Ricardo García Cadena
Expediente 709/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ricardo García Cadena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Ricardo García Cadena, hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 709/2021-7, promovido por Ricardo García Cadena, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el treinta siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el uno de julio del año actual, Ricardo García Cadena solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "El acuerdo de fecha 14 de junio de 2021, en el cual se asigna una fecha excesivamente lejana, para la celebración de la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, el cual fue asignado hasta el 06 de octubre de 2021. (.)." A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dos de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 709/2021-7; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, en el que señala fecha distante para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (seis de octubre de dos mil veintiuno), dentro del juicio laboral 1315/2020. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable al rendir informe justificado, lo cual se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio laboral 1315/2020 de su índice. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Son fundados pero inoperantes, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, sin que esta juzgadora advierta motivo alguno para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. El impetrante esencialmente reclama el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 1315/2020, del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, que señala fecha distante -seis de octubre de dos mil veintiuno- para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Medularmente alega el peticionario de garantías, que la autoridad responsable viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, toda vez que la fecha establecida por la responsable para la aludida audiencia, se encuentra fuera de término previsto por la ley para ese efecto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En consonancia con ese derecho fundamental, el numeral 878 fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo instituye que al celebrarse la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, tendrá verificativo la audiencia de de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro de los diez días siguientes. Asimismo, del ordinal 685 de la ley laboral en cita, se deduce que las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Sobre el particular, es aplicable la tesis X.1o.99 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 373, cuyo rubro y texto es: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, EXCEDIENDOSE DEL TERMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse". Conforme a lo anterior, es claro que la determinación de la responsable al señalar como fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el seis de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1315/2020 de su índice, vulnera el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, porque constituye una fecha que excede el plazo previsto para ese efecto en la legislación laboral precitada. Esto, tomando en cuenta que entre la data del acuerdo reclamado y la programada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas median más de tres meses. Aunado a ello, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el caso particular, el legislador determinó un plazo de diez días para que la junta señalara la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, a partir de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, la fecha señalada por la autoridad responsable para la audiencia de mérito, además de exceder el plazo establecido por el legislador para ese efecto, tampoco resulta razonable. Es de tomar en cuenta, lo expuesto en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, cuyo rubro y texto es; "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". En el caso, la junta responsable, el catorce de junio de dos mil veintiuno, fijó como fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el seis de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario laboral 1315/2020; contraviniendo así lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo previsto en el numeral 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo. Con base en lo anterior, son fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso; sin embargo, devienen inoperantes debido a la proximidad de la fecha señalada para la audiencia de ley en la controversia laboral 1315/2020, del índice de la junta responsable. Efectivamente, aun cuando la fecha establecida para la audiencia de mérito, excede los plazos y términos que la legislación laboral establece para ese efecto, conceder el amparo para que la responsable ajuste la misma a lo ordenado por el legislador en el numeral 878, fracción VIII, resultaría prácticamente imposible debido a la cercanía de la misma (seis de octubre de dos mil veintiuno). Además, en atención a que una vez que se dicta la sentencia de amparo, para requerir a la autoridad responsable cumpla con la misma, es menester que aquélla cause ejecutoria, lo que ocurre una vez que vence el término de diez días previsto para la impugnación de la misma, más los relativos a la notificación y los concedidos para el cumplimiento del fallo protector. Lo anterior haría ineficaz la concesión del amparo para que la autoridad deje sin efecto el acto reclamado y fije una fecha para la audiencia en cuestión, que se ajuste a los plazos determinados por el legislador, pues de hacerlo así, conllevaría el riesgo de que las partes no puedan ser notificadas con la anticipación debida y tenga que reprogramarse para otra fecha aún más distante. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 114, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, Materia Común, con rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Consecuentemente, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA Y PROTEGE a Ricardo García Cadena, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y para los efectos establecidos en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado; al que adjuntó copia certificada del proveído de catorce de junio del año en curso, dictado en el expediente laboral 1315/2020, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de dos de julio del año en curso, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa en su libelo de amparo, consistente en todas las actuaciones que forman el expediente laboral 1315/2020, e informe justificado, que exhibiera la autoridad responsable, hasta en tanto obrara en autos su informe justificado y, en virtud de lo acordado previamente, dichas probanzas se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva. Notifíquese
- Principal
mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio 18276/2021 de dos de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que rindiera su informe justificado, el cual recibió el quince de julio del año en curso, tal y como se advierte de la constancia de notificación relativa; por lo que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para ese efecto; toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio el contenido del oficio 1088/2021 de quince de julio de dos mil veintiuno, remitido por la Presidente de la citada autoridad responsable, del cual se desprende que dicha Junta disfrutaría de su primer periodo vacacional el cual comprende del diecinueve al treinta de julio del año en curso, por lo que se tomarán éstos como días inhábiles, retomando sus labores el dos de agosto actual. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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