Ricardo Gabriel Huerta Vargas

Expediente 431/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
431/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Y Oral del Estado
  • Ricardo Gabriel Huerta Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 431/2023-IV-B, promovido por ***; y, ... QUINTO.- Análisis de la litis constitucional. Son infundados en parte y fundados pero inoperantes en otra, los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que en el caso haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que deberá negarse la protección constitucional solicitada. Como premisa inicial, el amparista señala que la juez responsable violó en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso en relación con el artículo 19 Constitucional, pues considera que no existen datos de prueba que constituyan indicios razonables suficientes para considerarlo probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en términos del artículo 368, en relación con el 378, 380, fracción IV, 381 y 384, todos del Código Penal del Estado, denunciado por ***, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ***; consideraciones en las cuales no le asiste razón, como a continuación se expondrá. En principio, debe establecerse que la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema. Dichos preceptos establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." En efecto, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 284 y 285, del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, aplicable al caso, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Requisitos para vincular a proceso al imputado Artículo 284. El juez decretará la vinculación a proceso del imputado siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; III. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el fiscal investigador, se establezcan medios de prueba que permitan establecer razonablemente la existencia de un hecho o hechos que las leyes del Estado califiquen como delito y la probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, y IV. Que no se encuentre demostrada por encima de toda duda razonable una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, pero el juez podrá no admitir alguno de ellos u otorgarles libremente una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público." "Contenido del Auto de vinculación a proceso Artículo 285. La vinculación a proceso se admitirá o rechazará por auto debidamente fundamentado, en el cual se exprese: I. Los datos personales del imputado; II. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho o hechos delictuosos, refiriendo el tiempo, modo y lugar de su comisión, y la probable participación del imputado; III. Lo resuelto, en su caso, sobre medidas cautelares de carácter real o personal, y IV. El plazo para el cierre de la investigación o el cierre de la misma en caso de juicio inmediato." Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 284 y 285 del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. Para ello se toma en cuenta las constancias que remitió física y digitalmente la autoridad responsable al rendir su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Ahora bien, se observa que derivado de la judicialización de la carpeta de investigación FEM-W1/03/2023, la Fiscal adscrita a los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, solicitó al Juez del Control en turno, que se librara orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO. Mandato de captura que fue obsequiado por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, el dieciocho de febrero de dos mil veintitrés; el cual se cumplimentó en sus términos, recluyendo al imputado a las 17:33 horas del dieciocho de febrero del año en curso, en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad. Motivo por el cual, previo al dictado de la resolución reclamada, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, se formuló imputación en contra del aquí quejoso, se le dio la oportunidad de declarar reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (284, fracciones I y II, del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán), y solicitó la duplicidad del término constitucional a ciento cuarenta y cuatro horas. Asimismo, en esa propia audiencia, se resolvió lo relativo a la petición de medidas cautelares, fijando la prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso y se señaló el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, para la audiencia de vinculación a proceso. Luego, ya en la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, el juez de origen, después de escuchar a las partes, al resolver comenzó precisando su competencia, señaló que existe la solicitud ministerial de vinculación a proceso, procedió a citar el contenido del artículo 19 Constitucional, así como el precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para posteriormente precisar los hechos sobre los cuales descansa la imputación; sin que este órgano de control constitucional advierta violación alguna a los derechos fundamentales del amparista. Los restantes requisitos formales y de fondo, se analizan de la siguiente manera: Los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, permiten establecer que tal como lo consideró el Juez responsable, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo realizó; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se encuentre apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental del justiciable. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, avalados y ponderados por el juez responsable, permiten establecer que el activo, es la persona que el doce de febrero de dos mil veintitrés, entre las 16:00 horas y 17:30 horas aproximadamente, encontrándose en el interior del predio número 526 de la calle 187 letra H, entre 104 y 102, del Fraccionamiento Santa Cruz, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, privó de la vida a quien en vida respondió al nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera, golpeándola y lesionándola con un objeto cortante y seguidamente con una correa le constriñó el cuello realizando una asfixia mecánica por estrangulamiento, que fue lo que le quitó la vida, y se retiró del lugar llevándose consigo objetos de la persona pasiva. Hechos que materializan el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en términos del artículo 368, en relación con el 378, 380, fracción IV, 381 y 384, todos del Código Penal del Estado, denunciado por María Asunción Puch Barrera, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera. Para llegar a esa conclusión, el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal y la defensa. En relación con los artículos sobre los cuales el juez responsable encuadró los hechos, los cuales corresponden al Código Penal del Estado de Yucatán vigente en la época en que se realizaron los hechos delictivos, se hace la siguiente relación: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN VIGENTE EN 2023 "Artículo 368.- Comete el delito de homicidio quien sin derecho priva a otro de la vida. Artículo 378.- Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía, traición o se ejecuten en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos que en forma inminente pudieran resultar muertas o lesionadas. Artículo 380.- Se entiende que hay ventaja cuando: [.] IV.- Este se halle inerme o caído y aquél armado o de pie. Artículo 381.- Sólo será considerada la ventaja como calificativa de los delitos de que hablan los Capítulos anteriores de este Título, cuando sea tal que el imputado no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por la víctima y aquél no obre en legítima defensa. Artículo 384.- Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión". Sobre el marco legal anterior, el juez responsable correctamente procedió a atender los datos de prueba que obran en la carpeta administrativa 62/2023 de origen, y manifestó coincidir con el criterio de la fiscalía. Indicó que de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentra el asunto, tiene un estándar probatorio bajo, ya que la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 316 sólo exigen indicios razonables, por lo que sólo es necesario que estos datos de prueba permitan suponer la existencia de los hechos delictuosos. Ahora bien, la base argumentativa de este estudio se centra en la interpretación y alcance de los requisitos de fondo del auto de vinculación, específicamente en cuanto a que las normas a que se ha hecho referencia exigen la existencia de indicios razonables que permitan suponer que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito. Dicha expresión conduce a estimar que existe un objetivo a verificar por el juez de control, delimitado por lo previsto en la ley sustantiva penal, consistente en determinar cuál es la conducta y después verificar si encuadra en la descripción que de un delito hace la ley, en este caso, el Código Penal del Estado de Yucatán; lo anterior, con base en la imputación formulada por el fiscal, a quien corresponde la carga de expresar la conducta y hechos respecto de los cuales se solicita la vinculación en los términos de los artículos 282 y 283 del Código Procesal Penal del Estado de Yucatán. Lo anterior es así, en atención al principio de legalidad en materia penal previsto en el artículo 14 Constitucional, que establece que solamente las conductas que encuadren en lo descrito por una ley penal pueden considerarse delictivas y ameritar la sanción prevista para ellas. De igual forma la jurisprudencia por contradicción de tesis 87/2016, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, aborda el tema y refiere que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo, en relación a estos últimos se requiere que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, aspectos que se abordan en este estudio; por lo que no se necesitan de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, pues basta encuadrar la conducta a la norma penal aplicable, para la continuación de la investigación complementaria, en su fase judicializada, criterio jurisprudencial que a continuación se señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello, solamente es necesario encuadrar la conducta a la norma penal aplicable, de donde resulta que el estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso es muy bajo, puesto que solamente se requieren indicios que permitan razonablemente establecer que se ha cometido el hecho previsto en la ley como delito. Ahora bien, el juez al analizar los datos de prueba, advirtió que fueron obtenidos de manera ilícita, de manera legal; un primer aspecto que ponderó fue que son datos que invocó la Fiscalía y que están agregados en la carpeta administrativa; son datos que han sido obtenidos de manera lícita y legal, por lo tanto, sirven de sustento para probar dentro de este proceso que ha iniciado en contra del imputado. Además, la responsable señaló que consideró que el conjunto de estos datos de prueba lícitos y legales de manera objetiva, permiten advertir la existencia de un hecho que está calificado en el Código Penal como delito. En efecto, el Juez de Control, señaló que del análisis realizado valoró el contenido de los artículos en los cuales basa su formulación la imputación de la fiscalía, que son el artículo 368, 378, el 380 en su fracción cuarta respecto a la ventaja, el 381 y el 384, todos del Código Penal del Estado en vigor, de los cuales se puede emitir o se puede establecer la posibilidad de la acreditación, según lo expresado por la fiscalía, del delito de HOMICIDIO CALIFICADO cometido con la calificativa de ventaja. En relación con los componentes esenciales del delito, el A quo razonó que en un principio, debe atenderse a la circunstancia de la existencia de una vida, la falta o posterior de esta vida, que esta conducta de muerte haya sido realizada sin derecho alguno, entendiéndose esto de que el sujeto activo no se encuentre amparado bajo una causa de justificación de su actuar y lo que lo haría recaer en el terreno de la antijuricidad; y también que exista una relación de causalidad directa o indirecta entre la conducta realizada, desplegada por el sujeto activo y el hecho de muerte de la persona como sujeto pasivo. Luego, en relación con la calificativa de ventaja, el Juez de Control definió que acontece cuando la víctima se encuentra inerme o caída y su victimario se encuentra armado o de pie, lo cual aconteció en la especie de acuerdo a la mecánica de hechos, según lo expresado por el propio inculpado. Así, apuntaló que no obstante las manifestaciones del investigado, así como las argumentaciones de la defensa, no se encuentra actualizada una causa de legítima defensa en el presente asunto, ni tampoco una causa de exceso de legítima defensa. Al contrario, refirió que con los datos de prueba está demostrado -hasta ese momento procesal- el delito de HOMICIDIO CALIFICADO en los términos imputados por la fiscalía. Posteriormente, el Juez de origen procedió a desarrollar las premisas expuestas anteriormente, lo cual realizó de manera correcta, ya que de los autos está acreditada la existencia previa de un ser humano. Ello, con el acta de nacimiento presentada por la hermana y hoy denunciante de la víctima, María Asunción Puch Barrera, en la cual hace mención que existe una certificación del acta de nacimiento de una persona denominada con el nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera, expedida por el Director del Registro Civil local. Probanza con la que tuvo por acreditada la existencia de un ser humano; la cual también fue corroborada, según los datos de prueba expresados en esta audiencia, por la denunciante María Asunción Puch Barrera, quien manifestó que ella conocía a Michelle de Jesús Puch Barrera, ya que esta persona anteriormente se llamaba Felipe de Jesús Puch Barrera, pero que este cambió su nombre al de Michelle de Jesús, que la conocían coloquialmente como Jackie y esta persona era su hermano o hermana, ya que había cambiado su nombre por cuestiones de género. Asimismo, el Juez natural señaló que abona al punto, el acta de nacimiento de la denunciante de nombre María Asunción Puch Barrera, que según lo expresado por la fiscalía, ambos eran hijos de los mismos progenitores, lo que refleja la relación de parentesco. Aunado a que hace mención la denunciante que Michelle de Jesús Puch Barrera era su hermana, y tomando en cuenta que presentó el acta de nacimiento correspondiente, hace presumir la existencia previa del ser humano hoy occiso, toda vez que esta acta de nacimiento no fue debatida, ni impugnada por las partes y al haber sido exhibida o expedida por una autoridad en cumplimiento de sus funciones, se trata de un documento público que sostiene la veracidad de esa información. Luego, en relación con el diverso componente del delito, el Juez de primer grado llegó a la conclusión que hay datos para acreditar la falta posterior de esta vida humana. Para ello, destacó la existencia de las manifestaciones vertidas por María Asunción Puch Barrera, hermana de Michelle de Jesús Puch Barrera, quien señaló que es propietaria del predio ubicado en la calle 187, número 526, por 104 y 102 del fraccionamiento Santa Cruz de la ciudad de Mérida, Yucatán; que ésta se lo dio para vivir a su hermana de nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera. También señaló que la última vez que vio a su hermana fue a finales de diciembre del año dos mil veintidós, ya que había acudido a su estética; y que tuvo contacto con ella vía telefónica el 20 de enero de 2023. Además, narró que el 13 de febrero de 2023 su hija Michelle le había dicho que le pidiera una cita a su hermana para que la atendiera esa semana para teñirle el cabello, siendo que el martes catorce (14), sin poder recordar hora, le recordó el comentario a su hija de que quería que su hermana la atendiera, por lo que le preguntó a su hija que si le había hablado a su hermana Michelle, quien le respondió que no, por lo que ella revisó la conexión de la aplicación de WhatsApp y se percató de que la última conexión que había tenido su hermana fue el 12 de febrero de 2023 a las 17 horas con 30 minutos. Al parecerle esto extraño el 15 de febrero, a las 15:00 horas, acudió a la estética de su hermana y vio que se encontraba cerrada; un muchacho que vende ahí le había dicho que la estética no había abierto en los últimos días, por lo que se preocupó y también se dirigió hasta la casa de su hermana en Santa Cruz, y al llegar se percató que en las puertas del predio estaba el vehículo Peugeot de color negro, que era propiedad de su hermana Michelle. En dicho domicilio se encontraba cerrada tanto la puerta principal como el protector de herrería, por lo que estuvo tocando la puerta; que en determinado momento vio por la ventana que había moscas, y que al acercarse, se asomó a la ventana y pudo sentir un olor fuerte, lo cual la inquietó y optó por pedir auxilio al 911, cuyos elementos llegaron y por solicitud de la intervención de la Fiscalía, quienes accedieron también a dicho predio, le informaron que en el interior se encontraba en estado de descomposición un cadáver, que fue levantado y que, según se entiende, es el cadáver de su hermana Michelle. Por tanto, el Juez de Control, señaló que esto es suficiente para acreditar el elemento de la falta posterior de la vida, situación que además del dicho de la denunciante, se corroboró con la comparecencia del agente de nombre Eduardo Santiago Casanova Fernández, quien indicó ser Policía de la Secretaría de Seguridad Pública. Al respecto, dicho elemento policiaco manifestó que el día quince de febrero de dos mil veintitrés estaba a bordo de su unidad policiaca, cuando le dijeron por control de mando que fuera a la calle 187H, número 526, por 102 y 104 de la colonia Santa Cruz Palomeque, de esta ciudad, a fin de verificar un predio del cual despedía olores fétidos; por lo que llegando a las 17:00 horas a la dirección proporcionada, se pudo percatar de que se encontraba la hoy denunciante María Asunción, quien le manifestó que el domicilio era de su propiedad, que se lo había dado su hermana para vivir, y que se percató de un olor fétido. Acto continuo, el agente marcó el número 911, reportó esto, y con la autorización de la señora María Asunción, quien se había ostentado como propietaria, accedió al predio y verificó los costados de la casa, ya que no tenía limitaciones, y que desde la ventana que se encuentra al frente, pudo visualizar el cuerpo de una persona tendida en el suelo, de espaldas y en estado de putrefacción, por lo que dio aviso al control de mando. Después, alrededor de las 18:50 horas, arribó al lugar de los hechos la Fiscalía General y con la autorización de la señora María Asunción, hicieron maniobras para entrar a dicho predio. De lo anterior, el Juez A quo obtuvo los datos relativos a la existencia y falta posterior de la vida de la persona hoy occisa. Fallecimiento que también constató el juzgador de origen, con el aviso telefónico de quince de febrero de dos mil veintitrés, a las 18:08 horas, en el cual, se obtiene que un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, comunicó que en el predio ya aludido, se había encontrado sin vida el cuerpo de una persona de nombre Michelle Jesús Puch Barrera. En relación con ello, el cuerpo de la víctima directa fue debidamente levantado, como consta en el acta circunstanciada levantada por la Fiscalía, que se elaboró el quince de febrero de dos mil veintitrés por conducto de los fiscales en presencia de un médico forense de nombre Sandra Caballero, de un criminalista de apellidos Estrella Camal y otro de apellidos Soberanis Güemes, de un perito químico de apellidos Luis Cuevas. Documento en el cual se menciona que llegaron al lugar los intervinientes, el cual estaba resguardado por el agente Eduardo Santiago Casanova Fernández, quien fue el primer respondiente; que en el lugar se encontraba María Asunción, denunciante en el presente asunto, y dijo ser la hermana de la fallecida de nombre Michelle de Jesús Puch Barrera, a la que le conocían como Jackie; que ella había solicitado originalmente la petición en 911, y señaló que entre otras cosas, que el vehículo que estaba en el lugar pertenecía a su hermana. Que también en ese acto dio la autorización para entrar al predio, se encontró en el lugar, el cadáver de una persona en estado de descomposición; que también ubicaron una serie de indicios entre los que estaba un vehículo Peugeot de color negro, con placas de circulación YYT-603-E del Estado de Yucatán. Asimismo, el resolutor de primer grado señaló que en este caso se hizo un informe de procesamiento del lugar, en el cual estuvo presente la perito criminalista Estrella Camal, entre los diversos criminalistas Soberanis Güemes y Luis Cuevas; un médico forense de apellidos Caballero Hernández; y que con la autorización, entraron al predio y se procedió al levantamiento del cuerpo. Además, se señaló, entre otras cosas, que el predio se encontraba en desorden, había muchos objetos tirados en el piso, y que se encontró el cuerpo sin vida de una persona que se señala como hombre, en estado de descomposición, y que tenía una correa de color beige alrededor del cuello; que recabaron trece (13) indicios, y que también se estableció como indicio una parte de un filo con mango que se encontraba quebrado. En relación con lo anterior, el Juez de Control ponderó el protocolo de necropsia realizado en términos del artículo 272 del Código Nacional, elaborado por el doctor Gabriel Rodríguez Fernández, en el cual estableció en primer término que el cuerpo presentaba un fallecimiento entre 72 y 84 horas, al inicio de la necropsia; que la fecha y hora aproximada de muerte fue el día 12 de febrero de 2023, entre las 11:30 horas y las 23:30 horas. Mencionó también el perito que el cuerpo tenía diversas heridas: una de mecanismo contuso en la cabeza; un surco en el cuello; escoriación roja de dos centímetros; herida en el mecanismo cortante en el tórax; en tórax posterior presentaba equimosis roja ubicada en la región axilar izquierda; en extremidades inferiores habían heridas de mecanismos cortantes. Dicho experto también señaló que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, y no así las heridas cortantes; aspecto que el Juez A quo señaló como útil para acreditar el elemento relativo a la falta posterior de esta vida humana. Analizado lo anterior, el juzgador responsable procedió a abordar lo relativo a que la conducta realizada por el agente activo fue sin derecho alguno. En este punto, procedió a ponderar la declaración del implicado Ricardo Gabriel Huerta Vargas, quien señaló haber acudido a dicho predio en virtud de que le había pedido una persona de nombre Kevin que fuera a buscar una cantidad de dinero que le iba a entregar una persona que lo iba a buscar en un carro, lo cual realizó en los términos siguientes: "[.] Bueno pues, el domingo que pasó todo yo estaba en casa de mi novia, salí a comprar, en lo que yo salí a comprar me topé a este amigo Kevin, esta persona me dice "¿sabes qué chamaco? Necesito que vayas a mi casa porque acabo de salir de la pública de Kanasín, me agarraron y estuve allá 48 horas" me dice... Le dije "oye no manches" le dije, "no puedo porque estoy en casa de mi novia, no puedo realmente no puedo"; "no chamaco", me insistió me insistió y le dije "sí, ¿para qué?", "Es que necesito hacer unas diligencias y necesito que tú te quedes en mi casa"; en lo que nos dirigimos en su casa estuvimos allí un rato y le marcó su novia Yamilé, en lo que le marca esa persona Yamilé dice "¿sabes qué? Necesito un coche, necesito cómo moverme, ya tengo cómo, ya saqué las cosas"... y en ese momento mi amigo me dice así "¿oye quieres votarte con nosotros? Vamos a buscar unas cosas" y yo le dije que no, habíamos tenido un problema antes porque nos agarraron por robo a casa habitación, en el cual nosotros fuimos engañados, nos llevaron diciendo que era un desalojo lo que íbamos a hacer y yo le contesté diciendo "no, realmente no wey, esas son mamadas, me metes en problemas, después a la hora de la bronca yo solito me la como, me dejas solo" dije; "coño" me empezó a decir "eres un mamón, eres un maricón" palabras así y yo le dije "ah, yo no me voy a quedar, me voy a jalar a mí casa" le dije y me dijo "¿sabes que chamaco? Necesito que te quedes entonces, voy a ver eso, quédate" me dijo... como esa persona se dedica al narcomenudeo "te voy a dejar tanto de droga" me dijo, "para que tu vendas" me dice, "Wey" le digo, "pero yo tengo que jalar a las 3 o 4... yo me voy a vender al parque carnal, tengo que ir a vender y lo sabes" ...y me dijo "si te vas se lo dejas a mi mamá y te vas" me dijo, "pero trata de irte como a las 5" me dijo "porque entre 3:50 y 4 debe venir un vehículo" me dijo "a buscarte un vehículo, para ir a buscar un dinero que me deben" dijo... yo le dije "ah está bien, simón, de todos modos ahí lo checo" le dije. El coche me iba a ir a buscar a mí para que me den un dinero que le debían a él... En eso que ya dando la hora yo agarré y le dejé todo a su mamá y me dirigí a la salida, empecé a caminar hacia adelante con rumbo a casa de mi novia y empecé a mirar hacia atrás a ver si venía el coche, ya había avanzado casi poquito más de media cuadra, el coche llega, pega y me habla "oye ven acá" me dice, yo volteé a ver el coche y le dije "¿qué pasó?" le dije, "ven acá es por lo de Kevin" me dice, en lo que yo me dirigí, la persona me abrió la puerta del coche y yo me subí, en lo que me subí me dijo "vamos a buscar el dinero, me dijo Kevin que estás vestido así con un chaleco y la playera negra" me dijo, "ah ok, sí soy yo" le dije, en lo que nos subimos llegamos rumbo a casa de esa persona [.]". Sobre los siguientes acontecimientos, el inculpado señaló que durante el trayecto, esta persona además le preguntó si podía hacer trabajos de remodelación, lo cual contestó afirmativamente; y una vez en el lugar, el acusado narró que la hoy finada le mostró las distintas partes de la casa en las cuales le dijo que necesitaba hacer algún trabajo. Luego, en determinado momento le pidió que fueran a un cuarto donde había un clima, le pidió que si podía hacerle un colado para colocar el clima, que él le dijo que no era su fuerte; que en ese momento, esta persona le empezó a tocar sus partes íntimas y que él se molestó, y que le dijo a esta persona "¿Qué pedo?", y que le dijo "yo solo vine por el dinero", y que esta persona le contestó "no te pongas así", que le dijo "voy a jalar", en el sentido de que se iba a retirar, y que cuando quiso salir del cuarto, él tomó una pistola del tocador, le dijo "ven y siéntate", y él le dijo "cálmate", que le dijo "ven y te sientas", que él fue y se sentó, y en eso le dio la espalda, y fue que se le fue encima, se cayeron, se le cayó la pistola, salió volando rumbo a la cama, que forcejearon porque esta persona tomó un cuchillo, que lo jaló, que le tiró con el cuchillo algunos tajos, y que él le había agarrado la mano, y que le dio en la pierna, y mostró la rodilla, también mostró parte de su ingle, parte de su pierna derecha, parte de su espalda, el brazo, la espalda, que él le quitó el cuchillo y le tiró a esta persona un tajo, que el cuchillo se rompió y que el sujeto empezó a pedir auxilio, por lo que estaba muy asustado, jaló una correa y se la puso en el cuello, y que le dijo "sólo me quiero ir", que sólo se quedó viendo a esta persona, y que él después intentó agarrar el cuchillo y le tiró en su cara un tajo; que le quitó el cuchillo y que se lo clavó, por lo que empezó a quejarse, y que agarró la pistola, la guardó, que agarró una maleta de la puerta para disimular, salió y se quitó. En este punto, el Juez de Control señaló que esas son manifestaciones defensivas del investigado Ricardo, que no encuentran un debido sustento, y que también hay serias incongruencias que no permiten otorgarle plena confiabilidad a su declaración. Como primer punto, la autoridad responsable señaló que el imputado dijo que se había encontrado con Kevin el domingo, no señaló fecha ni hora, asumiendo que pudo haber sido esto el domingo 12 de febrero, que es la fecha de los hechos; pero que dijo que él insistió y le dijo "vamos a mi casa, porque acabo de salir de la cárcel pública", entendiendo que esto fue la cárcel pública de Kanasín; que le insistió y que él dijo que estaba bien, que fueron a la casa de Kevin, que ahí le llamó Yamile, la novia de Kevin, y le dijo a Kevin que necesitaba moverse, porque ya sacó sus cosas. Que aquí lo extraño es que dijo que Kevin le pidió que los acompañara, le dijo "ándale, no seas mamón, acompáñame", pero que también le dijo "necesito que te quedes, porque voy a dejar droga para que vendas en mi casa". En lo anterior, el juez consideró que existe una incongruencia que resta credibilidad, porque primero le dijo "acompáñame", entendiendo esto que lo acompañara a ver su novia, pero luego le dijo "necesito que te quedes", por tanto, es incongruente que primero le diga "acompáñame" y luego que se quede. Pero que dijo también, sin especificar, "si te vas, déjaselo a mi mamá, pero debe venir un coche a buscar para que me vayas a buscar un dinero que me debían"; pero en ningún momento dice qué tipo de coche, por tanto, ¿cómo es que confió en la palabra que iba a acudir un coche, sin saber qué tipo de vehículo, qué persona o qué características?. Asimismo, señaló el juez que el acusado señala que salió, entendiéndose que ello fue para ir rumbo a su casa; por tanto, en el supuesto que haya aceptado quedarse a vender esta supuesta droga y a esperar el supuesto coche, por otra parte dijo salir rumbo a su casa; lo que hace asumir que él decidió ya no ir a ningún lugar y que empezó a caminar, y vio que venía un coche y que el coche se le pegó y le dijo "vine por lo de Kevin". Por tanto, resulta un poco extraño que una persona que está en la calle, que está yendo a buscar a alguien, que simplemente vaya saliendo de la calle, se le pegue un vehículo nada más así porque sí, y le diga "oye vine por lo de Kevin". Además, aun cuando dijo el implicado que ello fue porque tenía un chaleco y una playera, que así le había dicho Kevin, pero en ningún momento se advierte que Kevin le haya expresado "oye, a tal hora sal a la calle, empieza a caminar y alguien se va a acercar y te va a decir súbete"; en ningún momento dijo que se retira a su casa y que es cuando se acerca el vehículo, lo que resulta un poco extraño e incongruente de sus manifestaciones. Y que el acusado simplemente accedió a subirse al coche sin conocer quién era la persona que iba a ir a ver, cómo era, qué características tenía o qué vehículo era, lo que resulta extraño. Lo que tampoco es congruente de su manifestación -refirió el A quo- que a pesar de esto, aun así se subió, y el conductor le preguntó que si hacía trabajos de remodelación; el declarante da a entender que llegan al lugar, que le mostró la fachada, y el baño a remodelar, le dijo "ven aquí" a un cuarto donde había un clima grande, y le pidió que haga un colado, que él le dijo que no porque no hace trabajos de albañilería, y es cuando se dieron los eventos donde forcejeó con la víctima, y dijo que después de estos tomó el arma, una maleta y salió. Cuando de los datos de prueba aportados, se advierte según la información proporcionada por la fiscalía, que al lugar de los hechos y en el cual se ubicó al hoy investigado, llegaron aproximadamente a las 15:56 horas y el implicado salió hasta las 17:38 horas, es decir casi dos horas después; pero cuando él hace la narrativa de que todo esto, lo plantea como un acto seguido. En efecto, señaló que cuando llegan le mostraron la fachada, el baño, el cuarto, donde le dijo que necesitaba que le pusieran un colado, y él le dijo "yo no hago colados" y que es cuando lo tocan. Por tanto, atendiendo a la propia narrativa del implicado, de acuerdo como pudo haber pasado, ello debió transcurrir en minutos, cuando según los datos de prueba, entró y pasaron casi dos horas con posterioridad; de ahí que la narrativa del implicado no tiene mucha congruencia, lo que impide otorgarle confiabilidad y credibilidad. Máxime que también menciona que había un arma y en ningún momento existen indicios de esa arma o esa pistola, dice que se la llevó, pero tampoco dice dónde la puso, qué hizo con ella, a quién se la dio, dónde la tiene resguardada; todo ello para poder establecer que efectivamente existe esa arma. Y por otra parte, si bien dice que la persona que agarró un cuchillo fue la otra persona, esto no encuentra ningún sustento, porque de acuerdo con los rayones que el implicado mostró al Juez de Control en la propia audiencia, señaló este último, que los vio, y a su apreciación, sin ser médico, es que están completamente cicatrizados, cuando la defensa no señaló la presencia de esos cortes como heridas vivas, de las que pudiera desprenderse una legítima defensa por haber sido agredido. Además, si bien se observa que hay en el lugar un cuchillo roto, el implicado dice que se quebró, pero lo cierto es también que no hizo valer la defensa de que hubiera una parte del cuchillo que nos permita establecer que se quebró, es decir, si se dice que se quebró debió haberse encontrado la otra parte y hasta este momento la defensa no hizo valer en ese sentido que existiera la otra parte del cuchillo o filo que permita sostener que efectivamente se haya quebrado. Por lo que, las manifestaciones del investigado respecto a que hubo circunstancias de que a él lo intentaron abusar sexualmente o violarlo, esto es una manifestación aislada, sin sustento. Refiere que lo agredieron también y que lo cortaron, pero esto no encuentra apoyo, ya que no hizo valer la defensa la existencia de lesiones físicas recientes que permitan sostener esta situación en el cuerpo, como algún certificado médico, alguna situación en ese sentido que corrobore esto, y menos que hayan sido con objetos punzocortantes. También resulta extraño que dice el implicado que le sujetó la mano y que le lanzó un tajo, si lo tenía sujetado la mano y le quitó el cuchillo no está claro en qué momento se dieron estos cortes, no da una especificación de las circunstancias de cómo se dio esta situación que permita otorgarle confiabilidad y credibilidad a su dicho, y no existen otros datos de prueba que permitan avalar que efectivamente él primeramente fue agredido e incluso tratado de ser obligado para ser abusado sexualmente mediante el empleo de un arma, ya que no se encontró ésta, dice el implicado que él la tiene, pero en ningún momento ha sido puesta a disposición de la autoridad investigadora para poder determinar si esa arma está registrada a nombre de la víctima Michelle, o si esa arma tiene huellas digitales de dicha persona. Por otra parte, no se estableció que existiera en el lugar sangre de otra persona distinta a la occisa, que haga suponer lo que señala el investigado, porque si esta persona fue herida con el mismo cuchillo, evidentemente tiene que haber restos de sangre humana en ese cuchillo distintos a la del cadáver, que permitan sostener la confiabilidad y la credibilidad del dicho del implicado; en consecuencia, son manifestaciones sin un sustento y además que no tienen una lógica y coherencia que permita otorgar la confiabilidad en su declaración. Otro aspecto de contradicción y falta de coherencia es que se advierte del protocolo de necropsia, que la víctima sí tenía una herida, consistente en una escoriación; pero el implicado señaló que le clavó el cuchillo, por tanto el dictamen pericial no es acorde a la versión de imputado, no se advierte que la occisa haya tenido algún tipo de perforación de arma punzocortante, cuando el implicado dijo que le clavó el cuchillo y que por ello la víctima comenzó a gritar y a quejarse. Cabe precisar, para efectos de este análisis, que en la parte de la videograbación de la audiencia relativa, al momento en que el implicado narra la forma en que le clavó el cuchillo a la víctima (18:50 del video), se lleva las manos al lado derecho de su abdomen realizando el ademán de clavar el cuchillo, ubicándose él en el papel de la víctima al hacer el movimiento con las manos. Mientras que de los datos aportados, se advierte que el cuerpo de la persona finada sí tiene una escoriación roja lineal de dos centímetros, por lo que es una herida a mecanismo cortante; pero ello evidentemente no coincide con la acción de clavar un arma. Pero sí por el contrario, se tiene que la víctima tenía golpes en la cabeza, tenía escoriaciones de centímetros cortantes en el tórax posterior, equimosis rojas en el tórax posterior, también tenía heridas de mecanismo cortante en las extremidades inferiores, tenía un surco unilateral equimótico rojo de cincuenta y cinco centímetros en el cuello y claramente se estableció que la causa de la muerte de esta persona fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Por tanto, aun cuando existen las manifestaciones y argumentaciones de la defensa, no desvirtúan la existencia de estas circunstancias que hacen suponer en este caso que la pérdida de la vida de la víctima Michelle no fue de una forma natural, sino que obedeció a un factor evidentemente externo, como es la asfixia por estrangulamiento. En este punto, el Juez de Control también atendió el planteamiento de la defensa en el sentido de que pudo haberse dado un caso de exceso de legítima defensa, y al efecto señaló que por los mismos razonamientos ya referidos, no puede otorgársele confiabilidad al dicho del implicado para desvirtuar los datos de prueba, ante la evidencia técnica de la asfixia mecánica por estrangulamiento. Asimismo, el resolutor primario, refirió que el protocolo de necropsia, la forma de las lesiones y la causa de muerte, permiten establecer que la pérdida de la vida humana del sujeto pasivo fue contra derecho, es decir, no fue realizada por una causa de justificación como pretende hacer valer la defensa, y es evidente que existe un nexo de causalidad entre las situaciones señaladas en el protocolo de necropsia y la muerte, pues en dicho estudio técnico se estableció que fue asfixia por estrangulamiento. Lo que coincide con el acta circunstanciada y de procesamiento del lugar, pues se encontró el cuerpo con una correa de color beige alrededor del cuello de la víctima, por lo que se puede establecer que la fuerza que se ejerció a través de esta correa en el cuello le causó la asfixia mecánica por estrangulamiento, lo que permite sostener que hay un nexo causal entre la conducta tipificada con la conducta realizada por el imputado. Aunado a ello, en la propia declaración del quejoso hizo referencia a que él puso la correa alrededor del cuello de la persona ahora fallecida, y manifestó que cuando se la colocó la pasivo se quedó quieta y mirándolo, pero que en determinado momento agarró el cuchillo y le volvió a tirar un tajo en la cara, por lo que le clavó el cuchillo en su abdomen para luego retirarse del lugar. Narración que el A quo señaló como contraria a la lógica, porque él dijo que le puso la soga y se fue, dando a entender que la persona estaba viva cuando salió, cuando es claro que la persona murió por asfixia por estrangulamiento, según los datos del protocolo de necropsia. Por tanto, no se puede establecer que en el caso aconteció la legítima defensa, o bien, que haya actuado en exceso de legítima defensa, ya que las manifestaciones del implicado no encuentran sustento por todo lo ya referido. Ahora bien, por lo que respecta a la ventaja, la cual está prevista en el artículo 380 del Código Penal local, el juez de Control refirió que no hay datos para suponer que el occiso era la persona armada, aun cuando el investigado dice que quien tenía el arma era la hoy occisa y que ésta primero lo agredió con dicha arma, que primero lo amagó con un arma de fuego y que después fue con un cuchillo que la víctima tenía en una mesita del cuarto. Empero, lo cierto es que no hay datos suficientes para suponer que así ocurrieron las cosas, y por el contrario, sí los hay para establecer como premisa que el occiso fue lesionado con esta arma punzo cortante, toda vez que tenía heridas de corte en tórax y en las piernas. Ello, hace suponer que el implicado estaba armado y la pasivo no, ergo, el sujeto activo tenía esta ventaja sobre el sujeto pasivo, ya que además de que hace alusión el investigado que él fue el agredido primeramente, incluso fue cortado, se reitera, en ningún momento se hizo valer que al momento de su detención tuviera heridas o escoriaciones o costras que permitieran establecer estas lesiones, y las que mostró en la audiencia ante el Juez de Control este último señaló que ya están cicatrizadas. Asimismo, el A quo atendió el dicho de la defensa en el sentido de que por lo revuelto del lugar, se le puede dar confiabilidad al dicho de su patrocinado respecto a que hubo un forcejeo; sobre este punto, el Juez refirió que estas circunstancias por sí solas no significan que haya existido algún tipo de forcejeo. Otro argumento que contestó el juez de origen, fue el que señaló la defensa en el sentido de que la hoja metálica que se encontró en el lugar estaba rota, lo que coincide con la versión de su cliente; al respecto, el resolutor señaló que si bien es cierta la existencia de esta hoja metálica, identificada en palabras de la fiscalía como un "filo", también lo es, que en ningún momento se hizo valer que estuviera la otra parte del cuchillo en el lugar de los hechos, para establecer la confiabilidad de que sí se quebró este objeto durante los hechos que narró el acusado. Máxime que, hasta este momento procesal, no se ha establecido si se encontró en ese cuchillo sangre humana de dos tipos distintos, es decir, que una perteneciera al hoy investigado y otra a la persona occisa, por tal motivo las manifestaciones de la defensa en torno al cuchillo, resultan ser datos aislados sin fundamento. Asimismo, señaló el Juez respecto a las lesiones de la cabeza y las extremidades de la víctima, que si bien existen esto no significa que haya acontecido una agresión física de la occisa hacia el hoy investigado, sino únicamente corrobora la manifestación de la defensa de que efectivamente la pasivo tenía golpes en la cabeza, heridas cortantes en el tórax y en las extremidades inferiores, lo que hace factible esta agresión, estas conductas violentas ejecutadas en contra de su persona culminando con la asfixia por estrangulamiento, pero en ningún momento reflejan alguna conducta violenta hacia el imputado. Por ello, el A quo señaló que en el caso concreto no se actualiza esta legítima defensa, ni el exceso de legítima defensa; por el contrario, todos los datos de prueba analizados, permiten sostener en el caso la actualización del delito de HOMICIDIO CALIFICADO en términos del artículo 368 en relación al 378, 380, fracción IV, 381 y 384 del Código Penal del Estado vigente. Establecido lo anterior, el Juez de Control correctamente indicó que en la especie, también se evidencia la probabilidad de la autoría material y directa de Ricardo Gabriel Huerta Vargas en la comisión del delito que se le imputa. Lo anterior es así, pues obra en autos el reporte del agente policial de investigación ***, quien mencionó que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, fue comisionado para la investigación de un aviso telefónico que reportaba una persona fallecida en el predio donde acontecieron los hechos. Refirió que llegó a ese lugar, percatándose de la existencia del citado predio ubicado en la calle ***, número **, por **y **, del Fraccionamiento ***, de esta ciudad de Mérida; que al llegar al lugar ahí estaba la señora ***, quien dijo ser hermana de la persona fallecida, que proporcionó datos de ello, y también pudo percatarse de la existencia de un vehículo de la marca **color negro con placa de circulación *** del Estado de Yucatán, que la propia hermana de la víctima señaló que pertenecía a la fallecida ***y que era la única persona que vivía en dicho predio y que era la única persona que lo conducía. Con motivo de ello, el agente policial señaló entrevistar en los predios continuos, predios *** y ***de la misma calle 187H por los cruzamientos ya referidos, en los cuales entrevistó a una persona de nombre ***en el predio ***, y en el ***entrevistó a una persona de nombre ***, quienes en lo relevante dieron su autorización para obtener las grabaciones de las cámaras de video vigilancia con las que cuentan dichos domicilios. Estas videocámaras fueron obtenidas a través de un técnico forense de la Policía Estatal de la Investigación, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, alrededor de las 15:00 horas, dicho experto se constituyó en los predios y realizó las descargas de los dispositivos de estas cámaras de vigilancia. Posteriormente, llevó el material al área de la Secretaría de Seguridad Pública, donde pudo visualizar, que en el predio ***, alrededor de las 15:34 horas, del día doce de febrero de dos mil veintitrés, había salido la persona ahora fallecida del predio ***; que había abordado el vehículo que ahí se encontraba; que después, aproximadamente a las 15:56 minutos de ese mismo día, regresó con otra persona (probablemente el ahora inculpado), e ingresaron al predio, permaneciendo en el lugar hasta alrededor de las 17:38 horas, momento en el cual se ve salir al sujeto que llegó con la víctima, llevando consigo una maleta y una mochila. El Juez de primer grado, señaló que además de esto, también existe un análisis técnico forense realizado por el ****, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, quien realizó las descargas de información de las videocámaras de vigilancia de los predios 527 y 530, señalando que en la del 527, con motivo de que graba solamente movimientos o momentos de movimiento, había un desfase con el tiempo real de una hora con dieciséis minutos, por lo que en el video, cuando marca la cámara las 16:51 horas, el tiempo real eran las 17:37 horas. Lo cual, señaló el A quo, es coincidente con lo que manifiesta el diverso agente Zúñiga Chan en su informe técnico, quien también dijo que las personas regresaron en el vehículo a las 17:12 horas, según hora de la cámara, pero que en base a ese desfase, la hora real eran aproximadamente las 15:57 horas, y también hizo mención que en la cámara se ve salir a una persona a las 18:54 horas, horario de la cámara, pero el horario real eran las 17:38 horas, lo que es congruente. El A quo señaló que ***, técnico forense de la Secretaría de Seguridad Pública, también señaló que a través de los lectores del C5I, partiendo de la salida, ubicaron al vehículo de referencia en el arco lector Ameri 131F2, en la calle 86 por 187 de Sur de Dzununcán, y que en determinado momento en esas cámaras, se ve salir a una persona de un predio a las 15:50 horas, y que se acercó al vehículo, señalando que era el Peugeot con placa de circulación YYT-603-E del Estado de Yucatán; que un sujeto se acercó al vehículo; cuya vestimenta era una playera negra, de manga larga, y encima un chaleco, una bermuda de color negro, tenis negros con blanco y gorra negra, a quien se le había visto salir del predio; se acercó al vehículo y lo abordó. Que también a través de la cámara del C5I, denominada Ameri 131F2, se aprecia cómo cruzó y se acercó al vehículo e ingresó al mismo, el cual continuó su camino hasta doblar por la calle 189 donde se pierde; lo que es incongruente también con la propia versión del implicado; ya que este último dijo que el vehículo se le acercó, y según lo evidenciado en estas cámaras, él es quien se voltea y se acerca, luego ingresa a este vehículo. Siendo que la información proporcionada por la fiscalía se advierte que es congruente en sí misma y no fue debatida esta situación por la defensa en su exposición. En efecto, la Fiscalía señaló que la información obtenida en estas cámaras del C5I, es congruente con la diversa obtenida en la cámaras de video vigilancia, respecto a la persona que se ve llegar al predio de la persona occisa, misma que se bajó y que también es la misma que a las 17:38 horas salió minutos llevando consigo una maleta y una mochila, es decir, existe identidad en relación con dicha persona. Apuntaló el Juez que esas cuestiones no fueron rebatidas por la defensa y sí por el contrario, son confirmadas por las manifestaciones del hoy implicado, quien se ubica en el lugar de los hechos; ello al margen de sus manifestaciones de que él fue agredido. Pues lo cierto es, que esta información ubica a una persona en concreto, con un vestimenta en particular, y que con motivo de esto, contrario a lo que manifiesta la defensa, el agente policial señala que se constituyó en el predio donde se ve salir al acusado; pero la defensa dice que no se puede ver qué predio es, pero sólo es una argumentación que no desvirtúa el dicho de la Fiscalía, porque está el dicho de los dos operadores técnicos que señalan que de ese predio se ve salir al sujeto activo en las videograbaciones. Que es por ello que el agente policiaco acudió a ese predio en específico, y dijo que ahí se entrevistó con una persona que dijo ser ***, en el predio 504 en la calle **por ***y **diagonal de ****, y que de estas cámaras del C5I, y de las cámaras del predio **, había obtenido una fotografía del sujeto que habían visto salir de ese predio, la cual le puso a la vista, manifestando ** que sí lo conoce, que es ***, alias "El ***", que es su camarada. Posteriormente, el agente con motivo de lo anterior, ingresó a la base de datos a través de su celular y obtuvo la existencia de una persona de nombre Gabriel Huerta Vargas, pero con el nombre correcto de ***, con domicilio en la colonia San **, y que pudo apreciar que había un registro de una placa fotográfica, por lo que enseñó esa misma fotografía al entrevistado ***, refiriendo el testigo que sí, que efectivamente es la persona que conoce como ***; y que es el mismo a quien se le ve subir al coche, luego se le ve bajar en el predio, y es a quien según señala la fiscalía, se ve salir del predio a las 17:38 horas. Por tanto, señaló el A quo, que existe el señalamiento del testigo en contra del implicado derivado de ponerle a la vista la fotografía de la persona que se vio salir del predio, a la cual también se le vio entrar al predio, quien resulta ser ****según identificación del nombre proporcionado por el ateste, por tanto, no se trata de un dato aislado proporcionado por el agente policiaco ***. En efecto, no se trata de un dato aislado en la medida que también obra en autos la declaración de ***, quien manifestó en lo general: que tiene domicilio en el predio 504, de San Luis Chuburná, en la calle 86; que vive ahí con su madre; también mencionó que conoce a "El Gabo" bajo el nombre de Gabriel Huerta Vargas, ya que es un chavo de la misma colonia y que había conocido un día de parranda, y que desde eso se volvió su camarada y que lo aprecia mucho. En relación con los hechos, Kevin señaló que el día doce de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente a la una de la tarde, Gabriel Huerta Vargas fue a su casa a visitarlo, y también se encontraba su actual pareja Yamile, lo describe como alto, de 1.70 mts de altura, cabello negro y como de 20 años. Refirió que ese día "El Gabo" llevaba una playera negra de manga larga, chaleco, gorra de color negro y bermuda oscura y unos tenis negros, que incluso recuerda porque le había presumido que eran de la marca "Firma"; que estuvo en su casa, menciona que se fumaron unos cigarrillos y que aproximadamente a las 15:40 horas, le dijo Gabriel que ya habían llegado por él y se retiró de su casa; que él lo vio subir a un vehículo negro cuyas placas no recuerda. Al respecto, señaló el Juez que la defensa hace mención que no se le debe otorgar confiabilidad al dicho del testigo Kevin, ya que de la versión de su cliente se observa que esta persona fue quien le dijo que fuera a su casa, que ya después allá le dijo que se quedara para vender droga y que después él mismo le había pedido que esperara ahí porque un carro iría a buscarlo para que fueran a buscar un dinero. Sin embargo, dicha versión no ha sido corroborada por el testigo Kevin, y si bien la defensa dice que hay indicios para suponer que esta persona vende drogas y que ya que ha estado detenido por narcomenudeo; lo cierto es, que esto no es una situación que por sí sola abone a otorgarle confiabilidad y credibilidad al dicho de su cliente; ya que esta persona menciona también que estaba en el lugar su novia y el implicado dijo que ella no estaba ahí; que incluso la pareja le habló a Kevin para decirle que la fuera a buscar; pero el testigo señaló que estaba en la casa con su pareja, que incluso se quedaron allá, y que fumaron unos cigarrillos. Por tanto, no hay datos que corroboren el dicho del acusado y que ayuden a señalar falta de credibilidad al dicho de Kevin; y por el contrario, hace asumir que efectivamente sí estuvo ese día doce de febrero de dos mil veintitrés, porque el propio investigado hace manifestaciones que estuvo en casa de esta persona. El Juez señaló que si bien la defensa señaló que no es veraz que el testigo haya dicho que el ahora implicado subiera al vehículo, porque su patrocinado es quien se va caminando, luego el vehículo llegó y él se sube, esta es una apreciación subjetiva de la defensa, porque evidentemente el testigo dijo que él vio, es decir, que Ricardo Gabriel se subió a un vehículo y se fue porque le dijo que lo habían ido a buscar; pero ello no implica que este testigo no haya podido ver que se haya subido al vehículo de referencia, es decir, el hecho de que haya avanzado caminando y que el vehículo haya llegado, esto no impide que haya podido verlo; por tanto, no es un factor para establecer la falta de credibilidad del testigo. Pues lo relevante es que este ateste, también proporcionó más información, pues narró que el día trece de febrero de dos mil veintitrés, como a las 11:00 horas, Gabriel Huerta Vargas, alias "El Gabo", llegó a su casa, se fumaron unos cigarros y le dijo que había ido a ver a un travesti, que lo invitó a subir a su coche y se fueron a su casa del fraccionamiento Santa Cruz Palomeque; que se pelearon, que le había pegado, que no sabe si lo lastimó, pero que se quitó; y que Gabriel le enseñó unas heridas en sus piernas y en sus brazos. En este caso, el A quo señaló que a pesar de que este testigo hace presumir estas posibles heridas, lo cierto es, que no existe un dictamen médico que establezca qué tipo de heridas tenía esta persona y sobre todo, tomando en cuenta que este mismo aduce que fue detenido e ingresado a la cárcel pública, evidentemente, en ésta debería existir alguna valoración médica que permita corroborar sus manifestaciones, pero no fue presentada ante la autoridad judicial responsable para que efectivamente pueda corroborarse su dicho. Asimismo, el Juez de Control refirió sobre la versión de este testigo, que si bien el implicado le mostró unas heridas en sus piernas y en sus brazos, tampoco especificó qué tipo de heridas eran, es decir, si eran heridas lineales o de otro tipo; pero lo cierto es, que dice que después se despidió y se retiró de su casa. Aunado a ello, el resolutor responsable señaló que el testigo Kevin, también indicó que el jueves dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, él se encontraba en su casa cuando llegó Gabriel Huerta Vargas, y se fumaron un cigarro de mota y lo vio preocupado, por lo que le preguntó al respecto, y el ahora implicado le dijo "ya viste que estalló la bronca, ya salió en el face que lastimé a ese vato travesti, el que me fui con el coche negro, ese vato tenía un poco de dinero, me pelé con él y lo lesioné con un cuchillo de cocina, no dejaba de gritar, y para que se callara le puse en el cuello una correa café hasta que dejó de gritar y moverse, aprovechando me llevé una maleta de viaje y una mochila". Es claro que con este dicho, engarzado a la propia declaración del implicado, permiten ubicarlo en el lugar de los hechos. Así las cosas, el Juez de Control concluyó, señalando que atento a las circunstancias antes precisadas, valoradas de manera conjunta, tomando en cuenta que se le vio salir al occiso el día doce de febrero de dos mil veintitrés, a las 15:34 horas, y luego, en los videos del C5 se desprende que aproximadamente a las 15:50 horas, abordó dicho vehículo una persona con la descripción de playera negra, manga larga, chaleco encima, bermuda negra, tenis negros con blanco y gorra negra, esto en la calle 86 de San Luis Dzununán; que después, este coche seis minutos después regresó al mismo predio donde se encontró el occiso, al cual ingresaron las dos personas, es decir, la víctima y la persona que había abordado; para después, observarse a las 17:38 horas que esta persona, el ahora inculpado, salió con una maleta y una mochila. Esto permite ubicar al implicado aquí quejoso en el lugar de los hechos, como bien lo señaló el Juez A quo. Asimismo, el resolutor de origen también tomó en cuenta las circunstancias de la fecha y hora de fallecimiento, y estableció la probabilidad de que Ricardo Gabriel Huerta Vargas es la persona que realizó esta conducta delictiva. Pues existe el dicho del testigo Kevin quien lo ubica como la persona de nombre Ricardo Gabriel Huerta Vargas, y que es la persona que se le vio entrar al predio el día que la víctima (según el protocolo de necropsia) falleció; además, obra el propio dicho del hoy investigado en la audiencia ante el Juez de Control, corroboró su ubicación en el lugar de los hechos. Ello en adición a que reconoció el implicado que efectivamente le puso un cinto en el cuello, aunque dio a entender que no lo mató -porque incluso narró que luego la víctima lo agredió a él-, pero éstas son manifestaciones que no encuentran sustento e incluso resultan ser ilógicas. Circunstancias que lo ubican en el lugar de los hechos, el día de los eventos relacionados con el del fallecimiento de la víctima, en la hora aproximada; datos que adminiculados de manera conjunta, dadas las heridas que presentaba esta persona y la forma de muerte, en la cual señala el propio implicado haber participado al colocarle un cinto en el cuello a la hoy occisa (aunque sin reconocer que le quitó la vida); todo ello permite también establecer su probabilidad de la autoría material y directa en la comisión de dicho injusto. Siendo que la calificativa aconteció, de acuerdo a la mecánica de hechos, cuando la víctima se encontraba caída, y el aquí quejoso estaba armado con un cuchillo, que de acuerdo a su propia versión, al estar estrangulándolo, le enterró el arma en el tórax (abdomen) saliendo posteriormente de la casa con una pistola y una maleta. En esa guisa, es correcto que el Juez de Control haya desestimado la actualización una causa de extinción de la acción penal ni tampoco es procedente una atenuante, como es el exceso de legítima defensa; por los motivos ya reseñados. Por tanto, concluyó a las 16:50 horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictar auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo Gabriel Huerta Vargas, alias "El Gabo", por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en términos del artículo 368 en relación al 378, 380, fracción cuarta, 381, 384, todos del Código Penal del Estado en vigor, denunciado por María Asunción Puch Barrera, en agravio de quien en vida respondió al nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera. Señalando que la medida cautelar impuesta de prisión preventiva oficiosa, siguiera surtiendo sus efectos por todo el tiempo que dure el proceso penal; aspecto que se considera objetivamente legal. Ahora bien, en sus conceptos de violación, el quejoso arguye que los datos de prueba de la fiscalía sólo acreditan que en el predio donde se suscitaron los hechos habitaba el hoy finado, pero que no se estableció algún elemento del supuesto delito que lo vincule al mismo. Es infundado lo anterior, ya que el amparista refiere que existen diversos datos de prueba que la fiscal utilizó para realizar la judicialización de la carpeta de investigación, como son los registros de audio y video, la entrevista realizada con Santiago José Avilés Ku, el aviso telefónico del fallecimiento, el acta circunstanciada de las personas que acudieron al domicilio cuando se realizaron todas las diligencias ministeriales, y la entrevista realizada por Eduardo Santiago Casanova Fernández, que fue el primer respondiente en el caso, sin que los mismos lo incriminen de alguna manera. Sobre lo anterior, no le asiste razón al quejoso, ya que para exponer su argumento sólo hace mención de los datos de prueba anteriormente precisados; los que contrario a lo que señala sí lo involucran en los eventos delictivos; pero al margen de ello, pierde de vista que existen diversos elementos (que no citó en su concepto de violación) que obran en su contra, tales como las grabaciones de las cámaras de seguridad de los predios contiguos, así como las de las cámaras de la Secretaría Seguridad Pública (C5I), que lo ubican en la mecánica de hechos, así como en el lugar y hora en que fue realizado el homicidio de la sujeto pasivo; la propia declaración del imputado y la del testigo Kevin, por mencionar algunos. En otro motivo de inconformidad, el amparista realiza mediante cuadros comparativos, una confrontación de las partes de su declaración vertida judicialmente, con las manifestaciones de la fiscal y de la defensa, así como en otros datos de prueba, para construir la hipótesis que -a su criterio- esas partes que destaca, apoyan su versión de legítima defensa. De dichos cuadros esquemáticos, se advierten datos relacionados con: el precedente que tuvo el quejoso en relación con su ingreso carcelario por narcomenudeo; con su trabajo (vendedor en tianguis); con la hora y forma en que abordó el vehículo de la persona hoy occisa; su vestimenta de ese día; la antigüedad que tenía viviendo en el predio la hoy finada (diez años); el lugar de los hechos (cuarto de la casa); lesiones que presentó el propio inculpado; la existencia de un cuchillo en la escena de los hechos así como del cinto o correa con la que se asfixió a la víctima; que el activo lesionó a la hoy occisa con un cuchillo; y que al salir del inmueble, el implicado tomó una maleta. Sin embargo, de dicho análisis comparativo, no se desprende algún elemento que proporcione convicción suficiente en lo que es materia sustancial de la legítima defensa, ya que dichas confrontaciones de textos sólo se refieren a aspectos circunstanciales, sobre los cuales no existe controversia alguna. Si bien, lo aquí señalado por el quejoso sólo son aspectos coincidentes con algunas manifestaciones y datos de prueba que obran en la carpeta, no tiene el alcance probatorio suficiente para desvirtuar la probabilidad que recae en su persona de que al estarlo sometiendo y estrangulando con el cinto, haya terminado con su vida, sobre todo porque existe el dictamen pericial que señala que la víctima perdió la vida a consecuencia de asfixia por estrangulamiento, lo cual no es desvirtuado con lo que pudiera desprenderse de los puntos de convergencia citados por la parte quejosa; de ahí lo infundado de sus argumentos. Luego, en otro concepto de violación, señala que existen contradicciones en la declaración del testigo Kevin Yandiel Can Tun, pues aunque existen algunas coincidencias con la declaración del propio quejoso, también hay variaciones, las cuales atribuye a que el testigo, en conjunto con la hoy occisa, de manera previa planearon que fuera a su casa con la finalidad de ser víctima de la agresión sexual. Sin embargo, no existen datos de prueba que avalen la teoría que ahora señala el quejoso, por el contrario, el cúmulo de material probatorio opera en su contra, como ya quedó de manifestó al analizar la determinación del Juez de Control, además de que esa versión no fue esgrimida por la defensa del implicado ni por éste al momento de la audiencia relativa a la vinculación a proceso. Luego, el quejoso sigue argumentando en torno a la legítima defensa, que ésta se actualiza en el caso, al tenor del artículo 21 del Código Penal del Estado de Yucatán, porque en principio fue agredido psicológicamente por la hoy occisa al apuntarle con un arma con la finalidad de obligarlo a acceder a sus pretensiones de índole sexual, y luego atentó con su vida al atacarlo con un cuchillo, el cual fue encontrado en el lugar de los hechos. Al respecto, lo anterior es infundado, pues como ya quedó ampliamente expuesto en la parte relativa al estudio de constitucionalidad realizado a esta parte de la resolución del auto de vinculación, no se acredita en autos la legítima defensa, o la atenuante de exceso de legítima defensa, dadas las inconsistencias en el relato del inculpado, las cuales se desprenden del análisis de la propia declaración, y de la confrontación que se hace de dicha versión con el resto del material probatorio, como ya ha quedado señalado en esta sentencia. Además, los diversos criterios invocados por el quejoso sobre el tema, no son útiles para acreditar la legítima defensa que aduce, ya que uno de ellos corresponde a un criterio aislado y el otro, aunque es jurisprudencia, no corresponde a algún Tribunal Colegiado del Circuito en el cual se encuentra este Juzgado Federal para obligar su observancia puntual, máxime que del contenido de las mismas, no se desprende algún elemento que robustezca su pretensión. Por otra parte, en otro motivo de disenso, el quejoso refiere que la fiscal hizo alusión a información inexistente en la carpeta de investigación, dado que señaló que la víctima tenía heridas defensivas en las manos, cuando del dictamen pericial de necropsia no se advierte tal dato. Lo anterior, si bien es fundado, resulta inoperante, en la medida que el lugar de las heridas defensivas que pudiera presentar la víctima, es irrelevante, para efecto de poder echar abajo la hipótesis de la fiscalía en relación con los hechos esenciales, que es la privación de la vida de otra persona, y tampoco abona a la teoría de la legítima defensa invocada por el implicado, ya que lo cierto es que la persona occisa presentaba múltiples heridas en su cabeza y cuerpo, siendo asfixiado como mecánica principal, lo cual no desvirtúa el amparista ni justifica la legítima defensa en los términos que refiere. Asimismo, en otro concepto de violación, aduce el quejoso que la fiscal no logró armar la teoría del caso en cuanto a que no pudo establecer un motivo justificado que hiciera presumir, las razones por las cuales: A) La occisa había pasado por la casa del testigo Kevin; B) La finada al transitar por la calle en la cual él estaba caminando se estacionó en la acera de enfrente y le abrió la puerta; C) La víctima lo llevó a su casa; y, D) Se justifique que el quejoso supiera cuántos años tenía el occiso viviendo en esa casa. Es infundado lo anterior, en la medida que, en este momento procesal, la actuación del fiscal se centra sustancialmente en exponer hechos que la ley señale como delito, y que dichos eventos estén sustentados en datos de prueba que así lo establezcan (así como que exista la probabilidad de que el implicado los cometió); y no debe ocuparse de las razones por las cuales todas las personas involucradas en dichos acontecimientos actuaron en determinada forma, como lo sugiere el quejoso. Ciertamente, no era indispensable que la autoridad ministerial investigadora en su teoría del caso estableciera los motivos por los cuales la víctima pasó frente a la casa del testigo, se orilló en la acera en su automóvil, le abrió la puerta al quejoso y lo llevó a su casa, entre otras circunstancias que aduce el amparista que debió haber indagado el fiscal, ya que éste debe centrar su investigación en los eventos delictuosos principales, sin que las cuestiones accesorias que refiere el quejoso sean determinantes para considerar que existió algún defecto en la formulación de la imputación, concretamente en el planteamiento de la teoría del caso. Asimismo, arguye el quejoso que la fiscal señaló que con su declaración, que el inculpado pretendió ajustar y justificar su actuar frente a lo manifestado en la audiencia de formulación de la imputación, pero lo cierto es, que los datos de prueba que presentó robustecen su dicho, lo cual fue apuntalado por la asesora jurídica de la víctima; siendo que la representación social sólo armó su teoría del caso ante el hallazgo de un cadáver y rastros de sangre, los cuales no encuentran justificación si supuestamente la única persona agredida fue la víctima, quien perdió la vida por asfixia mecánica por estrangulamiento. Sobre esto, tampoco le asiste razón al promovente del amparo, ya que por las razones expuestas al analizar la actuación del Juez de Control al dictar el auto de vinculación, no es cierto que los datos de prueba recabados por la Fiscal investigadora robustezcan la versión defensiva del acusado, por el contrario, son suficientes para sostener en este momento procesal, el dictado de la resolución que ahora se combate. Lo anterior, ya que dichos datos de prueba resultan útiles para acreditar la realización de un hecho que la ley señala como homicidio calificado, así como la probable responsabilidad del implicado en su comisión, estableciendo de manera firme la fiscalía que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento como lo refiere el quejoso, por tanto, la circunstancia de que exista sangre no es incompatible con la teoría del caso de la fiscal, ya que la persona finada tenía múltiples heridas en varias partes de su cuerpo, entre ellas una "rayadura", la cual es factible que se haya realizado con el arma blanca encontrada en la escena, pero siempre fue categórica en señalar la causa de muerte el estrangulamiento de la víctima, acción que el aquí quejoso confesó en su declaración haber realizado en la sujeto pasivo, aunque de acuerdo a su dicho, ésta estaba viva cuando él salió de la casa. Luego, en diverso motivo de inconformidad señala el quejoso que en su declaración ante el Juez, le manifestó que considera injusto que por haberse defendido de las agresiones que atentaban contra su vida y dignidad, se le acuse sin respetar su derecho a ser juzgado con la perspectiva de género que debió aplicarse a su favor, y de manera discriminatoria la fiscalía expresó que no pasaba por alto que ha tenido ingresos a la cárcel pública. Es infundado lo expresado por el quejoso, en razón de que su declaración fue atendida por el juez bajo las distintas ópticas posibles, y fue analizada en relación con lo que planteó, es decir, su versión de los hechos fue escuchada en función de que fue encaminada esencialmente a establecer la existencia de una legítima defensa, y sobre esa base fue analizada, con el resultado ya evidenciado. Ciertamente, el Juez de Control, ponderó la versión expuesta por el implicado, en el sentido de que en las condiciones ya señaladas, llegó a la casa del hoy occiso y que este último le mostró distintas partes de la casa que a su decir necesitaba algún tipo de trabajo de, mantenimiento, remodelación o construcción (albañilería), y que fue al estar en el cuarto la víctima le tocó sus partes íntimas y lo coaccionó con una pistola, pero al descuidarse su agresor, el implicado se le fue encima para ahora someterlo, y fue cuando se dio el forcejeo, en el cual el pasivo tomó un cuchillo y el activo le puso un cinto en el cuello para asfixiarlo, hasta que se calmó y el acusado salió del domicilio con el arma y una maleta. Sin embargo, como bien señaló el A quo, dicha versión no encuentra asidero jurídico, en la medida que si bien es cierto que sólo existe el dicho del indiciado en relación con que la víctima le hizo tocamientos en sus partes íntimas y le sacó un arma para obligarlo a tener relaciones sexuales, también lo es que ello no se encuentra robustecido con el restante material probatorio que obra en el carpeta de origen, por el contrario, los datos de prueba operan en contra del aquí acusado, es por ello que, no se observa que el A quo haya desatendido la perspectiva de género. Herramienta que opera sin la necesidad de que deba, sólo por ese hecho, reportarle beneficio al aquí amparista, sino lo que acontece, es que el Juez, de prima facie pudiera otorgar cierta credibilidad a su versión pero, al momento de confrontar ésta con el cúmulo probatorio existente en autos, es cuando los restantes datos de prueba le son adversos en cuanto al análisis integral que realizó el resolutor de origen. Sin que tampoco le asista razón al quejoso al señalar que toda vez que los datos de prueba no son suficientes para acreditar la legítima defensa, menos lo son para sostener el delito de homicidio calificado. Lo anterior dado que el amparista parte de la premisa equivocada de que los datos de prueba son los mismos, y no es así; por tanto, al realizar su estudio en cuanto a su alcance probatorio, es que se obtiene el resultado ya apuntado respecto a la acreditación de los hechos que la ley tipifica como delito y la probabilidad del acusado en su comisión, siendo que en oposición a ello, se encuentra la hipótesis de la legítima defensa, la cual no se sostiene con los mismos elementos probatorios, ya que parte de una hipótesis distinta a lo probado en autos. De igual manera, no le asiste razón al amparista al señalar que las contradicciones existentes de su declaración con la del testigo Kevin, demuestran la veracidad de su dicho, pues ello evidencia que no son circunstancias planteadas o de las que se advierta aleccionamiento alguno. Lo anterior es así, ya que contrario a lo sostenido por el quejoso, las contradicciones a que hizo alusión el juez tratan aspectos que restan credibilidad al dicho del amparista, dado que reflejan inconsistencias en su propio relato, que al confrontarlo con el dicho del ateste mencionado, resaltan aún más. Luego, es infundado lo planteado por el quejoso respecto a la temporalidad en que acontecieron los hechos, la cual dice fue extensa en razón de que el hoy occiso le mostró las diferentes partes de la casa antes de terminar en su cuarto. Sin embargo, como bien lo señaló el juez, de acuerdo a la forma en que declaró el implicado, no se advierte que pudieron haber pasado más de hora y media desde que llegó a la casa, de ahí que es adecuada la valoración que realizó el A quo en este sentido al considerar que de acuerdo con la forma narrada por el amparista debieron pasar los eventos algunos minutos. Por otra parte, refiere el acusado que el hecho de que no se haya encontrado la otra parte del cuchillo roto es algo atribuible a la Fiscalía y no puede obrar en su contra; sin embargo, no le asiste razón en este punto, ya que en su declaración, el implicado refirió que dicha arma se rompió en el forcejeo con la hoy víctima, por tanto, el hecho de que no se haya localizado la otra parte del cuchillo en el cuarto, que es donde señaló que acontecieron los hechos, sí es algo que demerita la veracidad de su dicho, sobre todo que sobre una parte de este relato descansa su versión de la legítima defensa. En otro concepto de violación, señala el quejoso que el hecho de que no se dijo que el cuchillo tuviera muestras de su ADN en la sangre que presentó, es algo atribuible a la fiscalía, y no debió utilizarse en su contra. Es también infundado lo expuesto, en la medida que contrario a lo señalado por el amparista, tal cuestión del ADN de la sangre en el cuchillo no fue utilizada en su contra, sino más bien, fue un comentario del juzgador al analizar lo relativo a la legítima defensa, ya que señaló que sería útil para corroborar la versión del implicado si se encontraran restos de ADN de la sangre de ambos (pasivo y activo), pero que al no obrar en este momento, ello podría atenderse en la fase de instrucción. En el último de sus motivos de inconformidad, señala el quejoso que el juez hizo alusión a la deficiente y débil investigación de la fiscalía, por tanto, no debió vinculársele a proceso y por el contrario, debió atenderse a su versión de los hechos en el sentido de que operó a su favor una causa de justificación. De igual manera, no le asiste razón al quejoso en lo anteriormente planteado, ya que si bien el juzgador refirió que la fiscalía no realizó lo relativo a la prueba de ADN en la sangre del cuchillo, se reitera, sólo fue en razón de la contestación que dio a la hipótesis de legítima defensa planteada, pero tal punto, no alcanza a aplicarse a los restantes datos de prueba que obran en la carpeta y que los mismos, sí son suficientes para acreditar tanto los hechos que la ley señala como delito, como la probable responsabilidad del implicado en su comisión. En esa condiciones, al resultar infundados en parte y fundados pero inoperantes en otra los conceptos de violación analizados, lo procedente es NEGAR la protección constitucional al quejoso. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, en contra del acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia firmada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en la que en su primer punto resolutivo NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de conservación, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 431/2023-IV-B, promovido por ***; y, ... QUINTO.- Análisis de la litis constitucional. Son infundados en parte y fundados pero inoperantes en otra, los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que en el caso haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que deberá negarse la protección constitucional solicitada. Como premisa inicial, el amparista señala que la juez responsable violó en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso en relación con el artículo 19 Constitucional, pues considera que no existen datos de prueba que constituyan indicios razonables suficientes para considerarlo probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en términos del artículo 368, en relación con el 378, 380, fracción IV, 381 y 384, todos del Código Penal del Estado, denunciado por ***, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ***; consideraciones en las cuales no le asiste razón, como a continuación se expondrá. En principio, debe establecerse que la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema. Dichos preceptos establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." En efecto, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 284 y 285, del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, aplicable al caso, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Requisitos para vincular a proceso al imputado Artículo 284. El juez decretará la vinculación a proceso del imputado siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; III. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el fiscal investigador, se establezcan medios de prueba que permitan establecer razonablemente la existencia de un hecho o hechos que las leyes del Estado califiquen como delito y la probabilidad de la autoría o participación del imputado en el hecho, y IV. Que no se encuentre demostrada por encima de toda duda razonable una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, pero el juez podrá no admitir alguno de ellos u otorgarles libremente una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público." "Contenido del Auto de vinculación a proceso Artículo 285. La vinculación a proceso se admitirá o rechazará por auto debidamente fundamentado, en el cual se exprese: I. Los datos personales del imputado; II. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho o hechos delictuosos, refiriendo el tiempo, modo y lugar de su comisión, y la probable participación del imputado; III. Lo resuelto, en su caso, sobre medidas cautelares de carácter real o personal, y IV. El plazo para el cierre de la investigación o el cierre de la misma en caso de juicio inmediato." Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 284 y 285 del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. Para ello se toma en cuenta las constancias que remitió física y digitalmente la autoridad responsable al rendir su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Ahora bien, se observa que derivado de la judicialización de la carpeta de investigación FEM-W1/03/2023, la Fiscal adscrita a los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, solicitó al Juez del Control en turno, que se librara orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO. Mandato de captura que fue obsequiado por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, el dieciocho de febrero de dos mil veintitrés; el cual se cumplimentó en sus términos, recluyendo al imputado a las 17:33 horas del dieciocho de febrero del año en curso, en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad. Motivo por el cual, previo al dictado de la resolución reclamada, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, se formuló imputación en contra del aquí quejoso, se le dio la oportunidad de declarar reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (284, fracciones I y II, del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán), y solicitó la duplicidad del término constitucional a ciento cuarenta y cuatro horas. Asimismo, en esa propia audiencia, se resolvió lo relativo a la petición de medidas cautelares, fijando la prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso y se señaló el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, para la audiencia de vinculación a proceso. Luego, ya en la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, el juez de origen, después de escuchar a las partes, al resolver comenzó precisando su competencia, señaló que existe la solicitud ministerial de vinculación a proceso, procedió a citar el contenido del artículo 19 Constitucional, así como el precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para posteriormente precisar los hechos sobre los cuales descansa la imputación; sin que este órgano de control constitucional advierta violación alguna a los derechos fundamentales del amparista. Los restantes requisitos formales y de fondo, se analizan de la siguiente manera: Los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, permiten establecer que tal como lo consideró el Juez responsable, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo realizó; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se encuentre apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental del justiciable. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, avalados y ponderados por el juez responsable, permiten establecer que el activo, es la persona que el doce de febrero de dos mil veintitrés, entre las 16:00 horas y 17:30 horas aproximadamente, encontrándose en el interior del predio número 526 de la calle 187 letra H, entre 104 y 102, del Fraccionamiento Santa Cruz, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, privó de la vida a quien en vida respondió al nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera, golpeándola y lesionándola con un objeto cortante y seguidamente con una correa le constriñó el cuello realizando una asfixia mecánica por estrangulamiento, que fue lo que le quitó la vida, y se retiró del lugar llevándose consigo objetos de la persona pasiva. Hechos que materializan el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en términos del artículo 368, en relación con el 378, 380, fracción IV, 381 y 384, todos del Código Penal del Estado, denunciado por María Asunción Puch Barrera, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera. Para llegar a esa conclusión, el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal y la defensa. En relación con los artículos sobre los cuales el juez responsable encuadró los hechos, los cuales corresponden al Código Penal del Estado de Yucatán vigente en la época en que se realizaron los hechos delictivos, se hace la siguiente relación: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN VIGENTE EN 2023 "Artículo 368.- Comete el delito de homicidio quien sin derecho priva a otro de la vida. Artículo 378.- Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía, traición o se ejecuten en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos que en forma inminente pudieran resultar muertas o lesionadas. Artículo 380.- Se entiende que hay ventaja cuando: [.] IV.- Este se halle inerme o caído y aquél armado o de pie. Artículo 381.- Sólo será considerada la ventaja como calificativa de los delitos de que hablan los Capítulos anteriores de este Título, cuando sea tal que el imputado no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por la víctima y aquél no obre en legítima defensa. Artículo 384.- Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión". Sobre el marco legal anterior, el juez responsable correctamente procedió a atender los datos de prueba que obran en la carpeta administrativa 62/2023 de origen, y manifestó coincidir con el criterio de la fiscalía. Indicó que de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentra el asunto, tiene un estándar probatorio bajo, ya que la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 316 sólo exigen indicios razonables, por lo que sólo es necesario que estos datos de prueba permitan suponer la existencia de los hechos delictuosos. Ahora bien, la base argumentativa de este estudio se centra en la interpretación y alcance de los requisitos de fondo del auto de vinculación, específicamente en cuanto a que las normas a que se ha hecho referencia exigen la existencia de indicios razonables que permitan suponer que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito. Dicha expresión conduce a estimar que existe un objetivo a verificar por el juez de control, delimitado por lo previsto en la ley sustantiva penal, consistente en determinar cuál es la conducta y después verificar si encuadra en la descripción que de un delito hace la ley, en este caso, el Código Penal del Estado de Yucatán; lo anterior, con base en la imputación formulada por el fiscal, a quien corresponde la carga de expresar la conducta y hechos respecto de los cuales se solicita la vinculación en los términos de los artículos 282 y 283 del Código Procesal Penal del Estado de Yucatán. Lo anterior es así, en atención al principio de legalidad en materia penal previsto en el artículo 14 Constitucional, que establece que solamente las conductas que encuadren en lo descrito por una ley penal pueden considerarse delictivas y ameritar la sanción prevista para ellas. De igual forma la jurisprudencia por contradicción de tesis 87/2016, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, aborda el tema y refiere que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo, en relación a estos últimos se requiere que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, aspectos que se abordan en este estudio; por lo que no se necesitan de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, pues basta encuadrar la conducta a la norma penal aplicable, para la continuación de la investigación complementaria, en su fase judicializada, criterio jurisprudencial que a continuación se señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello, solamente es necesario encuadrar la conducta a la norma penal aplicable, de donde resulta que el estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso es muy bajo, puesto que solamente se requieren indicios que permitan razonablemente establecer que se ha cometido el hecho previsto en la ley como delito. Ahora bien, el juez al analizar los datos de prueba, advirtió que fueron obtenidos de manera ilícita, de manera legal; un primer aspecto que ponderó fue que son datos que invocó la Fiscalía y que están agregados en la carpeta administrativa; son datos que han sido obtenidos de manera lícita y legal, por lo tanto, sirven de sustento para probar dentro de este proceso que ha iniciado en contra del imputado. Además, la responsable señaló que consideró que el conjunto de estos datos de prueba lícitos y legales de manera objetiva, permiten advertir la existencia de un hecho que está calificado en el Código Penal como delito. En efecto, el Juez de Control, señaló que del análisis realizado valoró el contenido de los artículos en los cuales basa su formulación la imputación de la fiscalía, que son el artículo 368, 378, el 380 en su fracción cuarta respecto a la ventaja, el 381 y el 384, todos del Código Penal del Estado en vigor, de los cuales se puede emitir o se puede establecer la posibilidad de la acreditación, según lo expresado por la fiscalía, del delito de HOMICIDIO CALIFICADO cometido con la calificativa de ventaja. En relación con los componentes esenciales del delito, el A quo razonó que en un principio, debe atenderse a la circunstancia de la existencia de una vida, la falta o posterior de esta vida, que esta conducta de muerte haya sido realizada sin derecho alguno, entendiéndose esto de que el sujeto activo no se encuentre amparado bajo una causa de justificación de su actuar y lo que lo haría recaer en el terreno de la antijuricidad; y también que exista una relación de causalidad directa o indirecta entre la conducta realizada, desplegada por el sujeto activo y el hecho de muerte de la persona como sujeto pasivo. Luego, en relación con la calificativa de ventaja, el Juez de Control definió que acontece cuando la víctima se encuentra inerme o caída y su victimario se encuentra armado o de pie, lo cual aconteció en la especie de acuerdo a la mecánica de hechos, según lo expresado por el propio inculpado. Así, apuntaló que no obstante las manifestaciones del investigado, así como las argumentaciones de la defensa, no se encuentra actualizada una causa de legítima defensa en el presente asunto, ni tampoco una causa de exceso de legítima defensa. Al contrario, refirió que con los datos de prueba está demostrado -hasta ese momento procesal- el delito de HOMICIDIO CALIFICADO en los términos imputados por la fiscalía. Posteriormente, el Juez de origen procedió a desarrollar las premisas expuestas anteriormente, lo cual realizó de manera correcta, ya que de los autos está acreditada la existencia previa de un ser humano. Ello, con el acta de nacimiento presentada por la hermana y hoy denunciante de la víctima, María Asunción Puch Barrera, en la cual hace mención que existe una certificación del acta de nacimiento de una persona denominada con el nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera, expedida por el Director del Registro Civil local. Probanza con la que tuvo por acreditada la existencia de un ser humano; la cual también fue corroborada, según los datos de prueba expresados en esta audiencia, por la denunciante María Asunción Puch Barrera, quien manifestó que ella conocía a Michelle de Jesús Puch Barrera, ya que esta persona anteriormente se llamaba Felipe de Jesús Puch Barrera, pero que este cambió su nombre al de Michelle de Jesús, que la conocían coloquialmente como Jackie y esta persona era su hermano o hermana, ya que había cambiado su nombre por cuestiones de género. Asimismo, el Juez natural señaló que abona al punto, el acta de nacimiento de la denunciante de nombre María Asunción Puch Barrera, que según lo expresado por la fiscalía, ambos eran hijos de los mismos progenitores, lo que refleja la relación de parentesco. Aunado a que hace mención la denunciante que Michelle de Jesús Puch Barrera era su hermana, y tomando en cuenta que presentó el acta de nacimiento correspondiente, hace presumir la existencia previa del ser humano hoy occiso, toda vez que esta acta de nacimiento no fue debatida, ni impugnada por las partes y al haber sido exhibida o expedida por una autoridad en cumplimiento de sus funciones, se trata de un documento público que sostiene la veracidad de esa información. Luego, en relación con el diverso componente del delito, el Juez de primer grado llegó a la conclusión que hay datos para acreditar la falta posterior de esta vida humana. Para ello, destacó la existencia de las manifestaciones vertidas por María Asunción Puch Barrera, hermana de Michelle de Jesús Puch Barrera, quien señaló que es propietaria del predio ubicado en la calle 187, número 526, por 104 y 102 del fraccionamiento Santa Cruz de la ciudad de Mérida, Yucatán; que ésta se lo dio para vivir a su hermana de nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera. También señaló que la última vez que vio a su hermana fue a finales de diciembre del año dos mil veintidós, ya que había acudido a su estética; y que tuvo contacto con ella vía telefónica el 20 de enero de 2023. Además, narró que el 13 de febrero de 2023 su hija Michelle le había dicho que le pidiera una cita a su hermana para que la atendiera esa semana para teñirle el cabello, siendo que el martes catorce (14), sin poder recordar hora, le recordó el comentario a su hija de que quería que su hermana la atendiera, por lo que le preguntó a su hija que si le había hablado a su hermana Michelle, quien le respondió que no, por lo que ella revisó la conexión de la aplicación de WhatsApp y se percató de que la última conexión que había tenido su hermana fue el 12 de febrero de 2023 a las 17 horas con 30 minutos. Al parecerle esto extraño el 15 de febrero, a las 15:00 horas, acudió a la estética de su hermana y vio que se encontraba cerrada; un muchacho que vende ahí le había dicho que la estética no había abierto en los últimos días, por lo que se preocupó y también se dirigió hasta la casa de su hermana en Santa Cruz, y al llegar se percató que en las puertas del predio estaba el vehículo Peugeot de color negro, que era propiedad de su hermana Michelle. En dicho domicilio se encontraba cerrada tanto la puerta principal como el protector de herrería, por lo que estuvo tocando la puerta; que en determinado momento vio por la ventana que había moscas, y que al acercarse, se asomó a la ventana y pudo sentir un olor fuerte, lo cual la inquietó y optó por pedir auxilio al 911, cuyos elementos llegaron y por solicitud de la intervención de la Fiscalía, quienes accedieron también a dicho predio, le informaron que en el interior se encontraba en estado de descomposición un cadáver, que fue levantado y que, según se entiende, es el cadáver de su hermana Michelle. Por tanto, el Juez de Control, señaló que esto es suficiente para acreditar el elemento de la falta posterior de la vida, situación que además del dicho de la denunciante, se corroboró con la comparecencia del agente de nombre Eduardo Santiago Casanova Fernández, quien indicó ser Policía de la Secretaría de Seguridad Pública. Al respecto, dicho elemento policiaco manifestó que el día quince de febrero de dos mil veintitrés estaba a bordo de su unidad policiaca, cuando le dijeron por control de mando que fuera a la calle 187H, número 526, por 102 y 104 de la colonia Santa Cruz Palomeque, de esta ciudad, a fin de verificar un predio del cual despedía olores fétidos; por lo que llegando a las 17:00 horas a la dirección proporcionada, se pudo percatar de que se encontraba la hoy denunciante María Asunción, quien le manifestó que el domicilio era de su propiedad, que se lo había dado su hermana para vivir, y que se percató de un olor fétido. Acto continuo, el agente marcó el número 911, reportó esto, y con la autorización de la señora María Asunción, quien se había ostentado como propietaria, accedió al predio y verificó los costados de la casa, ya que no tenía limitaciones, y que desde la ventana que se encuentra al frente, pudo visualizar el cuerpo de una persona tendida en el suelo, de espaldas y en estado de putrefacción, por lo que dio aviso al control de mando. Después, alrededor de las 18:50 horas, arribó al lugar de los hechos la Fiscalía General y con la autorización de la señora María Asunción, hicieron maniobras para entrar a dicho predio. De lo anterior, el Juez A quo obtuvo los datos relativos a la existencia y falta posterior de la vida de la persona hoy occisa. Fallecimiento que también constató el juzgador de origen, con el aviso telefónico de quince de febrero de dos mil veintitrés, a las 18:08 horas, en el cual, se obtiene que un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, comunicó que en el predio ya aludido, se había encontrado sin vida el cuerpo de una persona de nombre Michelle Jesús Puch Barrera. En relación con ello, el cuerpo de la víctima directa fue debidamente levantado, como consta en el acta circunstanciada levantada por la Fiscalía, que se elaboró el quince de febrero de dos mil veintitrés por conducto de los fiscales en presencia de un médico forense de nombre Sandra Caballero, de un criminalista de apellidos Estrella Camal y otro de apellidos Soberanis Güemes, de un perito químico de apellidos Luis Cuevas. Documento en el cual se menciona que llegaron al lugar los intervinientes, el cual estaba resguardado por el agente Eduardo Santiago Casanova Fernández, quien fue el primer respondiente; que en el lugar se encontraba María Asunción, denunciante en el presente asunto, y dijo ser la hermana de la fallecida de nombre Michelle de Jesús Puch Barrera, a la que le conocían como Jackie; que ella había solicitado originalmente la petición en 911, y señaló que entre otras cosas, que el vehículo que estaba en el lugar pertenecía a su hermana. Que también en ese acto dio la autorización para entrar al predio, se encontró en el lugar, el cadáver de una persona en estado de descomposición; que también ubicaron una serie de indicios entre los que estaba un vehículo Peugeot de color negro, con placas de circulación YYT-603-E del Estado de Yucatán. Asimismo, el resolutor de primer grado señaló que en este caso se hizo un informe de procesamiento del lugar, en el cual estuvo presente la perito criminalista Estrella Camal, entre los diversos criminalistas Soberanis Güemes y Luis Cuevas; un médico forense de apellidos Caballero Hernández; y que con la autorización, entraron al predio y se procedió al levantamiento del cuerpo. Además, se señaló, entre otras cosas, que el predio se encontraba en desorden, había muchos objetos tirados en el piso, y que se encontró el cuerpo sin vida de una persona que se señala como hombre, en estado de descomposición, y que tenía una correa de color beige alrededor del cuello; que recabaron trece (13) indicios, y que también se estableció como indicio una parte de un filo con mango que se encontraba quebrado. En relación con lo anterior, el Juez de Control ponderó el protocolo de necropsia realizado en términos del artículo 272 del Código Nacional, elaborado por el doctor Gabriel Rodríguez Fernández, en el cual estableció en primer término que el cuerpo presentaba un fallecimiento entre 72 y 84 horas, al inicio de la necropsia; que la fecha y hora aproximada de muerte fue el día 12 de febrero de 2023, entre las 11:30 horas y las 23:30 horas. Mencionó también el perito que el cuerpo tenía diversas heridas: una de mecanismo contuso en la cabeza; un surco en el cuello; escoriación roja de dos centímetros; herida en el mecanismo cortante en el tórax; en tórax posterior presentaba equimosis roja ubicada en la región axilar izquierda; en extremidades inferiores habían heridas de mecanismos cortantes. Dicho experto también señaló que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, y no así las heridas cortantes; aspecto que el Juez A quo señaló como útil para acreditar el elemento relativo a la falta posterior de esta vida humana. Analizado lo anterior, el juzgador responsable procedió a abordar lo relativo a que la conducta realizada por el agente activo fue sin derecho alguno. En este punto, procedió a ponderar la declaración del implicado Ricardo Gabriel Huerta Vargas, quien señaló haber acudido a dicho predio en virtud de que le había pedido una persona de nombre Kevin que fuera a buscar una cantidad de dinero que le iba a entregar una persona que lo iba a buscar en un carro, lo cual realizó en los términos siguientes: "[.] Bueno pues, el domingo que pasó todo yo estaba en casa de mi novia, salí a comprar, en lo que yo salí a comprar me topé a este amigo Kevin, esta persona me dice "¿sabes qué chamaco? Necesito que vayas a mi casa porque acabo de salir de la pública de Kanasín, me agarraron y estuve allá 48 horas" me dice... Le dije "oye no manches" le dije, "no puedo porque estoy en casa de mi novia, no puedo realmente no puedo"; "no chamaco", me insistió me insistió y le dije "sí, ¿para qué?", "Es que necesito hacer unas diligencias y necesito que tú te quedes en mi casa"; en lo que nos dirigimos en su casa estuvimos allí un rato y le marcó su novia Yamilé, en lo que le marca esa persona Yamilé dice "¿sabes qué? Necesito un coche, necesito cómo moverme, ya tengo cómo, ya saqué las cosas"... y en ese momento mi amigo me dice así "¿oye quieres votarte con nosotros? Vamos a buscar unas cosas" y yo le dije que no, habíamos tenido un problema antes porque nos agarraron por robo a casa habitación, en el cual nosotros fuimos engañados, nos llevaron diciendo que era un desalojo lo que íbamos a hacer y yo le contesté diciendo "no, realmente no wey, esas son mamadas, me metes en problemas, después a la hora de la bronca yo solito me la como, me dejas solo" dije; "coño" me empezó a decir "eres un mamón, eres un maricón" palabras así y yo le dije "ah, yo no me voy a quedar, me voy a jalar a mí casa" le dije y me dijo "¿sabes que chamaco? Necesito que te quedes entonces, voy a ver eso, quédate" me dijo... como esa persona se dedica al narcomenudeo "te voy a dejar tanto de droga" me dijo, "para que tu vendas" me dice, "Wey" le digo, "pero yo tengo que jalar a las 3 o 4... yo me voy a vender al parque carnal, tengo que ir a vender y lo sabes" ...y me dijo "si te vas se lo dejas a mi mamá y te vas" me dijo, "pero trata de irte como a las 5" me dijo "porque entre 3:50 y 4 debe venir un vehículo" me dijo "a buscarte un vehículo, para ir a buscar un dinero que me deben" dijo... yo le dije "ah está bien, simón, de todos modos ahí lo checo" le dije. El coche me iba a ir a buscar a mí para que me den un dinero que le debían a él... En eso que ya dando la hora yo agarré y le dejé todo a su mamá y me dirigí a la salida, empecé a caminar hacia adelante con rumbo a casa de mi novia y empecé a mirar hacia atrás a ver si venía el coche, ya había avanzado casi poquito más de media cuadra, el coche llega, pega y me habla "oye ven acá" me dice, yo volteé a ver el coche y le dije "¿qué pasó?" le dije, "ven acá es por lo de Kevin" me dice, en lo que yo me dirigí, la persona me abrió la puerta del coche y yo me subí, en lo que me subí me dijo "vamos a buscar el dinero, me dijo Kevin que estás vestido así con un chaleco y la playera negra" me dijo, "ah ok, sí soy yo" le dije, en lo que nos subimos llegamos rumbo a casa de esa persona [.]". Sobre los siguientes acontecimientos, el inculpado señaló que durante el trayecto, esta persona además le preguntó si podía hacer trabajos de remodelación, lo cual contestó afirmativamente; y una vez en el lugar, el acusado narró que la hoy finada le mostró las distintas partes de la casa en las cuales le dijo que necesitaba hacer algún trabajo. Luego, en determinado momento le pidió que fueran a un cuarto donde había un clima, le pidió que si podía hacerle un colado para colocar el clima, que él le dijo que no era su fuerte; que en ese momento, esta persona le empezó a tocar sus partes íntimas y que él se molestó, y que le dijo a esta persona "¿Qué pedo?", y que le dijo "yo solo vine por el dinero", y que esta persona le contestó "no te pongas así", que le dijo "voy a jalar", en el sentido de que se iba a retirar, y que cuando quiso salir del cuarto, él tomó una pistola del tocador, le dijo "ven y siéntate", y él le dijo "cálmate", que le dijo "ven y te sientas", que él fue y se sentó, y en eso le dio la espalda, y fue que se le fue encima, se cayeron, se le cayó la pistola, salió volando rumbo a la cama, que forcejearon porque esta persona tomó un cuchillo, que lo jaló, que le tiró con el cuchillo algunos tajos, y que él le había agarrado la mano, y que le dio en la pierna, y mostró la rodilla, también mostró parte de su ingle, parte de su pierna derecha, parte de su espalda, el brazo, la espalda, que él le quitó el cuchillo y le tiró a esta persona un tajo, que el cuchillo se rompió y que el sujeto empezó a pedir auxilio, por lo que estaba muy asustado, jaló una correa y se la puso en el cuello, y que le dijo "sólo me quiero ir", que sólo se quedó viendo a esta persona, y que él después intentó agarrar el cuchillo y le tiró en su cara un tajo; que le quitó el cuchillo y que se lo clavó, por lo que empezó a quejarse, y que agarró la pistola, la guardó, que agarró una maleta de la puerta para disimular, salió y se quitó. En este punto, el Juez de Control señaló que esas son manifestaciones defensivas del investigado Ricardo, que no encuentran un debido sustento, y que también hay serias incongruencias que no permiten otorgarle plena confiabilidad a su declaración. Como primer punto, la autoridad responsable señaló que el imputado dijo que se había encontrado con Kevin el domingo, no señaló fecha ni hora, asumiendo que pudo haber sido esto el domingo 12 de febrero, que es la fecha de los hechos; pero que dijo que él insistió y le dijo "vamos a mi casa, porque acabo de salir de la cárcel pública", entendiendo que esto fue la cárcel pública de Kanasín; que le insistió y que él dijo que estaba bien, que fueron a la casa de Kevin, que ahí le llamó Yamile, la novia de Kevin, y le dijo a Kevin que necesitaba moverse, porque ya sacó sus cosas. Que aquí lo extraño es que dijo que Kevin le pidió que los acompañara, le dijo "ándale, no seas mamón, acompáñame", pero que también le dijo "necesito que te quedes, porque voy a dejar droga para que vendas en mi casa". En lo anterior, el juez consideró que existe una incongruencia que resta credibilidad, porque primero le dijo "acompáñame", entendiendo esto que lo acompañara a ver su novia, pero luego le dijo "necesito que te quedes", por tanto, es incongruente que primero le diga "acompáñame" y luego que se quede. Pero que dijo también, sin especificar, "si te vas, déjaselo a mi mamá, pero debe venir un coche a buscar para que me vayas a buscar un dinero que me debían"; pero en ningún momento dice qué tipo de coche, por tanto, ¿cómo es que confió en la palabra que iba a acudir un coche, sin saber qué tipo de vehículo, qué persona o qué características?. Asimismo, señaló el juez que el acusado señala que salió, entendiéndose que ello fue para ir rumbo a su casa; por tanto, en el supuesto que haya aceptado quedarse a vender esta supuesta droga y a esperar el supuesto coche, por otra parte dijo salir rumbo a su casa; lo que hace asumir que él decidió ya no ir a ningún lugar y que empezó a caminar, y vio que venía un coche y que el coche se le pegó y le dijo "vine por lo de Kevin". Por tanto, resulta un poco extraño que una persona que está en la calle, que está yendo a buscar a alguien, que simplemente vaya saliendo de la calle, se le pegue un vehículo nada más así porque sí, y le diga "oye vine por lo de Kevin". Además, aun cuando dijo el implicado que ello fue porque tenía un chaleco y una playera, que así le había dicho Kevin, pero en ningún momento se advierte que Kevin le haya expresado "oye, a tal hora sal a la calle, empieza a caminar y alguien se va a acercar y te va a decir súbete"; en ningún momento dijo que se retira a su casa y que es cuando se acerca el vehículo, lo que resulta un poco extraño e incongruente de sus manifestaciones. Y que el acusado simplemente accedió a subirse al coche sin conocer quién era la persona que iba a ir a ver, cómo era, qué características tenía o qué vehículo era, lo que resulta extraño. Lo que tampoco es congruente de su manifestación -refirió el A quo- que a pesar de esto, aun así se subió, y el conductor le preguntó que si hacía trabajos de remodelación; el declarante da a entender que llegan al lugar, que le mostró la fachada, y el baño a remodelar, le dijo "ven aquí" a un cuarto donde había un clima grande, y le pidió que haga un colado, que él le dijo que no porque no hace trabajos de albañilería, y es cuando se dieron los eventos donde forcejeó con la víctima, y dijo que después de estos tomó el arma, una maleta y salió. Cuando de los datos de prueba aportados, se advierte según la información proporcionada por la fiscalía, que al lugar de los hechos y en el cual se ubicó al hoy investigado, llegaron aproximadamente a las 15:56 horas y el implicado salió hasta las 17:38 horas, es decir casi dos horas después; pero cuando él hace la narrativa de que todo esto, lo plantea como un acto seguido. En efecto, señaló que cuando llegan le mostraron la fachada, el baño, el cuarto, donde le dijo que necesitaba que le pusieran un colado, y él le dijo "yo no hago colados" y que es cuando lo tocan. Por tanto, atendiendo a la propia narrativa del implicado, de acuerdo como pudo haber pasado, ello debió transcurrir en minutos, cuando según los datos de prueba, entró y pasaron casi dos horas con posterioridad; de ahí que la narrativa del implicado no tiene mucha congruencia, lo que impide otorgarle confiabilidad y credibilidad. Máxime que también menciona que había un arma y en ningún momento existen indicios de esa arma o esa pistola, dice que se la llevó, pero tampoco dice dónde la puso, qué hizo con ella, a quién se la dio, dónde la tiene resguardada; todo ello para poder establecer que efectivamente existe esa arma. Y por otra parte, si bien dice que la persona que agarró un cuchillo fue la otra persona, esto no encuentra ningún sustento, porque de acuerdo con los rayones que el implicado mostró al Juez de Control en la propia audiencia, señaló este último, que los vio, y a su apreciación, sin ser médico, es que están completamente cicatrizados, cuando la defensa no señaló la presencia de esos cortes como heridas vivas, de las que pudiera desprenderse una legítima defensa por haber sido agredido. Además, si bien se observa que hay en el lugar un cuchillo roto, el implicado dice que se quebró, pero lo cierto es también que no hizo valer la defensa de que hubiera una parte del cuchillo que nos permita establecer que se quebró, es decir, si se dice que se quebró debió haberse encontrado la otra parte y hasta este momento la defensa no hizo valer en ese sentido que existiera la otra parte del cuchillo o filo que permita sostener que efectivamente se haya quebrado. Por lo que, las manifestaciones del investigado respecto a que hubo circunstancias de que a él lo intentaron abusar sexualmente o violarlo, esto es una manifestación aislada, sin sustento. Refiere que lo agredieron también y que lo cortaron, pero esto no encuentra apoyo, ya que no hizo valer la defensa la existencia de lesiones físicas recientes que permitan sostener esta situación en el cuerpo, como algún certificado médico, alguna situación en ese sentido que corrobore esto, y menos que hayan sido con objetos punzocortantes. También resulta extraño que dice el implicado que le sujetó la mano y que le lanzó un tajo, si lo tenía sujetado la mano y le quitó el cuchillo no está claro en qué momento se dieron estos cortes, no da una especificación de las circunstancias de cómo se dio esta situación que permita otorgarle confiabilidad y credibilidad a su dicho, y no existen otros datos de prueba que permitan avalar que efectivamente él primeramente fue agredido e incluso tratado de ser obligado para ser abusado sexualmente mediante el empleo de un arma, ya que no se encontró ésta, dice el implicado que él la tiene, pero en ningún momento ha sido puesta a disposición de la autoridad investigadora para poder determinar si esa arma está registrada a nombre de la víctima Michelle, o si esa arma tiene huellas digitales de dicha persona. Por otra parte, no se estableció que existiera en el lugar sangre de otra persona distinta a la occisa, que haga suponer lo que señala el investigado, porque si esta persona fue herida con el mismo cuchillo, evidentemente tiene que haber restos de sangre humana en ese cuchillo distintos a la del cadáver, que permitan sostener la confiabilidad y la credibilidad del dicho del implicado; en consecuencia, son manifestaciones sin un sustento y además que no tienen una lógica y coherencia que permita otorgar la confiabilidad en su declaración. Otro aspecto de contradicción y falta de coherencia es que se advierte del protocolo de necropsia, que la víctima sí tenía una herida, consistente en una escoriación; pero el implicado señaló que le clavó el cuchillo, por tanto el dictamen pericial no es acorde a la versión de imputado, no se advierte que la occisa haya tenido algún tipo de perforación de arma punzocortante, cuando el implicado dijo que le clavó el cuchillo y que por ello la víctima comenzó a gritar y a quejarse. Cabe precisar, para efectos de este análisis, que en la parte de la videograbación de la audiencia relativa, al momento en que el implicado narra la forma en que le clavó el cuchillo a la víctima (18:50 del video), se lleva las manos al lado derecho de su abdomen realizando el ademán de clavar el cuchillo, ubicándose él en el papel de la víctima al hacer el movimiento con las manos. Mientras que de los datos aportados, se advierte que el cuerpo de la persona finada sí tiene una escoriación roja lineal de dos centímetros, por lo que es una herida a mecanismo cortante; pero ello evidentemente no coincide con la acción de clavar un arma. Pero sí por el contrario, se tiene que la víctima tenía golpes en la cabeza, tenía escoriaciones de centímetros cortantes en el tórax posterior, equimosis rojas en el tórax posterior, también tenía heridas de mecanismo cortante en las extremidades inferiores, tenía un surco unilateral equimótico rojo de cincuenta y cinco centímetros en el cuello y claramente se estableció que la causa de la muerte de esta persona fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Por tanto, aun cuando existen las manifestaciones y argumentaciones de la defensa, no desvirtúan la existencia de estas circunstancias que hacen suponer en este caso que la pérdida de la vida de la víctima Michelle no fue de una forma natural, sino que obedeció a un factor evidentemente externo, como es la asfixia por estrangulamiento. En este punto, el Juez de Control también atendió el planteamiento de la defensa en el sentido de que pudo haberse dado un caso de exceso de legítima defensa, y al efecto señaló que por los mismos razonamientos ya referidos, no puede otorgársele confiabilidad al dicho del implicado para desvirtuar los datos de prueba, ante la evidencia técnica de la asfixia mecánica por estrangulamiento. Asimismo, el resolutor primario, refirió que el protocolo de necropsia, la forma de las lesiones y la causa de muerte, permiten establecer que la pérdida de la vida humana del sujeto pasivo fue contra derecho, es decir, no fue realizada por una causa de justificación como pretende hacer valer la defensa, y es evidente que existe un nexo de causalidad entre las situaciones señaladas en el protocolo de necropsia y la muerte, pues en dicho estudio técnico se estableció que fue asfixia por estrangulamiento. Lo que coincide con el acta circunstanciada y de procesamiento del lugar, pues se encontró el cuerpo con una correa de color beige alrededor del cuello de la víctima, por lo que se puede establecer que la fuerza que se ejerció a través de esta correa en el cuello le causó la asfixia mecánica por estrangulamiento, lo que permite sostener que hay un nexo causal entre la conducta tipificada con la conducta realizada por el imputado. Aunado a ello, en la propia declaración del quejoso hizo referencia a que él puso la correa alrededor del cuello de la persona ahora fallecida, y manifestó que cuando se la colocó la pasivo se quedó quieta y mirándolo, pero que en determinado momento agarró el cuchillo y le volvió a tirar un tajo en la cara, por lo que le clavó el cuchillo en su abdomen para luego retirarse del lugar. Narración que el A quo señaló como contraria a la lógica, porque él dijo que le puso la soga y se fue, dando a entender que la persona estaba viva cuando salió, cuando es claro que la persona murió por asfixia por estrangulamiento, según los datos del protocolo de necropsia. Por tanto, no se puede establecer que en el caso aconteció la legítima defensa, o bien, que haya actuado en exceso de legítima defensa, ya que las manifestaciones del implicado no encuentran sustento por todo lo ya referido. Ahora bien, por lo que respecta a la ventaja, la cual está prevista en el artículo 380 del Código Penal local, el juez de Control refirió que no hay datos para suponer que el occiso era la persona armada, aun cuando el investigado dice que quien tenía el arma era la hoy occisa y que ésta primero lo agredió con dicha arma, que primero lo amagó con un arma de fuego y que después fue con un cuchillo que la víctima tenía en una mesita del cuarto. Empero, lo cierto es que no hay datos suficientes para suponer que así ocurrieron las cosas, y por el contrario, sí los hay para establecer como premisa que el occiso fue lesionado con esta arma punzo cortante, toda vez que tenía heridas de corte en tórax y en las piernas. Ello, hace suponer que el implicado estaba armado y la pasivo no, ergo, el sujeto activo tenía esta ventaja sobre el sujeto pasivo, ya que además de que hace alusión el investigado que él fue el agredido primeramente, incluso fue cortado, se reitera, en ningún momento se hizo valer que al momento de su detención tuviera heridas o escoriaciones o costras que permitieran establecer estas lesiones, y las que mostró en la audiencia ante el Juez de Control este último señaló que ya están cicatrizadas. Asimismo, el A quo atendió el dicho de la defensa en el sentido de que por lo revuelto del lugar, se le puede dar confiabilidad al dicho de su patrocinado respecto a que hubo un forcejeo; sobre este punto, el Juez refirió que estas circunstancias por sí solas no significan que haya existido algún tipo de forcejeo. Otro argumento que contestó el juez de origen, fue el que señaló la defensa en el sentido de que la hoja metálica que se encontró en el lugar estaba rota, lo que coincide con la versión de su cliente; al respecto, el resolutor señaló que si bien es cierta la existencia de esta hoja metálica, identificada en palabras de la fiscalía como un "filo", también lo es, que en ningún momento se hizo valer que estuviera la otra parte del cuchillo en el lugar de los hechos, para establecer la confiabilidad de que sí se quebró este objeto durante los hechos que narró el acusado. Máxime que, hasta este momento procesal, no se ha establecido si se encontró en ese cuchillo sangre humana de dos tipos distintos, es decir, que una perteneciera al hoy investigado y otra a la persona occisa, por tal motivo las manifestaciones de la defensa en torno al cuchillo, resultan ser datos aislados sin fundamento. Asimismo, señaló el Juez respecto a las lesiones de la cabeza y las extremidades de la víctima, que si bien existen esto no significa que haya acontecido una agresión física de la occisa hacia el hoy investigado, sino únicamente corrobora la manifestación de la defensa de que efectivamente la pasivo tenía golpes en la cabeza, heridas cortantes en el tórax y en las extremidades inferiores, lo que hace factible esta agresión, estas conductas violentas ejecutadas en contra de su persona culminando con la asfixia por estrangulamiento, pero en ningún momento reflejan alguna conducta violenta hacia el imputado. Por ello, el A quo señaló que en el caso concreto no se actualiza esta legítima defensa, ni el exceso de legítima defensa; por el contrario, todos los datos de prueba analizados, permiten sostener en el caso la actualización del delito de HOMICIDIO CALIFICADO en términos del artículo 368 en relación al 378, 380, fracción IV, 381 y 384 del Código Penal del Estado vigente. Establecido lo anterior, el Juez de Control correctamente indicó que en la especie, también se evidencia la probabilidad de la autoría material y directa de Ricardo Gabriel Huerta Vargas en la comisión del delito que se le imputa. Lo anterior es así, pues obra en autos el reporte del agente policial de investigación ***, quien mencionó que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, fue comisionado para la investigación de un aviso telefónico que reportaba una persona fallecida en el predio donde acontecieron los hechos. Refirió que llegó a ese lugar, percatándose de la existencia del citado predio ubicado en la calle ***, número **, por **y **, del Fraccionamiento ***, de esta ciudad de Mérida; que al llegar al lugar ahí estaba la señora ***, quien dijo ser hermana de la persona fallecida, que proporcionó datos de ello, y también pudo percatarse de la existencia de un vehículo de la marca **color negro con placa de circulación *** del Estado de Yucatán, que la propia hermana de la víctima señaló que pertenecía a la fallecida ***y que era la única persona que vivía en dicho predio y que era la única persona que lo conducía. Con motivo de ello, el agente policial señaló entrevistar en los predios continuos, predios *** y ***de la misma calle 187H por los cruzamientos ya referidos, en los cuales entrevistó a una persona de nombre ***en el predio ***, y en el ***entrevistó a una persona de nombre ***, quienes en lo relevante dieron su autorización para obtener las grabaciones de las cámaras de video vigilancia con las que cuentan dichos domicilios. Estas videocámaras fueron obtenidas a través de un técnico forense de la Policía Estatal de la Investigación, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, alrededor de las 15:00 horas, dicho experto se constituyó en los predios y realizó las descargas de los dispositivos de estas cámaras de vigilancia. Posteriormente, llevó el material al área de la Secretaría de Seguridad Pública, donde pudo visualizar, que en el predio ***, alrededor de las 15:34 horas, del día doce de febrero de dos mil veintitrés, había salido la persona ahora fallecida del predio ***; que había abordado el vehículo que ahí se encontraba; que después, aproximadamente a las 15:56 minutos de ese mismo día, regresó con otra persona (probablemente el ahora inculpado), e ingresaron al predio, permaneciendo en el lugar hasta alrededor de las 17:38 horas, momento en el cual se ve salir al sujeto que llegó con la víctima, llevando consigo una maleta y una mochila. El Juez de primer grado, señaló que además de esto, también existe un análisis técnico forense realizado por el ****, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, quien realizó las descargas de información de las videocámaras de vigilancia de los predios 527 y 530, señalando que en la del 527, con motivo de que graba solamente movimientos o momentos de movimiento, había un desfase con el tiempo real de una hora con dieciséis minutos, por lo que en el video, cuando marca la cámara las 16:51 horas, el tiempo real eran las 17:37 horas. Lo cual, señaló el A quo, es coincidente con lo que manifiesta el diverso agente Zúñiga Chan en su informe técnico, quien también dijo que las personas regresaron en el vehículo a las 17:12 horas, según hora de la cámara, pero que en base a ese desfase, la hora real eran aproximadamente las 15:57 horas, y también hizo mención que en la cámara se ve salir a una persona a las 18:54 horas, horario de la cámara, pero el horario real eran las 17:38 horas, lo que es congruente. El A quo señaló que ***, técnico forense de la Secretaría de Seguridad Pública, también señaló que a través de los lectores del C5I, partiendo de la salida, ubicaron al vehículo de referencia en el arco lector Ameri 131F2, en la calle 86 por 187 de Sur de Dzununcán, y que en determinado momento en esas cámaras, se ve salir a una persona de un predio a las 15:50 horas, y que se acercó al vehículo, señalando que era el Peugeot con placa de circulación YYT-603-E del Estado de Yucatán; que un sujeto se acercó al vehículo; cuya vestimenta era una playera negra, de manga larga, y encima un chaleco, una bermuda de color negro, tenis negros con blanco y gorra negra, a quien se le había visto salir del predio; se acercó al vehículo y lo abordó. Que también a través de la cámara del C5I, denominada Ameri 131F2, se aprecia cómo cruzó y se acercó al vehículo e ingresó al mismo, el cual continuó su camino hasta doblar por la calle 189 donde se pierde; lo que es incongruente también con la propia versión del implicado; ya que este último dijo que el vehículo se le acercó, y según lo evidenciado en estas cámaras, él es quien se voltea y se acerca, luego ingresa a este vehículo. Siendo que la información proporcionada por la fiscalía se advierte que es congruente en sí misma y no fue debatida esta situación por la defensa en su exposición. En efecto, la Fiscalía señaló que la información obtenida en estas cámaras del C5I, es congruente con la diversa obtenida en la cámaras de video vigilancia, respecto a la persona que se ve llegar al predio de la persona occisa, misma que se bajó y que también es la misma que a las 17:38 horas salió minutos llevando consigo una maleta y una mochila, es decir, existe identidad en relación con dicha persona. Apuntaló el Juez que esas cuestiones no fueron rebatidas por la defensa y sí por el contrario, son confirmadas por las manifestaciones del hoy implicado, quien se ubica en el lugar de los hechos; ello al margen de sus manifestaciones de que él fue agredido. Pues lo cierto es, que esta información ubica a una persona en concreto, con un vestimenta en particular, y que con motivo de esto, contrario a lo que manifiesta la defensa, el agente policial señala que se constituyó en el predio donde se ve salir al acusado; pero la defensa dice que no se puede ver qué predio es, pero sólo es una argumentación que no desvirtúa el dicho de la Fiscalía, porque está el dicho de los dos operadores técnicos que señalan que de ese predio se ve salir al sujeto activo en las videograbaciones. Que es por ello que el agente policiaco acudió a ese predio en específico, y dijo que ahí se entrevistó con una persona que dijo ser ***, en el predio 504 en la calle **por ***y **diagonal de ****, y que de estas cámaras del C5I, y de las cámaras del predio **, había obtenido una fotografía del sujeto que habían visto salir de ese predio, la cual le puso a la vista, manifestando ** que sí lo conoce, que es ***, alias "El ***", que es su camarada. Posteriormente, el agente con motivo de lo anterior, ingresó a la base de datos a través de su celular y obtuvo la existencia de una persona de nombre Gabriel Huerta Vargas, pero con el nombre correcto de ***, con domicilio en la colonia San **, y que pudo apreciar que había un registro de una placa fotográfica, por lo que enseñó esa misma fotografía al entrevistado ***, refiriendo el testigo que sí, que efectivamente es la persona que conoce como ***; y que es el mismo a quien se le ve subir al coche, luego se le ve bajar en el predio, y es a quien según señala la fiscalía, se ve salir del predio a las 17:38 horas. Por tanto, señaló el A quo, que existe el señalamiento del testigo en contra del implicado derivado de ponerle a la vista la fotografía de la persona que se vio salir del predio, a la cual también se le vio entrar al predio, quien resulta ser ****según identificación del nombre proporcionado por el ateste, por tanto, no se trata de un dato aislado proporcionado por el agente policiaco ***. En efecto, no se trata de un dato aislado en la medida que también obra en autos la declaración de ***, quien manifestó en lo general: que tiene domicilio en el predio 504, de San Luis Chuburná, en la calle 86; que vive ahí con su madre; también mencionó que conoce a "El Gabo" bajo el nombre de Gabriel Huerta Vargas, ya que es un chavo de la misma colonia y que había conocido un día de parranda, y que desde eso se volvió su camarada y que lo aprecia mucho. En relación con los hechos, Kevin señaló que el día doce de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente a la una de la tarde, Gabriel Huerta Vargas fue a su casa a visitarlo, y también se encontraba su actual pareja Yamile, lo describe como alto, de 1.70 mts de altura, cabello negro y como de 20 años. Refirió que ese día "El Gabo" llevaba una playera negra de manga larga, chaleco, gorra de color negro y bermuda oscura y unos tenis negros, que incluso recuerda porque le había presumido que eran de la marca "Firma"; que estuvo en su casa, menciona que se fumaron unos cigarrillos y que aproximadamente a las 15:40 horas, le dijo Gabriel que ya habían llegado por él y se retiró de su casa; que él lo vio subir a un vehículo negro cuyas placas no recuerda. Al respecto, señaló el Juez que la defensa hace mención que no se le debe otorgar confiabilidad al dicho del testigo Kevin, ya que de la versión de su cliente se observa que esta persona fue quien le dijo que fuera a su casa, que ya después allá le dijo que se quedara para vender droga y que después él mismo le había pedido que esperara ahí porque un carro iría a buscarlo para que fueran a buscar un dinero. Sin embargo, dicha versión no ha sido corroborada por el testigo Kevin, y si bien la defensa dice que hay indicios para suponer que esta persona vende drogas y que ya que ha estado detenido por narcomenudeo; lo cierto es, que esto no es una situación que por sí sola abone a otorgarle confiabilidad y credibilidad al dicho de su cliente; ya que esta persona menciona también que estaba en el lugar su novia y el implicado dijo que ella no estaba ahí; que incluso la pareja le habló a Kevin para decirle que la fuera a buscar; pero el testigo señaló que estaba en la casa con su pareja, que incluso se quedaron allá, y que fumaron unos cigarrillos. Por tanto, no hay datos que corroboren el dicho del acusado y que ayuden a señalar falta de credibilidad al dicho de Kevin; y por el contrario, hace asumir que efectivamente sí estuvo ese día doce de febrero de dos mil veintitrés, porque el propio investigado hace manifestaciones que estuvo en casa de esta persona. El Juez señaló que si bien la defensa señaló que no es veraz que el testigo haya dicho que el ahora implicado subiera al vehículo, porque su patrocinado es quien se va caminando, luego el vehículo llegó y él se sube, esta es una apreciación subjetiva de la defensa, porque evidentemente el testigo dijo que él vio, es decir, que Ricardo Gabriel se subió a un vehículo y se fue porque le dijo que lo habían ido a buscar; pero ello no implica que este testigo no haya podido ver que se haya subido al vehículo de referencia, es decir, el hecho de que haya avanzado caminando y que el vehículo haya llegado, esto no impide que haya podido verlo; por tanto, no es un factor para establecer la falta de credibilidad del testigo. Pues lo relevante es que este ateste, también proporcionó más información, pues narró que el día trece de febrero de dos mil veintitrés, como a las 11:00 horas, Gabriel Huerta Vargas, alias "El Gabo", llegó a su casa, se fumaron unos cigarros y le dijo que había ido a ver a un travesti, que lo invitó a subir a su coche y se fueron a su casa del fraccionamiento Santa Cruz Palomeque; que se pelearon, que le había pegado, que no sabe si lo lastimó, pero que se quitó; y que Gabriel le enseñó unas heridas en sus piernas y en sus brazos. En este caso, el A quo señaló que a pesar de que este testigo hace presumir estas posibles heridas, lo cierto es, que no existe un dictamen médico que establezca qué tipo de heridas tenía esta persona y sobre todo, tomando en cuenta que este mismo aduce que fue detenido e ingresado a la cárcel pública, evidentemente, en ésta debería existir alguna valoración médica que permita corroborar sus manifestaciones, pero no fue presentada ante la autoridad judicial responsable para que efectivamente pueda corroborarse su dicho. Asimismo, el Juez de Control refirió sobre la versión de este testigo, que si bien el implicado le mostró unas heridas en sus piernas y en sus brazos, tampoco especificó qué tipo de heridas eran, es decir, si eran heridas lineales o de otro tipo; pero lo cierto es, que dice que después se despidió y se retiró de su casa. Aunado a ello, el resolutor responsable señaló que el testigo Kevin, también indicó que el jueves dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, él se encontraba en su casa cuando llegó Gabriel Huerta Vargas, y se fumaron un cigarro de mota y lo vio preocupado, por lo que le preguntó al respecto, y el ahora implicado le dijo "ya viste que estalló la bronca, ya salió en el face que lastimé a ese vato travesti, el que me fui con el coche negro, ese vato tenía un poco de dinero, me pelé con él y lo lesioné con un cuchillo de cocina, no dejaba de gritar, y para que se callara le puse en el cuello una correa café hasta que dejó de gritar y moverse, aprovechando me llevé una maleta de viaje y una mochila". Es claro que con este dicho, engarzado a la propia declaración del implicado, permiten ubicarlo en el lugar de los hechos. Así las cosas, el Juez de Control concluyó, señalando que atento a las circunstancias antes precisadas, valoradas de manera conjunta, tomando en cuenta que se le vio salir al occiso el día doce de febrero de dos mil veintitrés, a las 15:34 horas, y luego, en los videos del C5 se desprende que aproximadamente a las 15:50 horas, abordó dicho vehículo una persona con la descripción de playera negra, manga larga, chaleco encima, bermuda negra, tenis negros con blanco y gorra negra, esto en la calle 86 de San Luis Dzununán; que después, este coche seis minutos después regresó al mismo predio donde se encontró el occiso, al cual ingresaron las dos personas, es decir, la víctima y la persona que había abordado; para después, observarse a las 17:38 horas que esta persona, el ahora inculpado, salió con una maleta y una mochila. Esto permite ubicar al implicado aquí quejoso en el lugar de los hechos, como bien lo señaló el Juez A quo. Asimismo, el resolutor de origen también tomó en cuenta las circunstancias de la fecha y hora de fallecimiento, y estableció la probabilidad de que Ricardo Gabriel Huerta Vargas es la persona que realizó esta conducta delictiva. Pues existe el dicho del testigo Kevin quien lo ubica como la persona de nombre Ricardo Gabriel Huerta Vargas, y que es la persona que se le vio entrar al predio el día que la víctima (según el protocolo de necropsia) falleció; además, obra el propio dicho del hoy investigado en la audiencia ante el Juez de Control, corroboró su ubicación en el lugar de los hechos. Ello en adición a que reconoció el implicado que efectivamente le puso un cinto en el cuello, aunque dio a entender que no lo mató -porque incluso narró que luego la víctima lo agredió a él-, pero éstas son manifestaciones que no encuentran sustento e incluso resultan ser ilógicas. Circunstancias que lo ubican en el lugar de los hechos, el día de los eventos relacionados con el del fallecimiento de la víctima, en la hora aproximada; datos que adminiculados de manera conjunta, dadas las heridas que presentaba esta persona y la forma de muerte, en la cual señala el propio implicado haber participado al colocarle un cinto en el cuello a la hoy occisa (aunque sin reconocer que le quitó la vida); todo ello permite también establecer su probabilidad de la autoría material y directa en la comisión de dicho injusto. Siendo que la calificativa aconteció, de acuerdo a la mecánica de hechos, cuando la víctima se encontraba caída, y el aquí quejoso estaba armado con un cuchillo, que de acuerdo a su propia versión, al estar estrangulándolo, le enterró el arma en el tórax (abdomen) saliendo posteriormente de la casa con una pistola y una maleta. En esa guisa, es correcto que el Juez de Control haya desestimado la actualización una causa de extinción de la acción penal ni tampoco es procedente una atenuante, como es el exceso de legítima defensa; por los motivos ya reseñados. Por tanto, concluyó a las 16:50 horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictar auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo Gabriel Huerta Vargas, alias "El Gabo", por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en términos del artículo 368 en relación al 378, 380, fracción cuarta, 381, 384, todos del Código Penal del Estado en vigor, denunciado por María Asunción Puch Barrera, en agravio de quien en vida respondió al nombre de Michelle de Jesús Puch Barrera. Señalando que la medida cautelar impuesta de prisión preventiva oficiosa, siguiera surtiendo sus efectos por todo el tiempo que dure el proceso penal; aspecto que se considera objetivamente legal. Ahora bien, en sus conceptos de violación, el quejoso arguye que los datos de prueba de la fiscalía sólo acreditan que en el predio donde se suscitaron los hechos habitaba el hoy finado, pero que no se estableció algún elemento del supuesto delito que lo vincule al mismo. Es infundado lo anterior, ya que el amparista refiere que existen diversos datos de prueba que la fiscal utilizó para realizar la judicialización de la carpeta de investigación, como son los registros de audio y video, la entrevista realizada con Santiago José Avilés Ku, el aviso telefónico del fallecimiento, el acta circunstanciada de las personas que acudieron al domicilio cuando se realizaron todas las diligencias ministeriales, y la entrevista realizada por Eduardo Santiago Casanova Fernández, que fue el primer respondiente en el caso, sin que los mismos lo incriminen de alguna manera. Sobre lo anterior, no le asiste razón al quejoso, ya que para exponer su argumento sólo hace mención de los datos de prueba anteriormente precisados; los que contrario a lo que señala sí lo involucran en los eventos delictivos; pero al margen de ello, pierde de vista que existen diversos elementos (que no citó en su concepto de violación) que obran en su contra, tales como las grabaciones de las cámaras de seguridad de los predios contiguos, así como las de las cámaras de la Secretaría Seguridad Pública (C5I), que lo ubican en la mecánica de hechos, así como en el lugar y hora en que fue realizado el homicidio de la sujeto pasivo; la propia declaración del imputado y la del testigo Kevin, por mencionar algunos. En otro motivo de inconformidad, el amparista realiza mediante cuadros comparativos, una confrontación de las partes de su declaración vertida judicialmente, con las manifestaciones de la fiscal y de la defensa, así como en otros datos de prueba, para construir la hipótesis que -a su criterio- esas partes que destaca, apoyan su versión de legítima defensa. De dichos cuadros esquemáticos, se advierten datos relacionados con: el precedente que tuvo el quejoso en relación con su ingreso carcelario por narcomenudeo; con su trabajo (vendedor en tianguis); con la hora y forma en que abordó el vehículo de la persona hoy occisa; su vestimenta de ese día; la antigüedad que tenía viviendo en el predio la hoy finada (diez años); el lugar de los hechos (cuarto de la casa); lesiones que presentó el propio inculpado; la existencia de un cuchillo en la escena de los hechos así como del cinto o correa con la que se asfixió a la víctima; que el activo lesionó a la hoy occisa con un cuchillo; y que al salir del inmueble, el implicado tomó una maleta. Sin embargo, de dicho análisis comparativo, no se desprende algún elemento que proporcione convicción suficiente en lo que es materia sustancial de la legítima defensa, ya que dichas confrontaciones de textos sólo se refieren a aspectos circunstanciales, sobre los cuales no existe controversia alguna. Si bien, lo aquí señalado por el quejoso sólo son aspectos coincidentes con algunas manifestaciones y datos de prueba que obran en la carpeta, no tiene el alcance probatorio suficiente para desvirtuar la probabilidad que recae en su persona de que al estarlo sometiendo y estrangulando con el cinto, haya terminado con su vida, sobre todo porque existe el dictamen pericial que señala que la víctima perdió la vida a consecuencia de asfixia por estrangulamiento, lo cual no es desvirtuado con lo que pudiera desprenderse de los puntos de convergencia citados por la parte quejosa; de ahí lo infundado de sus argumentos. Luego, en otro concepto de violación, señala que existen contradicciones en la declaración del testigo Kevin Yandiel Can Tun, pues aunque existen algunas coincidencias con la declaración del propio quejoso, también hay variaciones, las cuales atribuye a que el testigo, en conjunto con la hoy occisa, de manera previa planearon que fuera a su casa con la finalidad de ser víctima de la agresión sexual. Sin embargo, no existen datos de prueba que avalen la teoría que ahora señala el quejoso, por el contrario, el cúmulo de material probatorio opera en su contra, como ya quedó de manifestó al analizar la determinación del Juez de Control, además de que esa versión no fue esgrimida por la defensa del implicado ni por éste al momento de la audiencia relativa a la vinculación a proceso. Luego, el quejoso sigue argumentando en torno a la legítima defensa, que ésta se actualiza en el caso, al tenor del artículo 21 del Código Penal del Estado de Yucatán, porque en principio fue agredido psicológicamente por la hoy occisa al apuntarle con un arma con la finalidad de obligarlo a acceder a sus pretensiones de índole sexual, y luego atentó con su vida al atacarlo con un cuchillo, el cual fue encontrado en el lugar de los hechos. Al respecto, lo anterior es infundado, pues como ya quedó ampliamente expuesto en la parte relativa al estudio de constitucionalidad realizado a esta parte de la resolución del auto de vinculación, no se acredita en autos la legítima defensa, o la atenuante de exceso de legítima defensa, dadas las inconsistencias en el relato del inculpado, las cuales se desprenden del análisis de la propia declaración, y de la confrontación que se hace de dicha versión con el resto del material probatorio, como ya ha quedado señalado en esta sentencia. Además, los diversos criterios invocados por el quejoso sobre el tema, no son útiles para acreditar la legítima defensa que aduce, ya que uno de ellos corresponde a un criterio aislado y el otro, aunque es jurisprudencia, no corresponde a algún Tribunal Colegiado del Circuito en el cual se encuentra este Juzgado Federal para obligar su observancia puntual, máxime que del contenido de las mismas, no se desprende algún elemento que robustezca su pretensión. Por otra parte, en otro motivo de disenso, el quejoso refiere que la fiscal hizo alusión a información inexistente en la carpeta de investigación, dado que señaló que la víctima tenía heridas defensivas en las manos, cuando del dictamen pericial de necropsia no se advierte tal dato. Lo anterior, si bien es fundado, resulta inoperante, en la medida que el lugar de las heridas defensivas que pudiera presentar la víctima, es irrelevante, para efecto de poder echar abajo la hipótesis de la fiscalía en relación con los hechos esenciales, que es la privación de la vida de otra persona, y tampoco abona a la teoría de la legítima defensa invocada por el implicado, ya que lo cierto es que la persona occisa presentaba múltiples heridas en su cabeza y cuerpo, siendo asfixiado como mecánica principal, lo cual no desvirtúa el amparista ni justifica la legítima defensa en los términos que refiere. Asimismo, en otro concepto de violación, aduce el quejoso que la fiscal no logró armar la teoría del caso en cuanto a que no pudo establecer un motivo justificado que hiciera presumir, las razones por las cuales: A) La occisa había pasado por la casa del testigo Kevin; B) La finada al transitar por la calle en la cual él estaba caminando se estacionó en la acera de enfrente y le abrió la puerta; C) La víctima lo llevó a su casa; y, D) Se justifique que el quejoso supiera cuántos años tenía el occiso viviendo en esa casa. Es infundado lo anterior, en la medida que, en este momento procesal, la actuación del fiscal se centra sustancialmente en exponer hechos que la ley señale como delito, y que dichos eventos estén sustentados en datos de prueba que así lo establezcan (así como que exista la probabilidad de que el implicado los cometió); y no debe ocuparse de las razones por las cuales todas las personas involucradas en dichos acontecimientos actuaron en determinada forma, como lo sugiere el quejoso. Ciertamente, no era indispensable que la autoridad ministerial investigadora en su teoría del caso estableciera los motivos por los cuales la víctima pasó frente a la casa del testigo, se orilló en la acera en su automóvil, le abrió la puerta al quejoso y lo llevó a su casa, entre otras circunstancias que aduce el amparista que debió haber indagado el fiscal, ya que éste debe centrar su investigación en los eventos delictuosos principales, sin que las cuestiones accesorias que refiere el quejoso sean determinantes para considerar que existió algún defecto en la formulación de la imputación, concretamente en el planteamiento de la teoría del caso. Asimismo, arguye el quejoso que la fiscal señaló que con su declaración, que el inculpado pretendió ajustar y justificar su actuar frente a lo manifestado en la audiencia de formulación de la imputación, pero lo cierto es, que los datos de prueba que presentó robustecen su dicho, lo cual fue apuntalado por la asesora jurídica de la víctima; siendo que la representación social sólo armó su teoría del caso ante el hallazgo de un cadáver y rastros de sangre, los cuales no encuentran justificación si supuestamente la única persona agredida fue la víctima, quien perdió la vida por asfixia mecánica por estrangulamiento. Sobre esto, tampoco le asiste razón al promovente del amparo, ya que por las razones expuestas al analizar la actuación del Juez de Control al dictar el auto de vinculación, no es cierto que los datos de prueba recabados por la Fiscal investigadora robustezcan la versión defensiva del acusado, por el contrario, son suficientes para sostener en este momento procesal, el dictado de la resolución que ahora se combate. Lo anterior, ya que dichos datos de prueba resultan útiles para acreditar la realización de un hecho que la ley señala como homicidio calificado, así como la probable responsabilidad del implicado en su comisión, estableciendo de manera firme la fiscalía que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento como lo refiere el quejoso, por tanto, la circunstancia de que exista sangre no es incompatible con la teoría del caso de la fiscal, ya que la persona finada tenía múltiples heridas en varias partes de su cuerpo, entre ellas una "rayadura", la cual es factible que se haya realizado con el arma blanca encontrada en la escena, pero siempre fue categórica en señalar la causa de muerte el estrangulamiento de la víctima, acción que el aquí quejoso confesó en su declaración haber realizado en la sujeto pasivo, aunque de acuerdo a su dicho, ésta estaba viva cuando él salió de la casa. Luego, en diverso motivo de inconformidad señala el quejoso que en su declaración ante el Juez, le manifestó que considera injusto que por haberse defendido de las agresiones que atentaban contra su vida y dignidad, se le acuse sin respetar su derecho a ser juzgado con la perspectiva de género que debió aplicarse a su favor, y de manera discriminatoria la fiscalía expresó que no pasaba por alto que ha tenido ingresos a la cárcel pública. Es infundado lo expresado por el quejoso, en razón de que su declaración fue atendida por el juez bajo las distintas ópticas posibles, y fue analizada en relación con lo que planteó, es decir, su versión de los hechos fue escuchada en función de que fue encaminada esencialmente a establecer la existencia de una legítima defensa, y sobre esa base fue analizada, con el resultado ya evidenciado. Ciertamente, el Juez de Control, ponderó la versión expuesta por el implicado, en el sentido de que en las condiciones ya señaladas, llegó a la casa del hoy occiso y que este último le mostró distintas partes de la casa que a su decir necesitaba algún tipo de trabajo de, mantenimiento, remodelación o construcción (albañilería), y que fue al estar en el cuarto la víctima le tocó sus partes íntimas y lo coaccionó con una pistola, pero al descuidarse su agresor, el implicado se le fue encima para ahora someterlo, y fue cuando se dio el forcejeo, en el cual el pasivo tomó un cuchillo y el activo le puso un cinto en el cuello para asfixiarlo, hasta que se calmó y el acusado salió del domicilio con el arma y una maleta. Sin embargo, como bien señaló el A quo, dicha versión no encuentra asidero jurídico, en la medida que si bien es cierto que sólo existe el dicho del indiciado en relación con que la víctima le hizo tocamientos en sus partes íntimas y le sacó un arma para obligarlo a tener relaciones sexuales, también lo es que ello no se encuentra robustecido con el restante material probatorio que obra en el carpeta de origen, por el contrario, los datos de prueba operan en contra del aquí acusado, es por ello que, no se observa que el A quo haya desatendido la perspectiva de género. Herramienta que opera sin la necesidad de que deba, sólo por ese hecho, reportarle beneficio al aquí amparista, sino lo que acontece, es que el Juez, de prima facie pudiera otorgar cierta credibilidad a su versión pero, al momento de confrontar ésta con el cúmulo probatorio existente en autos, es cuando los restantes datos de prueba le son adversos en cuanto al análisis integral que realizó el resolutor de origen. Sin que tampoco le asista razón al quejoso al señalar que toda vez que los datos de prueba no son suficientes para acreditar la legítima defensa, menos lo son para sostener el delito de homicidio calificado. Lo anterior dado que el amparista parte de la premisa equivocada de que los datos de prueba son los mismos, y no es así; por tanto, al realizar su estudio en cuanto a su alcance probatorio, es que se obtiene el resultado ya apuntado respecto a la acreditación de los hechos que la ley tipifica como delito y la probabilidad del acusado en su comisión, siendo que en oposición a ello, se encuentra la hipótesis de la legítima defensa, la cual no se sostiene con los mismos elementos probatorios, ya que parte de una hipótesis distinta a lo probado en autos. De igual manera, no le asiste razón al amparista al señalar que las contradicciones existentes de su declaración con la del testigo Kevin, demuestran la veracidad de su dicho, pues ello evidencia que no son circunstancias planteadas o de las que se advierta aleccionamiento alguno. Lo anterior es así, ya que contrario a lo sostenido por el quejoso, las contradicciones a que hizo alusión el juez tratan aspectos que restan credibilidad al dicho del amparista, dado que reflejan inconsistencias en su propio relato, que al confrontarlo con el dicho del ateste mencionado, resaltan aún más. Luego, es infundado lo planteado por el quejoso respecto a la temporalidad en que acontecieron los hechos, la cual dice fue extensa en razón de que el hoy occiso le mostró las diferentes partes de la casa antes de terminar en su cuarto. Sin embargo, como bien lo señaló el juez, de acuerdo a la forma en que declaró el implicado, no se advierte que pudieron haber pasado más de hora y media desde que llegó a la casa, de ahí que es adecuada la valoración que realizó el A quo en este sentido al considerar que de acuerdo con la forma narrada por el amparista debieron pasar los eventos algunos minutos. Por otra parte, refiere el acusado que el hecho de que no se haya encontrado la otra parte del cuchillo roto es algo atribuible a la Fiscalía y no puede obrar en su contra; sin embargo, no le asiste razón en este punto, ya que en su declaración, el implicado refirió que dicha arma se rompió en el forcejeo con la hoy víctima, por tanto, el hecho de que no se haya localizado la otra parte del cuchillo en el cuarto, que es donde señaló que acontecieron los hechos, sí es algo que demerita la veracidad de su dicho, sobre todo que sobre una parte de este relato descansa su versión de la legítima defensa. En otro concepto de violación, señala el quejoso que el hecho de que no se dijo que el cuchillo tuviera muestras de su ADN en la sangre que presentó, es algo atribuible a la fiscalía, y no debió utilizarse en su contra. Es también infundado lo expuesto, en la medida que contrario a lo señalado por el amparista, tal cuestión del ADN de la sangre en el cuchillo no fue utilizada en su contra, sino más bien, fue un comentario del juzgador al analizar lo relativo a la legítima defensa, ya que señaló que sería útil para corroborar la versión del implicado si se encontraran restos de ADN de la sangre de ambos (pasivo y activo), pero que al no obrar en este momento, ello podría atenderse en la fase de instrucción. En el último de sus motivos de inconformidad, señala el quejoso que el juez hizo alusión a la deficiente y débil investigación de la fiscalía, por tanto, no debió vinculársele a proceso y por el contrario, debió atenderse a su versión de los hechos en el sentido de que operó a su favor una causa de justificación. De igual manera, no le asiste razón al quejoso en lo anteriormente planteado, ya que si bien el juzgador refirió que la fiscalía no realizó lo relativo a la prueba de ADN en la sangre del cuchillo, se reitera, sólo fue en razón de la contestación que dio a la hipótesis de legítima defensa planteada, pero tal punto, no alcanza a aplicarse a los restantes datos de prueba que obran en la carpeta y que los mismos, sí son suficientes para acreditar tanto los hechos que la ley señala como delito, como la probable responsabilidad del implicado en su comisión. En esa condiciones, al resultar infundados en parte y fundados pero inoperantes en otra los conceptos de violación analizados, lo procedente es NEGAR la protección constitucional al quejoso. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, en contra del acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 431/2023-IV-B, promovido por ********************; y, R E S U E L V E:********************PRIMERO. La Justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese personalmente y cúmplase.

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