Ricardo Francisco Ruiz Gomez
Expediente 396/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 28 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 14/10/2022
Partes del expediente
- Ricardo Francisco Ruiz Gomez
- Gobernador del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintidós. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. [...] se declara cumplida[..]
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento a sentencia. Agréguese a los autos el oficio que remite la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remite las constancias con las que acredita su dicho. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que una vez desahogada la vista o sin ella, este órgano judicial resolverá sobre el cumplimiento realizado a lo ordenado en la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 728, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia". Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintidós. Autoridades informan gestiones. Agréguense a los autos los oficios de cuenta que remite el Subconsejero Jurídico, en representación de la Gobernadora del Estado de Baja California, y la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante los cuales informan que se encuentran realizando las gestiones necesarias a efecto de que se acate el fallo protector emitido en este juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Solicitud de prórroga. Asimismo, como lo solicita la autoridad la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de diez días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que contenga este proveído, comunique a este órgano el cumplimiento dado al fallo protector, debiendo acompañar las constancias con las que acredite tal circunstancia; asimismo, se reitera que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional. En las relatadas condiciones al establecerse que el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, es contrario a lo que disponen los numerales 73 fracción XXIX, ordinal "5", inciso "c" y G, así como el 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 77 fracción I y 78 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección constitucional solicitado por el quejoso********************, para que las autoridades responsables, en su estricto ámbito competencial, realicen lo siguiente: I. No apliquen a********************, de forma presente y futura el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera en el Estado de Baja California, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja, declaradas inconstitucionales, específicamente durante su vigencia, para lo cual, girarán las instrucciones necesarias a la autoridad correspondiente de recaudar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) a efecto de informarle que la peticionaria está exenta de su pago. II. En el supuesto de que el quejoso haya enterado o pagado el aludido impuesto, le sea devuelta la cantidad que haya sufragado por ese concepto, así como los restantes pagos que hubiese efectuado con posterioridad por la mencionada contribución, siempre y cuando los hubiere hecho, por lo que deberán instruir a la autoridad facultada para recolectar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) que la peticionaria tiene derecho a esa devolución. Se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J.188/2004 (con número de registro electrónico 179675) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 470 del Tomo XXI, Enero de 2005, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Así, como la diversa jurisprudencia P./J.112/99 (con número de registro electrónico 192846) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Finalmente, es necesario puntualizar que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las reformas a las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual, las autoridades responsables Gobernador Constitucional y Congreso, ambas del Estado de Baja California, quedan exentas de nulificar las reformas a los gobernados en general, pero sí deberán requerir a la autoridad que corresponda o la encargada de recabar el impuesto (Secretaría de Hacienda del Estado) que la parte quejosa estará exenta del mismo. Se cita como apoyo la tesis P. CXXXVII/96 (con registro electrónico 200006) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 135 del Tomo IV, Noviembre de 1996, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". Cabe hacer la precisión que la tutela protectora respecto de las normas declaradas inconstitucionales, es exclusivamente por lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil veinte, porque al no estar establecidas en una ley fiscal específica, sino en la propia Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el referido ejercicio, es claro que éstas tienen un periodo fijo de vigencia de un año conforme al artículo primero de las referidas legislaciones." Se requiere a superior jerárquico. Asimismo, con fundamento en el citado artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Gobernadora del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice las gestiones conducentes y conmine a la autoridad responsable citada con antelación, para que dé cumplimiento a la ejecutora de amparo, debiendo demostrar ante este órgano jurisdiccional que dio la orden conducente. En el entendido de que la intervención del superior jerárquico no sólo se constriñe a enterarse de que su subordinado es renuente a acatar el fallo constitucional, ni tampoco se limita a que éste le envíe recordatorios o comunicados pidiéndole que cumpla con el mismo, sino que debe de hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme las disposiciones aplicables puede formular e imponer a sus subalternos para conminarlos a cumplir con el fallo protector, ello a fin de una pronta y expedita administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 108/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, veintiséis de agosto dos mil veintidós, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO." Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Autoridad vinculada. Por otra parte, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, debe requerirse el cumplimiento del fallo protector a todas las autoridades que deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia de amparo; se vincula al cumplimiento de esta ejecutoria a la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, con el fin de que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe si la parte quejosa realizó el pago relacionado con el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera en el Estado de Baja California, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja, y remita las constancias que lo acrediten a fin de que este en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo otorgado; o bien no comunique la imposibilidad que para ello tenga, en términos de los artículos 192, párrafo segundo y 193, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado, se le impondrá una multa de multa de cien días, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cien; sin perjuicio de remitir los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, conforme lo dispone el primero de los preceptos invocados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el veinticinco de agosto pasado, se requirió a la parte quejosa a efecto que informara a esta autoridad si realizó el pago relacionado al impuesto por afectación al medio ambiente en el Estado por las operaciones de venta de gasolina y derivados del petróleo; sin embargo, el amparo y protección de la Justicia Federal se otorgó en relación al impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera en el Estado de Baja California, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja. Regulariza procedimiento. En consecuencia, a fin de evitar alguna violación a las leyes del procedimiento, de conformidad con el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, informe a esta autoridad si ha enterado o pagado el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera en el Estado de Baja California, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja, respecto del cual se le concedió la protección constitucional. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, esto es $4,811.00 pesos (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional) cantidad que resulta de multiplicar $96.22 pesos (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional) valor diario de la unidad de medida y actualización por cincuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Se recibe ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al que acompaña: El cuaderno original del presente juicio de amparo; y, Copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 30/2022. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes los puntos resolutivos del tenor siguiente: "PRIMERO. Se Modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Francisco Ruiz Gómez, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos que se especifican en el considerando sexto y séptimo de la sentencia que se revisa; además con las precisiones que se señalan en el último considerando de esta ejecutoria." Acuse, anotaciones y cuaderno de antecedentes. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, glósese a los autos las actuaciones que no obran en este expediente y que se encuentran anexas al cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Sin que sea el caso de agregar al presente juicio de amparo las copias certificadas que fueron expedidas para formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que se duplicarían las actuaciones por obrar los originales en autos; por tanto, se ordena la destrucción de las mismas. Requerimiento a las autoridades responsables. Atento al sentido de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informe el cumplimiento dado a la sentencia de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, cuyos efectos, una vez modificados en los términos que indicó el Tribunal Colegiado, establecen lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional. En las relatadas condiciones al establecerse que el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136, 136-1, 1362, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, es contrario a lo que disponen los numerales 73 fracción XXIX, ordinal "5", inciso "c" y G, así como el 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 77 fracción I y 78 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección constitucional solicitado por el quejoso Ricardo Francisco Ruíz Gómez, para que las autoridades responsables, en su estricto ámbito competencial, realicen lo siguiente: I. No apliquen a Ricardo Francisco Ruíz Gómez, de forma presente y futura el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera en el Estado de Baja California, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja, declaradas inconstitucionales, específicamente durante su vigencia, para lo cual, girarán las instrucciones necesarias a la autoridad correspondiente de recaudar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) a efecto de informarle que la peticionaria está exenta de su pago. II. En el supuesto de que el quejoso haya enterado o pagado el aludido impuesto, le sea devuelta la cantidad que haya sufragado por ese concepto, así como los restantes pagos que hubiese efectuado con posterioridad por la mencionada contribución, siempre y cuando los hubiere hecho, por lo que deberán instruir a la autoridad facultada para recolectar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) que la peticionaria tiene derecho a esa devolución. Se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J.188/2004 (con número de registro electrónico 179675) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 470 del Tomo XXI, Enero de 2005, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Así, como la diversa jurisprudencia P./J.112/99 (con número de registro electrónico 192846) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Finalmente, es necesario puntualizar que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las reformas a las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual, las autoridades responsables Gobernador Constitucional y Congreso, ambas del Estado de Baja California, quedan exentas de nulificar las reformas a los gobernados en general, pero sí deberán requerir a la autoridad que corresponda o la encargada de recabar el impuesto (Secretaría de Hacienda del Estado) que la parte quejosa estará exenta del mismo. Se cita como apoyo la tesis P. CXXXVII/96 (con registro electrónico 200006) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 135 del Tomo IV, Noviembre de 1996, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". Por lo tanto, como se dijo se requiere en el plazo antes indicado a la aludida autoridad responsable que deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su cumplimiento. Se requiere superior jerárquico. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el numeral 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Gobernadora del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a fin de que obligue a su subordinado al cumplimiento de la sentencia de amparo. En el entendido de que la intervención del superior jerárquico no sólo se constriñe a enterarse de que su subordinado es renuente a acatar el fallo constitucional, ni tampoco se limita a que éste le envíe recordatorios o comunicados pidiéndole que cumpla con el mismo, sino que debe de hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme las disposiciones aplicables puede formular e imponer a sus subalterno para conminarlo a cumplir con el fallo protector, ello a fin de una pronta y expedita administración de justicia. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de diversas autoridades ligadas por cualquier motivo a la autoridad responsable, éstas deberán, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales conducentes. Se requiere a la parte quejosa. Por otra parte, a efecto de tener certeza de que si es necesario restituir a la parte quejosa de lo enterado o pagado por concepto del impuesto por afectación al medio ambiente en el Estado por las operaciones de venta de gasolina y derivados del petróleo; por lo tanto, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad si ha enterado o pagado el impuesto por afectación al medio ambiente en el Estado por las operaciones de venta de gasolina y derivados del petróleo, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136 y primero, segundo, tercero y quinto transitorios de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y artículo 8 bis y único transitorio de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, respecto del cual se le concedió la protección constitucional. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado o de no manifestar el impedimento con el que cuenta, se le impondrá una multa de cincuenta días equivalente al valor diario de Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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