Ricardo Espejél López
Expediente 495/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ricardo Espejél López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA I. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo 495/2016, promovido por Ricardo Espejel López y el veintitrés de junio siguiente causo estado dicho auto. Asimismo, remítanse a la autoridad oficiante las copias certificadas que solicita.
- Principal
MESA I.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio (fojas 82 a 86). En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Se precisa que este controvertido constitucional se tramitó con incidente de suspensión, razón por la cual, se ordena acordar lo pertinente en dicho cuaderno.
- Incidental
MESA I.-Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA I.-SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN O AUTO DE 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Incorpórense para los efectos legales a que haya lugar las comunicaciones de cuenta, mediante las cuales las autoridades oficiantes rinden sus respectivos informes justificados. De conformidad con el normativo 28, fracción I, de la ley invocada, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de las autoridades oficiantes el que precisan, toda vez que es el mismo de su residencia oficial, y acorde a lo preceptuado en el numeral 9, de la ley de la materia, como delegados a la personas que mencionan. En cuanto a la solicitud de la utilización de medios fotográficos y electrónicos en el presente juicio, dado que conforme a la Circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó el uso de medios electrónicos para la consulta y reproducción de los acuerdos que se dicten durante la tramitación de los juicios, se concede lo solicitado; en el entendido que el uso deberá ser con estricto respeto a los lineamientos que rigen en este órgano jurisdiccional y siempre en presencia del actuario judicial de la adscripción que corresponda. En la inteligencia que las constancias que se incorporen con posterioridad, su reproducción estará sujeta a la autorización de este Juzgado Federal. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, así como el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que los actos reclamados por el quejoso Ricardo Espejél López consistentes en: 1. La orden de detención y/o privación de la libertad. 2. La orden de búsqueda, localización y presentación. 3. Su ejecución. Son inexistentes, por tanto, el suscrito estima que procede decretar el SOBRESEIMIENTO del presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. A efecto de corroborar el aserto que precede, cabe precisar que mediante razones actuariales de veintisiete del actual (fojas 56 a 63), la Fedataria adscrita informó a este órgano jurisdiccional que las responsables señaladas por el quejoso como "Titular de la Coordinación Territorial 1 Cuauhtémoc; Titular de la Coordinación Territorial 2 Cuauhtémoc; Titular de la Coordinación Territorial 3 Cuauhtémoc; Titular de la Coordinación Territorial 4 Cuauhtémoc; Titular de la Coordinación Territorial 5 Cuauhtémoc; Titular de la Coordinación Territorial 6 Cuauhtémoc; Titular de la Coordinación Territorial 7 Cuauhtémoc; Titular de la Coordinación Territorial 8 Cuauhtémoc, todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México", no existen, en consecuencia, es dable colegir que los actos atribuidos a dichas potestades tampoco existen. Por otra parte, el Subdirector de Amparos Penales y Civiles en ausencia del Procurador General de Justicia; el Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales, en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación; el Subdirector de Amparos Penales y Civiles, en ausencia del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales y de la Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc; el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Agencias de Atención Especializadas; Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales; el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles; y el Fiscal Central de Investigación, todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En estas condiciones, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa, en términos de lo establecido en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Sexta Época, página 209, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como por identidad jurídica sustancial, la diversa jurisprudencia número 10, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Novena Época, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, de epígrafe y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo para el sentido de la determinación que antecede, la circunstancia que en esta fecha se ponga a la vista de la parte quejosa los informes justificados rendidos por las potestades responsables; habida cuenta que al haber negado los actos imputados, el desahogo de la vista concedida con tales documentales, no cambiaría el sentido de la sentencia, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo en lo conducente, el criterio jurisprudencial ciento cuatro, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, página 622, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES. La circunstancia de que en autos no exista constancia de que se haya dado vista a las partes con el informe justificado, de ninguna manera implica una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, si la autoridad responsable lo rindió antes de la celebración de la audiencia de ley, y si las partes tuvieron oportunidad de solicitar se difiriera o suspendiera dicha audiencia para conocer los términos del informe y en su caso impugnarlo, habida cuenta de que promovieron después de haber sido rendido." Ante tales circunstancias, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder, contravendría el espíritu del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual como ya quedó acreditado, en la especie acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal; por tanto, el sobreseimiento decretado, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17, Constitucional. Además cabe precisar que las órdenes de detención, búsqueda, localización y presentación, son instrumentos públicos que emanan de una averiguación previa, y la prueba idónea de su existencia serían los propios documentos, mismos que no podrían ser aportados por el quejoso, ante la negativa expresa de las autoridades responsables referentes a la existencia de los mandamientos de molestia combatidos, ni siquiera las copias de la averiguación previa serían conducentes para ello. Lo anterior es así, porque la función valorativa de las pruebas que se rindan, va encaminada, en principio, a que el Juez tenga por acreditada la existencia de los actos que se reclaman en el amparo; y si las autoridades responsables niegan haber librado los mandamientos de molestia reclamados, en el supuesto de que existiera una averiguación previa que involucre al quejoso, las mismas, no podrían estimarse conducentes para desvirtuar las negativas, dado que la averiguación previa no constituye el acto reclamado, y al valorarlas el Juzgador no estaría en condiciones de establecer siquiera una presunción de certeza de los actos reclamados, habida cuenta que no necesariamente toda averiguación previa desemboca en el dictado de las órdenes de detención, búsqueda, localización y presentación; de ahí que las copias certificadas de mérito, en su caso, resultarían inconducentes para probar ese extremo. Apoya lo expuesto por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia número 7, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 58, Octava Época, Materia Penal, Octubre de 1992, Octava Época, visible en la página trece, de texto y rubro siguientes: "COPIA DE CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SON INCONDUCENTES PARA LA PRUEBA DE LA ORDEN DE DETENCIÓN, CUANDO LA EXISTENCIA DE ESTA HA SIDO NEGADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando el Agente del Ministerio Público en su función de investigador niega la existencia de la orden de detención que le atribuye el promovente del juicio de amparo, la copia que se le solicite de la averiguación previa resulta inconducente para la prueba de ese acto reclamado en el juicio de amparo, dado que, aun cuando tal averiguación hubiere iniciado, su contenido en todo caso serviría para establecer si a quien es sujeto de la investigación se le hubiere violado alguna garantía constitucional en el desarrollo de la indagatoria, pero no puede considerarse lo mismo respecto de la orden de detención cuya existencia negó la responsable, puesto que al no derivar necesariamente la averiguación previa en el dictado de dicha orden, ni siquiera podría establecerse a través de la documental respectiva una presunción de certeza del acto reclamado." En el entendido que la negativa de la existencia de los actos reclamados queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a quienes se les imputa la violación constitucional.En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar..."
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