Ricardo Flores Banda

Expediente 378/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
378/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Flores Banda

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Ricardo Flores Banda, contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, con un anexo que se acompaña; que considera violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 378/2022-VII. Ahora bien, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la debe desechar de plano, razón por la que se procede a determinar la procedencia o no del juicio, pues dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso, del análisis integro de la demanda que nos ocupa, se observa que el ahora quejoso reclama del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de seguridad Pública del Estado, la citación emitida por dicha autoridad de manera verbal, comunicada al citado impetrante el cuatro de abril del año en curso, en la que se le informó que debía presentarse a la hora que fuere del siguiente cinco de abril del presente año, con un abogado a fin de rendir su declaración y posterior a ello, le podría ser mostrada la investigación iniciada en su contra por la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública. En el caso, conviene tener presente que generalmente, la emisión de un acto de autoridad conlleva el reconocimiento o establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos que genera un determinado acto de autoridad sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, a fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que la condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Como se adelantó, el acto que la parte quejosa reclama de la responsable, lo es la citación que ésta formuló al citado agraviado para que se presentara a rendir declaración, el cinco de abril del presente año. No obstante, tomando en consideración que la data que se le indicó al aquí quejoso para su presentación en la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública fue el día cinco de abril del presente año, es innegable que la citación reclamada dejó de tener sustento jurídico, ello al haber transcurrido la data ahí señalada y por ende, dicho acto impugnado ya no puede surtir efecto legal alguno en su contra, máxime que no contiene apercibimiento alguno en caso de no atenderlo, por tanto, es notorio y manifiesto que sobre el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo instada, por las consideraciones expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte promovente. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a David Salvador Hernández Franco y Carlos Alberto Martínez Moreno, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del aludido numeral a Iris Lizbeth Jiménez Alemán, toda vez que no cuenta con su respectiva cédula profesional registrada en el aludido sistema. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Por ende, no ha lugar a tener a dicho quejoso por señalando domicilio para oír notificaciones, al haberse autorizado la práctica de las mismas, vía electrónica. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente.

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