Ricardo Castillo Moreno
Expediente 945/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Castillo Moreno
Actuaciones
- Principal
Parte quejosa ratifica firma. Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento. En efecto, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo, dentro del procedimiento de remate, puesto que, en la resolución reclamada no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que no se ha dictado la resolución que en forma definitiva ordena la entrega del bien rematado, menos aún se ha ordenado la entrega material del inmueble. Máxime que la resolución reclamada no guarda autonomía con respecto al procedimiento de remate, sino que está vinculada directamente con éste. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible, así como, la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así, la pretensión final del legislador fue precisamente la de evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, precisamente porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general. Esto es, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de remate. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y, además, hubieren trascendido al sentido de la resolución. Acude en apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, visible en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011474, cuyo rubro dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Puesto que en el caso particular, el auto a través del cual se convoca a remate en primera almoneda, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega material del bien, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente en forma indudable, en términos de lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Se ordena generación de versión pública de proveído. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Parte quejosa pretende desahogar prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta presuntivamente signado por el quejoso ********************, a través del cual pretende cumplir con el requerimiento de treinta de agosto de dos mil veintitrés; sin embargo, previo a proveer al respecto, se advierte que la firma que lo calza, es notoriamente distinta a la que obra en el escrito de demanda, tal como se evidencia de las imágenes relativas a las firmas del promovente que obran en las citadas constancias: Escrito de demanda. Escrito de desahogo al requerimiento. En consecuencia, antes de proveer respecto a la procedibilidad del escrito de cuenta, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado con documento oficial y vigente en el cual conste su nombre completo para el efecto siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si el escrito con el que se da cuenta fue signado de su puño y letra, y de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de la firma que lo calza, son notoriamente distintos a los plasmados en el ocurso de demanda. En el entendido que de reconocer como suyo el grafismo que obra en dicho escrito y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, se tendrán por no hechas las manifestaciones a que se contrae el ocurso de cuenta, con las consecuencias que ello acarreé. Apercíbase a la parte quejosa de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir al promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el propio quejoso, pues, como se precisó, diverge notoriamente con los rasgos plasmados en el escrito de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte quejosa llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, podría hacerse acreedor a la sanción antes dicha. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En el entendido de que si este órgano jurisdiccional aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de oficio se practicará y desahogará prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, con la salvedad de que se si acredita que dicha firma no fue plasmada de puño y letra por el quejoso, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta y se dará vista al Agente Ministerio Público de la Federación adscrito para que por su conducto se inicie una carpeta de investigación por el o delitos que resulten. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2016, publicada el viernes nueve de julio de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2014436, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Se apercibe al ocursante que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado el escrito de referencia, con las consecuencias legales que ello implique.
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