Ricardo Enrique Garza Rodríguez

Expediente 570/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
570/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Enrique Garza Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este expediente se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las once horas con veinticinco minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha en el presente juicio de amparo 570/2021-1, promovido por Ricardo Enrique Garza Rodríguez.El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar la Secretaria que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 3 y 4), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con la documental pública de la autoridad responsable (fojas 16 a 18). A lo que se acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. Finalmente, en la etapa de alegatos, se da cuenta con el pedimento 430/2021 emitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que se acuerda: téngase por reproducidas las manifestaciones vertidas en el mismo, que serán tomadas en consideración oportunamente. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 570/2021-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Ricardo Enrique Garza Rodríguez, promovió juicio de amparo contra acto del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número 570/2021-1, se ordenó dar los trámites administrativos comunes, pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de girar exhorto a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 1453/M/2016. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Es cierto el acto reclamado por así reconocerlo al rendir informe justificado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad (fojas 14 y 15). En consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado. No obstante la certeza del acto reclamado, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." En efecto, el impetrante Ricardo Enrique Garza Rodríguez acudió en demanda de protección constitucional el diez de mayo de dos mil veintiuno, reclamando la omisión de girar exhorto a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 1453/M/2016. Por otra parte, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, agregando que el once de junio de dos mil veintiuno, despachó el oficio número 7540/2021 dirigido al titular de la Junta Especial antes mencionada en el juicio de origen, remitiendo copia certificada de dicha determinación (foja 16). Dicha circunstancia, como ya se adelantó, actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de la omisión reclamada en esta vía, en razón de que al despacharse el oficio correspondiente, se dejó de afectar la esfera jurídica del agraviado, y con ello no deja huella que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal, para que sea restituido en el goce del derecho fundamental violado. Dadas las razones anotadas, al actualizarse en autos de manera plena el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CL/97, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyos rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 570/2021-1, promovido por Ricardo Enrique Garza Rodríguez, respecto del acto reclamado, autoridad responsable y por los motivos anotados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria que autoriza y da fe. L'LIBQ/npm.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ricardo Enrique Garza Rodríguez regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 570/2021-1, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Ricardo Enrique Garza Rodríguez, contra acto de Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Cd. Victoria, Tamaulipas. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Para la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir el informe de ley vía fax al número telefónico (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que se tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en los términos anotados, a los citados en la demanda de amparo, además del correo electrónico. Por lo que hace a la petición del promovente para visualizar el expediente electrónico, así como presentar promociones por el mismo medio, se giran instrucciones a la Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que la parte quejosa tenga acceso total al expediente electrónico derivado de este asunto. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez PérezFaustino Gutierrez Perez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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