Ricardo David Ramos Vázquez

Expediente 472/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
472/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
08/06/2016

Partes del expediente

  • Ricardo David Ramos Vázquez
  • RICARDO DAVID RAMOS VÁZQUEZ y Otros.
  • Juez Séptimo de lo Penal En el Estado de Puebla

Actuaciones

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  1. Principal

    Vistos los autos, se advierte que en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo fue exhibida garantía para que surtiera efectos la suspensión definitiva y que a la fecha ya no tiene efecto alguno que surtir, pues en el presente asunto se ha ordenado el archivo como totalmente concluido. [...] El anterior artículo establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. En el caso, la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 760734 en el incidente de suspensión, con la cual se tuvo satisfecha la garantía exigida por este juzgado al otorgarse la medida cautelar relativa, para respaldar que durante su vigencia el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que emitió el acto privativo de libertad. Así también se observa juicio de garantías ha concluido, motivo por el cual en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión han cesado. Sin embargo, en la especie, no es aplicable lo dispuesto por el artículo 156 de la ley de la materia, pues con el billete de depósito no se garantizó daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado con el otorgamiento de la medida cautelar, sino, como se dijo, que durante su vigencia el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que emitió el acto privativo de libertad, de manera que es innecesario esperar a que transcurran los seis meses que se indican en ese numeral, como plazo para que pueda ordenarse la devolución del billete pues no existe razón objetiva alguna para que se agote dicho lapso y, por ende, tampoco para que, previo a la devolución del documento, se de vista a las partes, pues el objeto de la misma es que quien tenga interés en hacer efectiva la garantía, manifieste lo que a su interés convenga y, en el caso, como se dijo, con el otorgamiento de la medida cautelar, se garantizó que el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que lo reclama, por lo que no existen daños y perjuicios. En tales condiciones, requiérase al quejoso Ricardo David Ramos Vázquez, para que comparezca a recoger dicho billete de depósito, apercibido que en caso de no comparecer en el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, la cantidad que ampara el aludido billete se entenderá prescrito a favor de la Tesorería de la Federación y se ordenará su remisión para que su importe sea ingresado al Erario Federal.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de seis de mayo de dos mil dieciséis, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, en términos del diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase las constancias que se ordenaron formar como anexo I, derivadas del duplicado de la causa penal 37/2016 del Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, mismas que remitió dicha autoridad en apoyo a su informe justificado, solicitándole a la mayor brevedad posible se sirva acusar el recibo correspondiente. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  3. Principal

    [...] Atento a lo anterior, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, conforme el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado a la autoridad ejecutora por no atribuírsele vicios propios de ejecución, habida cuenta que al sobreseerse en cuanto al acto emanado a la ordenadora, no es dable examinar la constitucionalidad de su ejecución. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional a las nueve horas con dieciocho minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

  4. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN a la parte quejosa RICARDO DAVID RAMOS VAZQUEZ, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: [...] Atento a lo anterior, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, conforme el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado a la autoridad ejecutora por no atribuírsele vicios propios de ejecución, habida cuenta que al sobreseerse en cuanto al acto emanado a la ordenadora, no es dable examinar la constitucionalidad de su ejecución. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional a las nueve horas con dieciocho minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

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