Ricardo Domínguez Aragón

Expediente 857/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
857/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Domínguez Aragón

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de junio de dos mil dieciocho.********************Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la razón actuarial respecto de la testigo ********************.****************************************En atención a lo anterior y considerando que en el sistema jurídico mexicano la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público e interés social, se requiere a ********************, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que remita:****************************************Copia certificada del acuerdo que haya recaído a la razón actuarial respecto de la imposibilidad para notificar a la testigo ********************,****************************************Informe lo relativo a la notificación respecto de la diversa testigo ********************; y, ****************************************Copia certificada del desahogo de los informes de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y Servicio de Administración Tributaria, Administración Local de Servicios al Contribuyente.****************************************Se hace del conocimiento de la autoridad requerida, que para dar cumplimiento a lo anteriormente ordenado, se le concede el plazo de tres días, al término del cual -en caso de omisión sin causa justificada o de realizar actuaciones intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo- con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se aplicará a ********************, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. ****************************************Notifíquese.****************************************Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.********************

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos; mediante el cual acusa de recibo el expediente ******************** relativo al juicio ejecutivo mercantil, el que se ordena agregar para que obre como corresponda, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio enviado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito y anexo que acompaña, mediante el cual trascribe el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, del que se advierte que se declaró legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ricardo Domínguez Aragón, dentro del juicio de amparo directo 396/2018 y remite las constancias relativas, así como el original del expediente civil 1914/2017-2. Acúsese el recibo de estilo. En mérito de lo anterior, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto de que se trata. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número progresivo que le corresponda. Sin embargo, debe desecharse de plano la demanda de amparo en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, puesto que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable, esto es, dicha causa se advierte clara y patentemente así como existe certeza de que se actualiza y ello no variaría con la substanciación del juicio de amparo. Dicha causa es la prevista en los artículos 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado no es de imposible reparación porque no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso, sino sólo procesales. En efecto, el acto reclamado es la sentencia interlocutoria de seis de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación en el Estado de Morelos, en el expediente ejecutivo mercantil número 1914/2017, en el cual se declara infundado el incidente de falta de personalidad promovido por el aquí quejoso. Y sólo afecta derechos procesales o adjetivos, pues implica el reconocimiento de la legitimidad procesal de una de las partes, lo que no impide el ejercicio de derecho sustantivo alguno. Argumentos que se encuentran en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.) , emitida por el Pleno del Alto Tribunal con número de registro 2006589, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Acorde a lo anterior, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107 fracción V, de la Ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Domínguez Aragón. Autorización de domicilio. Como lo solicita se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia a Jessica Arlette Martínez Vázquez, no así por lo que hace a Ana Gabriela Domínguez Aguilar, pues no acredita que se encuentre legalmente facultada para ejercer la profesión de abogada ya que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por tanto, se le tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, así como a las diversas personas que propone. Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, el expediente original del juicio ejecutivo mercantil 1914/2017-2. Se solicita el acuse recibo de estilo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.

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