Ricardo Diaz Valladarez
Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Diaz Valladarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio con anexo remitido por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 136/2021, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese a la parte quejosa que la Superioridad resolvió declarar infundado el proveído recurrido, al tenor del siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el recurso de queja". Archivo de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda de amparo; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta- Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda de amparo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido por el Actuario Judicial al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, residente en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la autorizada de la parte quejosa contra el acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado con el número de toca 136/2021; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; once de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito y anexo con evidencia criptográfica que autentifica la firma electrónica de la signante *******, autorizada con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa Ricardo Díaz Valladarez, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el auto de treinta de abril del año en curso, dictado en este juicio constitucional, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, así como de las demás constancias relativas. Ríndase informe justificado ante la citada Superioridad, en el sentido de que sí es cierto el acto recurrido, toda vez que en auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; como se advierte de las constancias que se remitirán a ese órgano colegiado para la calificación y consecuente substanciación del recurso de cuenta. Se instruye a la Secretaria, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, dé cuenta a la titular, con la finalidad de que sea remitida copia certificada de las constancias correspondientes a la Superioridad, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar a la oficial administrativo encargada de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso *****, por el que desahoga la prevención formulada en proveído de doce de abril del año en curso. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión, o en su caso incompetencia, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado. En esencia la parte quejosa reclama el acta de sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada el diecisiete de marzo del año en curso, en el periódico oficial "Tierra y Libertad", mediante el cual se revoca y/o abroga el acuerdo de pensión **********, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual se concedió a la quejosa y a otros más su pensión por jubilación. Causal de improcedencia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Del contenido de los artículos trascritos, se advierte que dentro de los principios esenciales que rigen la procedencia del juicio se encuentra el llamado "principio de agravio personal y directo", el cual debe entenderse como la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona. De lo que se deduce, que debe existir un agravio personal y directo en la esfera jurídica del gobernado, ya que sólo así será procedente el amparo indirecto y, como éste tiene por objeto restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en una circunstancia real y efectiva que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. Luego, es evidente que cuando la parte quejosa se duele de una afectación a su esfera jurídica, que realmente no existe, el juicio de amparo resulta improcedente para combatir sus efectos, toda vez que sería desacertado el pretender nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del gobernado, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión del acto reclamado. Ahora bien, por "agravio" debe entenderse todo menoscabo u ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. El agravio en cuestión, debe recaer en una persona determinada y debe estar efectuándose en el momento de la promoción del juicio de amparo, es decir, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, pues sólo de esta manera se puede acreditar el elemento fundamental y estructural del principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo tanto para ejercer la acción constitucional como para continuar esta última hasta su decisión definitiva. Dicho principio, también se encuentra consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional, pues fue incorporado al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarse, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para el juicio de amparo. En ese sentido, respecto al concepto de dicho principio "agravio personal y directo" para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. Así se desprende de la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, página 224, registro digital 207491, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUE LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclama el acta de sesión de cabildo de fecha once de diciembre de dos mil veinte¸ sin embargo, no se advierte que el aquí impetrante este en la situación respecto de "LOS PROYECTOS DE REVOCACIÓN DE LOS ACUERDOS PENSIONATORIOS" contenidos en el acta de sesión de cabildo de ese ayuntamiento de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, misma que se advierte fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, con número de registro 5633, perteneciente a la 6ª época. Lo cual por sí mismo, no le produce una afectación actual, real y directa; ello en razón de que dicho proyecto que fue emitido dentro de los expedientes siguientes y únicamente por cuanto a las personas que se refieren a continuación: ******* Esto es, del citado acuerdo se advierte que la emisión por parte de ese Ayuntamiento del "Acuerdo de Revocación de los "Acuerdos Pensionatorios" únicamente está dirigido a las personas antes precisadas que se aprobaron en la sesión de cabildo de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, sin que se advierta de modo alguno que dichas consecuencias fueran emitidas en contra de Ricardo Diaz Valladarez, aquí quejosa, por lo que dicha circunstancia no causa un perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no se está emitiendo acuerdo que revoque la pensión que ya le ha sido concedida. De ahí que se considere la improcedencia del juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado no causa perjuicio real alguno, pues no establece en definitiva alguna situación jurídica en contra de la parte quejosa, como sería la revocación del acuerdo de pensión -*******, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual se concedió a la impetrante la pensión por jubilación. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la ocursante en el sentido de que: "(:..) las autoridades que señalo como responsables instalaron una comisión permanente dictaminadora de pensiones del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a quien le ordenó indagar, revisar y actuar, en contra de acuerdos de pensión previamente concedidas, valiéndose de proyectos de revocación (.) y como bien es cierto, no se encuentra el nombre de la parte quejosa entre esas 18 personas, pero podemos considerar que puede existir dicho proyecto, ya que el Ayuntamiento responsable le otorgó facultades legales para revisar todos los acuerdos de pensión, incluyendo el de la suscrita, y lo hace mediante la formación de acuerdos de revocación, como se muestra acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 11 de diciembre del año 2020, publicado el 17 de marzo del 2021 en el periódico oficial tierra y libertad (.)"; pues no se ha emitido acuerdo alguno por el que se le revoque la pensión que ya le ha sido concedida, y si se diera el caso de que la responsable hiciera efectivo la revocación del acuerdo de pensión ***********, es entonces cuando se puede afectar la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, pero por lo que de momento, no afecta de inmediato su esfera jurídica, de ahí que deviene improcedente el presente juicio. En tales condiciones, resulta evidente que del acta de sesión de cabildo de fecha once de diciembre de dos mil veinte¸ no se advierte que el aquí impetrante este en la situación respecto de "LOS PROYECTOS DE REVOCACIÓN DE LOS ACUERDOS PENSIONATORIOS" contenidos en el acta de sesión de cabildo de ese ayuntamiento de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, misma que se advierte fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, con número de registro 5633, perteneciente a la 6ª época, no producen una afectación actual, real y directa a la parte peticionaria de amparo. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso 5, fracción I de la citada ley, este último interpretado en sentido contrario; por lo que atendiendo a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, resultaría innecesaria la tramitación de un juicio de amparo que resulta notoriamente improcedente, pues el acto reclamado fue exhibido por la quejosa, del que se advierte que de momento, no afecta su esfera jurídica, de modo que no variaría su situación, aun desahogándose todo el juicio de amparo. En mérito de lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, al no existir algún derecho subjetivo protegido por la norma que sea afectado de forma real, esto es, por no haberse acreditado el agravio personal y directo que ocasiona la emisión de acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente vía electrónica.
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