Ricardo Cerna Arellano
Expediente 1193/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2019
Partes del expediente
- Ricardo Cerna Arellano
Actuaciones
- Principal
Feneció término legal. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede al promovente para interponer el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. El Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal; establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber transcurrido cinco años como asunto concluido, son destruibles los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Juicio de amparo. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción II del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que el quejoso Ricardo Cerna Arellano, no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el once de octubre de dos mil diecinueve, se le dejó en el domicilio ordenado en autos del juicio de amparo, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve al quejoso Ricardo Cerna Arellano, mismo que en síntesis dice: Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1193/2019-VII. Desechamiento de la demanda. Previo a emitir el pronunciamiento correspondiente en cuanto a la admisión o desechamiento de la demanda que nos ocupa, cabe destacar que el directamente agraviado atribuye a las autoridades responsables los siguientes actos: "De la autoridad responsable BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: la violación de mi (sic) derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 constitucional, el artículo 7 del pacto de San Salvador Tratado Internacional que respeta el artículo 133 constitucional y artículo 43 fracción III (sic) LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL que deriva de la incorrecta fundamentación, motivación e interpretación que hace la responsable, que se desprende del oficio de fecha 01 de octubre de 2019 que (sic) se hace llegar la responsable por conducto de la oficina de recursos humanos y publicado en el centro de trabajo en fecha 08 de octubre de 2019 en el lugar visible determinado para ello." De lo transcrito con antelación, concatenado con el cúmulo de manifestaciones vertidas a lo largo de la demanda, se extrae como reclamo fundamental del quejoso, la baja de su nombramiento laboral en el puesto que desempañaba dentro del Instituto de Servicios de la Salud Pública del Estado de Baja California. Sentado lo anterior, es necesario tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo confiere facultad al juez de distrito que conozca de una demanda de amparo, para desecharla de plano si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y, b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Y es que basta con tener en cuenta que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para concluir en la improcedencia del juicio ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Con base en este marco normativo, quien aquí resuelve determina que en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia previsto por la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y último párrafo, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La intelección de los numerales reproducidos pone de manifiesto la improcedencia de la acción constitucional cuando a la autoridad señalada como responsable, no le reviste tal carácter. Sobre el tópico cabe expresar, que de acuerdo con el artículo 1°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo es un medio jurídico que preserva los derechos humanos reconocidos y las garantías que para su protección otorga la Constitución, y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; y es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen dichos derechos y garantías. De tal manera, el juicio de amparo es un medio de defensa que tiene el gobernado contra actos de autoridad de hecho y de derecho, surgidos en una relación de supra a subordinación, cuando la llamada autoridad responsable vulnera o restringe los derechos humanos reconocidos o las garantías otorgadas para su protección. De lo hasta aquí dicho, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de una autoridad que actuando de manera unilateral, imperativa y coercitiva, con fundamento en una norma legal, cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, que se generen en una relación de supra a subordinación, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos. De ahí, que los actos que emanan de las relaciones de supraordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, aun cuando en estas últimas intervenga una autoridad desprovista de imperio, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Conforme a lo anterior, conviene precisar que el tema relacionado con la causa de improcedencia que a juicio de este órgano federal se actualiza en la presente contienda, radica en que a la autoridad responsable, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque la relación jurídica existente entre el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, y el quejoso, no corresponde al de autoridades y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón y trabajador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio para definir la calidad de autoridad responsable. A manera de ejemplo, se citan los rubros de las siguientes tesis emitidas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." A partir de lo anterior, es posible inferir que por autoridad responsable debe entenderse aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sin pasar por alto que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la porción normativa que se analiza, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. En este orden de ideas, el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos precisados; y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, para definir el concepto de autoridad responsable se debe atender a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de la denominada de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esta vertiente, es posible afirmar que los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Caso concreto. Ahora bien, en el asunto que se atiende, como ya se expuso, el hoy quejoso acude al juicio de amparo por virtud de que causó baja en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, con sede en Tecate. De inicio, lo expuesto da noticia de que la problemática del quejoso es eminentemente laboral. Por ello, es claro que a quien señaló como autoridad carece de tal carácter para efectos de este juicio de amparo; pues el conflicto de que se trata se suscitó entre el hoy quejoso y su patrón. En efecto, la baja en la plaza provisional que ocupaba el disidente, constituye, estrictamente, un acto de naturaleza laboral, que bien puede ser impugnado y reparado por virtud de acciones como de nivelación, u otorgamiento de plaza, mismas que persiguen finalidades que se inscriben en el ámbito laboral, y que son procedentes en esa vía porque su génesis jurídica es precisamente un conflicto que deriva de la aplicación de leyes laborales. En esa tesitura, es más que evidente la improcedencia del juicio de amparo, en tanto que, como se dijo, su teleología es la protección del particular frente a los actos arbitrarios de autoridad; sin que en el caso se cumpla ésto último, pues la determinación de quien aquí es señalada como responsable, fue adoptada en su calidad de patrón. No es posible ni siquiera considerar que lo reclamado por el quejoso se trata de sanciones administrativas que sí lo legitimarían para pedir amparo; pues como él mismo lo refiere, fue dado de baja del puesto que desempeñaba, sin que dicha actuación constituya alguna sanción administrativa que la ley faculta imponer a los servidores públicos con motivo de una responsabilidad administrativa. Incluso, es necesario precisar que no es óbice el hecho de que el hoy quejoso sea un funcionario adscrito a un órgano del Estado; pues ello no determina la posibilidad de acudir al juicio constitucional; en virtud de que no se debe confundir el ámbito laboral que es propio de los burócratas, con el administrativo al que también están sujetos. De manera que si el propio quejoso reconoce encontrarse adscrito laboralmente a la responsable, ello robustece la premisa aquí sostenida en el sentido de que la relación existente entre ambos, es laboral. Es decir, debe distinguirse entre las relaciones entre Estados y Municipios con sus servidores, y el ámbito de responsabilidad administrativa de los funcionarios del servicio del Estado. Esto es de gran trascendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos -el laboral y el administrativo-, diferentes procedimientos, defensas y calidades revisten a los intervinientes. Luego entonces, si el aquí quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que su reclamo sólo deriva de su puesto laboral, es claro que dicha inconformidad se orienta hacia el titular del órgano en que labora pero en su carácter de patrón. Y es que no es relevante que en el caso, dicho patrón sea una autoridad ante cualquier gobernado, pues lógicamente en las relaciones con sus servidores públicos como el aquí quejoso, actúa como patrón. Al respecto es ilustrativa la tesis I.13º.T.207L(10a), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A ENTES QUE EN REALIDAD TIENEN EL CARÁCTER DE PATRÓN, AUNQUE SE PLANTEE LA INCONSTITUCIONALIDAD O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO).Uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y no es impedimento para considerarlo así, el hecho de que se reclame la inconstitucionalidad o aplicación de los Lineamientos de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en atención a que son dos situaciones íntimamente relacionadas (autoridad responsable y acto reclamado), por lo que, al no ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, no se actualiza el supuesto de admisión de la demanda, aun cuando se precise que se reclama la inconstitucionalidad de una ley u ordenamiento jurídico." Ahora bien, en párrafos precedentes se expuso, que para los efectos del juicio de amparo, un acto de autoridad es aquél que implica la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Y que dicha relación jurídica de supra a subordinación, es la que se entabla entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos. Por lo tanto, el hecho de que los actos reclamados sean de naturaleza laboral, porque las cuestiones de que se duele el quejoso no derivan de un procedimiento administrativo, ni le fueron impuestas por el órgano sancionador respectivo, lleva a concluir que la baja de su puesto laboral surgió en un relación de coordinación, entre el patrón y el trabajador; y no en una de supra a subordinación. Razón por la cual, como se anticipó al inicio de este proveído, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la ley de amparo en su artículo 61° fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II; en virtud de que los actos reclamados no constituyen ni son equivalentes a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia anteriormente destacada, resulta procedente desechar de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por Ricardo Cerna Arellano, atento a los razonamientos expuestos en supra líneas. No obsta a la anterior determinación el hecho de que en reiteradas ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido que el tema relativo a si el acto reclamado fue emitido o no por una autoridad para efectos del juicio, requiere un análisis más detallado, relacionado con el fondo del asunto, como se obtiene de la jurisprudencia 2a./J.54/2012(10a), sustentada por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; pues, el caso que nos ocupa no encuadra en esa regla general, porque se advierte en forma patente, absolutamente clara, y se tiene certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitir la demanda y substanciar el procedimiento, no será posible arribar a una convicción diversa. Lo anterior guarda congruencia incuso con el artículo 17 Constitucional al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en dicho mandato Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de epígrafe y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Se precisa que similares consideraciones fueron confirmadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede Mexicali, al declarar infundada la queja administrativa 45/2019, de su índice. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona y que sí cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se obtiene de las constancias que se glosan. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones.
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