Ricardo de la Rosa Trejo
Expediente 1529/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1529/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ricardo de la Rosa Trejo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de agosto de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2 de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 12009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. No obstante que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por el quejoso, con el escrito de demanda se acompañó un dispositivo de almacenamiento externo USB; por tanto, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger dicho dispositivo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, podrá ser destruido junto con el presente expediente.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL QUEJOSO: Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de agosto de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2 de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 12009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. No obstante que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por el quejoso, con el escrito de demanda se acompañó un dispositivo de almacenamiento externo USB; por tanto, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger dicho dispositivo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, podrá ser destruido junto con el presente expediente.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Ricardo de la Rosa Trejo, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 20, inciso A), fracciones I, V y X e inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda. Fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 1529/2018-III, que por su orden le corresponde, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano (.)" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de los anexos allegados, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, la audiencia de dos de agosto de dos mil dieciocho, que se llevó a cabo con motivo de la solicitud de prórroga para el cierre de investigación, en la causa penal número 777/2017, que negó la ampliación del término solicitado y declaró cerrado el término de la investigación y el cierre de la misma. Ahora, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. El aquí quejoso Ricardo de la Rosa Trejo, fue vinculado a proceso en la causa penal número 777/2017, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en que la fiscalía solicitó plazo de investigación de seis meses, mismo que concluyó el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 2. Al fenecer dicho plazo, la defensa del quejoso solicitó prórroga para el cierre de investigación complementaria por el término de dos meses, el que feneció el dieciséis de junio (sic) de dos mil dieciocho. 3. Que en dicho plazo de prórroga la defensa no pudo hacerse concluir un estudio fiscal para poder llevar a cabo una defensa técnica adecuada del caso y solicitó audiencia para justificar una prórroga de un mes. 4. El juez de control en dicha audiencia, desestimó las justificaciones de la defensa y negó de plano el derecho para ampliar el término solicitado y cerró el término para la investigación y el cierre de la misma, lo que constituye el acto reclamado. En atención a lo anterior, se considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Ahora, al respecto los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, (.)" De lo antes transcrito, se logra evidenciar que el artículo 465 del ordenamiento legal citado, precisa que el recurso de apelación procede contra en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, cuyo objeto es que el mismo órgano judicial que dictó la resolución que se impugna la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. A su vez, el artículo 466, fracción I del código en comento, precisa que si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, debe promoverse antes de que termine la misma, su tramitación debe efectuarse verbalmente, de inmediato y de la misma manera debe pronunciarse el fallo. Así, conforme a lo prescrito por dichos preceptos, contra la determinación que tomo el Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, en la audiencia de dos de agosto de dos mil dieciocho, que se verificó con motivo de la solicitud de prórroga para el cierre de la investigación, dentro de la causa penal 777/2017, de no ampliar el término que le fue solicitado y cerrar el término de la investigación y cierre de la misma, procedía el recurso de revocación. Aunado a lo anterior, es claro y evidente que: 1. Si la parte quejosa, afirmó que en la causa penal 777/2017, se le vinculó a proceso el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. 2. Así, considerando que el ahora quejoso, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra lo decidido en la audiencia de dos de agosto de dos mil dieciocho, por lo que, se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de revocación a que se refiere el artículo 465, en relación con el diverso 466, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. Luego, como no se hizo valer el medio de impugnación de que se trata por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley en comento; en consecuencia, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo de la rosa Trejo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec número mil cuatrocientos dos interior siete (1402-7), plaza Scala, fraccionamiento Luis Donaldo Colosio, en esta ciudad; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Alberto Gaytán Espinoza.
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