Ricardo Emilio Álvarez Carmona

Expediente 519/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
519/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Emilio Álvarez Carmona

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el impetrante Ricardo Emilio Álvarez Carmona, no interpuso recurso de queja, contra el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, de la normativa de la materia, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el ordinal 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los prceptos 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el dispositivo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el numeral 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado arábigo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el ordinal 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintidós. DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ************** ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 519/2022-VI-A. DESECHAMIENTO Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del numeral 113 de la normativa de la materia, del tenor siguiente: ********* En el caso, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, refiere que el dieciséis de mayo del año en curso, fue sujeto a un proceso de investigación administrativa laboral dentro de la empresa Pemex Logística en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, de la que surgieron supuestos argumentos para aquélla y para quien estaba contratado de manera definitiva bajo el régimen de planta confianza en la categoría de Superintendente General "B", por lo que se determinó su rescisión laboral. Que por motivo de ello, acudió ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la que el veinte de julio del año en curso, se llevó a cabo la última audiencia, sin que las partes involucradas conciliaran acuerdo alguno, dejando a salvo los derechos del aquí impetrante para ejercer las acciones respectivas ante el Tribunal Laboral Federal competente, demanda que interpondrá dentro del plazo respectivo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los arábigos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la legislación aplicable, porque lo reprochado deriva de una relación eminentemente laboral (patrón-trabajador). Los preceptos legales citados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Acorde con lo anterior, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, respecto a particulares con la calidad de autoridad responsable cuando el acto equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (sin que en el caso se esté en presencia de actos de particular). Cierto, sólo los actos aludidos dan lugar a la procedencia del juicio de amparo, sin embargo, el legislador no informó en la ley, quienes son autoridad para los efectos del amparo, únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad, pueden llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, ni abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de dicho juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado.******** Otro elemento a considerar, según lo estableció el Más Alto Tribunal del País, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, y contra de particulares en los casos especificados, por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, que se refirió en párrafos precedentes. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundaméntales de los gobernados y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, como se mencionó en párrafos anteriores el solicitante de amparo señala como acto de autoridad la prórroga de la prestación del servicio de tener el derecho a una vivienda (dado el requerimiento de entrega de la casa habitación número ciento dieciocho, ubicada en el interior de la colonia Refinería en esta Ciudad, por la terminación laboral entre el impetrante y la empresa Petróleos Mexicanos), hasta en tanto el Tribunal Laboral Federal emita el laudo correspondiente, cuestión que como se analizará constituye una determinación con origen en lo dispuesto en una prestación de trabajo, que tienen los entes señalados como responsables y el ahora quejoso. En efecto, dicho acto no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se advierte deriva de una relación de coordinación, entre particulares (obrero-patrón) y no de supra a subordinación (gobierno-gobernado). Esto es así, debido a que si bien la autoridad señalada como responsable, pertenece a la administración pública federal, al ser una empresa productiva subsidiaria de Petróleos Mexicanos, en términos de los artículos 2, 6 y 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos, no sólo puede realizar actos como ente administrativo con facultad de imperio frente a los gobernados, sino también puede situarse en un plano de igualdad como se daría frente a una relación laboral. Preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 2.- Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. Petróleos Mexicanos tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero." "Artículo 6.- Petróleos Mexicanos podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables." "Artículo 59.- Petróleos Mexicanos podrá contar con empresas productivas subsidiarias y empresas filiales en términos de la presente Ley. Petróleos Mexicanos actuará a través de empresas productivas subsidiarias para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley. Las demás actividades de Petróleos Mexicanos podrá realizarlas directamente, a través de empresas filiales, empresas en las que participe de manera minoritaria, directa o indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o alianza que no sea contraria a la ley." Así es, para determinar si el requerimiento de entrega de la casa habitación número ciento dieciocho, ubicada en el interior de la colonia Refinería en esta Ciudad, puede ser tutelado por la Carta Magna como acto reclamado, no basta que la autoridad señalada como responsable, pertenezca a la administración pública federal, para que se considere que los actos derivados de una relación laboral, pueda ser reclamada vía amparo, sino que debe atenderse a las relaciones de supra a subordinación entre las partes, puesto que como organismo público en términos del artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos desarrolla una doble función, la de realizar en representación de la Nación, las actividades de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y venta de primera mano del petróleo, el gas y los productos que se obtengan de la refinación de éstos, entre otras, así como la de patrón frente a las relaciones laborales que entabla con el personal a través del cual brinda sus servicios. Dispositivo legal que dispone: "Artículo 5.- Petróleos Mexicanos tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización..." Bajo esos parámetros, se sostiene que como organismo público en sus relaciones de supra a subordinación, los actos que emita son unilaterales y están investidos de imperio, por lo que en ese supuesto, adquiere el carácter de autoridad para los efectos del amparo. De ahí que, se insiste, es indiscutible que el acto reclamado no puede ser considerado como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que no puede ser tutelado por la Carta Magna a través del juicio biinstancial, debido a que ese organismo público no actúa en el plano de imperio frente al peticionario, sino en uno de igualdad dado el vínculo patrón-trabajador, por lo que las controversias que se susciten entre los integrantes de una relación laboral deben regirse y dirimirse por los tribunales ordinarios y no por el órgano constitucional. Relación obrero-patronal que se corrobora con las copias del oficio 658, relativo a la solicitud de entrega de casa habitación número ciento dieciocho, así como la constancia relativa de no conciliación que adjuntó el promovente del amparo, que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, el sólo hecho de que el acto que se impugna derive de una relación laboral, enfrenta a las partes en un mismo plano de igualdad, correspondiendo a un Tribunal Laboral Federal resolver esa controversia. Por otra parte, tampoco en el caso puede considerarse que el ente administrativo referido puedan equipararse a actos de particulares equivalentes a los de autoridad, ya que se insiste, tal organismo, dada la naturaleza del acto reclamado, hay un vínculo laboral del solicitante de amparo con dicho organismo. ******* Lo anterior, ya que dicha jurisprudencia deriva de un caso específico consistente en la modificación y restructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, en las que no se está en posibilidad de determinar en el auto de inicio si tal acto deriva o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo; supuesto que no acontece en la especie, en la que de forma fehaciente se aprecia que el acto reclamado no deriva de un acto de autoridad; máxime que existen criterios aplicables al caso concreto, con datos de identificación antes señalados. Así también, se precisa que el criterio sostenido por este órgano de control constitucional fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo de este circuito, al resolver el recurso de queja 66/2020. NOTIFICACIONES Y CONSULTA ELECTRÓNICA. Como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su numeral 55, para que en términos del 26, fracción IV de la legislación de la materia al usuario "9711191614", vinculado con la dirección del correo electrónico buhog77@hotmail.com, se realicen las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento.************ AUTORIZADO Por otra parte, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a Flavio Gijón Villalobos, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del ordinal 12 del ordenamiento invocado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la normativa de la materia, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los arábigos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese..

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