Ricardo Contreras Linares

Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
553/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Contreras Linares

Actuaciones

  1. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Zapopan, Jalisco, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. I. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintinueve de abril posterior. II. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el siete de agosto de dos mil diecisiete1 , se sobreseyó en el presente expediente. Posteriormente, en la resolución del recurso de revisión interpuesto en contra de la referida sentencia, la superioridad, el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve2 , en lo que importa, modificó la citada sentencia dictada por este juzgado, concediendo el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "En consecuencia, ante lo fundado de los argumentos en estudio, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, lo procedente será otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal y declarar la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, incluyendo las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para adquirir la semilla de cannabis, por ser una medida desproporcionada y constituir el presupuesto necesario para que la cadena de autoconsumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos amparada por el libre desarrollo de la personalidad del quejoso pueda completarse. La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización . En mérito de lo anterior, resulta innecesario el análisis de los demás argumentos formulados en los conceptos de violación, pues a ningún fin práctico llevaría, de conformidad con la jurisprudencia número 1,335 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1498 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte -SCJN Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". También, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada, por lo que ve al acto concreto de aplicación, consistente en la resolución número 163300CT010919 de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios; en atención a que la estrecha vinculación entre las normas combatidas y el acto concreto de aplicación, implica que la concesión de la protección constitucional contra la ley, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Pues bien, como antes se vio, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal en este juicio de amparo, por lo que ve a las disposiciones legales precisadas líneas arriba, por estimarse que resultan inconstitucionales; en esas condiciones, dicha concesión debe implicar que en su lugar, se emita otra determinación en la que se otorgue a la parte quejosa, la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia, en el entendido de que corresponderá a la mencionada Comisión, establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso, se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a Derecho. Para mayor ilustración del punto en comento, cabe invocar de nueva cuenta la jurisprudencia del rubro: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", que se da por reproducida en obvio de repeticiones." En ese contexto, a la constancia remitida por la responsable3 , se le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto lo siguiente: Que mediante oficio CAS/2/OR/11936/2019, de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dejó sin efectos el diverso comunicado 163300CT010919, de quince de noviembre de dos mil dieciséis. Luego, en el primer oficio citado en el párrafo que antecede, emitió autorización sanitaria, para realizar diversas actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y sus variantes estereoquímicas, es en cuanto a poseer en su persona la sustancia antes señalada, estableciendo los lineamientos para la adquisición de la semilla de cannabis. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. III. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. IV. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió resolución en la cual por una parte, se sobreseyó en el presente juicio, por otra, se negó y en una más, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo, donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 18, en su inciso b), y dos últimos párrafos, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. V. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo general en cita, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. VI. Vista a Tribunal Colegiado. En razón de lo acordado en los párrafos que anteceden, dese vista al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para los efectos legales conducentes. VII. Acusa recibo. Por otra parte, visto el oficio de cuenta proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, atento a su contenido, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y téngasele acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. VIII. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de mayo de dos mil veintiuno. Transcurre plazo. Visto el estado que guardan los presentes autos, no obran los acuses de recibo de los oficios 5311/2021, 5312/2021 y 5313/2021, del índice local, dirigidos a las autoridades responsables Defensores de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor y Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor, mediante los cuales se les notifica el proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por el que se les requiere su respectivo informe previo. Difiérase audiencia incidental. Luego, tomando en consideración lo anterior, se difiere la audiencia incidental, y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad responsable, debe realizar los actos siguientes: "Acredite que señaló una fecha distinta a la contenida en el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte (acuerdo que dejó sin efectos la contenida en el acuerdo reclamado), dictado en el juicio laboral 1958/2016-D, de su índice, ciñéndose al plazo previsto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo.". Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requiérase a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Pudiendo remitir constancia que acredite lo anterior, ello en la vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Apercibimiento. Apercíbase a las autoridades responsables que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia: "Décima Época Registro: 2008147 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo Materia(s): Común Tesis: P./J. 63/2014 (10a.) Página: 6 CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Santiago Alejandro Reyes Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe. Carlos Martínez

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