Ricardo de Jesus Avila Heredia
Expediente 1533/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1533/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ricardo de Jesus Avila Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 657/2021.P.2, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de resolución pronunciada en la queja 179/2021, relativo al recurso de queja interpuesto contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno; de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja. Por tanto, acúsese recibo vía interconexión. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; en esa virtud, hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro de Gobierno respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual, comunica la admisión del recurso de queja interpuesto por Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Martha Eugenia Novelo contra el proveído de ocho septiembre del año en curso; quedando registrado con el número de toca 179/2021. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el escrito signado por Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Martha Eugenia Novelo Erosa, quejosos en los presentes autos, con cinco copias, mediante el cual interponen el recurso de queja en contra del auto de desechamiento de la demanda de amparo, pronunciado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, ya que en el citado proveído, al estimarse actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, se procedió a desechar de plano la demanda relativa. Ahora bien, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público Federal, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos los escritos aclaratorios signados por RICARDO DE JESUS AVILA HEREDIA y MARTHA EUGENIA NOVELO EROSA, con los que cumplen con la prevención realizada en acuerdo de treinta de agosto del presente año. Ahora bien, en atención a lo manifestado por la parte quejosa en su demanda se procede a proveer en relación con la procedencia del amparo instado, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución emitida en el recurso de revisión, en el expediente 1223/2019 de doce de noviembre de dos mil diecinueve, por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, la resolución con número de folio 01324819 de quince de agosto de dos mil diecinueve que atribuye al Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, así como el procedimiento seguido con motivo la solicitud de información formulada por Enrique Mendoza Bolio. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público. De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo; por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, se estima que el juicio de amparo pretendido es improcedente porque no existe un acto que produzca esa afectación personal y directa a los promoventes; esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de quien acude a esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° fracción I y 5°, ambos de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que los promoventes señalan como actos reclamados, el procedimiento y las resoluciones emitidas con motivo de la solicitud de información presentada por Enrique Mendoza Bolio, ante el Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, a la que correspondió el folio 01324819. Sin embargo, de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 544/2020 del índice de este órgano de control constitucional, promovido por el citado Enrique Mendoza Bolio en contra de las citadas resoluciones dictadas con motivo de su solicitud de información, se advierte que por oficio DCI/056/2019, de quince de agosto de dos mil diecinueve, el Departamento de Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia emitió contestación a la solicitud de información formulada por el citado Mendoza Bolio, en el sentido de no dar acceso a la información solicitada al considerarla de naturaleza confidencial. De igual forma se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el solicitante interpuso el recurso de revocación 1233/2019 en contra del citado oficio ante el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el que se emitió la resolución de doce de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se confirmó la clasificación de la información solicitada. Las citadas constancias del juicio de amparo 544/2020, constituyen un hecho notorio para la suscrita juzgadora federal en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por tratarse de un asunto del conocimiento de este Juzgado y de ellas se obtiene que el procedimiento, así como las resoluciones emitidas por virtud de dicha solicitud de información y el recurso de revisión, que los quejosos reclaman en el presente juicio de amparo, no le causan un agravio real y directo en virtud de que en ellos no se accedió a proporcionar la información solicitada, que guarda relación con su situación patrimonial. En ese sentido, es de concluirse que los actos reclamados no producen una afectación personal y directa a los promoventes, esto es, la causación de un daño o perjuicio en su esfera jurídica, por lo que no puede ser sujeto al análisis en el juicio de amparo intentado, pues esta vía constitucional se encuentra reservada a aquéllos actos que produzcan una afectación material a los derechos del gobernado, lo que en la especie no acontece, pues a través de la actuación que se atribuye a las responsables, no se violentan los derechos fundamentales de los promoventes. De ahí que los actos reclamados no puedan considerarse como de aquellos que produzcan una afectación personal y directa a los promoventes, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica y, en consecuencia, que lesiona alguno de sus derechos fundamentales. En consecuencia, se actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional; procede desechar de plano la demanda. Notifíquese personalmente.
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