Ricardo García Contreras

Expediente 2086/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2086/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Ricardo García Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En veinte de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario CERTIFICA: Que no se recibió promoción u oficio relativo a la interposición de algún recurso en este juicio constitucional, transcurriendo el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la parte quejosa por ser la única legitimada para interponerlo, del veintitrés de enero al tres de febrero de la presente anualidad, por haber sido notificada por medio de lista el diecinueve de enero citado, descontándose de dicho cómputo los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero del citado año, por ser sábados y domingos, y por tanto, inhábiles; por lo que no corrieron los términos de ley; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE, y en el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes depurables, artículo 18, inciso b)1 , se establece que el presente cuadernillo principal ES SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN durante los tres siguientes años y de DEPURACIÓN, 90 días después de transcurridos los tres años de conservación en razón de que se sobreseyó el amparo por el acto reclamado, y terminado el proceso de depuración se procederá a su TRANSFERENCIA a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se requiere a la parte quejosa para que de ser el caso acuda dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta efectos la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). ..... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO POR JORGE ISAAC GARCÍA LÓPEZ, ACTUARIO JUDICIAL, MEDIANTE AVISO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO QUE SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DEL ACTUAL...

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con ocho minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 2086/2022-VIII, promovido por ...., por propio derecho. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Ángel Daniel Ávila Saldaña, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, constancias de notificaciones a las partes e informes justificados. Asimismo, el secretario hace constar y certifica: Que en los presentes autos no obra la resolución reclamada consistente en el acta de la reunión informativa convocada por la Comisión de Atención Integral a Victimas del Estado de Nayarit, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, pero al tener a la vista los autos del juicio de amparo 1052/2021-VIII de nuestra estadística se advierte que dicha determinación obra en el citado juicio, lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de las autoridades responsables que lo suscriben, el cual será tomado en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Ahora, respecto de la certificación de cuenta, se tiene que no obstante que no obra en autos la resolución reclamada es un hecho notorio que en autos del expediente 1052/2021-VIII de este índice obra copia certificada de la misma, la cual se tiene a la vista y será tomada en consideración al momento de resolver este juicio, misma que se ordena agregar al presente juicio de amparo.1Se apertura el periodo probatorio. Abierto el periodo probatorio, el secretario certifica que las partes ofrecieron las documentales que consideraron necesarias. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales aludidas en el apartado precedente; y por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Se cierra el periodo de pruebas. A continuación, se procede a abrir el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de tal derecho. El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede; y, por precluído el derecho de las partes para hacerlo. Se declara cerrado el periodo de alegatos. Cerrado el periodo de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. 1 Fortalece lo anterior por analogía, la tesis (V Región) 3o.2 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en el Libro 21, Agosto de dos mil quince, Tomo III, Materia Civil, página dos mil ciento ochenta y uno, de la Décima Época, se la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico: 2009758, de rubro, siguiente: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA." VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 2086/2022- VIII, promovido por ............, por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama el acta de la reunión informativa convocada por la Comisión de Atención Integral a Victimas del Estado de Nayarit, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la cual se le brindó asesoría, respecto de los requisitos legales necesarios para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas (FAARI), de conformidad con lo establecido en la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit. Esto constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Diecisiete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 1 a 7). Admisión sin incidente de suspensión: Veintidós de noviembre de dos mil veintidós (fojas 8 a 11). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito con pedimento: Veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (foja 17), quien no formuló pedimento. Celebración de la audiencia constitucional: Dieciocho de enero de dos mil veintitrés. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.2 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que las autoridades responsables y el acto reclamado son los siguientes:3 2 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 3 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen 1. Pleno del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit. 2. Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit. a) El acta de la reunión informativa convocada por la Comisión de Atención Integral a Victimas del Estado de Nayarit, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, con la parte quejosa, en la cual, se le brindó asesoría, respecto de los requisitos legales necesarios para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas (FAARI), de conformidad con lo establecido en la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit. .... Pleno del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit El citado en el inciso a) Niega (Se desvirtúa) 18 a 20 2 Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit El citado en el inciso a) Niega (Se desvirtúa) 18 a 20 TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Pleno del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit y Comisionado en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." Ejecutivo de la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit; sin que obste a lo anterior, que al momento de rendir su informe justificado realizaran manifestaciones señalando su inexistencia. Así, la existencia del acto reclamado se corrobora con las documentales que las autoridades responsables allegaron al presente juicio de amparo, mismas que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,4 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documento público. CUARTO. PROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, no obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que se actualiza la causal de improcedencia en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] 4 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." Como puede observarse, este artículo ordena la improcedencia del juicio de amparo en dos hipótesis: a) Cuando se promueve en contra de sentencias de amparo y, b) Cuando se impugnan resoluciones dictadas en cumplimiento a un amparo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el resolver el recurso de revisión 6108/2014, consideró que cuando en un juicio de amparo se concede la protección constitucional para determinados efectos, pueden darse dos supuestos de actuación por parte de las autoridades responsables: El primero de ellos se actualiza cuando se deja libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para pronunciarse, bajo su libre arbitrio judicial, respecto a los tópicos especificados en la sentencia de amparo. En estos casos, lo que se resuelve en cumplimiento al amparo constituye un acto totalmente diferente al primero que fue señalado como reclamado, y esa nueva resolución es susceptible de combatirse a través de un nuevo juicio constitucional. El otro supuesto se configura cuando el juzgador de amparo deja ceñidos los efectos de la sentencia de amparo y señala los fundamentos que debe observar la autoridad responsable para emitir su determinación, de manera que no pueda brindar una fundamentación y motivación distinta a la ya establecida por el órgano de control constitucional. De este modo, reitera la Sala, cuando la responsable no cumple puntualmente los efectos, resultan procedentes los medios de defensa establecidos en la ley para combatir el desacato a la sentencia, pero no procede un nuevo juicio de amparo. La fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a la improcedencia del juicio constitucional contra las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de amparo, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a los efectos establecidos por el órgano de control constitucional. Así, en este supuesto, como ya se dijo, la autoridad responsable no emite consideraciones propias en plenitud de jurisdicción que ameriten un nuevo análisis por parte del Juez de amparo. Por lo tanto, el nuevo juicio constitucional que se promueve en contra de una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, resulta improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Con base lo anterior, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no contradice el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que esta norma no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo en atención a razones de seguridad jurídica. Se generaría una cadena interminable de juicios de amparo si existiera autorización para combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial, sino en atención a lo ordenado por el propio Tribunal Colegiado que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta. Por ello, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas emitidas por la responsable en las que no tiene libertad de jurisdicción. La improcedencia se justifica por el hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin que con ello se transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. En ese contexto, resulta como hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que se invoca con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el acto de que se duele la parte quejosa - Acta de reunión informativa convocada por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas con la parte quejosa en su calidad de victima directa, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintidós- es materia del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1052/2021-VIII, del orden de este juzgado, resolución que fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, en el cuaderno auxiliar 376/2022, derivado del recurso de revisión 109/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en Tepic. Sentencia en la que se concedió la protección constitucional a la parte aquí quejosa para los efectos siguientes: "Las autoridades responsables, en audiencia formal y que conste por escrito, brinden al quejoso una asesoría integral, por personal especializado, para efectos de hacerle del conocimiento en forma clara y precisa, todos los requisitos legales necesarios para acceder, en su caso, a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia, y Reparación a Víctimas del Estado de Nayarit, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit; en el entendido que las autoridades responsables cuenta con libertad de jurisdicción para resolver lo que en derecho corresponda en relación a la procedencia de la solicitud respectiva. Resolución que actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento; pues incluso en vías de observancia a dicha sentencia, la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, remitió en acatamiento a dicho fallo, copia certificada de la determinación del acta de reunión informativa de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, con el aquí quejoso; determinación que es precisamente contra la que se duele la parte quejosa y que derivó de la ejecución material y jurídica del fallo protector emitido en autos del juicio 1052/2021- VIII de nuestra estadística. Asimismo, resulta pertinente acotar que mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, con el acta de reunión informativa de veintiuno de octubre de dos mil veintidós; no obstante lo anterior, y al analizar dicho cumplimiento se determinó no tener por cumplida la ejecutoria citada con antelación; por lo que, mediante proveídos de dieciocho de noviembre y doce de diciembre de dos mil veintidós, así como cuatro de enero de dos mil veintitrés, se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables el debido cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, en el cuaderno auxiliar 376/2022, derivado del recurso de revisión 109/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en Tepic, sin que a la fecha hubiese remitido el debido cumplimiento a la sentencia concesoria. Para corroborar lo anterior, recábese copia certificada de la demanda inicial, de la resolución dictada en el recurso de revisión por el Tribunal Colegiado de previa mención, y de las constancias citadas con antelación, en los autos del juicio de amparo 1052/2022-VIII, a fin de que obren en este juicio de amparo como un hecho notorio. Lo invocado como hecho notorio, se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, la cual establece que resulta apegado a derecho que los órganos jurisdiccionales invoquen como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente las tengan a la vista, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercer para resolver una contienda La referida jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y cinco, del tomo XXV, relativo al mes de junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 172215, es de la siguiente literalidad: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Y por identidad de razón, aplica la Jurisprudencia número XXII.J/12, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199531, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Lo que implica que, el acto reclamado materia de este amparo, se encuentra relacionado directamente con la ejecución de la sentencia del Tribunal Colegiado y juicio del orden de este juzgado, antes referidos, en los que en la ejecutoria del Tribunal Colegiado se concedió la tutela federal solicitada por la ahí parte quejosa, para determinados efectos. Por ende, esa circunstancia hace improcedente esta vía constitucional, al configurarse en forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Encuentra sustento lo aquí determinado, en la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos veintinueve, Libro Sesenta, Tomo I, Noviembre de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2018315, Décima Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. Así como el diverso criterio que norma la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, registro digital 248412 del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN. Si el acto reclamado se hace consistir en el auto mediante el cual la Junta responsable dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, en diverso juicio de garantías, en el cual concedió el amparo impetrado, es obvio que dicho acto se encuentra comprendido en la hipótesis que previene la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". En consecuencia, es evidente que contra del acto reclamado en la demanda de amparo, emitido en cumplimiento a la diversa ejecutoria de amparo dictada en el juicio 1052/2021, del índice de este propio órgano jurisdiccional, se actualiza la hipótesis de improcedencia invocada, toda vez que tales actos fueron emitidos en cumplimiento a una sentencia de amparo. De ahí, en el caso concreto indudablemente se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, se sobresee en el presente juicio constitucional. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por ..., contra las autoridades responsables y por el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe

  4. Principal

    En tres de enero de dos mil veintitrés, el secretario CERTIFICA: Que en esta fecha está señalada para su verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, del estado que guardan los autos se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días, atinente a la vista que se concedió a las partes respecto de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Pleno del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit y Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, tal y como lo estipula el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con ocho minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.

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