Ricardo Cruz Aguilera

Expediente 578/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
578/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Cruz Aguilera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la constancia de notificación electrónica de la parte quejosa del auto de veinticuatro de agosto del presente auto; en consecuencia, túrnense los autos al actuario judicial adscrito que corresponda para que notifique a la citada parte el referido proveído en los términos indicados.

  2. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual remite el testimonio de la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial 4/2021 de ese índice, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 433/2020 del índice del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Celaya, Guanajuato. Genérese el acuse de recibo respectivo y comuníquese a las partes que el citado Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el conflicto competencial, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es competente el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para conocer del juicio de amparo promovido por Ricardo Cruz Aguilera". En mérito de lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca del conocimiento de la demanda signada por Ricardo Cruz Aguilera, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Agréguense al presente juicio de amparo las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del conflicto competencial referido. Ahora bien, de conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo (cosa juzgada). El quejoso reclama los artículos 119, 124, 125, 126, 127, 143, 144, 145 y todo el Título Tercero del Libro Cuarto denominado "De la vigilancia del mercado, la verificación y vigilancia", de la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada el uno de julio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Los artículos que el quejoso identifica, en lo individual, establecen: Artículo 119. Corresponde a la Secretaría, pudiendo auxiliarse del Centro Nacional de Metrología y, en su caso, de los Institutos Designados de Metrología, elaborar las Normas Oficiales Mexicanas de metrología legal que pretendan asegurar la equidad en las transacciones comerciales y prestaciones de servicios. Se puede eximir de utilizar los instrumentos para medir previstos en esas Normas Oficiales Mexicanas, en las transacciones comerciales o en la prestación de servicios que se efectúen en base a cantidad, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de esta Ley. El Reglamento determinará las bases y reglas para que se publique en el Diario Oficial de la Federación aquellos instrumentos de medición específicos que resulten de uso obligatorio. Artículo 124. Los instrumentos para medir que están sujetos a control metrológico legal, tanto de fabricación nacional o de importación, requieren la aprobación de modelo por parte del Centro Nacional de Metrología o de los Institutos Designados de Metrología que correspondan, previo a su comercialización, cuando sirvan de base o se utilicen para: I. Una transacción comercial o para determinar el precio de un servicio; II. El pago de servicios públicos; III. La remuneración o estimación, en cualquier forma, de labores personales; IV. Actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa, o V. Se trate de actividades que puedan afectar los objetivos legítimos de interés público tutelados por las Normas Oficiales Mexicanas de metrología legal. Lo previsto en el párrafo anterior también será aplicable a los instrumentos para medir sujetos a control metrológico legal, tanto de fabricación nacional o de importación, que cuenten con programas informáticos o software legalmente relevante y que se utilicen en las actividades de medición establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas de metrología legal y los Estándares ahí referidos. La aprobación de modelo de los instrumentos para medir sujetos a control metrológico legal se sujetará a lo previsto en el Reglamento de esta Ley. El Centro Nacional de Metrología o los Institutos Designados de Metrología que correspondan podrán revocar la aprobación del modelo o prototipo cuando existan causas justificadas para ello. Artículo 125. El Centro Nacional de Metrología o los Institutos Designados de Metrología competentes deberán informar a la Secretaría sobre una lista que identifique a los instrumentos para medir sujetos a control metrológico legal que cuenten con la aprobación de modelo para que sea publicada en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad y, en su caso, la revocación a las mismas. Artículo 126. Los instrumentos para medir sujetos a una Norma Oficial Mexicana en materia de metrología legal y que cuenten con aprobación de modelo o prototipo en términos del artículo 124 de esta Ley, deben cumplir con los procedimientos para la Evaluación de la Conformidad previstos en esas normas. Artículo 127. Los instrumentos para medir sujetos a control metrológico legal que no cumplan con los requisitos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas en materia de metrología legal serán inmovilizados por la autoridad competente antes de su venta o uso, o durante su uso hasta en tanto los satisfagan. Aquellos instrumentos para medir que no puedan acondicionarse para atiendan esos requisitos serán inmovilizados por la autoridad competente para impedir su uso. Artículo 143. De cada acto de Verificación o Vigilancia, según corresponda, se levantará un acta detallada sea cual fuere el resultado, la cual será firmada por el representante de la autoridad y por la persona a quien se practicó esta diligencia; la falta de firma de ésta no afectará su validez. En las actas se hará constar: I. Nombre, denominación o razón social de la persona a quien se practicó el acto de Verificación o Vigilancia; II. Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la diligencia; III. Calle, número, población o colonia, municipio o alcaldía, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique el acto de Verificación o Vigilancia; IV. Número y fecha del oficio de la autoridad que motivó la Verificación o Vigilancia; V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; VI. En su caso, nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; VII. Datos relativos a la actuación, incluyendo: el método o procedimiento empleado; el resultado de la Verificación o Vigilancia y los demás que la autoridad considere relevantes agregar. Por lo que respecta a los actos de Verificación, también deberá incluirse como dato relativo a la actuación, cuando resulte aplicable: si el sobre, envase o empaque que contenía las muestras presenta o no huellas de haber sido violado o, en su caso, si el producto individualizado no fue sustituido; y la cantidad de muestras en que se efectuó la Verificación; VIII. Declaración y, en su caso, manifestaciones de la persona a quien se efectúe la Verificación o Vigilancia, si se encuentra presente y quisiera hacerla, y IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los datos e identificación de quien la llevó a cabo. Artículo 144. Si del resultado del primer acto de Verificación, se desprende que el bien, producto, proceso o servicio no cumple con las Normas Oficiales Mexicanas o Estándares que resulten obligatorios, a petición del interesado, la autoridad competente podrá autorizar que se efectúe otro acto de Verificación. Si en ese segundo acto de Verificación se demuestra que el bien, producto, proceso o servicio cumple con la Norma Oficial Mexicana o Estándar obligatorio aplicable, se tendrá por desvirtuado el primer resultado, si no las cumple, se tendrá por confirmado. El interesado debe solicitar la segunda verificación dentro del término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que se tuvo conocimiento del resultado de la primera verificación. Si no se solicitara quedará firme el resultado de la primera verificación. Para efectos de esta Ley, se entiende por actos de Verificación, la que se practique en los lugares en que se elabore un bien o una parte del mismo, se realice un proceso o alguna fase del mismo, o se preste un servicio; o aquélla que se realice mediante muestreos y pruebas. Artículo 145. De conformidad con lo señalado en esta Ley y en su defecto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, todos los actos de Verificación y Vigilancia se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado, previa identificación vigente y exhibición del oficio respectivo, salvo que la autoridad expresamente autorice su realización o conclusión, según sea el caso, en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones. Los fabricantes, productores y prestadores de servicios, sus subordinados o encargados de establecimientos en los que se elabore un bien o una parte del mismo, se realice un proceso o alguna fase del mismo o se presten servicios sujetos a la presente Ley, tendrán la obligación de permitir el acceso y proporcionar las facilidades necesarias a las personas autorizadas por las autoridades competentes para practicar la Verificación. La misma obligación será aplicable a las Entidades de Acreditación y Organismos de Evaluación de la Conformidad por lo que respecta a los actos de Vigilancia. Las personas a quien se efectúe la Verificación o Vigilancia podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en ella o, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se haya levantado el acta respectiva. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia conocida como "cosa juzgada", prevista en las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". La "cosa juzgada" implica la inmutabilidad de una decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en sede jurisdiccional. Al actualizarse la cosa juzgada sobre una cuestión litigiosa se extingue la facultad de las partes para hacer valer las mismas pretensiones en un juicio posterior, dada la existencia de un pronunciamiento al respecto que debe considerarse la verdad legal, cuyos efectos no es posible destruir. Por consiguiente, la existencia de la cosa juzgada obliga a cualquier órgano jurisdiccional a no tramitar un nuevo juicio en el que se deduzcan las mismas pretensiones, ya que esto posibilitaría que la autoridad judicial se pronuncie en dos ocasiones sobre la misma cuestión y, con ello, que se dicten sentencias contradictorias, con la inseguridad jurídica que ello ocasionaría. Esta institución también es aplicable al juicio de amparo, porque es inadmisible estudiar en dos ocasiones un mismo acto, dada la posibilidad de dictar resoluciones contradictorias y, con ello, destruir la firmeza de la emitida en primer lugar. Así, la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente siempre que la ley o acto reclamado haya sido materia de otro juicio de amparo en el que exista sentencia firme, y para ello, en términos de la fracción X, hay que satisfacer tres requisitos: (a) Identidad de quejoso, es decir, que ambos juicios sean promovidos por la misma persona; (b) Que se dirija contra las mismas autoridades, y (c) Que se reclame el mismo acto de autoridad, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Al respecto, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para esta juzgadora, que de la consulta al expediente electrónico del juicio de amparo 461/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se advierte que en dicho sumario con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, Ricardo Cruz Aguilera, promovió diversa demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tienen tal carácter las que a continuación se mencionan: A. Como autoridades que dictaron y promulgaron la norma general que por esta vía se reclama. a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. c) C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. B Por lo que hace al acto de aplicación de la norma impugnada mediante esta vía. a) C. Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. b) C. Secretaría de Energía, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial. en la Ciudad de México. c) C. Secretaría de Economía, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. d) C. Director General de Normas, de la Secretaría de Economía, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial en la Ciudad de México. e) C. Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Dirección General de Normas, de la Secretaria de Economía, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. f) C, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Practicas de Comercio, de la Secretaria de Economía, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. g) C. Director Ejecutivo, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. h) C. Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. i) C. Procurador, de la Procuraduría Federal del Consumidor, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. j) C. Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. k) C. Secretario Ejecutivo, de la Comisión Reguladora de Energía, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. l) C. Directora General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, de la Procuraduría Federal del Consumidor, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. m) C. Inspectores, comisionados y/o autorizados por el C. Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, de4la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. n) C. Verificadores, comisionados por el C. Secretario Ejecutivo, de la Comisión Reguladora de Energía, para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, con i; domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. o) C. Defensores de la Confianza, adscritos y/o comisionados por la C. Directora General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, de la Procuraduría Federal del Consumidor, para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial, en la Ciudad de México. V.-ACTO RECLAMADO: 1) Se reclama de la Cámara de Senadores el decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio de 2020, particularmente los articules 119, 124, 125, 126, 127, 143, 144,145 y todo el TITULO TERCERO del LIBRO CUARTO, denominado DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO, LA VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, en lo que respecta y concierne a la verificación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, por su inconstitucionalidad, aplicada por vía del cuarto acto reclamado que enseguida se menciona. 2) Se reclama de la Cámara de Diputados el decreto por el que se expide la de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio de 2020, particularmente los articulas 119, 124, 125, 126, 127, 143, 144, 145 y todo el TITULO TERCERO del LIBRO CUARTO, denominado DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO, LA VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, en lo que respecta y concierne a la verificación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, por su inconstitucionalidad, aplicada por vía del cuarto acto reclamado que enseguida se menciona. 3) Se reclama del Presidente Constitucional los Estados Unidos Mexicanos la promulgación del Decreto por el que se expido Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el» de julio de 2020, particularmente los artículos 119, 124, 125, 128, 127, 143, 144, 145 y todo el TITULO TERCERO del LIBRO CUARTO, denominado DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO, LA VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, en lo que respecta y concierne a la verificación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, su inconstitucionalidad, aplicada por vía del cuarto acto reclamado que enseguida se menciona. 4) Se reclama del resto de las autoridades señaladas como responsables, enlistadas en el inciso B y sus subincisos del capítulo III.- AUTORIDAD RESPONSABLE de esta demanda, el inminente acto de aplicación de los inconstitucionales artículos 119, 124, 125, 126, 127, 143, 144, 145 y todo el TÍTULO TERCERO del LIBRO CUARTO, denominado DE LA VIGILANCIA DEL MERCADO, LA VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, en lo que respecta y concierne a la verificación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, todos de la Ley de infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2020, consistente en la aplicación al suscrito las disposiciones legales antes indicadas, todos los actos y procedimientos iniciados y que se inicien en mi contra y que tengan como base los preceptos legales que se impugnan como inconstitucionales en este amparo, así corno todas las obligaciones y sanciones que pretenden imponerme, derivadas de los preceptos impugnados como inconstitucionales. 5) Del Director Ejecutivo, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, del Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de los Inspectores, comisionados y/o autorizados por el C. Director General de Supervisión Inspección y Vigilancia Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburo para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, se reclaman las aplicaciones a mi persona de todas y cada una de las disposiciones legales citadas como inconstitucionales, la realización inminentemente futura de actos procedimientos y verificaciones tendientes a las aplicación de las disposiciones legales que se relaman como inconstitucionales en este amparo, las verificaciones encaminadas a la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-005-ASEA-2016 y NOM-004-ASEA-2017 que tenga como base los preceptos legales impugnados como constitucionales y la aplicación inminente futura de cualquiera de las sanciones previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2020, y que se desprendan de las verificaciones a las Normas Oficiales ,Mexicanas que han quedado descritas, con base en las disposiciones combatidas como Inconstitucionales. 6) Del Comisionado Presidente la Comisión Reguladora de Energía, del Secretario Ejecutivo, de la Comisión Reguladora de Energía, de los Verificadores, comisionados por el C. Secretario Ejecutivo, de la Comisión Reguladora de Energía, para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, se reclaman las aplicaciones al suscrito de todas y cada una de las disposiciones legales citadas como inconstitucionales la realización inminente futura de los actos, procedimientos y verificaciones tendientes a la aplicación de las disposiciones legales que se reclaman como inconstitucional en este amparo, las verificaciones encaminadas a la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 que tenga como base los preceptos legales impugnados como inconstitucionales y la aplicación inminente futura de cualquiera de las sanciones previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2020, y que se desprendan de las presuntas verificaciones a la Norma Oficial Mexicana que ha quedado descrita, con base en las disposiciones combatidas como Inconstitucionales. 7) Del C. Procurador Federal del Consumidor, de la Directora General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, de los C. Defensores de la Confianza, adscritos y/o comisionados por la C. Directora General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles. de la Procuraduría Federal del Consumidor, para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, se reclaman las aplicaciones a mi esfera jurídica de todas y cada una de las disposiciones legales citadas como inconstitucionales, la realización inminentemente futura de actos, procedimientos y verificaciones tendientes a las aplicación de las disposiciones legales que se reclaman como inconstitucionales en este amparo, las verificaciones caminadas a la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-005-SCFI-2017 y NOM-185- SCF1-2017 que tenga como base los preceptos legales impugnados como inconstitucionales y la aplicación inminente futura; de cualquiera de las sanciones previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2020, y que se desarrollan de las presuntas verificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas que han quedado descritas, con base en las disposiciones combatidas como inconstitucionales". Asimismo, de la revisión del expediente aludido se desprende que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato celebró la audiencia constitucional respectiva el cuatro de junio pasado, y el día diecisiete siguiente, se dictó sentencia que resolvió la cuestión planteada, la cual se declaró ejecutoriada en auto de dieciséis de julio del actual año. En el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia en trato, porque el acto que aquí se reclama fue materia de estudio en el juicio de amparo indirecto 461/2020-V, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, donde se analizó la naturaleza del acto reclamado por el quejoso Ricardo Cruz Aguilera, como se advierte enseguida: a) Identidad de quejoso Se encuentra probada, en razón de que el presente sumario fue promovido por Ricardo Cruz Aguilera, al igual que el diverso 461/2020-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. b) Identidad de las autoridades responsables Las disposiciones normativas de la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada el uno de julio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que el quejoso reclama en ambos juicios de amparo, fue dictada y promulgada por las mismas autoridades. Sin que el quejoso aduzca algún acto de aplicación en concreto. Identidad del acto reclamado Esta cuestión también se acredita, pues, la materia de análisis en ambos juicios reclama los artículos 119, 124, 125, 126, 127, 143, 144, 145 y todo el Título Tercero del Libro Cuarto denominado "De la vigilancia del mercado, la verificación y vigilancia", de la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada el uno de julio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, la procedencia de la acción de amparo en contra de las disposiciones normativas reclamadas en este asunto fue materia de estudio en la sentencia firme emitida en otro juicio de amparo, que promovió el mismo quejoso -Ricardo Cruz Aguilera-, en contra de las autoridades encargadas de su dictado y promulgación. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ricardo Cruz Aguilera. No se soslaya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, estableció la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer la presente demanda de amparo; sin embargo, dicha determinación obedeció al domicilio del quejoso, en donde podrían tener efectos las disposiciones normativas reclamadas, con motivo de que la actividad económica que ejerce en Abasolo, Guanajuato, consiste en la distribución y venta de hidrocarburo. Sin embargo, el quejoso no reclama algún acto de aplicación en concreto, sino únicamente disposiciones normativas, cuya naturaleza y procedencia del amparo ya fue analizada por el Juez de Distrito en Celaya, de modo que el hecho de que el dicho juzgador haya resuelto que las disposiciones normativas reclamadas son heteroaplicativas y que, por tanto, en su contra es improcedente el juicio constitucional, mientras no exista un acto de aplicación de las normas reclamadas, la acción de amparo no puede ejercerse. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 16/2020 (10a.), con número de registro 2022434 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I,, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza. Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), con número de registro 2002272 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguense los escritos signados por autorizado de la parte quejosa., otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que pueda consultar el expediente electrónico y se practiquen las notificaciones en forma electrónica. -Asimismo, téngase a dicho promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que este juzgado lo estime necesario.-Por lo que hace al contenido del segundo de los escritos, el pomovente solicita que se aclaren las actuaciones judiciales que se han verificado por parte de este juzgado de distrito y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, con motivo de la competencia que dicha autoridad declinó en favor de este órgano jurisdiccional para conocer del juicio que motivó esta instancia, la cual fue rechazada, por cuestión de materia.-Al respecto, se le informa que, en caso de que el Juzgado de Distrito en turno, en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, rechace la competencia declinada a su favor, y a su vez, el Jugado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato insista en su postura, habrá lugar a un conflicto competencial.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta y la certificación que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, mediante el cual acusa recibo del oficio *** y anexos, con el que se le comunicó el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, donde este tribunal rechazó la competencia declinada a favor de la suscrita. Del contenido del oficio que se acuerda se advierte que el juez oficiante no insiste en declinar la competencia en favor de este juzgado, ya que remitió los autos del amparo promovido por **********, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano