Ricardo Castillo Tovar
Expediente 239/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2017
Partes del expediente
- Ricardo Castillo Tovar
- Juez Cuadragésimo Primero Penal de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo enviado por la autoridad judicial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente el sello de la autoridad de referencia el cual hará las veces de acuse.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 239/2017, promovido por Ricardo Castillo Tovar, Juez Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión de las autoridades que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El veintidós de marzo siguiente, se admitió la demanda registrándose con el orden 239/2017; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado de origen; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse una omisión después de concluido el juicio, por autoridad judicial con residencia en esta ciudad, donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de la omisión reclamada. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que lo que reclama el amparista es la omisión de dar contestación a la petición formulada el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, que se atribuye en su carácter de ordenadora al Juez Cuadragésimo Primero Penal y como ejecutora al Director para el Cobro de Multas Judiciales, ambos del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. TERCERO. Es cierta la omisión que se atribuye al juez responsable, pues aun cuando la negó al rendir su informe de ley, de las constancias que remitió en apoyo al mismo, se advierte que el quejoso mediante escrito presentado en la oficialía de partes el veintitrés de diciembre pasado, pidió se declarara prescrita la multa que le fue impuesta en la causa penal 77/2007, no obstante, hasta la fecha de presentación de la demanda -diecisiete de marzo de dos mil diecisiete- aún no se le había comunicado lo conducente; documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tiene por desvirtuada su negativa y como cierto el acto que se le reclama. De igual forma, es cierta la ejecución que se atribuye al director en cita, pues no obstante que la negó al rendir su informe, lo cierto es que de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que se realizaron diversos requerimientos a dicha autoridad, a fin de poder dar contestación a la petición del quejoso, de ahí que debe tenerse por desvirtuada su negativa y como cierto el acto que se le imputa, pues tal ejecución se hace depender de la omisión reclamada, la que como se indicó es cierta. No obstante la certeza de la omisión reclamada al juez responsable, este juzgado considera que procede decretar el sobreseimiento en este juicio por estimar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que se estudiará más adelante, que por ser de orden público debe ser analizada previamente al estudio de fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque fue sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. Lo expuesto, se retoma de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que se titula: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Ahora bien, conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causal de improcedencia que se analiza, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos, y; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, por escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis el quejoso solicitó al juez responsable declarara prescrita la multa que le fue impuesta en la causa penal 77/2007; en tanto que de las constancias remitidas por este en apoyo a su informe de ley, se obtiene que mediante resolución de veintidós de marzo del año en curso, hizo del conocimiento del amparista los motivos por los que consideró resulta improcedente su solicitud, determinación que le fue debidamente notificada el veintitrés siguiente. Por tanto, este órgano de control constitucional concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, ya que se colmaron los requisitos anteriormente mencionados. Lo anterior es así porque respecto del primero de ellos, con la resolución de veintidós de marzo del año en curso dictada por el juez responsable, dicho juzgador sustituyó la omisión en que incurrió, pues indicó los motivos por los que no es procedente la petición del amparista. En torno al segundo, con ese actuar se destruyeron todos los efectos de la omisión reclamada, pues se restituyó al quejoso en el goce del derecho público subjetivo que estimó vulnerado. Finalmente, en lo concerniente al tercero, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, de tal manera que en la actualidad no se aprecia, por no haber quedado huella de ello, que la omisión reclamada invadiera la esfera jurídica del gobernado, ya que en la actualidad tiene conocimiento de las razones por las que no resultó procedente su solicitud. De esta manera, la cesación de efectos que se comenta se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sin que en la especie se haya estimado necesario dar vista al quejoso, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de dicha determinación, en virtud de que como se precisó, la misma le fue debidamente notificada al día siguiente de su emisión, sin que expusiera tal deseo. En consecuencia, al estar demostrada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en vinculación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia, respecto de la omisión reclamada. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Director para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 690, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Materia Común, Octava época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 77, fracción I, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ricardo Castillo Tovar, respecto de la omisión que atribuyó al Juez Cuadragésimo Primero Penal y su ejecución reclamada del Director para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el once de mayo de dos mil diecisiete, a las diez horas con veinte minutos. Sirve de apoyo a la anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta. En atención a sus términos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene. Dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otro lado, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad signante la documental que acompaña al oficio que se provee, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que menciona.
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