Ricardo Chávez Martínez
Expediente 62/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ricardo Chávez Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta que antecede y en virtud de que ha transcurrido el plazo de cinco días para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 97 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL MISMO.
- Principal
Agréguese a sus autos la razón del actuario adscrito a este juzgado, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso, en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), de la Ley de Amparo; notifíquese por medio de lista a dicha parte el proveído de veintinueve de enero del año en curso, en el que: Vista la demanda de amparo suscrita por el quejoso, por su propio derecho, contra actos del Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Sin lugar a tener como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos "A" del Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que no se ubica en los supuestos que señala el artículo 5, fracción II de la Ley de la materia; pues sus funciones están supeditadas a las del juez y no emite actos que sean autónomos. Fórmese expediente y regístrese con el número de orden 62/2019-II. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; al surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Ahora bien, tratándose del juicio especial hipotecario, resulta inconcuso que la ley que rige el procedimiento es el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; el cual en los artículos 684 y 685 en su orden estatuyen: Por ende, al no agotar el recurso ordinario que prevee la ley, es lógico que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al surtirse la causal de improcedencia en cita, con fundamento en el precepto 113 de la misma ley, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la Ley en cuestión; así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
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