Ricardo Cuautle Gerardo
Expediente 1641/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1641/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Cuautle Gerardo
- Karina Araceli Vargas Jiménez
Actuaciones
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, se ordena formar electrónicamente el incidente de suspensión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo al juicio de amparo 1641/2023, promovido por Karina Araceli Vargas Jiménez y Ricardo Cuautle Gerardo, por propio derecho y en representación del menor de iniciales L.R.C.V., por la que solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos, y otras autoridades responsables, y únicamente se ordena formar el cuaderno físico para glosar las constancias que sean presentadas de esa forma. Lo anterior, con fundamento en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Requerimiento del informe previo Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable, el informe previo, el cual deberá rendir en un solo tanto y dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto. Con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142, de la Ley de Amparo. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe previo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se informa a la autoridad que en el informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De la audiencia incidental: Cítese a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con seis minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Estudio sobre el otorgamiento de la suspensión: Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Congreso del Estado de Morelos. Gobernador del Estado de Morelos. La votación, discusión y expedición de los artículos 181, 182, 187, 193, 206 del Código Familiar para el estado de Morelos. La promulgación y publicación de los artículos 181, 182, 187, 193, 206 del Código Familiar para el estado de Morelos Director General del Registro Civil número 1 del Estado. Oficial del Registro Civil número 1 del estado de Morelos La negativa verbal del Registro y Expedir acta de nacimiento del meno de iniciales L.R.C.V. La negativa de realizar el registro de nacimiento y la negativa de expedir acta de nacimiento del menor de iniciales L.R.C.V. bajo el supuesto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 181, 182, 187, 193, 206 del Código Familiar para el estado de Morelos En consecuencia, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia que más adelante se invoca, se niega la suspensión provisional solicitada por cuanto a la ley reclamada, toda vez que la promulgación, refrendo y publicación artículos 181, 182, 187, 193, 206 del Código Familiar para el estado de Morelos, revisten el carácter de actos consumados, puesto que, tales actos, ya se llevaron a cabo, y por ende, no resulta procedente conceder la providencia cautelar solicitada. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia número 12, de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice del 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". Además, es de precisarse que, cuando se reclama la inconstitucionalidad de determinadas leyes, la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas, que es lo que en realidad podría perjudicar a la parte quejosa, más no su expedición, por lo que, por mayoría de razón es inconducente conceder la medida cautelar de que se trata. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia número VI.2º.C.J/174, visible en la página 775, Tomo X, de Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY.- Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de Leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas es sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Ahora bien, se deduce, que la parte quejosa solicita se conceda la suspensión provisional para el efecto de que se le registra y expida el acta de nacimiento; lo anterior, con la finalidad de contar con un documento oficial e idóneo que acredite su existencia legal. En el caso, se reúnen los requisitos que establecen el artículo 128 de la Ley de Amparo en virtud de que fue solicitada por la parte quejosa y el otorgamiento de la suspensión no causa perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el artículo 147 de la Ley de Amparo, establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Bajo esa línea, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el órgano jurisdiccional ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), estableció que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: I.- La apariencia del buen derecho; II.- Las posibles afectaciones al interés social; y III.- La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Además, determinó que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Lo anterior en encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.". Ahora bien, por cuanto a la apariencia del buen derecho se pondera que el artículo 4° de la Constitución en la parte conducente establece: "Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Asimismo, sobre dicho tópico la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. El criterio invocado se encuentra en la tesis 1ª XXV/2012, del rubro: "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.". Atento a lo establecido en los párrafos precedentes se advierte que se encuentra demostrada la apariencia del buen derecho, toda vez que conforme al artículo 4° de la Constitución, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento; además la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro. Además se advierte el peligro en la demora, ya que el hecho de que las autoridades del Registro Civil no otorguen el registro del nacimiento y expidan el acta respectiva conllevan afectaciones de difícil reparación dado que no sería factible que el quejoso sea inscrito en instituciones de seguridad social (ISSSTE o IMSS), tampoco tendría acceso a obtener medios de identificación como pasaporte. Es por eso, que el acceso a un registro de nacimiento se considera un acto universal, no sólo un derecho humano fundamental, sino que también contribuye a garantizar que se respeten otros derechos como el derecho a recibir servicios sociales esenciales, entre ellos la atención de la salud, sin un certificado de nacimiento, no puede recibir las vacunas sistemáticas y otros servicios de atención médica, u educación entre otros fundamentales para un sano desarrollo. Por consiguiente, el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar el derecho a la identidad personal, debiendo crear e implementar los mecanismos administrativos idóneos de registros, que faciliten y simplifiquen la inscripción del recién nacido. La inscripción del nacimiento es el acto administrativo-registral, a través del cual no solo se reconoce legalmente la existencia de una persona sino que además, indica que ésta posee un nombre por el cual será distinguido de por vida, permitiendo su identificación e individualización así como su derecho a pertenecer a una familia, a una comunidad y a una nación, todo ello se hace efectivo a través de la inscripción del nacimiento. Cabe mencionar que la persona en un estado de inexistencia legal se vulnera su derecho fundamental a la identidad lo que genera consecuencias jurídicas y sociales graves e irreversibles al negarse su inscripción, pues no tiene existencia legal y se priva del acceso a servicios básicos como ingresar al sistema educativo, acceso a programas de salud pública o seguridad social, entre otros. Por otra parte, no se advierte alguna afectación al interés social, por el contrario a la sociedad le interesa que las personas se encuentren registradas, a fin de que gocen de una identidad frente a la sociedad. Por lo que existe la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida suspensional a efecto de que las autoridades responsables cumplan con lo establecido en el artículo 4° Constitucional ya que el quejoso tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera ordinaria o extemporánea a su nacimiento y no se advierte alguna imposibilidad material para que se lleve a cabo. Por tanto, debe concluirse que es procedente la suspensión provisional solicitada, para el efecto siguiente: Previo a demostrar la parte quejosa que cumple con los requisitos previstos por el artículo 12 y 18 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos, con excepción de lo previsto en las fracciones III, que señala: "Certificado de nacimiento o, en su caso, constancia de parto, o alumbramiento", IV. "Copia certificada actualizada o cotejada del acta de matrimonio o de nacimiento de los padres", y V. "Identificación oficial de los padres (credencial (sic) de elector, constancia de residencia, pasaporte, cartilla militar, licencia de conducir o cédula profesional)" del artículo 12 del reglamento antes citado; Así como con excepción de lo previsto en la fracción IV, que establece: "Documentos que integren su expediente de vida, precisando el nombre, origen y fecha de nacimiento con el que pretende ser registrado" y V que señala "En el caso de menores de edad, además se deberá exhibir Certificado de Nacimiento o Constancia de Parto o de Alumbramiento, actas de nacimiento e identificaciones oficiales de los padres" del artículo 18 del multicitado reglamento; al ser materia del acto reclamado en el presente asunto; las autoridades registrales deberán llevar a cabo de manera provisional el trámite del registro de nacimiento del menor quejoso de iniciales L.R. C. V.; del mismo modo, deberán expedir el acta de nacimiento provisional correspondiente. Lo anterior, con apoyo en el artículo 439 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Comuníquese a las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notifíquese Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, por Karina Araceli Vargas Jiménez y Ricardo Cuautle Gerardo, por propio derecho y en representación del menor de iniciales L.R.C.V., contra actos de Congreso del Estado de Morelos, y otras autoridades responsables. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Congreso del Estado de Morelos. Gobernador del Estado de Morelos. La votación, discusión y expedición de los artículos 181, 182, 187, 193, 206 del Código Familiar para el estado de Morelos. La promulgación y publicación de los artículos 181, 182, 187, 193, 206 del Código Familiar para el estado de Morelos Director General del Registro Civil número 1 del Estado. Oficial del Registro Civil número 1 del estado de Morelos La negativa verbal del Registro y Expedir acta de nacimiento del meno de iniciales L.R.C.V. La negativa de realizar el registro de nacimiento y la negativa de expedir acta de nacimiento del menor de iniciales L.R.C.V. bajo el supuesto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 181, 182, 187, 193, 206 del Código Familiar para el estado de Morelos Del incidente de suspensión Se ordena formar el incidente de suspensión de conformidad con los artículos 110 y 128 de la ley de la materia. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento a la autoridad responsable de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que las autoridades responsables podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De la audiencia constitucional Se señalan las diez horas con tres minutos del cuatro de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. De la parte tercero interesada Se reserva acordar lo relativo al emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto obren los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas que ofrece (acta de nacimiento original, certificado electrónico con cadena digital), sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Domicilio procesal y autorizados Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Jesús Gallegos García. Respecto de las demás personas se les tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones, dado que no cuentan con cédulas profesionales registradas ante el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las personas profesionistas en Derecho para que realicen el registro de su cédula profesional en el mencionado Registro Único, ante cualquier juzgado o tribunal del Poder Judicial de la Federación. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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