Ricardo Cerino Osorio
Expediente 966/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ricardo Cerino Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diez de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Ricardo Cerino Osorio, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. El diez de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito. Mediante oficio recibido el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del laudo de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 1460/2016 de su índice, relacionado con el cumplimiento al fallo protector. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: Dictara de inmediato el laudo que conforme a derecho corresponda en el juicio laboral 1460/2016 de su índice, al haber transcurrido en exceso los plazos establecidos para ello por los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el veinte de noviembre de dos mil veinte, dictó laudo en la precitada controversia laboral, por lo que es evidente que, al momento de pronunciarse la sentencia de amparo (diecinueve de febrero de dos mil veintiuno), los efectos del acto reclamado habían desaparecido. CONCLUSIÓN En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento que, de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Ricardo Cerino Osorio; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE. Ahora bien, en la sentencia de mérito se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "Dictar de inmediato el laudo que conforme a derecho corresponda en el juicio laboral 1460/2016 de su índice, al haber transcurrido en exceso los plazos establecidos para ello por los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, de la certificación secretarial se advierte, que en proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto del oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; por lo que al respecto, se acuerda: con el oficio sin número, se tiene a la citada autoridad informando las gestiones que realizó para dar cumplimiento al fallo y remitió al efecto copia certificada del laudo dictado el veinte de noviembre de dos mil veinte, en los autos del expediente laboral 1460/2016. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que exprese lo que a su interés legal convenga respecto a la constancia remitida por la autoridad responsable; apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo señalado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito o la imposibilidad jurídica en su caso, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la Junta responsable, de conformidad con la tesis 2ª./J.26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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MESA 9 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 966/2020-9, promovido por Ricardo Cerino Osorio. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con: 1. la documental que anexó a su escrito de demanda en copia simple, consistente en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, llevada a cabo por la Junta responsable, en autos del expediente laboral 1460/20161, que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en 1 Fojas de la 12 a la 14 de autos. ROCÍO DE LOS ANGELES PÉREZ PÉREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.4c 15/10/23 13:02:52???????????? hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 966/2020-9, promovido por Ricardo Cerino Osorio, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado a través del buzón judicial el cuatro de noviembre de dos mil veinte, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el mismo día, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, Ricardo Cerino Osorio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1460/2016. AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cinco de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 966/2020-9; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y PLAZOS PROCESALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al????????????? esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. A través de acuerdo de trece de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el trámite del expediente y se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Posteriormente, en acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 742, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;????????????? publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".3 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, de dictar laudo en el expediente 1460/2016. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido la autoridad responsable al rendir su informe justificado4; afirmación que se corrobora con la presunción que genera la copia simple de la audiencia veinticuatro de agosto de 3 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 4 Foja 29 del juicio de amparo. dos mil dieciocho, que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda5. Documental pública a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fue contradicho su contenido. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, del Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 626 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En términos generales, la parte quejosa señala que la omisión de la autoridad responsable de dictar laudo viola 5 Fojas de la 12 a la 14 Ídem. 6 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." ROCÍO DE LOS ANGELES PÉREZ PÉREZ?????????????? en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este juzgador considera que el argumento del quejoso es sustancialmente fundado, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 797, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, supliendo la deficiencia del aludido concepto de violación, se hará el análisis relativo únicamente por lo que respecta al numeral 17 constitucional, el cual tutela el referido derecho fundamental, prescindiéndose el examen de los restantes por ser ajenos a su planteamiento. Se afirma lo anterior, toda vez que el segundo párrafo del artículo 178 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El derecho fundamental contenido en el precepto constitucional precitado, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del 7 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; (.)" 8 "Artículo 17 (. ) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)" Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Así, el precepto constitucional en comento señala, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a la administración de justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las??????????? leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De ahí que la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. De igual forma, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las????????????? relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso9. Estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en los ordinales 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo10. 9 "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso (.)" 10 "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. En el caso, si bien es cierto que la autoridad responsable no remitió constancia alguna en la que se observe la fecha en que haya cerrado instrucción; también lo es que expresa al rendir el informe justificado que el expediente se encuentra turnado al auxiliar determinador, quien emitirá el dictamen correspondiente; sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo cuatro de noviembre de dos mil veinte) haya formulado el referido proyecto de laudo correspondiente. Con base en lo anterior, es evidente que ya fenecieron los plazos otorgados en los numerales 885 y 887 de la ley en cita, esto con independencia de que el segundo dispositivo en cuestión refiera que el término se computará a partir de que haya concluido el término fijado o del desahogo de las diligencias respectivas, pues la intención del legislador es que los integrantes de la junta cuenten con un período para la discusión y votación del Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". Como se puede advertir, una vez cerrada la instrucción en el juicio laboral, la junta responsable tiene diez días para elaborar el proyecto de laudo y otro plazo igual para la discusión y votación del mismo (artículos 885 y 887 del ordenamiento jurídico precitado). Disposiciones normativas que se aplican en términos del artículo Séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, que instituye: "Séptimo. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audiencia de conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo los de ejecución, por lo que se archivarán dichas solicitudes".???????????? proyecto de laudo, aun cuando no se actualice la hipótesis establecida en el artículo 886 de la legislación laboral en cita. Consecuentemente, de la fecha en que la responsable turnó los autos del juicio laboral de origen a un dictaminador de su adscripción para que emitiera el laudo correspondiente han transcurrido en exceso los términos para la elaboración, discusión, aprobación y firma del proyecto de laudo correspondiente, lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental de la parte quejosa a que se le imparta justicia pronta y expedita, porque constituye una paralización del procedimiento que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, contraviniendo así lo establecido en los citados preceptos legales. De ahí que asiste razón a la parte quejosa, al exponer que la omisión reclamada vulnera en su perjuicio derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, al no resolver el juicio laboral 1460/2016, dentro de los plazos legales previstos en la legislación laboral aplicable. En las relatadas circunstancias, se concede a la parte quejosa la protección de la justicia federal, a efecto de resarcirla en el goce del derecho fundamental transgredido con la omisión reclamada. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 7411 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: ? Dictar de inmediato el laudo que conforme a derecho corresponda en el juicio laboral 1460/2016 de su índice, al haber transcurrido en exceso los plazos establecidos para ello por los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. 11 "Artículo 74. La sentencia debe contener: (.) V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; (.)" ROCÍO DE LOS ANGELES PÉREZ PÉREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.4c??????????? Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Ricardo Cerino Osorio, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, en términos del considerando quinto y para los efectos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que en proveído de trece de los actuales, se dio vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por lo que resulta evidente que el plazo de ocho días que contempla dicho numeral para que las partes se impongan de su contenido, comenzara a transcurrir. En tal virtud, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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