Ricardo De Jesús Ortiz Miranda
Expediente 403/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2021
Partes del expediente
- Ricardo De Jesús Ortiz Miranda
Actuaciones
- Principal
El presente asunto ha causado estado, archívese; consecuentemente es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la demanda de cuenta; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 403/2021. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: "LA ORDEN DE TRASLADO DEL HOY QUEJOSO PARA CAMBIARLO DEL RECLUSORIO SUR AL RECLUSORIO ORIENTE". El cual, le endilga a las autoridades responsables: Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México. Director Ejecutivo de Prevención y Reinserción Social. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie, este juzgador considera que se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no observaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra del traslado reclamado el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga a los justiciables a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Como ya se adelantó, los quejosos en esencia se duelen de la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, emitido por autoridades administrativas; así como de su ejecución. En tales condiciones, se reitera, previo a acudir al juicio de amparo los quejosos debieron agotar el recurso que prevé la ley especial, por el que el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial; ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha la demanda, por notoriamente improcedente. De igual forma, como lo solicita el promovente, se autoriza la consulta del expediente electrónico bajo el nombre de usuario que indica. Respecto a su solicitud de que las notificaciones relativas a este sumario se efectúen vía electrónica, como se corrobora de la impresión obtenida del Sistema Integral y Seguimiento de Expedientes, de la que se advierte que el usuario *, cuenta con dicha autorización para la consulta del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones aun las de carácter personal vía electrónica. Ello en apoyo a los lineamientos señalados en el Título Cuarto de los Servicios Electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, Capítulo Primero, ordinales 79, párrafo primero, 81, 82 y 83 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los procesos de Oralidad Penal en los Centro de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anterior, cabe indicar que, en el presente caso surge la obligación del promovente de ingresar al sistema establecido para los fines aludidos, todos los días, con el objeto de obtener la constancia referida en el diverso 31, fracción III, de la Ley de Amparo, durante un plazo máximo de dos días, con el propósito de acreditar la práctica de esa diligencia, y en caso contrario, el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional asentará la razón correspondiente en base al numeral 30, fracción II de la legislación referida. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley a *, y por facultados, únicamente para oír y recibir comunicaciones, de conformidad con el párrafo segundo del numeral 24 del citado ordenamiento legal, a las restantes personas que menciona. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la referida contingencia sanitaria, se exhorta a las partes y sus autorizados, a que de ser posible, privilegien la presentación de promociones vía electrónica a través del esquema de "juicio en línea", para lo cual, podrán solicitar el acceso al expediente electrónico de este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea, bajo la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; o bien, al correo electrónico 14jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes.
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