Ricardo Cruz García

Expediente 1078/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1078/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Cruz García

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villa Hermosa, con el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1560/2022 de su índice, en virtud de que este Juzgado aceptó la competencia de la demanda promovida. 1.1 Acuerdo. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de veinte de septiembre del año en curso, se desechó la demanda del presente juicio de amparo.

  3. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio 23611/2022, de trece de septiembre del año en curso, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, con el cual remite el expediente relativo al juicio de amparo 1560/2022-VII-8 de su índice, en virtud de que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Laura Leticia Cruz García, en favor de ... que no contiene firma autógrafa ni electrónica de la promovente ni del quejoso directo. 1.1 Competencia. Con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese esta determinación al tribunal declinante. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1078/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 Esencialmente la jurisprudencia en cuestión expone que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, en el caso a estudio, esta demanda de amparo se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a lo que debe sumarse que no contiene firma autógrafa ni evidencia criptográfica de la parte promovente ni del quejoso directo. 3.1 Acto reclamado. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama de la Policía Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza, el acto reclamado consistente en la posible orden de aprehensión que se pretende ejecutar en contra del quejoso directo Ricardo Cruz García. 3.2 Improcedencia de la demanda de amparo. En esas condiciones, se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en los artículos 61, fracciones X3 y XXIII, en relación con los diversos 6, y 3, cuarto y quinto párrafo, estos últimos a contrario sensu, de la Ley de Amparo. 3.3 Falta de firma electrónica. Lo anterior, toda vez que, legalmente, no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional. De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ninguna del supuesto promovente, debe considerarse que no exteriorizó su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. Conforme a los lineamientos del artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. A lo anterior, se suma lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigente, el cual establece que, para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin que en el caso nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, conforme al cual no se requerirá la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, toda vez que, en esencia, el acto que se pretende reclamar en el presente asunto es la posible orden aprehensión que pretenden ejecutar en contra del quejoso directo. 3.4 Litispendencia. Aunado a lo anterior, de acuerdo con la causal establecida en la fracción X, del artículo 61 de la ley de la materia, es improcedente el juicio de amparo contra actos que son materia de diverso juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por los mismos quejosos, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado efecto, en su escrito de demanda la parte quejosa reclama posible orden de aprehensión que se pudiera ejecutar en contra del quejoso directo Ricardo Cruz García. Al respecto se debe señalar que en este Juzgado de Distrito se tramita el juicio de amparo 1064/2022, instado también por Laura Leticia Cruz García, en favor de Ricardo Cruz García, contra la misma autoridad responsable Policía Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza, a la que reclama el mismo acto, es decir, la posible orden de aprehensión que se pretende ejecutar en contra del quejoso directo. En el análisis comparativo de la información derivada de este juicio de amparo 1078/2022, frente a la que se advierte en el diverso 1064/2022, el cual fue desechado de plano por las mismas circunstancias que se especificaron en el punto anterior, por carecer de firma autógrafa y electrónica, no obstante, a la fecha, se encuentra transcurriendo el plazo para declararse firme dicho desechamiento; por lo que se aprecia la misma promovente promovió los dos juicios de amparo contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, lo que es suficiente para acreditar la actualización de la causal de improcedencia de que se trata. Al evidenciarse de manera plena la existencia de la figura de la litispendencia en el juicio de amparo, en virtud de que las instancias constitucionales las plantearon la misma parte promovente, actualizándose la identidad de actos y autoridad, además que el juicio de amparo relacionado -1064/2022- es más antiguo y está pendiente de declararse firme, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo para inconformarse. 3.5 Desechamiento. En tales condiciones, al ser patentes y manifiestas las causas de improcedencia previstas en el numeral 61, fracciones X y XXIII, esta última vinculada con el diverso 6 y 3, cuarto y quinto párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Resulta aplicable al caso la tesis P./J. 8/2019 (10a)5 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la tesis I.11o.C.31 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Notificación a la parte quejosa. Ante la falta de firma en la demanda, no existe parte quejosa, pues no hay quien haya acudido al juicio, de ahí que no se debe reconocer quejoso alguno, ni nombramiento de defensor, así como tampoco ordenar una notificación personal. En consecuencia, se ordena que este proveído sea notificado por lista. 5. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría del Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 6. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 7. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 8. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente.

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