Ricardo Daniel Morno Lara
Expediente 340/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Daniel Morno Lara
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, a través del cual se DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ****. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinticinco de abril actual, que en lo conducente dice: Vista la demanda de cuenta, promovida por ***, por propio derecho, por medio de la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, así como del Congreso del Estado, residente en Guanajuato, capital, por violación a los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 340/2018-IV.1, anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. De conformidad con el numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene a los solicitantes del amparo designado como representante común de su parte para los efectos del presente juicio de amparo, al primero de los señalados en su escrito de demanda. Los promoventes del amparo señalan como acto reclamado, lo siguiente: IV. Actos reclamados. Los artículos 53-párrafo segundo-, de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato; 6 - fracción II- y 7 -fracción I-, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal de 2018. Porque no se justifica la diferencia del cobro entre los propietarios de vehículos de motor (automóviles) con los de los motociclistas, a pesar de que el supuesto "servicio" de refrendo es el mismo en ambos casos. También al no existir un servicio que brinde el Estado para generar la contraprestación, ya que en realidad estamos en presencia de un impuesto. Una vez analizada la demanda de amparo, este Juzgador Federal estima que debe desecharse, por su notoria e indudable improcedencia, de conformidad con lo que establece el numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal prevista por la fracción XIV, del numeral 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19 de la legislación invocada. En efecto, los numerales citados establecen: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley o acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Ahora bien, de hechos narrados en el escrito de demanda que bajo protesta de decir verdad vierten los solicitantes del amparo, se indica que realizaron el trámite de alta, registro e identificación de sus vehículos en la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, conforme al primer párrafo del numeral 53 de Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, dicho servicio consistió en otorgar los documentos que identifican a los vehículos como de su propiedad y en la inscripción de su padrón, señalando textualmente lo siguiente: SEGUNDO. Pago de derechos de refrendo y placas y tarjeta de circulación. El primero y la tercera de los quejosos pagamos el derecho referido el día 28 de marzo de 2018. En tanto que la segunda de los quejosos pagó el día 27 de marzo de 2018. Dicho pago se considera como primer acto de aplicación, lo cual implica que estamos en presencia de una norma heteroaplicativa. De lo anterior, se advierte que si el pago de derechos de refrendo realizado por los promoventes reclamado en el presente juicio y señalado como el primer acto de aplicación se realizó los días veintisiete y veintiocho de marzo del año en curso; luego entonces, si el último de los pagos antes referidos fue realizado el día veintiocho antes señalado, el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, transcurrió del dos al veinte de abril del año en curso, con exclusión de los días siete, ocho, catorce y quince de mismo mes y año, por ser sábados y domingos, lo que igual ocurre con el diverso de veintisiete antes señalado. Lo anterior es así, puesto que si la parte quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma, puesto que implica que en el caso no existe una notificación formal conforme a la ley que rige al acto. Por tanto, si la demanda de amparo de cuenta fue presentada el día veintitrés de abril del presente año, según se advierte de la fecha estampada por el reloj checador de la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Celaya, Guanajuato, dicha presentación resulta extemporánea; lo anterior, con fundamento en artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No se soslaya el criterio sustentado en la tesis cuyo registro y rubro son: 169754 AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL HECHO DE QUE EL ACTO DE APLICACIÓN SE REALICE EN DÍA CONSIDERADO INHÁBIL PARA LOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO AFECTA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA Sin embargo, el cómputo a que se ha hecho alusión en todo caso resulta benéfico para los impetrantes. Por sus consideraciones, resulta aplicable la tesis I.1o.A.21 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiado de Circuito, en el Tomo XXX, Octubre de 2009, en la página 1520, Materia Común, la cual señala: DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. También cobra aplicación la tesis visible en la página 235, Tomo XI, Junio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice; ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita. De igual forma, cobra sustento la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo IX, Junio de 1992, en la página 364, la cual es del tenor literal siguiente: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XIV, y 107, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado en cita, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley, que a la letra dice: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Se tienen como domicilio de los promoventes del amparo para recibir notificaciones el ubicado en calle ***. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 19 así como el diverso 113, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por *** por propio derecho y al primero de los citados en su carácter de representante común, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
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