Ricardo Gallardo Salmeron
Expediente 1478/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1478/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Ricardo Gallardo Salmeron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, y no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.****************************************Vista la razón de cuenta suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar al quejoso el acuerdo de doce de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista.****************************************Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
ESTRADOS...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta encargada del despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en proveído de siete de noviembre del año en curso, remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de octubre de la presente anualidad, del cual se advierte que acordó la promoción presentada por la parte quejosa el treinta y uno de mayo del presente año. En esa tesitura a fin de hacer de oficio el pronunciamiento que corresponde se procede a fijar correctamente el acto reclamado, atendiendo a la causa de pedir, y delimitando en concreto el acto de autoridad que obstaculiza o impide la prosecución del procedimiento en los términos y plazos previstos por la legislación obrera aplicable; este órgano jurisdiccional se pronunciará respecto al acto reclamado, atendiendo a la etapa procesal en que se encuentre. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama medularmente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, la omisión de acordar el escrito de fecha veintinueve de mayo del año en curso y recibido el treinta y uno de siguiente, en el cual solicitó que al no haber pruebas pendientes por desahogar en el expediente laboral 112/2017, concediera a las partes término para formular sus respectivos alegatos. Precisando que no son de estimarse como actos aquellos subsecuentes a los reclamados, toda vez que el análisis de éstos debe realizarse atendiendo a aquél que obstruya el cauce legal del procedimiento laboral de origen, en los términos y plazos previstos por la legislación obrera aplicable, en función de la etapa procesal en que éste se sitúa, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencia previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; y en ese sentido, debe tenerse como tal, el antes destacado. En este contexto, de las constancias que remitió el Tribunal responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia que el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, acordó la promoción de fecha veintinueve de mayo del año en curso y recibida el treinta y uno de siguiente, mediante el que entre otras cosas, le indicó que no era favorable acordar de conformidad con su petición en razón de que aún quedaban pruebas pendientes por desahogarse en el juicio laboral 112/2017; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su numeral 2º, por haber sido expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. De ahí que, de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que torne improcedente el juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, el suscrito juzgador advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional pues se acordó la promoción presentada por la parte quejosa, en la que solicitó se concediera término a las partes para formular sus respectivos alegatos en el juicio laboral de origen, de ese modo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ello es así, pues conforme al citado texto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos, imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica del promovente, con ello, se cumple su pretensión al momento de promover el presente medio de control constitucional; de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia; por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio constitucional y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". No se soslaya que no obra la constancia que acredite que fue emplazado a la presente instancia constitucional, el tercero interesado, Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; sin embargo, ello se estima innecesario dado que el sentido de este auto no afecta sus intereses. Al respecto se cita la tesis: P. V/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, consultable en la página 45 (registro 196912) del rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Cabe precisar que tampoco es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que a la presente fecha no hayan transcurrido los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de amparo para que las partes se impongan del informe y la constancia que remitió la autoridad responsable, puesto que la vista es para que éstas se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar tanto el contenido del informe como las razones aludidas; sin embargo, a nada práctico conduciría dado el sentido del presente asunto, el cual no variará por el hecho de postergar el dictado de la misma con motivo de esa vista, circunstancia que guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, que contempla la garantía de justicia pronta y expedita. Finalmente, en mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
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