Ricardo García Muñoz
Expediente 930/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo García Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
- Principal
PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito a través del cual la parte quejosa desahoga el requerimiento formulado en auto de diecinueve de septiembre del año actual; en esa condición... SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Ricardo García Muñoz, contra actos de la Directora de la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se considera actualizada la hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo... De la interpretación sistemática de los preceptos en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, que no provengan de autoridad, que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo... La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado... Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellas autoridades que forman parte del Poder Judicial en sus distintos órdenes (federal o estatal); sino que alude a cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales y autónomos, cualquiera que sea su denominación. Precisado lo anterior, se estima que los actos reclamados, derivados de la orden de realizar el pago de las cuatro polveras, batería, arrastre y pensión del vehículo marca Nissan Tsuru, con número económico ACT348, con motivo del robo del mismo,- no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Igualmente, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber: Que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho administrativo, civil, mercantil, agrario y laboral; Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación voluntaria; Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo; y, Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. También puede observarse que no siempre los entes serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste. De modo que, no todo acto aun proveniente de una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. Ello es así, ya que en la especie no se satisface el requisito anteriormente precisado en los párrafos que anteceden, pues la relación existente entre las autoridades responsables y el empleado que labora en Oficina Central de Actuarios de esta ciudad, es de coordinación, no de supra a subordinación. En el caso, de lo manifestado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se observa que reclama la orden de requerimiento verbal por parte de la Directora de la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad para que realice el pago de las cuatro polveras, batería, arrastre y pensión del vehículo marca Nissan Tsuru, con número económico ACT348, así como el oficio emitido por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, por el cual no se aprobó su solicitud de reconsideración para hacer dicho pago, con motivo del robo del citado vehículo. Circunstancia que evidencia que tales actos no emanan de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas y con base a lo anterior, resulta claro que, no son actos emanados de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tiene es estrictamente laboral; ya que consiste en un incidente derivado del robo del vehículo que le es facilitado para el ejercicio de sus funciones, es decir que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador entre el promovente y las autoridades responsables; por tanto, los actos reclamados no pueden considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En otras palabras, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los empleados adscritos tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos laboralmente. De ahí que, la relación del promovente con las autoridades multicitadas al que está adscrito como empleado es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder para el impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo entre el trabajador y el ente del Poder Judicial; por lo que, se insiste, los actos reclamados, no puede ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto es, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, se atribuye a la Directora de la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad y Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, una relación laboral entre éstas y el quejoso, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque, se reitera, la autoridad aquí señalada como responsable actúa en una relación laboral de igualdad entre el quejoso y las autoridades del Poder Judicial del Estado de Guanajuato a quienes se atribuyen los actos reclamados... De ahí que, la improcedencia en estudio radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que este exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la omisión que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación. Por lo expuesto, al operar el motivo de improcedencia en estudio, conforme con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se impone desechar de plano la demanda...
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós que en resumen dice: "PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito a través del cual la parte quejosa desahoga el requerimiento formulado en auto de diecinueve de septiembre del año actual; en esa condición... SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Ricardo García Muñoz, contra actos de la Directora de la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se considera actualizada la hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo... De la interpretación sistemática de los preceptos en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, que no provengan de autoridad, que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo... La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado... Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellas autoridades que forman parte del Poder Judicial en sus distintos órdenes (federal o estatal); sino que alude a cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales y autónomos, cualquiera que sea su denominación. Precisado lo anterior, se estima que los actos reclamados, derivados de la orden de realizar el pago de las cuatro polveras, batería, arrastre y pensión del vehículo marca Nissan Tsuru, con número económico ACT348, con motivo del robo del mismo,- no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Igualmente, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber: Que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho administrativo, civil, mercantil, agrario y laboral; Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación voluntaria; Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo; y, Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. También puede observarse que no siempre los entes serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste. De modo que, no todo acto aun proveniente de una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. Ello es así, ya que en la especie no se satisface el requisito anteriormente precisado en los párrafos que anteceden, pues la relación existente entre las autoridades responsables y el empleado que labora en Oficina Central de Actuarios de esta ciudad, es de coordinación, no de supra a subordinación. En el caso, de lo manifestado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se observa que reclama la orden de requerimiento verbal por parte de la Directora de la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad para que realice el pago de las cuatro polveras, batería, arrastre y pensión del vehículo marca Nissan Tsuru, con número económico ACT348, así como el oficio emitido por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, por el cual no se aprobó su solicitud de reconsideración para hacer dicho pago, con motivo del robo del citado vehículo. Circunstancia que evidencia que tales actos no emanan de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas y con base a lo anterior, resulta claro que, no son actos emanados de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tiene es estrictamente laboral; ya que consiste en un incidente derivado del robo del vehículo que le es facilitado para el ejercicio de sus funciones, es decir que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador entre el promovente y las autoridades responsables; por tanto, los actos reclamados no pueden considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En otras palabras, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los empleados adscritos tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos laboralmente. De ahí que, la relación del promovente con las autoridades multicitadas al que está adscrito como empleado es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder para el impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo entre el trabajador y el ente del Poder Judicial; por lo que, se insiste, los actos reclamados, no puede ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto es, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, se atribuye a la Directora de la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad y Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, una relación laboral entre éstas y el quejoso, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque, se reitera, la autoridad aquí señalada como responsable actúa en una relación laboral de igualdad entre el quejoso y las autoridades del Poder Judicial del Estado de Guanajuato a quienes se atribuyen los actos reclamados... De ahí que, la improcedencia en estudio radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que este exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la omisión que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación. Por lo expuesto, al operar el motivo de improcedencia en estudio, conforme con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se impone desechar de plano la demanda..."
- Principal
SE FORMULA NUEVA PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso a través del cual cumple con la prevención formulada en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, el artículo 114 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador únicamente puede requerir al quejoso en un solo auto a fin de que satisfaga alguna irregularidad en la demanda, omisión o requisito de ésta; salvo que del cumplimiento se adviertan nuevas circunstancias que deban ser aclaradas para el análisis de procedencia del juicio... Por lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 6, 108 fracción III, 110, 114, fracción I, y relativos de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir al quejoso a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga: Precise acto reclamado. Lo anterior, dado que en el escrito aclaratorio de cuenta, refiere que señala como nueva autoridad responsable a la Directora de la Central de Actuarios de esta ciudad; sin embargo, no refiere con claridad el acto que le atribuye. Asimismo, para que exhiba las copias necesarias para la correcta distribución entre las partes en el juicio. Apercíbase al promovente que de no cumplir con el requerimiento formulado en el plazo indicado, se tendrá como responsable únicamente a la autoridad señalada en el escrito de demanda...
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