Ricardo Cruz Velazquez
Expediente 969/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2019
Partes del expediente
- Ricardo Cruz Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto lo de cuenta, se ordena agregar el escrito firmado por el quejoso Ricardo Cruz Velázquez, mediante el cual nombra autorizada en los términos que indica y señala.
- Principal
Se acuerda queja del quejoso. Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito y anexos del quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo emitido por este juzgado el seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por el impetrante de amparo de referencia. . Trámite Así las cosas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer por el quejoso Ricardo Cruz Velázquez. Rendición de informe En ese sentido, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja en el sentido que es cierto que este juzgado federal emitió el acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ricardo Cruz Velázquez, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyos razonamientos se encuentran esbozados en el proveído combatido. Innecesario dar vista para señalar constancias Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deben remitirse a la superioridad para resolverlo, puesto que en virtud de la naturaleza del auto combatido no existen demás partes en este asunto. Remisión del recurso El informe de la materia de la queja deberá estar acompañado de copia certificada de la totalidad del juicio de amparo indirecto 969/2019, del índice de este juzgado de distrito, así como de sus anexos, a fin de remitirlos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta Ciudad, en turno, para la substanciación del referido medio de impugnación, anexando copia simple de las mismas para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano colegiado. Solicitud de acuse Se solicita al tribunal colegiado que conozca del recurso tenga a bien remitir el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Desahogo de prevención Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito del quejoso, por medio del cual desahoga la prevención formulada por este órgano jurisdiccional mediante proveído dictado el veintiséis de julio de dos mil diecinueve. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, del escrito de demanda y del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados y autoridad responsable las que enseguida se precisan: Acto reclamado. 1) El proveído emitido por la autoridad responsable, dentro de la audiencia intermedia de ocho de julio de dos mil diecinueve, deducida de la causa administrativa 329/2018, radicada en el Centro de Justicia Penal del Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México; por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos o posesión ilícita del petrolífero de tipo gasolina regular PEMEX magna, en agravio de Petroleos Mexicanos; auto mediante el cual les inadmite a los defensores y al quejoso, diversas pruebas. Autoridad responsable. 1) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en su carácter de Juez de Control (ordenadora). Desechamiento de la demanda de amparo Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, que en lo interesa que establecen que el juicio de amparo será improcedente, contra actos que no sean de imposible reparación. En ese sentido, es dable establecer que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, se debe atender a que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. De no actualizarse ese supuesto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado, en su caso, deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170 fracción I, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En ese orden, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución o algún tratado internacional celebrado por el Estado Mexicano, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por su parte, la Carta Magna y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que puedan surgir en el procedimiento jurisdiccional; por el contrario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". De igual forma, la Ley de Amparo, reitera lo previsto en la Carta Magna en su artículo 170 fracción I, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107 fracción III, inciso a), de la Constitución y 170 fracción I, de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso b) y c), y que indica el artículo 107, fracciones IV, V y VI, de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Aunado a lo anterior, cabe decir que existe criterio del Máximo Tribunal del País en el sentido de que las violaciones procesales consistentes en aquella decisión en que la autoridad responsable admite o desecha las pruebas ofrecidas, la infracción debe reclamarse hasta el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia que resuelva el fondo del asunto, en caso de que ésta fuere contraria a los intereses del oferente. Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 3a./J. 588/90, derivada de la contradicción de tesis 11/89, registrada con el número 361, visible en las páginas 307 y 308, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917-2000, cuyo rubro y texto establece: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis". En ese orden de ideas, de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción V, 170 fracción I y 172, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten materialmente algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o algún tratado internacional, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones, son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable. En el caso, el peticionario de amparo, combate el proveído emitido por la autoridad responsable, dentro de la audiencia intermedia de ocho de julio de dos mil diecinueve, deducida de la causa administrativa 329/2018, radicada en el Centro de Justicia Penal del Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México; por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos o posesión ilícita del petrolífero de tipo gasolina regular PEMEX magna, en agravio de Petroleos Mexicanos; auto mediante el cual les inadmite a los defensores y al quejoso, diversas pruebas. Al respecto, como se dijo, el citado auto no es de imposible reparación, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución o en un tratado internacional celebrado por el Estado Mexicano, tales como la libertad, la propiedad, la posesión o los derechos del prenombrado quejoso, sino que únicamente se refiera a aspectos procesales. De manera que, si la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento penal del que emana el auto reclamado no resultara favorable al quejoso, la cuestión que ahora se plantea, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo respectivo, una vez satisfecho el principio de definitividad. En consecuencia, en la especie la inadmisión del desahogo de diversos medios de pruebas ofrecidos por el peticionario de amparo, por sí mismo, no causa de inmediato una situación de irreparabilidad o imposible reparación, y su trascendencia sería posterior; por ende, se trata de una infracción adjetiva o intraprocesal, que no afecta materialmente algún derecho sustantivo del promovente del amparo, pues en el caso de que ese proceder fuese ilegal o trascendiera al resultado del fallo, estaría en aptitud de reclamarla, como se dijo, a través del juicio de amparo directo. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 538, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial". En efecto, si bien es verdad que la admisión de medios de prueba y el desechamiento de diversas ofertadas por su defensa, esto puede originar que la sentencia sea adversa a los intereses del procesado, cierto es también que ello no significa que dicho acto sea de imposible reparación, ya que no vulnera derechos sustantivos del demandante del amparo, tales como la libertad, propiedad, posesiones o derechos; por tanto, es indudable que la vía constitucional intentada resulta improcedente, en tanto que la violación de la que ahora se duele podrá ser reparada mediante el juicio constitucional directo, en caso de que la sentencia resulte contraria al quejoso, pues así está previsto en el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia ciento setenta y cinco, visible en la página ciento cuarenta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo contenido es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". También es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número II.2o.P. J/29, sostenida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, página 1721, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". En abundamiento, es dable concluir que el acto reclamado en esta instancia consistente en el proveído emitido por la autoridad responsable, dentro de la audiencia intermedia de ocho de julio de dos mil diecinueve, deducida de la causa administrativa 329/2018, radicada en el Centro de Justicia Penal del Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México; por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos o posesión ilícita del petrolífero de tipo gasolina regular PEMEX magna, en agravio de Petroleos Mexicanos; auto mediante el cual les inadmite a los defensores y al quejoso, diversas pruebas, no constituye un acto de ejecución irreparable, ya que independientemente de que dicha actuación ocurrió dentro del desarrollo del sistema penal acusatorio, concretamente dentro de la audiencia intermedia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, contra actos dictados dentro del juicio siguen siendo las mismas; por tanto, no se actualizan violaciones de trascendencia que implicaran una afectación relevante para el procedimiento. Es aplicable al caso concreto, la tesis aislada emitida en la Décima Época, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, de abril de 2012, tomo 2, Materia Común, tesis II.2o.P.9 P (10a.), página 1968, del rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La resolución que desestima y desecha las pruebas documentales ofrecidas por la defensa del quejoso y admite las diversas planteadas por el Ministerio Público en la audiencia intermedia en el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si el quejoso obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aun no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos de los artículos 158 y 160 de la Ley de Amparo. Por tanto, es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de justicia penal, es reclamable en amparo indirecto porque constituye un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, hasta este momento, siguen siendo las mismas.". Asimismo, es aplicable la tesis XXVII.3o.37P (10a.), Décima Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 2931, que dice: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SU EXCLUSIÓN DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, NO ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio en la vía indirecta procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, entendiendo por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos; en cambio, en términos del su numeral 173, apartado B, fracciones X y XIX, las violaciones del procedimiento entre las cuales se encuentra la relativa a no recibir al imputado los medios de prueba que ofrezca, son susceptibles de análisis en conceptos de violación en la vía directa, siempre que trasciendan a la defensa del quejoso. Luego, la exclusión de medios de prueba dentro de la audiencia celebrada en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y oral, por regla general, no es un acto dentro de juicio de ejecución irreparable, pues no tiene por efecto agraviar materialmente derechos sustantivos del imputado, como el de defensa adecuada, antes bien, es una actuación procesal susceptible de apelarse y de hacerse valer como violación procesal en amparo directo, siempre que dicha exclusión trascienda al resultado del fallo, momento procesal en que podría verse la afectación al derecho sustantivo de defensa adecuada, o algún otro, sin que la circunstancia de que el proceso penal acusatorio comprenda distintas etapas independientes entre sí, justifique considerar aspectos procesales como de imposible reparación." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Cruz Velázquez, por notoriamente improcedente.
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