Ricardo García García

Expediente 1190/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1190/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • RICARDO GARCÍA GARCÍA y Otros.
  • Ricardo García García

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Ricardo García García y Román García García, en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve; registrándolo bajo el recurso de queja 345/2019; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar....MESA 0

  2. Principal

    Visto el escrito presentado por los quejosos Ricardo García García y Román García García, mediante el cual interponenp recurso de queja en contra del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, remítase el escrito de expresión de agravios y copias certificadas del proveído impugnado, así como de las necesarias para la resolución del recurso interpuesto, al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN TURNO, para lo que tenga a bien proveer. En tales condiciones, ríndase el informe con justificación correspondiente, en el sentido de ser cierto el acto que se impugna, mismo que se encuentra ajustado a derecho, por las razones que en él se expresan...MESA 0

  3. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista el auto que dice... Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo García García y Román García García, por propio derecho, contra actos que reclama de la Presidenta Constitucional del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 1190/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene quien esto juzga de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ... En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ...Causal de improcedencia advertida. En un principio tenemos que el acto reclamado en esencia se hace consistir en: ". la orden verbal de reubicación física del Cuartel de Policía (nuestro centro de trabajo), pues la ubicación original es AVENIDA JUÁREZ NÚMERO 34, FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, mientras que por el acto reclamado se ubicó en CALLE ALCE BLANCO NÚMERO 42, COLONIA FRACCIONAMIENTO ALCE BLANCO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.". Este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción II (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 118 del rubro y texto siguientes: ... De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011,del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la reubicación del cuartel de policía. En ese sentido, se precisa que las autoridades señaladas como responsables Presidenta Constitucional del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez y Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juez, Estado de México, no se ubican en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la relación que surge entre los quejosos y ellos no es de supra a subordinación, sino que actúan como particulares, lo que revela que no actuaron con su facultad de imperio. En efecto, cuando las partes en una contienda promueven un juicio de amparo contra las omisiones o acciones suscitadas por otra de las partes al actuar como particulares, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas omisiones, acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. En esa tesitura, debe señalarse que el acto que reclaman los quejosos no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, sino un acto entre particulares y de acuerdo con sus efectos y alcance natural, se colige que no deriva de una relación de supra a subordinación; relación jurídica que, en principio, no corresponde al derecho público, mucho menos en una subordinación de la quejosa a la autoridad, sino en una reubicación del centro de trabajo, por lo que se trata de una relación patrón empleado operación regulada por el derecho privado. En suma, dado que los actos reclamados, no derivan de una relación de supra a subordinación y no son actos que crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas en perjuicio de la parte quejosa, se puede concluir que carecen de los atributos para ser considerados actos de autoridad para los efectos del amparo. De lo expuesto, este juzgador federal considera que, en congruencia con la naturaleza de la reclamación de los quejosos consistente en la reubicación de su centro de trabajo, quedara en posibilidad de promover el juicio laboral, en donde podrá reclamarle a las autoridades responsables dicho acto, ya que como quedó establecido en párrafos que anteceden, carecen de los atributos de imperatividad, por lo que, en todo caso, se verá obligado a acudir a los órganos de administración de justicia para tal efecto. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Ricardo García García y Román García García. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Ricardo García García. De la notificación a los quejosos. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ténganse por recibidos los escritos de cuenta suscrito por Gilberto Ángel Laguna González autorizado de los tercero interesados, en atención a su contenido: se tienen por formuladas en vía de alegatos las manifestaciones que hace valer en el escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En relación a las pruebas documentales con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas y ofrecidas las pruebas que anexa, mismas que serán tomadas en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional relativa...MESA 0

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