RICARDO DE JESÚS RODRÍGUEZ DE LA FUENTE y Otros.
Expediente 1022/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- 1.-JUEZ PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCION DE PENAS, con sede en la Ciudad de Mexico
- Ricardo de Jesús Rodríguez de la Fuente
- RICARDO DE JESÚS RODRÍGUEZ DE LA FUENTE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tomando en consideración, que a la fecha ha transcurrido el término sin que se hubiere recurrido el proveído que desechó la demanda, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se provee: 1 SE DECLARA QUEJA FUNDADA Téngase al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, por instrucciones de su titular, comunicando que el Tribunal de su adscripción, al resolver la queja 168/2022, interpuesta por DAVID CUBILLOS COVARRUBIAS, autorizado por el quejoso RICARDO DE JESÚS RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el presente recurso de queja interpuesto por DAVID CUBILLOS COVARRUBIAS, autorizado del directamente quejoso RICARDO DE JESÚS RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictado por la Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en funciones de Jueza, en el juicio de amparo 1022/2022". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Ahora bien, el presente juicio de amparo está relacionado con el juicio 851/2022 el cual fue promovido por el directamente agraviado RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, en el que demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra una orden de aprehensión dictada en su contra, por el JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS, con sede en la Ciudad de México; y, por escrito recibido el diecinueve de septiembre del año en curso, se tuvo a RICARDO DE JESÚS RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, pretendiendo ampliar su demanda de amparo dentro de ese juicio, señalando como nuevo acto reclamado, la determinación de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dictado por la autoridad JUEZ PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS, con sede en la Ciudad de México, en autos del expediente de ejecución de penas 1151/2019-G, SIPE 403/2019, que declaró el inicio del procedimiento de ejecución de la pena impuesta al promovente de mérito y lo previno para que dentro del término de cinco días hábiles, se recluyera voluntariamente en alguno de los centros penitenciarios del Estado de Nuevo León. Dicha ampliación de demanda se desechó mediante auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, al considerar que la presentación de la referida solicitud fue presentada de forma extemporánea; pues se expresó entre otras cosas: "...si la referida determinación de veintiuno de julio del presente año dictada en el expediente de ejecución 1151/2019-G S.I.P.E 403/2019, se notificó al quejoso el nueve de agosto del presente año, es dable atender a esa data como punto de partida para realizar el cómputo del plazo a fin de constatar la oportunidad con que fue presentada la ampliación de demanda. En esas condiciones, se estima que el plazo de quince días que tenía el quejoso para acudir a esta instancia extraordinaria a ampliar su demanda de garantías, transcurrió del once de agosto del presente año, al treinta y uno de agosto siguiente, sin contar el trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho agosto del presente año, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. De esta manera, si el amparista presentó su escrito de ampliación de demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado, hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, de acuerdo al sello de recepción que obra en el mismo, es claro que esa acción ocurrió excediendo en demasía el término de quince días a que se contrae el artículo 17 de la ley de la materia, para ampliar su demanda de garantías, respecto de la autoridad que señala como responsable." Posteriormente, en el presente juicio en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se previno al directamente agraviado a fin de que: Precisara si lo que reclama es la determinación de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dictada por la autoridad JUEZ PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS, con sede en la Ciudad de México, en autos del expediente de ejecución de penas 1151/2019-G (SIPE 403/2019), que determinó el inicio del procedimiento de ejecución de la pena de prisión de tres años impuesta o el requerimiento para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la legal notificación, se interne de manera voluntaria en los centros de reclusión ubicados en los municipios de Apodaca o Cadereyta, de esta entidad federativa, con el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría la reaprehensión en su contra. Luego, se tuvo al directo quejoso ratificando el contenido y firma del escrito dado a dicho requerimiento, para luego desechar la presente demanda de amparo al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI de la Ley de Amparo. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, refiere: "Devienen esencialmente fundados los agravios relatados suplidos en su deficiencia. Cierto, este órgano colegiado estima desacertado el desechamiento de la demanda de amparo, en tanto que la causa de improcedencia invocada no resulta clara, manifiesta e indudable. Exacto, la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha entendido en el sentido de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional, y por lo mismo, de más estricta aplicación es lo dispuesto en el artículo 1131 para desechar de plano una demanda. Se cita en apoyo a lo expuesto, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 186605, visible en la página 448, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo ER JU XV, Julio de 2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE OPERANCIA. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" Al respecto, debe decirse que la causal de improcedencia que invocó la Secretaria del Juzgado, en Funciones de Jueza de Distrito, se encuentra prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I.. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." De la interpretación literal del numeral en comento, se infiere que el juicio de garantías es improcedente cuando el acto reclamado hubiera sido materia de análisis en diverso juicio; es decir que, en diverso juicio de amparo se haya impugnado el mismo acto, por el mismo quejoso y va se hubiera resuelto. Es decir, de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo encuentra explicación en lo relativo a la cosa juzgada como en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y por añadidura, evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Siendo la finalidad de la causal de improcedencia referida impedir que el juez de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, donde ya existió cosa juzgada. Ahora bien, en el particular, del análisis de la demanda que nos ocupa, y sobre todo de la aclaración que presentó el hoy quejoso el once de octubre de la anualidad que transcurre se advierte que reclamó en forma específica lo siguiente: "Lo que reclamó es el requerimiento de la responsable, a fin de que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir al día siguiente al de su legal notificación (veintinueve de septiembre del año en curso), me interne o recluya de manera voluntaria en alguno de los centros penitenciarios con sede en el Estado de Nuevo León, a fin de dar cumplimiento a la pena privativa de libertad que me fue impuesta en la causa penal 160/2014, índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado, con sede en esta ciudad, apercibido, que de no hacerlo, se ordenaría la reaprehensión en mi contra." En ese sentido, contrario a lo afirmado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en funciones de Jueza de Distrito, se estima que no es notoria y manifiesta la causa de improcedencia invocada. Ello en razón de que, como lo argumentó el quejoso recurrente, la juzgadora de amparo a fin de tener por actualizada la causal de improcedencia, partió de una premisa equivocada, al establecer que el acto reclamado por el peticionario en el presente sumario constitucional, lo era la determinación de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dictada por el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, en autos del expediente de ejecución de penas 1151/2019-G, SIPE 403/2019, y con ello estimó que dicho acto ya fue materia de estudio en diverso juicio de amparo como lo era el amparo indirecto 851/2022 de su propio índice, en el que desechó la ampliación de la demanda de amparo en relación al acto al citado acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós por haberse efectuado en forma extemporánea ésta." En consecuencia, se tiene como acto reclamado en el presente juicio: "la determinación de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dictado por la autoridad JUEZ PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS, con sede en la Ciudad de México, en autos del expediente de ejecución de penas 1151/2019-G, SIPE 403/2019, que declaró el inicio del procedimiento de ejecución de la pena impuesta al incidentista RICARDO DE JESÚS RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, en autos de la causa penal 160/2014, estadística del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en esta ciudad y requirió al promovente a fin de que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir al de su legal notificación (veintinueve de septiembre de dos mil veintidós), se internara de manera voluntaria en cualquiera de los centros de reclusión ubicados en esta entidad federativa, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría la orden restrictiva de libertad correspondiente." 2 SE DESECHA DEMANDA. En tal virtud, se estima que lo conducente es DESECHAR DE PLANO, la presente demanda de amparo en relación a ese acto, dado que, a concepto del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los numerales 6°, 107 fracción IV y 113 de la Ley de Amparo. El artículo y fracción de la expresada ley de la materia, establece: "..En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." El artículo 6°, de ese ordenamiento, en lo conducente, dispone: ".El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley...." El numeral 107 fracción IV señala: "El amparo indirecto procede: Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" [El énfasis es añadido] A su vez, el dispositivo 113 de la ley en cita, prevé: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto de autoridad, cause algún perjuicio en la esfera jurídica del impetrante de amparo, lo que supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se ve transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional correspondiente, demandando que esa trasgresión cese. En ese orden de ideas, quien ejercita la acción de amparo, siempre se ostenta titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de las responsables, y en tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal; es decir, tiene necesidad de que se respete la garantía individual que le otorga la Constitución Federal y que alega ha sido infringida. De lo expuesto, se concluye que, el promovente del juicio de amparo debe ser titular del derecho que alega fue violado, y que derivado de esa violación resulta afectada en su interés jurídico o en su persona; por tanto, el que es titular de un derecho y ve afectado ese derecho, tiene interés jurídico de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, en relación a lo anterior, cuando el promovente refiere que se han violado sus derechos y solicita la protección constitucional tratándose de actos de ejecución de sentencia en amparo indirecto, esto solo procederá contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia en el que podrán reclamarse las violaciones cometidas en el curso del mismo como en la propia resolución; lo anterior, se estableció así para que la procedencia del amparo indirecto, no entorpeciera la ejecución de un fallo que ha adquirido la fuerza de cosa juzgada. De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que se refiere al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establece que el juicio de amparo indirecto procede, tratándose de actos después de concluido el juicio, siempre y cuando sea la última resolución, siendo la que en forma definitiva decreta el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no tenga las características antes descritas. Se llega a la determinación anterior, tomando en consideración que del precepto legal invocado, se advierte que, en la etapa de ejecución de sentencia, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a la última resolución, siendo ésta la que en forma definitiva decreta el cumplimiento de sentencia o la imposibilidad de cumplirla, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Así, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la citada resolución, que es la culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, se reitera que el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, establece algunos de los supuestos de procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta; se dispone que el amparo se puede pedir en contra de los actos que emitan los tribunales jurisdiccionales fuera de procedimiento o después de concluido éste. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Debe precisarse que los actos jurisdiccionales emitidos y ejecutados después de concluido el proceso jurisdiccional son los realizados después de dictada la sentencia definitiva respectiva, sí como los que se llevan a cabo para la ejecución de la sentencia. El artículo 107 en la fracción IV para el segundo de los supuestos (actos emitidos después de concluido el juicio), establece una limitante a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo que interpretado en sentido en contrario, nos indica, que el juicio de garantías biinstancial, no puede promoverse contra actos en el procedimiento de ejecución de sentencia distintos a la resolución final antes indicada, pues de lo contrario con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII de la ley de la materia, el juicio intentado será improcedente. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en: "la determinación de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dictado por la autoridad JUEZ PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS, con sede en la Ciudad de México, en autos del expediente de ejecución de penas 1151/2019-G, SIPE 403/2019, que declaró el inicio del procedimiento de ejecución de la pena impuesta al incidentista RICARDO DE JESÚS RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, en autos de la causa penal 160/2014, estadística del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en esta ciudad y requirió al promovente a fin de que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir al de su legal notificación (veintinueve de septiembre de dos mil veintidós), se internara de manera voluntaria en cualquiera de los centros de reclusión ubicados en esta entidad federativa, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría la orden restrictiva de libertad correspondiente." En atención a lo antes expuesto, el acuerdo en el que se requiere al promovente para que cumpla voluntariamente con su internamiento en los centros de reclusión mencionados, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues por regla general el procedimiento no culmina con ese acuerdo (salvo que cumpla voluntariamente), sino con el que ordena la ejecución forzosa, por lo que el juicio de amparo promovido contra el acuerdo reclamado, resulta improcedente. Por consiguiente, el acto que aquí se impugna no se ubica en los casos de procedencia del amparo indirecto previsto por el numeral 107 fracción IV, párrafo segundo, de la legislación en consulta; lo que actualiza la causa de improcedencia invocada y hace procedente desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la norma en cita. Resulta orientador al respecto, la jurisprudencia 1ª/J.28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 164639, consultable en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2010, Materia Civil, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. o anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio" En el caso, no pasa inadvertido que el ocursante en su carácter de parte en la sentencia emitida que dio origen al expediente de ejecución 1151/2019-G, SIPE 403/2019, en el que se dictó el acto que se pretende reclamar en este que se provee, sostenga que dicho acto afecte su libertad; sin embargo, dicho requerimiento que se le formuló no lesiona su derecho de libertad, puesto que se trata de un simple apercibimiento, sin consecuencia alguna que afecte derechos sustantivos. En efecto, la procedencia del juicio de amparo respecto de actos emitidos después de concluido que no constituyan la última resolución, está condicionada a que éstos sean de imposible reparación (por afectar derechos sustantivos) y que sean ajenos a la ejecución del juicio natural, circunstancia que en el caso no acontece. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 163152, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero 2011, Página 6, cuyo rubro y texto es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Para mayor claridad, de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 215/2009, que dio origen a la jurisprudencia anteriormente citada, se obtiene que el alto tribunal consideró dos reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto aplicables para los actos emitidos después de concluido el juicio, a saber: 1. Si los actos carecen de autonomía propia y tienen como fin la ejecución de la sentencia, se aplica la regla genérica del artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107 fracción IV de la norma vigente), la cual dispone que contra actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Esto independientemente que afecten derechos sustantivos, ya que bastaría con que se hiciera valer que se trata de un acto de imposible reparación para que con ello se admitiera la procedencia de todos los juicios, pasando por alto el fin que tuvo el legislador de que no se abusara del juicio de amparo, deteniendo y alargando el cumplimiento de la cosa juzgada. 2. Si los actos tienen autonomía propia y no necesariamente tienen como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia, por excepción y analogía, procede el amparo de acuerdo con la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107 fracción V del cuerpo legal vigente). Así, las condiciones para la aplicación del supuesto de procedencia del amparo previsto en el artículo 107 fracción V de la ley de la materia, son: a) Que los actos sean de imposible reparación, porque afecten inmediatamente derechos sustantivos. b) Que los actos no tengan una relación directa con la ejecución de lo condenado o que no tengan como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia. En el caso, no se reúnen las dos condiciones para que sea aplicada la excepción prevista en el artículo 107 fracción V de la ley invocada, habida cuenta que, de la ejecutoria que dio lugar a la tesis de mérito, se advierte que el Pleno del Máximo Tribunal estimó que ello ocurre cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ante la materialización de la causa notoria y manifiesta de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los numerales 6°, 107 fracción IV y 113 de la Ley de Amparo lo conducente es DESECHAR DE PLANO, la presente demanda de amparo en relación al acto señalado. Lo anterior, se hace extensivo respecto del procedimiento legislativo del numeral 102, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que; no puede desvincularse el estudio que concierne su aplicación, al desecharse la demanda con relación a la determinación reclamada en que se aplicó dicho numeral. La consideración anterior encuentra sustento, por igualdad de razón jurídica, en la tesis aislada con número de registro 232028, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 27, Volumen 217-228, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Notifíquese personalmente al directamente agraviado. Así lo acordó y firma RAFAEL RODRIGO CRUZ OVALLE, Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ante RITO CRUZ PANTOJA, Secretario con quien actúa y da fe. rrco/rcp/karina
- Principal
Téngase al MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO, con sede en esta ciudad, por conducto del Actuario Judicial de su adscripción, comunicando que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el autorizado por el quejoso, contra el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, que desechó la demanda en el juicio de amparo en que se actúa; al que correspondió el número 40/2022, de su índice.
- Principal
Advirtiéndose de autos, que a la fecha se ha notificado a las partes el proveído dictado el veintiséis de octubre del año en curso, que tuvo a ********************, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso ********************, interponiendo recurso de queja; y que transcurrió el plazo de tres días otorgado al promovente y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado para que señalaran las constancias que deben remitirse a la superioridad para la sustanciación del recurso de mérito; de conformidad con lo establecido por el artículo 101 de la ley de la materia, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, al que se deberá acompañar copia certificada de las constancias relativas al presente asunto.
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