Ricardo Contreras Velázquez
Expediente 841/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ricardo Contreras Velázquez
- R.T.C.M y C.C.M.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de julio de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio del cual en atención al requerimiento inserto en proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, acusa recibo de las copias certificadas del expediente 529/2020, de su índice, así como un disco DVD derivado del mismo, remitidas con el oficio 13181/2021, de este índice; en consecuencia, se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo el acuse en comento, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite copia certificada de la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de su adscripción, relativa al amparo en revisión 58/2021, de su índice, interpuesto por el quejoso ----------, contra la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en los autos del presente juicio de amparo, así como dos tomos de pruebas consistente en copias certificadas del expediente 529/2020, así como un disco DVD derivado del mismo, remitidos por la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, México; de la que se advierte que el Tribunal de Alzada resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ricardo Contreras Velázquez contra los actos y autoridades precisados en el considerando primero de esta ejecutoria." En consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese al juicio de amparo en que se actúa únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; capítulo séptimo, numeral 18 inciso b), y, capítulo octavo, numeral 20 fracción II, inciso a), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. APÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y la sentencia definitiva dictada en el expediente principal, de las cuales se ordena el desglose en su oportunidad, asimismo, se ordena se realice la copia digitalizada de las mismas, así en relación a lo cuadernos incidentales, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, ambos cuadernos son susceptibles de destrucción; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo, aunado de que no es considerado de relevancia documental. Además, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. Por otra parte, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Finalmente, toda vez que ya no son necesarias las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, México, al momento de rendir su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente 529/2020, así como un disco DVD derivado del mismo; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para todos los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Apercibido que, de no dar cumplimiento al presente requerimiento o informar la imposibilidad legal que tuviera para ello, con fundamento en los artículos 158 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 841/2020-III, promovido por----------------, por propio derecho, contra de los actos y autoridades precisados en la copia de la demanda con que se formó este cuaderno los cuales en este acto se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este Juzgado Federal el diez de noviembre de dos mil veinte, ----------------------, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, México. SEGUNDO. Por auto de doce de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado Federal ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión, solicitó a las autoridades responsables informe previo. Posteriormente, en veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dictó la audiencia incidental en el presente asunto, misma que fue recurrida por el quejoso ----------------------. En ese orden, el nueve de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remitiendo la resolución dictada por ese Tribunal Colegiado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en la que repuso el procedimiento; por los razonamientos expuestos en la misma, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 140 y 144,de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el apartado cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que el acto que se reclama tiene ejecución dentro del Municipio de Naucalpan de Juárez, territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. En primer término, es preciso establecer que de conformidad con el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que es materia de estudio en el incidente de suspensión en que se actúa, el cual se hace consistir en: La medida provisional decretada en la segunda audiencia de avenencia de quince de octubre de dos mil veinte, en la cual la autoridad responsable fijó una pensión alimenticia provisional a favor de los menores de iniciales R.T.C.M. y C.C.M., por un monto de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, así como el pago de gastos escolares, gastos médicos, ropa, calzado, así como la habitación. TERCERO. La autoridad responsable Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, México, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado precisado en el considerando segundo. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. El acto reclamado es de naturaleza positiva y de inminente ejecución, pues implica una conducta activa por parte de la autoridad responsable. Conducta que consiste tanto en la emisión de la medida provisional, como en la ejecución de la misma. Por lo tanto, de acuerdo a sus características son actos susceptibles de suspenderse, puesto que no agotan todos sus efectos con su dictado. Bajo ese contexto, haciendo un análisis provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, a partir de la ponderación que se hace conforme al principio de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 138, de la Ley de Amparo; se estima que existen elementos suficientes (la protesta de decir verdad vertida por el quejoso, así como las documentales que anexó a su demanda inicial, consistente el copia de la resolución emitida por la autoridad responsable el quince de octubre de dos mil veinte) que evidencian con cierto grado de certeza la existencia de la determinación que impone al quejoso la obligación de pagar una pensión alimenticia por el monto y conceptos que refiere en su demanda, y por lo tanto será la persona puede resentir una afectación en su patrimonio. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con los actos reclamados, pues la pensión alimenticia fue decretada a cargo del aquí quejoso, por lo que es quien resiente el acto reclamado. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La fracción II, del citado artículo 128, establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En la especie, este requisito no se estima cumplido, dado que de concederse la suspensión del acto reclamado, se impediría a los acreedores alimenticios recibir la protección necesaria para su subsistencia, en oposición de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social. Aunado que nos ubicamos en el supuesto previsto en la fracción IX, del artículo 129, de la Ley de Amparo, en virtud de que el pago de alimentos es de orden público; de ahí que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral en cita, no procede concederla puesto que se pondría en riesgo que no se logren los medios que debe proporcionar el obligado con la urgencia que la necesidad del caso requiere, lo que atentaría contra el orden público y el interés social, pues la acreedora alimentaria, no recibiría lo indispensable para su subsistencia, por tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 40, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla.". Asimismo, apoya a lo anterior la diversa del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Página 516, que prevé: "ORDEN PUBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. No es ajeno a la función de los juzgadores apreciar la existencia del orden público en los casos concretos que les someten para su resolución; de ahí que corresponda al juzgador, haciendo uso de la facultad que como tal está dotado, apreciar cada caso concreto que se le presente y determinar, tomando en consideración las circunstancias del mismo, si de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que no basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda seguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades responsables aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención directa e ineludible, por los efectos de la suspensión, a la disposición de orden público, no sólo para el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo." A mayor abundamiento, debe decirse que la medida provisional que determinó el juez natural, en favor de los menores, fue en razón de que en el momento de la diligencia de avenencia no contaba con elementos suficientes para fijar una pensión exacta de acuerdo a las pretensiones que fueron solicitadas por la parte actora; sino que únicamente contaba con las manifestaciones de las partes de donde habitaban y al no contar con la capacidad económica del quejoso y las necesidades exactas de los infantes, determinó la cantidad de mérito. Por ende, si bien, el quejoso plantea que los alimentos deben ser justos y equitativos acorde a sus posibilidades y las necesidades de los acreedores, también lo es que este Juzgado para atender la capacidad económica de suministrar alimentos -que refiere son bajas de acuerdo con su situación económica- se debe tomar en consideración también las necesidades de los menores para verificar si lo decretado por la autoridad es lo justo y equitativo, aspecto que en principio no tuvo al alcance el juez primigenio, y este órgano federal no puede tomar en consideración, aspectos que no fueron planteados en su momento. Pues, de ordenar a la autoridad proceder en los términos que plantea, este Juzgado no estaría velando por el respeto del interés superior de los niños, al ponderar únicamente sobre su capacidad económica sin conocer las necesidades de los menores de acuerdo con el nivel de vida que les fue otorgada por el quejoso. Por lo expuesto y fundado con apoyo además, en los artículos 130, 136, 140, 144, 146 y 153, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ------------------, en términos del considerando último de esta interlocutoria. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, por medio del cual solicita la tramitación del presente asunto bajo la modalidad en línea, solicitando se autorice la consulta del expediente electrónico al usuario "********************" y que las notificaciones derivadas del juicio de amparo en que se actúa a se realicen vía electrónica. En consecuencia, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, relativo al presente juicio de amparo, al usuario "********************"; por tanto, instrúyase a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones necesarias; asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo realícense a la parte quejosa, las subsecuentes notificaciones de carácter personal vía electrónica, por así haberlo solicitado. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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