Ricardo Castillo Velázquez

Expediente 425/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 26 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
425/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
26/09/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Castillo Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibida la demanda de amparo de cuenta que promueve Ricardo Castillo Velázquez, contra actos del Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Querétaro, con sede en Querétaro, y de otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" Del precepto transcrito se desprende, en lo que interesa, la improcedencia del juicio de garantías contra las resoluciones que se emitan en un juicio de amparo o en ejecución de las mismas. Esto, implica que todas las resoluciones dictadas así como todo lo actuado dentro del propio juicio de amparo, no son impugnables mediante otro juicio de garantías, es decir, tanto las sentencias como las determinaciones de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en tales juicios no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría sustanciar y resolver juicios de amparo contra actos derivados de otros juicios de similar naturaleza, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. . El promovente del amparo Ricardo Castillo Velázquez, reclama en el presente juicio de amparo, lo siguientes: .. Como se establece del acto reclamado, éste deriva del juicio de amparo 2254/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en Querétaro, ello conlleva a la improcedencia del presente juicio de amparo, pues como se precisó, no es jurídicamente posible combatir mediante esta vía los actos u omisiones que derivan de un juicio de idéntica naturaleza, pues cualquier determinación emitida en el mismo, ya sea concerniente a su trámite o el fallo respectivo, son inatacables a través del mismo medio de defensa extraordinario. .. Considerar lo contrario, es decir, estimar procedente dicho medio de defensa extraordinario en contra de actos, resoluciones u omisiones en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues, en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece. .. Por último, cabe destacar que la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable. .. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción IX, y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS que se provee, respecto de los actos reclamados, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin que pase desapercibido para este juzgado, que en la primera foja de la demanda, parte superior derecha, se haya asentado "amparo directo", toda vez que del contexto de la demanda, así como en sus puntos petitorios, se advierte que solicita el amparo y protección de este Juez de Distrito; además con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, estima que los actos reclamados no son materia de amparo directo, conforme a lo previsto en el artículo 170 de la Ley de Amparo; por ello, no es dable declinar competencia al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Por otra lado, como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26 fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado, por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las persona que indica, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no acredita contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual está obligado en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado. Hágase saber a las partes que el presente auto y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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