Ricardo Espejél López
Expediente 307/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/06/2021
Partes del expediente
- Ricardo Espejél López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a primero de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual devolvió el juicio de amparo 307/2020, asimismo, remitió testimonio de la resolución dictada en la inconformidad INCP 6/2021; acúsese recibo. Al respecto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, agréguense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes e infórmese a las partes que el órgano revisor declaró infundada la inconformidad interpuesta en autos. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso b, del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipula tal disposición. Finalmente, en cuanto a las restantes constancias del cuaderno de antecedentes, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual se acusa recibo del oficio 2842, de cinco abril pasado, asimismo, se informa que se admitió a trámite la inconformidad planteada por el quejoso, quedando registrada con el orden 6/2021, de lo que se toma conocimiento. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, firmado electrónicamente por el quejoso, mediante el cual plantea inconformidad contra el proveído que tuvo por cumplida la sentencia protectora, agréguese a los autos copia del mismo. Al respecto, con fundamento en los numerales 202, párrafo primero, y 203, ambos de la Ley de Amparo, así como el punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, remítanse los autos, el escrito de cuenta y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para la sustanciación del medio de impugnación de referencia. Por último, fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia terminada de engrosar el seis de octubre del año pasado, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió al quejoso Ricardo Espejel López el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Cinco Sin Detenido de la Coordinación Territorial CUH-7 de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le otorgara acceso a los registros que integran la carpeta de investigación CI-FCH/CUH7/UI-3 S/D/02812/08/2018, con excepción de aquellos que contengan datos reservados Con la precisión que si la autoridad responsable no llegara a tener físicamente dicha indagatoria para lograr la eficacia de la citada resolución, su concesión se haría extensiva para aquella autoridad que la tenga bajo resguardo, debiendo acreditar el acceso mencionado Sentencia que al no haber sido recurrida por alguna de las partes, se declaró que causó ejecutoria mediante proveído de veintinueve de octubre del año pasado, por lo que se requirió su cumplimiento Al respecto, la autoridad ministerial responsable en cita adjuntó copia de las constancias con que refirió haber cumplido el fallo protector; sin embargo, por auto de dos de diciembre del año anterior se determinó que el mismo no había sido acatado, por lo que se requirió nuevamente su cumplimiento. Derivado de lo anterior, la autoridad responsable remitió copia del registro del "LIBRO DE ACCESO A LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN.", de doce de enero del año en curso, y manifestó que en esa data el quejoso y su asesor jurídico comparecieron, asimismo, señaló que al momento de permitirle el acceso a la carpeta de investigación de que se trata, el peticionario de amparo se negó a consultarla, pues solicitó se recabara su entrevista para poder aportar datos de prueba, a lo que le indicó que su petición no era procedente, ya que la carpeta se encontraba pendiente de aprobación de la propuesta de no ejercicio de la acción penal, sin que consultara los registros correspondientes. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, por lo que el amparista presentó un escrito recibido en este juzgado el veintiséis del mes pasado en que, en esencia, solicitó que no se tuviera por cumplida la ejecutoria protectora, esencialmente porque en la fecha señalada acudió en compañía de su asesor jurídico a la cita que se le formuló, destacando que la autoridad responsable sólo le pondría a la vista la carpeta de investigación multireferida pero que no realizaría alguna entrevista, que no le entregaría alguna constancia, ni realizaría alguna otra actuación, que únicamente haría constar mediante formato, el consentimiento y aceptación del "supuesto" acceso al contenido de los registros de la carpeta, por lo que al no estar conformes se retiraron sin consultar la indagatoria De lo expuesto, se concluye que la sentencia protectora está cumplida Así se considera, pues la autoridad ministerial responsable informó que el doce de enero del presente año permitió al quejoso el acceso a los registros de la carpeta de investigación de origen circunstancia que este último corroboró en su escrito presentado en este juzgado, al señalar que se le permitiría el acceso a la indagatoria, pero que no se realizaría alguna otra actuación, por lo que el amparista decidió retirarse al no haberse aceptado su solicitud de entrevista. En ese sentido, es inconcuso que se realizaron los actos conducentes para restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos en términos 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la autoridad responsable le permitió acceso a los registros de la carpeta de investigación de que se trata. No se soslaya que el quejoso, en el escrito mencionado, refirió que a la víctima debe dársele acceso a los registros de la carpeta de investigación con la presencia, asesoría y representación de su asesor jurídico, para que este último esté en condiciones de orientarlo, asesorarlo e intervenir legalmente en el procedimiento penal, concluyendo que, en el caso, sí era exigible que se recibiera su entrevista con la asistencia de su asesor jurídico. Al respecto, debe tenerse claro que la ejecutoria sólo vinculaba a la autoridad responsable para que permitiera al amparista el acceso a los registros de la investigación, sin que se le condicionara para que recabara dicha entrevista, o bien, realizara alguna otra actuación; por tanto, se insiste, si la autoridad ministerial permitió tal acceso y el amparista no quiso realizar dicha consulta, ello no impide tener por cumplido el fallo protector. Por último, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo Notifíquese; y personalmente al quejoso.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
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