Ricardo Díaz Trujillo
Expediente 753/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Díaz Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Córdoba, Veracruz, ocho de octubre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y, si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos, se tiene que en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por ., quejoso en el presente juicio de amparo número, en los términos siguientes: "(.) En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso . para el efecto de que la autoridad responsable, José Clemente Zorrilla Rostro, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz: 1. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado contra de . en el proceso penal . de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. 2. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, deberá: a) Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. b) Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. c) Precisar cuál es el grado de intervención que atribuye al quejoso, ., pues no especificó si es autor o coautor, intelectual o material, cuál fue la acción desplegada que le atribuye y que hubiere resultado adecuada y esencial para la realización del hecho ilícito, o si sólo tiene la calidad de partícipe por prestar ayuda en la ejecución del hecho que la ley señala como delito. (.)" De lo que se infiere que el referido Licenciado José Clemente Zorrilla Rostro, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: 1. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado contra de . en el proceso penal . de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. 2. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, deberá: - Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. - Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. - Precisar cuál es el grado de intervención que atribuye al quejoso, ., pues no especificó si es autor o coautor, intelectual o material, cuál fue la acción desplegada que le atribuye y que hubiere resultado adecuada y esencial para la realización del hecho ilícito, o si sólo tiene la calidad de partícipe por prestar ayuda en la ejecución del hecho que la ley señala como delito. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, razón por la cual se requirió su cumplimiento al licenciado José Clemente Zorrilla Rostro, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. En acato a lo anterior, la autoridad responsable ordenadora, mediante oficio, remitió dos discos versátiles digitales, de cuya revisión se advierte que por resolución de seis de mayo del año en curso, ordenó dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho y quince de agosto de dos mil diecinueve, dictadas dentro de los autos del proceso penal . de su índice administrativo. En consecuencia, mediante auto de once de mayo del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del informe de cumplimiento a la sentencia amparadora. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de once de mayo del año en curso, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la observación del disco versátil digital remitido por el Licenciado José Clemente Zorrilla Rostro, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que el seis de mayo de dos mil veintiuno, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, que contiene el auto de vinculación a proceso dictado en el proceso penal . dictado en contra del aquí quejoso . Seguidamente, con libertad de jurisdicción, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso decretando en su contra auto de vinculación a proceso, al haberse demostrado su probable intervención en el hecho previsto por la ley como el delito de desaparición forzada de persona, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de . Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable, al determinó lo siguiente: (.) Datos valorados en términos de lo establecido por el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, justifican la materialidad del hecho delictivo, ocurrido el veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las cinco horas con treinta y cinco minutos, donde la persona que en vida respondió al nombre de ., fue detenida por elementos de la Policía, en la Avenida 21, calle 32 y 40 Privada de la Colonia Nuevo Córdoba, de Córdoba, Veracruz, lo que trajo como consecuencia su desaparición y privación de la vida, en consecuencia se acredita el ilícito de DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, previsto en los artículos 27, 28, 30 y 32 fracción I de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en las circunstancias específicas ya precisadas(.) (.) Después de analizar y valorar los datos de prueba al tenor de lo que establece el numeral 265 del Código Nacional Procesal Penal, a juicio del suscrito, existe la probabilidad de que el quejoso . intervino en la comisión del (sic) delito de DESAPARICION FORZADA DE PERSONA, previsto en los artículos 27, 28, 30 y 32 fracción I de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esto en razón, de que existe el señalamiento realizado por el testigo de identidad reservada. (.) (.) En esas condiciones, del estudio de los datos de convicción, así como de los argumentos y contra argumentos de las partes, se pone de manifiesto que el activo actuó con dolo, de acuerdo a lo que establece el Artículo 21 Párrafo Segundo del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, ya que en el caso que nos ocupa y como se ha citado el imputado actuó con plena conciencia obrando y actualizándose la figura del dolo en su proceder, tal y como ya ha quedado debidamente explicado en líneas anteriores; aunado a que el resultado material le resulta atribuible a ., en términos del artículo 38 Fracción III del Código Penal vigente en nuestra entidad, siendo su participación de coautor material, lo anterior, porque el imputado tuvo el dominio de la realización del hecho, conjuntamente con otros agentes activos con los cuales, en el resultado de la suma de sus conductas se concluye el resultado del hecho delictivo, pues la realización de la acción desplegada por él, en forma conjunta con los demás activos, resulta adecuada y esencial para el resultado producido, toda vez que fue precisamente él, quien en su carácter de elemento de Policía Estatal, al mando del Subdelegado de la Delegación Región 21, Patricio Lagunés Monge, y el Coordinador de la misma, el día veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, acudió a un inmueble ubicado en Rancho Trejo, escoltando al Subdelegado, y que llegando al lugar, se introdujeron al inmueble abandonado y custodiado por elementos de Seguridad Pública, que ya estando dentro privaron de la vida a la víctima (.) (.) Toda vez que sólo se requieren datos de prueba para poder vincular a proceso a una persona, y al no existir ausencia de conducta, de justificación, de inculpabilidad, de no exigibilidad de otra conducta, ni mucho menos de alguna circunstancia que pudiera excluir la antijuridicidad que se le reprocha a los imputados como lo pretende hacer valer la defensa, es por lo que se reitera la determinación de VINCULACION A PROCESO a que se refieren las disposiciones 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del contenido del Artículo 19 de la Constitución General de la República, en contra de . (.) Por tanto, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que por una parte se SOBRESEYÓ y por otra SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de videograbación, relativos al proceso penal . que remitió el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral (Licenciado Oscar Luis Lozada Hernández), con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, ocho de octubre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y, si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos, se tiene que en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por ., quejoso en el presente juicio de amparo número, en los términos siguientes: "(.) En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso . para el efecto de que la autoridad responsable, José Clemente Zorrilla Rostro, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz: 1. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado contra de . en el proceso penal . de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. 2. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, deberá: a) Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. b) Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. c) Precisar cuál es el grado de intervención que atribuye al quejoso, ., pues no especificó si es autor o coautor, intelectual o material, cuál fue la acción desplegada que le atribuye y que hubiere resultado adecuada y esencial para la realización del hecho ilícito, o si sólo tiene la calidad de partícipe por prestar ayuda en la ejecución del hecho que la ley señala como delito. (.)" De lo que se infiere que el referido Licenciado José Clemente Zorrilla Rostro, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: 1. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado contra de . en el proceso penal . de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. 2. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, deberá: - Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. - Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. - Precisar cuál es el grado de intervención que atribuye al quejoso, ., pues no especificó si es autor o coautor, intelectual o material, cuál fue la acción desplegada que le atribuye y que hubiere resultado adecuada y esencial para la realización del hecho ilícito, o si sólo tiene la calidad de partícipe por prestar ayuda en la ejecución del hecho que la ley señala como delito. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, razón por la cual se requirió su cumplimiento al licenciado José Clemente Zorrilla Rostro, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. En acato a lo anterior, la autoridad responsable ordenadora, mediante oficio, remitió dos discos versátiles digitales, de cuya revisión se advierte que por resolución de seis de mayo del año en curso, ordenó dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho y quince de agosto de dos mil diecinueve, dictadas dentro de los autos del proceso penal . de su índice administrativo. En consecuencia, mediante auto de once de mayo del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del informe de cumplimiento a la sentencia amparadora. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de once de mayo del año en curso, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la observación del disco versátil digital remitido por el Licenciado José Clemente Zorrilla Rostro, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que el seis de mayo de dos mil veintiuno, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, que contiene el auto de vinculación a proceso dictado en el proceso penal . dictado en contra del aquí quejoso . Seguidamente, con libertad de jurisdicción, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso decretando en su contra auto de vinculación a proceso, al haberse demostrado su probable intervención en el hecho previsto por la ley como el delito de desaparición forzada de persona, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de . Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable, al determinó lo siguiente: (.) Datos valorados en términos de lo establecido por el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, justifican la materialidad del hecho delictivo, ocurrido el veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las cinco horas con treinta y cinco minutos, donde la persona que en vida respondió al nombre de ., fue detenida por elementos de la Policía, en la Avenida 21, calle 32 y 40 Privada de la Colonia Nuevo Córdoba, de Córdoba, Veracruz, lo que trajo como consecuencia su desaparición y privación de la vida, en consecuencia se acredita el ilícito de DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, previsto en los artículos 27, 28, 30 y 32 fracción I de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en las circunstancias específicas ya precisadas(.) (.) Después de analizar y valorar los datos de prueba al tenor de lo que establece el numeral 265 del Código Nacional Procesal Penal, a juicio del suscrito, existe la probabilidad de que el quejoso . intervino en la comisión del (sic) delito de DESAPARICION FORZADA DE PERSONA, previsto en los artículos 27, 28, 30 y 32 fracción I de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esto en razón, de que existe el señalamiento realizado por el testigo de identidad reservada. (.) (.) En esas condiciones, del estudio de los datos de convicción, así como de los argumentos y contra argumentos de las partes, se pone de manifiesto que el activo actuó con dolo, de acuerdo a lo que establece el Artículo 21 Párrafo Segundo del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, ya que en el caso que nos ocupa y como se ha citado el imputado actuó con plena conciencia obrando y actualizándose la figura del dolo en su proceder, tal y como ya ha quedado debidamente explicado en líneas anteriores; aunado a que el resultado material le resulta atribuible a ., en términos del artículo 38 Fracción III del Código Penal vigente en nuestra entidad, siendo su participación de coautor material, lo anterior, porque el imputado tuvo el dominio de la realización del hecho, conjuntamente con otros agentes activos con los cuales, en el resultado de la suma de sus conductas se concluye el resultado del hecho delictivo, pues la realización de la acción desplegada por él, en forma conjunta con los demás activos, resulta adecuada y esencial para el resultado producido, toda vez que fue precisamente él, quien en su carácter de elemento de Policía Estatal, al mando del Subdelegado de la Delegación Región 21, Patricio Lagunés Monge, y el Coordinador de la misma, el día veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, acudió a un inmueble ubicado en Rancho Trejo, escoltando al Subdelegado, y que llegando al lugar, se introdujeron al inmueble abandonado y custodiado por elementos de Seguridad Pública, que ya estando dentro privaron de la vida a la víctima (.) (.) Toda vez que sólo se requieren datos de prueba para poder vincular a proceso a una persona, y al no existir ausencia de conducta, de justificación, de inculpabilidad, de no exigibilidad de otra conducta, ni mucho menos de alguna circunstancia que pudiera excluir la antijuridicidad que se le reprocha a los imputados como lo pretende hacer valer la defensa, es por lo que se reitera la determinación de VINCULACION A PROCESO a que se refieren las disposiciones 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del contenido del Artículo 19 de la Constitución General de la República, en contra de . (.) Por tanto, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que por una parte se SOBRESEYÓ y por otra SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de videograbación, relativos al proceso penal . que remitió el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral (Licenciado Oscar Luis Lozada Hernández), con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los telegramas remitidos por la Fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Zona Centro, en Xalapa, Veracruz, a través de los cuales da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de once de junio de dos mil veintiuno, y acusa recibo del oficio por el que se le notificó el auto de once de mayo del año en curso. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Administración Postal de Correos de México, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, respecto del oficio 13254/2021 de once de mayo de dos mil veintiuno, dirigido a la tercera interesada licenciada Claudia de Fátima Barrales Rodríguez, Fiscal Especializada para la atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Xalapa, Veracruz; en consecuencia, se tiene por cumplido dicho requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento contenido en dicho auto. Cúmplase.
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