Ricardo Fernando Romay García, cond Porfirio Gutiérrez Fiallo

Expediente 709/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
709/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Fernando Romay García, cond Porfirio Gutiérrez Fiallo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que ya obran las constancias de notificación de la resolución de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo (fojas 102-106), así como del proveído de ocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 118), relativo a la interposición del recurso de revisión interpuesto por ******************, apoderado jurídico de la parte quejosa *****************. En tales condiciones, al estar debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento al proveído de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, remítase este expediente, el escrito original de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del aludido recurso de revisión interpuesto por el mencionado apoderado jurídico de la parte quejosa, en contra de la resolución dictada en estos autos, asimismo, déjese constancia de este acto en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado recurso. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de ****************, apoderado jurídico de la parte quejosa **************, a través del cual interpone recurso de revisión en contra del auto de veintidós de octubre de esta anualidad (fojas 102-106) en el que se declaró el sobreseimiento fuera de audiencia. En tal virtud, con apoyo en el artículo 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de revisión interpuesto. En ese contexto, fórmese el cuaderno de antecedentes por separado, el cual deberá ser integrado con las copias del juicio necesarias que permitan conocer su historia procesal. Oportunamente, remítanse los autos, el escrito original de interposición y de agravios con copia de los mismos, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, para los efectos de la sustanciación del recurso interpuesto. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por lista al tercero interesado; y mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado al ******************* con domicilio en esta ciudad, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho. Por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 54-56), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, lo anterior, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley en la materia. Por otra parte, glósese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y secretario auxiliar de amparos, residentes en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del juicio laboral ******************, del índice de dicha Junta. De conformidad con los artículos 119 y 123, ambos de la ley de la materia, se tienen por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copias certificadas remite, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, en el caso concreto, el promovente se duele del auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente laboral número ******************, en el que el Presidente de dicha Junta, omitió ordenar la nivelación salarial, así como el pago de las diferencias salariales hasta el momento de la nivelación salarial del actor y otorgar la constancia de antigüedad correspondiente, entre otras prestaciones. En ese contexto, tenemos que respecto del referido acto reclamado, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". La norma legal en cita, refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente debe agotarse dicho recurso. En ese tenor, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; por lo que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que en su oportunidad sea interpuesto por la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento, se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que ésta es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las instancias procedentes para combatir el acto de autoridad que les causa algún agravio. En tal virtud, solo puede promoverse el juicio de amparo, cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún recurso o medio de defensa legal, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. En ese contexto, de la interpretación literal de la referida causal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, cuando: a) El acto reclamado sea efectivamente una resolución proveniente de un tribunal del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada. Asimismo, para establecer la improcedencia planteada, es necesario señalar que los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo, establecen el recurso de revisión, en los términos y contra los actos siguientes: "Artículo. 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria". Del análisis a los preceptos aludidos, conviene señalar, que respecto de los actos dictados en ejecución de laudo por el Presidente de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, o bien, respecto de diligencias verificadas por el actuario de esos órganos laborales, en ejecución de laudo, procede el recurso de revisión. Del citado recurso de revisión conocerán los miembros de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, integradas con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, en el primer caso y, el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial, para la segunda hipótesis. Por ello, resulta lógico que si en el caso concreto, el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, fue emitido en la etapa de ejecución del laudo, es inconcuso que el impetrante estaba en posibilidad de impugnarlo mediante el recurso de revisión en términos del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Ello es así, pues al existir en la ley aplicable, el recurso o medio legal para recurrir el acto que afecta en la esfera jurídica del gobernado, y no habiendo impedimento legal alguno, que inhibiera a el ahora quejoso, accionar el mecanismo de defensa puesto a su disposición por la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir a la vía constitucional, misma que como ya se dijo con antelación, se vuelve improcedente en razón a la inobservancia de uno de los principios rectores del juicio de amparo, tal y como lo es el principio de definitividad. Apoya lo anterior, por las razones que expone la jurisprudencia 95/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, Agosto de 2002, tomo XVI, visible a la página 374 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 186133, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el quejoso señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chipas; sin embargo, como se advierte de la demanda de amparo, el quejoso reclama el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el cual fue emitido durante tramitación de ejecución del laudo, autos que son emitidos por el Presidente de la aludida junta. Lo anterior, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623; por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado . Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido lo determinado en la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja 133/2019, de la estadística del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, esto, al resolver el citado medio de impugnación en contra del desechamiento de treinta de mayo del año en curso, en el sentido de que hasta ese momento procesal se desconocía si el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chipas, con domicilio en esta ciudad, había emitido el auto que aquí constituye el acto reclamado; empero, de las constancias que en esta propia fecha se agregan a este sumario constitucional, mismas que tienen valor probatorio en términos de los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia por disposición de su numeral 2, se advierte que tal proveído sí fue emitido por el referido Presidente. Así las cosas, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo de la Ley de Amparo; por tanto, ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, da lugar a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, promovido por ****************** por conducto de su apoderado jurídico. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO, POR LISTA AL TERCERO INTERESADO Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, que a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, funge como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el Juez Felipe V Consuelo Soto, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio número SEADS/1080/2019, signado por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por otra parte, agréguese a los autos la comunicación de la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja 133/2019, relativa al juicio de amparo 709/2019-X, del índice de este juzgado, así como un tomo de copias certificadas. Acúsese recibo. Se ordena la destrucción de las copias certificadas remitidas, para evitar así dualidad de constancias innecesarias, toda vez que las mismas constan de las copias del expediente en que se actúa; por tanto, comisiónese para tal efecto al actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. De la ejecutoria anexa al oficio de cuenta, se advierte que el Tribunal Colegiado de referencia declaró fundado el recurso de queja interpuesto, ordenó dejar insubsistente el auto que desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente y proveer lo relativo a la admisión de la demanda. ADMISIÓN En tales condiciones, en cumplimiento a la ejecutoria del tribunal de alzada, con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ******************** apoderado jurídico de *******************, quien acredita su personalidad con la carta poder otorgada por el aquí quejoso, contra actos de la siguiente autoridad responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión relativo, por no haberse solicitado expresamente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se requiere a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, se les impondrán una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO La parte quejosa señala como tercero interesado al *******************, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, mediante el oficio correspondiente, hágase saber la promoción de este juicio de amparo al citado Instituto, a quien le recae el carácter de tercero interesado, remitiéndole para tal efecto copia de la demanda, para que se apersone en este juicio, si así conviene a su interés. De igual forma, se requiere al tercero interesado mencionado para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo así, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal de conformidad con el 27, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO Y POR OFICIO AL TERCERO INTERESADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE.

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