Ricardo Enrique Guajardo Candia
Expediente 1369/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1369/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 18/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Enrique Guajardo Candia
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Director General del CE.FE.RE.SO No. 12 CPS Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio enviado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo león, con sede en Monterrey, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 544/2018-I orden 549/2018, derivado del nuestro 420/2018-II-(511). Por otro lado, vista la constancia de notificación practicada al quejoso en fecha quince de octubre pasado, téngasele por hechas las manifestaciones que contiene, sin que lo anterior implique que no pueda hacer valer el recurso o medio de defensa establecido en la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que no hay diligencia pendiente por desahogar, envíese el presente expediente al archivo
- Principal
Visto el estado de autos, específicamente la constancia de notificación de data veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la cual y en contestación a la vista formulada el veinticinco de septiembre pasado, el quejoso manifiesta que no está de acuerdo con el cumplimiento a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, en virtud de que no se le ha otorgado el medicamento correspondiente, se acuerda: se procede a verificar si la ejecutoria de amparo está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Mediante sentencia pronunciada el cinco de enero de dos mil dieciocho, este tribunal concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, para los siguientes efectos: Sea valorado por un especialista en psiquiatría; y, Que se le suministre el medicamento controlado que se le recetó en la nota médica de uno de noviembre de dos mil diecisiete (lorazepam), en tanto tiene lugar la valoración antes referida. Dicha resolución causó ejecutoria el trece de febrero de dos mil dieciocho, al no haber sido recurrida por las partes y, a fin de que fuera observada en sus términos, este tribunal requirió su cumplimiento a las responsables. Sin embargo, mediante oficio recibido el once de enero del año que transcurre, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", residente en Ocampo, Guanajuato, informó que el demandante de la tutela constitucional había sido trasladado al Centro Preventivo de Readaptación Social "Topo Chico", en Monterrey, Nuevo León, en observación de una resolución amparadora emitida por este tribunal, dentro del juicio de amparo 1628/2016-III, y envió copia certificada del oficio de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se ordenó el traslado, así como del acta número 573/2017, levantada con motivo de la materialización de dicha orden. Con motivo de lo anterior, en auto de trece de febrero de dos mil dieciocho, este juzgado declaró la imposibilidad material para cumplir con la sentencia concesoria del amparo, por lo qué, remitió los autos originales del presente expediente al Tribunal Colegido en Materia Penal en turno, con sede en Guanajuato, Capital. Así, por razón de turno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, conoció del incidente de inejecución de sentencia, lo admitió a trámite y lo registro bajo el número 8/2018; por lo que, mediante resolución de once de abril de dos mil dieciocho, determinó que para cumplir con el falló protector se debía requerir al Director del Centro Preventivo de Reinserción Social de "Topo Chico", en Monterrey, Nuevo León, como autoridad sustituta. En cumplimiento a la resolución de mérito, este tribunal requirió a la autoridad sustituta para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo que, al oficio recibido el nueve de julio del presente año, la autoridad responsable sustituta informó que el quejoso en fecha diez de abril de la presente anualidad, había sido valorado por el especialista en psiquiatría y que se le había prescrito el medicamento Valium, pero no remitió las constancias necesarias para demostrarlo, en virtud de lo anterior, se requirió a la responsable para que diera cumplimiento a la sentencia concesoria. Así, al escrito recibido el veinticuatro de septiembre pasado, el Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", residente en Monterrey, Nuevo León, autoridad responsable sustituta, anexó copia certificada de la nota médica evolutiva de diez de abril de dos mil dieciocho, así como, de la constancia emitida por el área médica de dicho centro penitenciario, en la que se especifica que el quejoso pese a que ha sido citado en dos ocasiones, no ha acudido a ese departamento para la entrega de la dosis del medicamento controlado prescrito por el psiquíatra, a pesar de tener su tratamiento disponible. Atento a lo anterior y, toda vez que la autoridad responsable sustituta brindó al quejoso la atención médica necesaria y determinó el tratamiento adecuado para tratar sus padecimientos; se concluye que la sentencia pronunciada en este juicio fue observada y, en consecuencia, se declara totalmente cumplida. No es óbice a lo anterior, lo manifestado por el quejoso en la constancia de notificación de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, en el sentido de que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, ya que no le ha entregado el medicamento correspondiente; pues, como se precisó en la sentencia protectora, la responsable sustituta se encontraba vinculada a brindarle la atención medica por un especialista en psiquiatría y a suministrarle el medicamento que le fuera recetado en la nota médica de primero de noviembre de dos mil diecisiete (lorazepam), ello hasta en tanto tuviera lugar la nueva valoración, lo que así sucedió en la especie, con independencia de que la responsable refiera que materialmente no ha podido entregar al accionante los medicamentos prescritos, esto es, el "lorazepam" que fue recetado en un inicio y, posteriormente los denominados "valium" y "pregabalina", como se prescribió en la nueva valoración médica, ya que ello no depende de su omisión, sino de la falta de interés del solicitante del amparo, ya que no ha asistido a recibir dichos medicamentos, pese a que se le ha citado para ese efecto, de ahí que lo anterior no sea imputable a la responsable, pues el quejoso tiene la posibilididad de acudir en cualquier momento al área respectiva a fin de que se le proporcione la dosis correspondiente. Por ello, si al quejoso ya se le brindó atención médica y, además, el medicamente que le fue recetado se encuentra a su disposición, es evidente que no puede analizarse la conducta reclamada, debido a que la responsable si restableció al impetrante en el goce del derecho fundamental violado; sin que al efecto exista prueba que demuestre lo contrario. Además, es preciso destacar que si el recurrente considera que la atención médica que se le brinda en el lugar en el que se encuentra recluido no es la idónea, en todo caso, está en aptitud de plantear la solicitud correspondiente a fin de que sea atendido a su costa por un médico particular de su elección, previa satisfacción de las formalidades establecidas por los dispositivos 47 y 48 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que corresponda y, en su momento, archívese el expediente como asunto concluido, este expediente es depurable. Toda vez que el quejoso Ricardo Enrique Guajardo Candia está recluido en el Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", ubicado en Monterrey, Nuevo León, se ordena girar exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en turno en Monterrey, Nuevo León, para que en auxilio de las labores de este tribunal, le notifique de forma personal el presente proveído en su lugar de reclusión. Se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 509/2018 (513/2018), derivado del nuestro 387/2018-II-(474). Por otro lado, vista la constancia de notificación practicada al quejoso en fecha veintisiete de septiembre pasado, téngasele respondiendo la vista ordenada en el proveído que antecede, toda vez que lo conducente, se acordará una vez que concluya el plazo otorgado.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable sustituta Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", residente en Monterrey, Nuevo León, mediante el cual informa que cumplió con la ejecutoria de amparo y remite las constancias necesarias para demostrarlo. En consecuencia, se ordena dar vista a la parte quejosa con las documentales de cuenta, para que dentro de un plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Toda vez que el quejoso Ricardo Enrique Guajardo Candia está recluido en el Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", ubicado en Monterrey, Nuevo León, se ordena girar exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en turno en Monterrey, Nuevo León, para que en auxilio de las labores de este tribunal, le notifique de forma personal el presente proveído en su lugar de reclusión, haciéndole entrega además de los documentos que en copia simple se acompañan. Se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia.
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