Ricardo Contreras Téllez
Expediente 375/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 05/09/2019
Partes del expediente
- Ricardo Contreras Téllez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de nueve de agosto del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero, del acuerdo general conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)" Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la tercera interesada Alejandra Martínez Pichardo, mediante el cual solicita copia simple de todo lo actuado en el presente asunto. De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, expídase a costa del promovente la copia simple solicitada, en el entendido que quien se presente a recogerlas deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo previsto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo para que las partes realizaran manifestaciones en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que hicieran uso de ese derecho. Por tanto, en términos de los artículos 17, párrafo segundo y 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192, párrafo primero, 196, párrafo segundo y tercero, y 214 de la de la ley de la materia, procede analizar si de acuerdo con las constancias que obran en este asunto, la sentencia de amparo se encuentra puntual y totalmente cumplida, sin exceso ni defecto. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 143 a 155), este órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que determinó lo siguiente: "En consecuencia, al no haber expresado las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para emitir el acto reclamado en los términos destacados y en suplencia de la deficiencia de la queja, atento al principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe resarcirse a la parte quejosa con la mayor amplitud posible en el pleno goce del derecho violado, lo procedente es conceder el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado a Ricardo Contreras Téllez, para los siguientes efectos: Deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el siete de junio de dos mil dieciocho, en contra del aquí quejoso, en la carpeta judicial 736/2018 de su índice; y, En su lugar, dicte otra en la que exponga (motive), si la necesidad de cautela invocada por el Fiscal es idónea, proporcional, necesaria y razonable en el caso en estudio a partir de los datos proporcionados y planteamientos de la fiscalía y con libertad de jurisdicción, dicte la resolución que en derecho corresponda." . "PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Ricardo Contreras Téllez, contra el acto, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Ricardo Contreras Téllez, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en los considerandos segundo y último, por los motivos expuestos en el último de la presente resolución." Ahora bien, el Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea del Poder Judicial de Estado de México, mediante oficio 1079, en cumplimiento dado al fallo protector, y en acatamiento a la ejecutoria pronunciada determinó lo siguiente: Mediante acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión número especializado 001396/2018, orden de aprehensión 167/2018 dictada el siete de junio de dos mil dieciocho, en los autos de la carpeta administrativa 736/2018, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez. El veintinueve de julio del año en curso, ordenó la aprehensión del aquí quejoso Ricardo Contreras Téllez por el hecho delictuoso de homicidio calificado (al cometerse con ventaja) en agravio de Víctor Hugo Reyes Martínez, y atendiendo el inciso b) de la ejecutoria de amparo la autoridad responsable hizo una transcripción literal de las manifestaciones hechas por el Ministerio Público, en donde se advierte lo siguiente: "Asimismo, hago del conocimiento a su Señoría, que el hecho delictuoso de HOMICIDIO CALIFICADO se ajusta a lo que establece el artículo 141 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente para el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral; es decir EXISTE LA NECESIDAD DE LA CAUTELA del LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN como forma de conducir al imputado al proceso, pues el delito por el cual se solicita la presente, lo es el de HOMICIDIO CALIFICADO, mismo que es el tipo penal de mayor relevancia, al tutelar el bien jurídico primario, que es la vida, siendo que este hecho delictuoso prevé como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, de ahí que si el inculpado RICARDO CONTRERAS TELLEZ, se le citara o se ordenara su comparecencia, indubitablemente que no comparecería, pues como se advierte de los hechos el gobernado, tiene conocimiento que al momento en que cometió el hecho delictuoso que nos ocupa, se encontraban varios testigos presenciales de los hechos, los cuales se percataron que él fue la persona que privo de la vida al ahora occiso VICTOR HUGO REYES MARTÍNEZ, y lesiono mortalmente al C. CARLOS EDUARDO REYES MARTÍNEZ, al disparar con un arma de fuego sobre la humanidad de los pasivos y posteriormente se dio a la fuga a bordo del vehículo de su propiedad, de ahí que tiene conocimiento que en caso de presentarse voluntariamente ante esta Fiscalía Especializada de Homicidio, se le impondrá la prisión preventiva como medida cautelar, mientras se resuelve su situación jurídica en el plazo constitucional y en caso de ser vinculado a proceso, continuaría con dicha medida cautelar, de ahí la necesidad de hacer comparecer a RICARDO CONTRERAS TÉLLEZ, ante el órgano jurisdiccional a través de una orden de aprehensión autorizada por Usted, existiendo riesgo fundado de que el gobernado se puede sustraer de la acción de la justicia." Por lo que la autoridad responsable determinó lo siguiente: "Por todo ello es que en consideración de este juzgador, el Ministerio Público, justificó la necesidad de cautela que se establece en la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, a partir de los datos proporcionados y planteamientos de la Fiscalía, arriba transcritos, se considera, por las razones apuntadas, como odónea, proporcional, necesaria y razonable en el caso de estudio, debido, como ya se adujo, a que la conducta atribuida al quejoso por el Ministerio Público, lesiona el bien jurídico de máxima protección tutelado por la ley, como lo es la vida, de ahí su proporcionalidad ante la restricción del derecho a la libertad del investigado, restricción que no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento a la finalidad perseguida; idónea, para los efectos que ésta persigue, porque a través de la emisión de la orden de captura, se pretende lograr la comparecencia del investigado a la audiencia inicial para la formulación de la imputación; necesaria, dado que, a pesar que puede hacerlo, el investigado no ha comparecido de forma voluntaria a la audiencia inicial, por lo que la orden resulta absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado (la presencia del imputado en la audiencia inicial) y no existe medida menos gravosa para ello, entre aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, como la citación o la comparecencia por orden judicial. Y razonable virtud a que desde el día del hecho delictuoso que se le atribuye se dio a la fuga por su propios medios." Consecuentemente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable -respecto de aquellos aspectos en los que se dejó plenitud de jurisdicción para resolver-, se considera que la ejecutoria de amparo está totalmente cumplida, sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la tesis 2a.XCVI/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 649, Tomo I, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004994, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". Notifíquese.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; dos de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria Particular de la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través del cual remite copia certificada de la notificación practicada al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios en Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, titular de la carpeta administrativa 736/2018, respecto del auto de veinticuatro de julio del presente año, dictado en autos. Atento a lo anterior, agréguese para que surta los efectos legales conducentes y téngase por notificado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios en Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que las partes dentro del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 143 a 155), por la cual se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En esa virtud, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 238 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: [...] Notifíquese.
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