias que lo integran, o manifieste la imposibilidad que tenga para ello; seguro de mi reciprocidad en casos análogos. Notifíquese...

  4. Principal

    Ciudad de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que previo a proveer sobre la admisión de la demanda, se solicitó al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, copia del juicio de amparo 1399/2019, necesarias para proveer conforme a derecho, sin que se hayan recibido dichas constancias. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que de no existir inconveniente legal alguno se sirva remitir copia certificada, completa y legible de todo lo actuado en el juicio de amparo 1399/2019, de su índice o bien habilite la consulta electrónica de las constancias que lo integran, o manifieste la imposibilidad que tenga para ello; seguro de mi reciprocidad en casos análogos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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