Ricardo Cruz Aguilera

Expediente 583/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
583/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Cruz Aguilera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, mediante el cual acusa recibo del diverso 9229/2021, por el que se le remitió el juicio de amparo 583/2020, así como el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del referido juicio; lo anterior, en virtud de la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; asimismo informa que se avocó a su conocimiento, registrándolo bajo el número 462/2020-I. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que por proveídos de veintiocho de junio y cinco de julio, ambos del año en curso, se reservó remitir los oficios registrados con los número de orden 5640/2021, 5594/2021, 5936/2021, 5999/2021 y 6001/2021, signados por la Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, hasta que en autos obrara manifestación alguna respecto a si el juzgado citado en el párrafo precedente aceptaba o no la competencia declinada en el presente juicio de amparo, lo que ya aconteció en esta data. En consecuencia, de lo precisado en el párrafo que antecede, remítanse al referido órgano jurisdiccional federal los aludidos ocursos, con sus anexos, dejándose en su lugar copias de los mismos. Hágase del conocimiento de la Juez de Distrito que no es necesario que acuse recibo, dado que se recabará la minuta correspondiente para su debida constancia. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido. En ese sentido, y en cumplimiento a los artículo 12 y 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN UN PLAZO DE SEIS MESES, por lo que una vez que transcurra dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido por este juzgado. SE REMITE OFICIO URGENTE Por otra parte, visto el oficio registrado con el progresivo 6297/2021, se tiene a la responsable Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Economía, promoviendo recurso de queja en contra del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno por el que se resolvió sobre la suspensión provisional en autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 583/2020; sin embargo, en razón de que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ha aceptado la competencia del mismo y se ha abocado a su conocimiento, remítanse de manera urgente al referido órgano jurisdiccional federal el oficio de cuenta, con sus anexos, dejándose en su lugar copia del mismo...

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el telegrama remitido por la Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual informa que se otorgó la representación del Ejecutivo Federal para la tramitación de este asunto a la Secretaría de Economía. De igual forma, agréguense las piezas postales de cuenta que contienen los oficios 9249/2021 y 9267/2021, ambos dirigidos al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, devuelta por el servicio de mensajería acelerada "estafeta" Ahora, toda vez que, por acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, se remitió el original del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, así como el original y duplicado del incidente de suspensión, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, por conducto de la Oficina de Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya Correspondencia, al declinar la competencia por considerar actualizada la litispendencia respecto de diverso asunto tramitado en dicho juzgado, sin que a la presente data haya habido manifestación alguna al respecto; se reserva proveer lo conducente respecto de las comunicaciones de cuenta, hasta que se tenga conocimiento si dicho órgano acepta la competencia declinada...

  3. Principal

    23/06/2021...Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa...

  4. Incidental

    ...CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estos Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Economía, aceptaron el acto que se les atribuye, razón suficiente para tenerlos por ciertos. Por su parte, las demás responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin embargo, procede desvirtuar dichas negativas, pues las autoridades ordenadoras aceptaron su existencia, y aquéllas, en su carácter de ejecutoras, en cualquier momento puede llevar a cabo los actos. Aunado a que, para efectos de la suspensión definitiva, los actos en estudio se tienen por ciertos pues su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que no se encuentra sujeto a prueba. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicita que se conceda la medida cautelar para los siguientes efectos: a) Se suspendan las verificaciones encaminadas a la evaluación de conformidad a las normas señaladas como inconstitucionales, es decir, las responsables se abstengan de aplicar al quejoso los artículos tildados de inconstitucionales. Ahora, en el caso, el acto reclamado constituye en esencia la publicación, observancia y aplicación de la Ley de Infraestructura de Calidad publicada en el Diario Oficial de la Federación, el uno de julio de dos mil veinte, particularmente en el capítulo relativo a la Vigilancia del Mercado y la Verificación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, así como las consecuencias que esto implica. De lo que se sigue que, en sí mismo, tal acto de molestia es susceptible a la medida cautelar, dado que, por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación a las garantías de seguridad jurídica de la moral quejosa. SEXTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. A su vez, el artículo 129, fracción III, de la Ley en consulta, dispone que se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Ahora, en la especie, como se precisó en líneas anteriores, la empresa quejosa reclama los artículos 119, 124, 125, 126, 127, 143, 144, 145 y todo el Título Tercero del Libro Cuarto, denominado de la Vigilancia del Mercado, la Verificación y Vigilancia, de la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el primero de julio de dos mil veinte. Así como cualquier acto tendente a la verificación del cumplimiento de las normas oficiales NOM-005-ASEA-2016, NOM-004-ASEA-2017, NOM016-CRE-2016, NOM-005-SCFI-2017 y NOM-185-SCFI-2017. También se destacó que el efecto concreto para el cual solicitó la medida de suspensión, es para que las responsables no realicen las verificaciones encaminadas a evaluar la conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas, particularmente, todo lo establecido en el apartado correspondiente a la vigilancia del mercado. Pues bien, en el Título Tercero de la Ley de Infraestructura de la Calidad, se consagran las facultades de comprobación o control de la autoridad para vigilar y verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de los estándares aplicables, por parte de los sujetos obligados. Lo anterior, a través de actos de verificación de los bienes, productos, procesos y servicios; y de la revisión de los procedimientos utilizados. Así como también se prevén las facultades para sancionar en caso de incumplimiento, con independencia de cualquier responsabilidad civil o penal. Luego, lo que la empresa peticionaria pretende con la suspensión, es que las autoridades no ejerzan sus facultades de vigilancia y de verificación, cuya finalidad es comprobar que las empresas, como la quejosa, que tienen como objeto social el expendio de gasolina y diésel, cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y todas aquellas disposiciones aplicables, y, en su caso, determinar su incumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes. Por lo que no se cumple con el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que con el otorgamiento de la medida se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues ciertamente la sociedad está interesada en que las gasolineras cumplan con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas; en que se elimine cualquier práctica de alteración y manipulación ilegal, en la operación y funcionamiento de los sistemas para la medición y despacho de gasolina y otros combustibles; y en que se vigile esta actividad, para además, evitar cualquier afectación al consumidor que adquiere productos petrolíferos, que incluso pudiera ser constitutivo de algún delito. Sobre la improcedencia de la suspensión de las facultades de comprobación de la autoridad, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 84/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 166779 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 84/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Julio de 2009, página 457 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Es improcedente conceder la suspensión solicitada contra la ejecución de los actos de fiscalización previstos en el referido precepto legal que, en ejercicio de las facultades de comprobación, ejerzan las autoridades fiscales, pues su finalidad es verificar que los gobernados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar omisiones o créditos fiscales, así como comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a la autoridad hacendaria, en virtud de no satisfacerse el requisito contemplado en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, consistente en que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior es así, pues la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de estos procedimientos administrativos, a efecto de que el Estado pueda hacer frente a las necesidades colectivas. Contradicción de tesis 159/2009. Entre las sustentadas por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, ahora Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del mismo circuito. 3 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez. Tesis de jurisprudencia 84/2009. Aprobada por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, en sesión privada del diez de junio de dos mil nueve. Asimismo, por los razonamientos jurídicos que contiene, es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que se comparte, con datos de localización y texto: Registro digital: 178292 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: III.2o.A.120 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1566 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NEGARSE CONTRA LA APLICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA QUE REGULA LOS SISTEMAS PARA LA MEDICIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, PORQUE DE CONCEDERSE SE AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL. La sociedad está interesada en que las gasolineras cumplan con lo dispuesto en la norma oficial mexicana referida, respecto de que se eliminen de manera absoluta, en la operación y funcionamiento de los sistemas para la medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, todas aquellas variables susceptibles de alteración y manipulación ilegal; esto es, para que efectivamente se surta la cantidad de gasolina que se dice se expende, así como que se vigile esa actividad para que se dé una mayor seguridad jurídica al consumidor que adquiere el combustible, lo cual prevalece en todo sentido sobre el interés particular. Por tanto, la suspensión provisional solicitada para que no se efectúen las acciones de verificación e inspección a las estaciones de servicio es improcedente por no cumplirse con las exigencias del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Queja 35/2005. Servicios Calzada Independencia, S.A. de C.V. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia. En las relatadas circunstancias, toda vez que de otorgar la suspensión respecto de los efectos y las consecuencias de la aplicación de los artículos reclamados de la Ley de Infraestructura de la Calidad, consistentes en el eventual ejercicio de las facultades de verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones a que la quejosa se encuentra afecta, como distribuidora de gasolina y diésel, se afectaría el interés social y se contravendría disposiciones de orden público, acorde con el artículo 128, fracción II, relacionado con el 129, fracción III, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140, 144 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva por las razones aludidas en el considerando sexto de la presente interlocutoria...

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