Ricardo Castañon Alvarez

Expediente 490/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
490/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
22/06/2015

Partes del expediente

  • Ricardo Castañon Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de junio de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil quince, por este Juzgado Federal, en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Asimismo, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, atendiendo a que el mismo concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. FEHF

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "VIS T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 490/2015; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el seis de abril del dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitida a este Juzgado en esa propia fecha, RICARDO CASTAÑÓN ALVAREZ, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "II. AUTORIDAD RESPONSABLE.- La C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, en su carácter de Juez con domicilio para todos los efectos legales en sus oficinas localizadas en el inmueble ubicado en Carretera Pinos-Ojuelos, kilómetro 1. IV.-ACTO RECLAMADO: el acuerdo de fecha veinticinco de febrero del dos mil quince, mediante el cual la autoridad responsable indebidamente admite la prueba pericial de ADN (Acido desoxirribonucleico) consistente en que se le tomen muestras de sangre al suscrito y al menor BENITO ALEJANDRO VAZQUEZ PUENTE, sin que se advierta en el ofrecimiento y admisión de la prueba cuál es su objeto, ni cuestionario en el que se establezca la metodología científica que se pretende utilizar para tomarme dichas muestras y obtener los resultados que se buscan, siendo violatorio el mencionado acuerdo, de mis derechos humanos y garantías consagradas en el artículo 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa manifestó que el acto reclamado resultaba violatorio de los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En quince de abril del dos mil quince, previo cumplimiento por parte de la quejosa al requerimiento que le fue realizado por este Juzgado, se admitió a trámite la demanda, se registró en el libro de Gobierno con el número 490/2015, se solicitó el informe con justificación, se otorgó la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: a). El auto de veinticinco de febrero del dos mil quince, dictado por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, dentro del juicio de reconocimiento de paternidad y filiación del menor Benito Alejandro Vázquez Puente, y por el cual se admitió la prueba pericial de ADN (Acido desoxirribonucleico). II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: La autoridad responsable Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que le es reprochado (foja 26). Circunstancia que se corrobora con la documental que la citada autoridad remitió como complemento a su informe justificado, consistente en copias fotostáticas certificadas del expediente 741/2014, dentro de las cuales se encuentra el acto reclamado; documental pública a la que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2° de esta última. Al respecto, es aplicable el contenido de las tesis del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "IMPROCEDENCIA.". IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En los conceptos violatorios, medularmente se alega: a). Que se violan en su perjuicio los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, toda vez que se admitió la prueba del ADN, sin que en el ofrecimiento de la prueba se haya anexado cuestionario alguno que contenga la metodología científica a utilizar para obtener el resultado que pretende la tercero interesada, que por lo tanto no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. Que al ser obtenidas muestras de sangre jamás se podrá devolver el tejido celular obtenido para la prueba en comento y se le causaría una lesión en su humanidad corporal. QUINTO. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso resultan infundados, por las razones que a continuación se exponen. Previo a exponer las razones que fundamentan lo anterior es importante relatar los antecedentes del acto reclamado que se deducen de las copias certificadas del juicio de reconocimiento de paternidad y filiación número 741/2014, del índice de la jueza responsable: Ma. de Jesús Vázquez Puente, mediante escrito presentado el siete de noviembre del dos mil catorce, ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, demandó a Ricardo Castañón Alvarez, por el reconocimiento de paternidad respecto al menor Benito Alejandro Vázquez Puente (foja 29 a 33). Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, admitió la demanda en la vía y forma propuesta, ordenó emplazar al demandado para que dentro del término de cinco días contestara la demanda instaurada en su contra (fojas 34 y 35). Mediante proveído de nueve de enero del dos mil quince, se tuvo al demandado Ricardo Castañón Alvarez, por contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra (foja 40). Por acuerdo de veinticinco de febrero del dos mil quince, se admitieron las pruebas ofrecidas por la actora, entre ellas la pericial consistente en practicar la prueba científica de ADN (Acido Desoxirribonucleico) al demandado y al menor y señaló fecha y hora para su desahogo (fojas 47 y 48). Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado. En esencia el impetrante de garantías aduce que se violaron en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la prueba admitida en proveído de veinticinco de febrero del dos mil quince, por la jueza responsable, fue ofrecida sin que se haya anexado cuestionario alguno que contenga la metodología científica a utilizar para obtener el resultado que pretende la tercero interesada, que por lo tanto no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, que al ser obtenidas muestras de sangre jamás se podrá devolver el tejido celular obtenido para la prueba en comento y se le causaría una lesión en su humanidad corporal. Los referidos conceptos de violación son infundados, atento a las consideraciones siguientes. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos octavo, noveno y décimo, (reformado por decretado publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once), establece lo siguiente: "Artículo 4º. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.]" De los párrafos transcritos del precepto constitucional se advierte la obligación que el Estado tiene de velar por el interés superior del menor y garantizar de manera plena sus derechos; obligación que se extiende a los ascendientes, tutores y custodios, deber que no sólo los conmina a preservarlos, sino a exigir el cumplimiento de los derechos y principios reconocidos en favor de la niñez; obligación que incluso también atañe a la sociedad, pues los particulares deben coadyuvar al cumplimiento de los derechos de la niñez. Ciertamente, el propósito de intensificar o dejar en claro la obligación que tiene el Estado de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez y garantizar de manera plena sus derechos, se corrobora con la exposición de motivos que dio origen a la reforma de doce de octubre de dos mil once, pues en lo que al tema interesa, señala lo siguiente: "En lo conducente, párrafos 6 y 7 del citado artículo 4o., actualmente se prevé que: Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.´ La propuesta se sustituye en este párrafo séptimo la expresión 'deber' por la de 'obligación' por estimar que es más enfática y que como tal, atendiendo a la terminología legal, concretamente a la bilateralidad de la norma jurídica, expresa mejor el grado de responsabilidad que los sujetos a quienes va dirigida. Además, se agrega a la previsión vigente de que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, la de que también deberá proveer lo necesario para lograr la plena identidad de niños y niñas. Con lo anterior, se pretende que las legislaturas locales emprendan las medidas necesarias para establecer en sus respectivas legislaciones, las normas legales que constriñan a los progenitores a someterse a las pruebas idóneas para acreditar la paternidad, entre ellas, obviamente, las comparativas de material genético, dada su fiabilidad." Atendiendo a lo anterior, es evidente que el interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional, en tanto que el artículo 4o. de la Carta Magna es terminante en señalar que el Estado -a través de sus diversas autoridades incluidas las de índole jurisdiccional-, está obligado a velar y cumplir con el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos los de rango internacional, entre ellos, los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, pues no se debe perder de vista que ésta, según lo dispuesto en su artículo 3o., numeral 1, también se sustenta en ese principio, y que la reforma que lo elevó a rango constitucional, tuvo como propósito directo reconocer los ideales que en materia de los derechos de los niños han sido reconocidos a nivel internacional, para de esta forma cristalizar la obligación asumida por el Estado Mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se comprometió a dar prioridad a los derechos del menor, a fin de asegurar que tales derechos no fueran atropellados. Así, es dable concluir que el interés superior de la niñez, además de ser un principio de rango constitucional, es un principio rector del marco internacional de los derechos del niño; por esa razón, y en concordancia con ello, en el ámbito interno, este principio también ha sido expresamente reconocido en diversas legislaciones entre ellas, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo anterior se corrobora con el contenido de la tesis número XLVII/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.- De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño". Así, si se tiene presente que el artículo 4o. de la Carta Magna es terminante en señalar que el Estado, a través de sus diversas autoridades incluidas las de índole jurisdiccional, está obligado a velar y cumplir con el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos los de rango internacional, es claro que en cualquier juicio en el que se vean involucrados derechos de menores, el juzgador no sólo está obligado a cerciorarse de que cualquier decisión que se tome en torno a la niñez sea la que más convenga a sus intereses, sino que además, aun y cuando la legislación ordinaria no lo establezca así, está obligado a suplir la deficiencia de la queja, a efecto de asegurarse que tales derechos no sean atropellados. Lo anterior se corrobora con el contenido de los criterios sustentado en la jurisprudencia número 1a./J. 191/2005, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en la tesis aislada número 2a. LXXV/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.- La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz". "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.- Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte". Es así que a través de esa reforma, implícitamente se reconocieron al menor todos los derechos que consagra dicha Convención, derechos que si bien no se incluyeron en forma expresa en el artículo 4o. constitucional, fue con el propósito de no incurrir en el error de establecer un catálogo que resultase incompleto o reductor de tales derechos en el precepto constitucional; sin embargo, se puede desprender que la intención de la reforma al establecer que el Estado tiene la obligación de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, fue que dentro de la palabra genérica "derechos" quedarán comprendidos todos los derechos que los menores tienen reconocidos a nivel internacional, en especial los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño que nuestro país suscribió en mil novecientos noventa. Consecuentemente, si en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por México desde antes de la reforma al artículo 4o. constitucional, se tuvo presente que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después de su nacimiento, y en ella expresamente se indica que atendiendo a esas circunstancias se debe privilegiar el interés superior del menor, entonces resulta claro que si la reforma al artículo 4o. constitucional tuvo como propósito directo reconocer los ideales que en materia de los derechos de los niños han sido adoptados a nivel internacional, en especial los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ello implica que a través de esa reforma también se buscó privilegiar el interés superior del menor; y en esas circunstancias, aun y cuando el texto del artículo 4o. constitucional no establezca en forma expresa la prevalencia del interés superior del menor, así debe entenderse. No obstante, para poder cumplir con esa obligación, en primer lugar es necesario que el juzgador tenga presente cuáles son los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las legislaciones ordinarias reconocen a favor de la niñez, después es preciso que esos derechos se interpreten y apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son el físico, el mental, espiritual, moral, psicológico y social, pues es evidente que por su falta de madurez física y mental, los menores requieren de cuidados especiales y una protección legal reforzada, por ello, cuando en un juicio se discuten derechos de menores, el juzgador a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, así como al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está constreñido a atender todas la circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que éstas formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento, por tanto, también está obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria que estime conducente para investigar todo lo que sea necesario con relación a los hechos o circunstancias advertidas, a efecto de dictar una sentencia en la que con razonamientos objetivos se tenga plena convicción de que lo decidido con relación a la infancia no le resultará nocivo, ni contrario a su formación y desarrollo integral. Teniendo presente que a través de la reforma al artículo 4o. constitucional se persigue cristalizar la obligación asumida por el Estado Mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se comprometió a dar prioridad a los derechos del menor a fin de que éstos no fueran atropellados, es claro que si entre esos derechos, según los artículos 7o., apartado 1 y 8o., apartado 1 de la propia Convención, se encuentran los relativos a tener una identidad y, en la medida de lo posible, conocer a sus padres; y en consecuencia, a tener una familia y un nombre desde su nacimiento, el interés superior de la infancia obliga al Estado a través de sus diversas autoridades, entre ellas las de índole jurisdiccional, a realizar todo lo que resulte necesario a efecto de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de tales derechos, por tal motivo, cuando en nombre y representación de un menor se demanda el reconocimiento de paternidad, el juzgador está obligado a tener presente que dicha demanda no sólo se relaciona con el derecho que tiene el menor a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que además, ese conocimiento necesariamente involucra una serie de derechos que resultan fundamentales para el menor, pues derivado de esa investigación se podrá establecer si existe o no una filiación entre él y quien se considera es el padre, y de ser así, no sólo podrá acceder a llevar el apellido de su progenitor como parte del derecho a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino que además, y en conexión con el derecho a la identidad, se verá beneficiado en su derecho a la salud, ello aunado al hecho de que en razón de su filiación, podrá adquirir otros derechos como son los relativos a los alimentarios, la convivencia y en su caso, el acceder a una herencia. Derechos que al estar reconocidos a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño, implícitamente también se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, el juzgador teniendo en cuenta los derechos que pueden verse involucrados en un juicio de reconocimiento de paternidad, está constreñido a atender todas la circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que éstas formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento, por tanto, también está obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria que estime conducente para investigar todo lo que sea necesario con relación a los hechos o circunstancias advertidas, entre ellas la prueba pericial en genética molecular, o en su defecto, debe hacer los apercibimientos necesarios a fin de combatir la contumacia de quien la parte actora asegura es el padre, haciéndolos efectivos si éste se niega a someterse a la prueba mencionada, ello con el fin de dictar una sentencia en la que con razonamientos objetivos se tenga plena convicción de que lo decidido con relación a la infancia no le resultará nocivo, ni contrario a su formación y desarrollo integral. Ello es así, pues si el juzgador no obstante a estar obligado a propiciar el respeto pleno de los derechos de la infancia y contar con los medios necesarios para ello, no ordena lo conducente para el conocimiento de la verdad, como lo es el desahogo, perfección, ampliación o repetición de la prueba pericial de referencia, la cual ha sido considerada idónea para tal efecto, o en su caso, no hace los apercibimientos que haya decretado para combatir la contumacia de quien la parte actora asegura es el padre, entonces necesariamente y en contravención con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional no sólo habrá incumplido con la obligación imperiosa de otorgar una protección legal reforzada al menor, proveyendo lo necesario para el respeto pleno de sus derechos, sino que además, deja de atender el interés superior del menor, en tanto que habrá dictado una sentencia sin contar con los elementos objetivos para tener plena convicción de que lo decidido con relación a la infancia no le resultará nocivo, ni contrario a su formación y desarrollo integral. En esa tesitura, debe decirse que si el juicio sumario civil de reconocimiento de paternidad y filiación número 741/2014, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, promovido por la actora aquí tercera interesada Ma. de Jesús Vázquez Puente, en contra del ahora quejoso Ricardo Castañón Alvarez, sobre reconocimiento de la paternidad del menor Benito Alejandro Vazquez Puente y otras prestaciones, es correcto que la jueza responsable haya admitido la prueba pericial en materia de genética (ADN), con el fin de salvaguardar el interés superior del menor, para así conocer la verdad de los hechos y allegarse de los elementos necesarios para estar en posibilidad de emitir una sentencia justa. Ello, porque la prueba pericial en materia de genética (ADN), que es la idónea para resolver la controversia en el juicio de reconocimiento de paternidad, pues dicha prueba es con el fin de preservar el interés superior del menor, que se considera oportuna y conducente para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos, su actuar se ajusta a derecho y no es violatoria de garantías en perjuicio del quejoso. Tiene aplicación al caso, por los motivos jurídicos que la informan, la tesis número 1a. LXX/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES EN UN JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. La reforma al artículo 4o. de la Carta Magna que elevó a rango constitucional el interés superior del menor, se sustentó en la necesidad de reconocer que el infante, por su falta de madurez física y mental, necesita una protección legal reforzada que le asegure el ejercicio pleno de sus derechos, incluidos los reconocidos a nivel internacional, mismos que no se agregaron en forma expresa al citado artículo 4o. para evitar el error de establecer un catálogo que resultase incompleto, no obstante quedaron comprendidos todos los reconocidos a nivel internacional, en especial, los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, mismos que nuestro país se obligó a respetar a través de sus diversas autoridades, incluidas las de índole jurisdiccional. Así, para cumplir con esa obligación, en primer lugar, es necesario que el juzgador tenga presente cuáles son los derechos que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a favor de la niñez; después, es preciso que se interpreten y apliquen adecuadamente, es decir, de la manera que más favorezca a los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles. Por tanto, cuando se demande el reconocimiento de paternidad, el juzgador está obligado a tener presente que dicha demanda no sólo se relaciona con el derecho que tiene el menor a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que además, ese conocimiento involucra una serie de derechos que le resultan fundamentales, pues derivado de esa investigación se podrá establecer si existe o no una filiación entre él y quien se considera es el padre y, de ser así, no sólo podrá acceder a llevar el apellido de su progenitor como parte del derecho a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino que se verá beneficiado en su derecho a la salud; así, en cumplimiento del artículo 4o. constitucional, el juzgador está constreñido a atender todas las circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que formen parte de la litis o surjan durante el procedimiento, de ahí que esté obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria que resulte pertinente, entre ellas la pericial, esto con el fin de dictar una sentencia en la que tenga plena convicción de que lo decidido en relación con la infancia, no le resultará nocivo ni contrario a su formación y desarrollo integral. En consecuencia, si en un juicio de reconocimiento de paternidad se omite ordenar el desahogo, perfección, ampliación o repetición de la prueba pericial o, en su caso, no impone los apercibimientos respectivos, resulta inconcuso que no sólo habrá incumplido con la obligación imperiosa de otorgar una protección legal reforzada al menor, proveyendo lo necesario para el respeto pleno de sus derechos, sino que, además, dejará de atender el interés superior del menor, en tanto que habrá dictado una sentencia sin contar con los elementos objetivos necesarios, lo cual no sólo se traduce en una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, en especial las relacionadas con la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, sino que además conlleva una afectación al derecho de acceso efectivo a la justicia. Por lo anterior, aun si en el referido juicio no se ofrece la prueba idónea o se hace deficientemente, el juzgador deberá ordenar, incluso de oficio, su desahogo". Asimismo, resulta aplicable, la tesis número 1a. CXL/2007, sustentada por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA (ADN) EN LOS JUICIOS DE PATERNIDAD. AUN CUANDO SE OMITA EXHIBIR EL CUESTIONARIO PARA SU DESAHOGO, LA ADMISIÓN DE DICHA PROBANZA NO VULNERA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD. Si se parte de la base de que en toda contienda judicial que involucre derechos de menores el juzgador debe resolver atendiendo al interés superior del niño, resulta inconcuso que no se vulneran las garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de que en un juicio de paternidad se ofrezca la prueba pericial en genética (ADN) y el oferente omita exhibir el cuestionario en el que se precisen los puntos objeto del dictamen para su desahogo y para la vista, adición y designación del perito de su contraparte, y no obstante ello el juzgador admita la prueba. Lo anterior es así, si se considera que la prueba de referencia es la idónea para investigar sobre la paternidad; de ahí que aun ante esa omisión o irregularidad en el procedimiento, al estar involucrados derechos de un menor debe resolverse atendiendo primordialmente al interés superior de éste ante cualquier otro que vaya en su perjuicio, por lo que el juzgador tiene la facultad de decretar en todo tiempo, aun de oficio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que la estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos del menor controvertidos en el juicio". De ahí que los motivos de disenso expresados por el quejoso en el sentido de que la jueza responsable infringió en su perjuicio garantías individuales, porque la prueba cuestionada fue ofrecida sin que se anexara cuestionario alguno que contenga la metodología científica a utilizar para obtener el resultado que pretende la tercero interesada, que por lo tanto no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento; son infundados, pues como ya se mencionó la jueza de la causa estaba obligada a ordenar la práctica de cualquier diligencia probatoria que estime conducente para investigar todo lo que sea necesario con relación a los hechos o circunstancias advertidas, entre ellas la prueba pericial en genética molecular, ello con el fin de dictar una sentencia en la que con razonamientos objetivos se tenga plena convicción de que lo decidido con relación al reconocimiento de la paternidad respecto del quejoso y el menor Benito Alejandro Vázquez Puente. De esta suerte, fue correcta la determinación de la jueza de la causa al admitir la prueba en comento sin que con ello se haya violado el derecho humano a un debido proceso en el que se cumplan las formalidades esenciales como son los términos para ofrecer pruebas y desahogarlas en el juicio de origen, máxime que dicha probanza fue ofrecida por la parte actora, y, aún cuando no hubiese sido así, la jueza responsable estaba en aptitud, de oficio, ordenar el desahogo de la citada pericial. Pues como ya se dijo, el interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional, toda vez que el artículo 4o. de la Carta Magna es terminante en señalar que juez responsable, está obligado a velar y cumplir con el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos los de rango internacional, entre ellos, los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que la reforma que lo elevó a rango constitucional, tuvo como propósito directo reconocer los ideales que en materia de los derechos de los niños han sido reconocidos a nivel internacional, para de esta forma cristalizar la obligación asumida por el Estado Mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se comprometió a dar prioridad a los derechos del menor, a fin de asegurar que tales derechos no fueran atropellados. Por tanto, resulta inconcuso que la jueza de origen cumplió con esa obligación de salvaguardar el interés superior del menor de un procedimiento relacionado con los derechos de éste. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos y al no advertir alguna violación manifiesta que haya dejado sin defensa al quejoso a fin de suplir la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto por la fracción VI, del artículo 79, de la Ley de Amparo, lo que procede es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, respecto de los actos reclamados. Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a RICARDO CASTAÑÓN ÁLVAREZ, contra el acto atribuido a la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, precisado en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa, licenciado Juan García Trejo, hasta el veintiocho de mayo de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.-DOY FE."

  3. Principal

    VIS T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 490/2015; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el seis de abril del dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitida a este Juzgado en esa propia fecha, RICARDO CASTAÑÓN ALVAREZ, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "II. AUTORIDAD RESPONSABLE.- La C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, en su carácter de Juez con domicilio para todos los efectos legales en sus oficinas localizadas en el inmueble ubicado en Carretera Pinos-Ojuelos, kilómetro 1. IV.-ACTO RECLAMADO: el acuerdo de fecha veinticinco de febrero del dos mil quince, mediante el cual la autoridad responsable indebidamente admite la prueba pericial de ADN (Acido desoxirribonucleico) consistente en que se le tomen muestras de sangre al suscrito y al menor BENITO ALEJANDRO VAZQUEZ PUENTE, sin que se advierta en el ofrecimiento y admisión de la prueba cuál es su objeto, ni cuestionario en el que se establezca la metodología científica que se pretende utilizar para tomarme dichas muestras y obtener los resultados que se buscan, siendo violatorio el mencionado acuerdo, de mis derechos humanos y garantías consagradas en el artículo 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa manifestó que el acto reclamado resultaba violatorio de los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En quince de abril del dos mil quince, previo cumplimiento por parte de la quejosa al requerimiento que le fue realizado por este Juzgado, se admitió a trámite la demanda, se registró en el libro de Gobierno con el número 490/2015, se solicitó el informe con justificación, se otorgó la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: a). El auto de veinticinco de febrero del dos mil quince, dictado por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, dentro del juicio de reconocimiento de paternidad y filiación del menor Benito Alejandro Vázquez Puente, y por el cual se admitió la prueba pericial de ADN (Acido desoxirribonucleico). II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: La autoridad responsable Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que le es reprochado (foja 26). Circunstancia que se corrobora con la documental que la citada autoridad remitió como complemento a su informe justificado, consistente en copias fotostáticas certificadas del expediente 741/2014, dentro de las cuales se encuentra el acto reclamado; documental pública a la que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2° de esta última. Al respecto, es aplicable el contenido de las tesis del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "IMPROCEDENCIA.". IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En los conceptos violatorios, medularmente se alega: a). Que se violan en su perjuicio los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, toda vez que se admitió la prueba del ADN, sin que en el ofrecimiento de la prueba se haya anexado cuestionario alguno que contenga la metodología científica a utilizar para obtener el resultado que pretende la tercero interesada, que por lo tanto no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. Que al ser obtenidas muestras de sangre jamás se podrá devolver el tejido celular obtenido para la prueba en comento y se le causaría una lesión en su humanidad corporal. QUINTO. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso resultan infundados, por las razones que a continuación se exponen. Previo a exponer las razones que fundamentan lo anterior es importante relatar los antecedentes del acto reclamado que se deducen de las copias certificadas del juicio de reconocimiento de paternidad y filiación número 741/2014, del índice de la jueza responsable: Ma. de Jesús Vázquez Puente, mediante escrito presentado el siete de noviembre del dos mil catorce, ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, demandó a Ricardo Castañón Alvarez, por el reconocimiento de paternidad respecto al menor Benito Alejandro Vázquez Puente (foja 29 a 33). Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, admitió la demanda en la vía y forma propuesta, ordenó emplazar al demandado para que dentro del término de cinco días contestara la demanda instaurada en su contra (fojas 34 y 35). Mediante proveído de nueve de enero del dos mil quince, se tuvo al demandado Ricardo Castañón Alvarez, por contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra (foja 40). Por acuerdo de veinticinco de febrero del dos mil quince, se admitieron las pruebas ofrecidas por la actora, entre ellas la pericial consistente en practicar la prueba científica de ADN (Acido Desoxirribonucleico) al demandado y al menor y señaló fecha y hora para su desahogo (fojas 47 y 48). Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado. En esencia el impetrante de garantías aduce que se violaron en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la prueba admitida en proveído de veinticinco de febrero del dos mil quince, por la jueza responsable, fue ofrecida sin que se haya anexado cuestionario alguno que contenga la metodología científica a utilizar para obtener el resultado que pretende la tercero interesada, que por lo tanto no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, que al ser obtenidas muestras de sangre jamás se podrá devolver el tejido celular obtenido para la prueba en comento y se le causaría una lesión en su humanidad corporal. Los referidos conceptos de violación son infundados, atento a las consideraciones siguientes. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos octavo, noveno y décimo, (reformado por decretado publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once), establece lo siguiente: "Artículo 4º. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.]" De los párrafos transcritos del precepto constitucional se advierte la obligación que el Estado tiene de velar por el interés superior del menor y garantizar de manera plena sus derechos; obligación que se extiende a los ascendientes, tutores y custodios, deber que no sólo los conmina a preservarlos, sino a exigir el cumplimiento de los derechos y principios reconocidos en favor de la niñez; obligación que incluso también atañe a la sociedad, pues los particulares deben coadyuvar al cumplimiento de los derechos de la niñez. Ciertamente, el propósito de intensificar o dejar en claro la obligación que tiene el Estado de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez y garantizar de manera plena sus derechos, se corrobora con la exposición de motivos que dio origen a la reforma de doce de octubre de dos mil once, pues en lo que al tema interesa, señala lo siguiente: "En lo conducente, párrafos 6 y 7 del citado artículo 4o., actualmente se prevé que: Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.´ La propuesta se sustituye en este párrafo séptimo la expresión 'deber' por la de 'obligación' por estimar que es más enfática y que como tal, atendiendo a la terminología legal, concretamente a la bilateralidad de la norma jurídica, expresa mejor el grado de responsabilidad que los sujetos a quienes va dirigida. Además, se agrega a la previsión vigente de que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, la de que también deberá proveer lo necesario para lograr la plena identidad de niños y niñas. Con lo anterior, se pretende que las legislaturas locales emprendan las medidas necesarias para establecer en sus respectivas legislaciones, las normas legales que constriñan a los progenitores a someterse a las pruebas idóneas para acreditar la paternidad, entre ellas, obviamente, las comparativas de material genético, dada su fiabilidad." Atendiendo a lo anterior, es evidente que el interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional, en tanto que el artículo 4o. de la Carta Magna es terminante en señalar que el Estado -a través de sus diversas autoridades incluidas las de índole jurisdiccional-, está obligado a velar y cumplir con el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos los de rango internacional, entre ellos, los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, pues no se debe perder de vista que ésta, según lo dispuesto en su artículo 3o., numeral 1, también se sustenta en ese principio, y que la reforma que lo elevó a rango constitucional, tuvo como propósito directo reconocer los ideales que en materia de los derechos de los niños han sido reconocidos a nivel internacional, para de esta forma cristalizar la obligación asumida por el Estado Mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se comprometió a dar prioridad a los derechos del menor, a fin de asegurar que tales derechos no fueran atropellados. Así, es dable concluir que el interés superior de la niñez, además de ser un principio de rango constitucional, es un principio rector del marco internacional de los derechos del niño; por esa razón, y en concordancia con ello, en el ámbito interno, este principio también ha sido expresamente reconocido en diversas legislaciones entre ellas, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo anterior se corrobora con el contenido de la tesis número XLVII/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.- De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño". Así, si se tiene presente que el artículo 4o. de la Carta Magna es terminante en señalar que el Estado, a través de sus diversas autoridades incluidas las de índole jurisdiccional, está obligado a velar y cumplir con el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos los de rango internacional, es claro que en cualquier juicio en el que se vean involucrados derechos de menores, el juzgador no sólo está obligado a cerciorarse de que cualquier decisión que se tome en torno a la niñez sea la que más convenga a sus intereses, sino que además, aun y cuando la legislación ordinaria no lo establezca así, está obligado a suplir la deficiencia de la queja, a efecto de asegurarse que tales derechos no sean atropellados. Lo anterior se corrobora con el contenido de los criterios sustentado en la jurisprudencia número 1a./J. 191/2005, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en la tesis aislada número 2a. LXXV/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.- La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz". "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.- Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte". Es así que a través de esa reforma, implícitamente se reconocieron al menor todos los derechos que consagra dicha Convención, derechos que si bien no se incluyeron en forma expresa en el artículo 4o. constitucional, fue con el propósito de no incurrir en el error de establecer un catálogo que resultase incompleto o reductor de tales derechos en el precepto constitucional; sin embargo, se puede desprender que la intención de la reforma al establecer que el Estado tiene la obligación de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, fue que dentro de la palabra genérica "derechos" quedarán comprendidos todos los derechos que los menores tienen reconocidos a nivel internacional, en especial los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño que nuestro país suscribió en mil novecientos noventa. Consecuentemente, si en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por México desde antes de la reforma al artículo 4o. constitucional, se tuvo presente que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después de su nacimiento, y en ella expresamente se indica que atendiendo a esas circunstancias se debe privilegiar el interés superior del menor, entonces resulta claro que si la reforma al artículo 4o. constitucional tuvo como propósito directo reconocer los ideales que en materia de los derechos de los niños han sido adoptados a nivel internacional, en especial los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ello implica que a través de esa reforma también se buscó privilegiar el interés superior del menor; y en esas circunstancias, aun y cuando el texto del artículo 4o. constitucional no establezca en forma expresa la prevalencia del interés superior del menor, así debe entenderse. No obstante, para poder cumplir con esa obligación, en primer lugar es necesario que el juzgador tenga presente cuáles son los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las legislaciones ordinarias reconocen a favor de la niñez, después es preciso que esos derechos se interpreten y apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son el físico, el mental, espiritual, moral, psicológico y social, pues es evidente que por su falta de madurez física y mental, los menores requieren de cuidados especiales y una protección legal reforzada, por ello, cuando en un juicio se discuten derechos de menores, el juzgador a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, así como al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está constreñido a atender todas la circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que éstas formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento, por tanto, también está obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria que estime conducente para investigar todo lo que sea necesario con relación a los hechos o circunstancias advertidas, a efecto de dictar una sentencia en la que con razonamientos objetivos se tenga plena convicción de que lo decidido con relación a la infancia no le resultará nocivo, ni contrario a su formación y desarrollo integral. Teniendo presente que a través de la reforma al artículo 4o. constitucional se persigue cristalizar la obligación asumida por el Estado Mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se comprometió a dar prioridad a los derechos del menor a fin de que éstos no fueran atropellados, es claro que si entre esos derechos, según los artículos 7o., apartado 1 y 8o., apartado 1 de la propia Convención, se encuentran los relativos a tener una identidad y, en la medida de lo posible, conocer a sus padres; y en consecuencia, a tener una familia y un nombre desde su nacimiento, el interés superior de la infancia obliga al Estado a través de sus diversas autoridades, entre ellas las de índole jurisdiccional, a realizar todo lo que resulte necesario a efecto de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de tales derechos, por tal motivo, cuando en nombre y representación de un menor se demanda el reconocimiento de paternidad, el juzgador está obligado a tener presente que dicha demanda no sólo se relaciona con el derecho que tiene el menor a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que además, ese conocimiento necesariamente involucra una serie de derechos que resultan fundamentales para el menor, pues derivado de esa investigación se podrá establecer si existe o no una filiación entre él y quien se considera es el padre, y de ser así, no sólo podrá acceder a llevar el apellido de su progenitor como parte del derecho a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino que además, y en conexión con el derecho a la identidad, se verá beneficiado en su derecho a la salud, ello aunado al hecho de que en razón de su filiación, podrá adquirir otros derechos como son los relativos a los alimentarios, la convivencia y en su caso, el acceder a una herencia. Derechos que al estar reconocidos a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño, implícitamente también se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, el juzgador teniendo en cuenta los derechos que pueden verse involucrados en un juicio de reconocimiento de paternidad, está constreñido a atender todas la circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que éstas formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento, por tanto, también está obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria que estime conducente para investigar todo lo que sea necesario con relación a los hechos o circunstancias advertidas, entre ellas la prueba pericial en genética molecular, o en su defecto, debe hacer los apercibimientos necesarios a fin de combatir la contumacia de quien la parte actora asegura es el padre, haciéndolos efectivos si éste se niega a someterse a la prueba mencionada, ello con el fin de dictar una sentencia en la que con razonamientos objetivos se tenga plena convicción de que lo decidido con relación a la infancia no le resultará nocivo, ni contrario a su formación y desarrollo integral. Ello es así, pues si el juzgador no obstante a estar obligado a propiciar el respeto pleno de los derechos de la infancia y contar con los medios necesarios para ello, no ordena lo conducente para el conocimiento de la verdad, como lo es el desahogo, perfección, ampliación o repetición de la prueba pericial de referencia, la cual ha sido considerada idónea para tal efecto, o en su caso, no hace los apercibimientos que haya decretado para combatir la contumacia de quien la parte actora asegura es el padre, entonces necesariamente y en contravención con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional no sólo habrá incumplido con la obligación imperiosa de otorgar una protección legal reforzada al menor, proveyendo lo necesario para el respeto pleno de sus derechos, sino que además, deja de atender el interés superior del menor, en tanto que habrá dictado una sentencia sin contar con los elementos objetivos para tener plena convicción de que lo decidido con relación a la infancia no le resultará nocivo, ni contrario a su formación y desarrollo integral. En esa tesitura, debe decirse que si el juicio sumario civil de reconocimiento de paternidad y filiación número 741/2014, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, promovido por la actora aquí tercera interesada Ma. de Jesús Vázquez Puente, en contra del ahora quejoso Ricardo Castañón Alvarez, sobre reconocimiento de la paternidad del menor Benito Alejandro Vazquez Puente y otras prestaciones, es correcto que la jueza responsable haya admitido la prueba pericial en materia de genética (ADN), con el fin de salvaguardar el interés superior del menor, para así conocer la verdad de los hechos y allegarse de los elementos necesarios para estar en posibilidad de emitir una sentencia justa. Ello, porque la prueba pericial en materia de genética (ADN), que es la idónea para resolver la controversia en el juicio de reconocimiento de paternidad, pues dicha prueba es con el fin de preservar el interés superior del menor, que se considera oportuna y conducente para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos, su actuar se ajusta a derecho y no es violatoria de garantías en perjuicio del quejoso. Tiene aplicación al caso, por los motivos jurídicos que la informan, la tesis número 1a. LXX/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES EN UN JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. La reforma al artículo 4o. de la Carta Magna que elevó a rango constitucional el interés superior del menor, se sustentó en la necesidad de reconocer que el infante, por su falta de madurez física y mental, necesita una protección legal reforzada que le asegure el ejercicio pleno de sus derechos, incluidos los reconocidos a nivel internacional, mismos que no se agregaron en forma expresa al citado artículo 4o. para evitar el error de establecer un catálogo que resultase incompleto, no obstante quedaron comprendidos todos los reconocidos a nivel internacional, en especial, los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, mismos que nuestro país se obligó a respetar a través de sus diversas autoridades, incluidas las de índole jurisdiccional. Así, para cumplir con esa obligación, en primer lugar, es necesario que el juzgador tenga presente cuáles son los derechos que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a favor de la niñez; después, es preciso que se interpreten y apliquen adecuadamente, es decir, de la manera que más favorezca a los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles. Por tanto, cuando se demande el reconocimiento de paternidad, el juzgador está obligado a tener presente que dicha demanda no sólo se relaciona con el derecho que tiene el menor a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que además, ese conocimiento involucra una serie de derechos que le resultan fundamentales, pues derivado de esa investigación se podrá establecer si existe o no una filiación entre él y quien se considera es el padre y, de ser así, no sólo podrá acceder a llevar el apellido de su progenitor como parte del derecho a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino que se verá beneficiado en su derecho a la salud; así, en cumplimiento del artículo 4o. constitucional, el juzgador está constreñido a atender todas las circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que formen parte de la litis o surjan durante el procedimiento, de ahí que esté obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria que resulte pertinente, entre ellas la pericial, esto con el fin de dictar una sentencia en la que tenga plena convicción de que lo decidido en relación con la infancia, no le resultará nocivo ni contrario a su formación y desarrollo integral. En consecuencia, si en un juicio de reconocimiento de paternidad se omite ordenar el desahogo, perfección, ampliación o repetición de la prueba pericial o, en su caso, no impone los apercibimientos respectivos, resulta inconcuso que no sólo habrá incumplido con la obligación imperiosa de otorgar una protección legal reforzada al menor, proveyendo lo necesario para el respeto pleno de sus derechos, sino que, además, dejará de atender el interés superior del menor, en tanto que habrá dictado una sentencia sin contar con los elementos objetivos necesarios, lo cual no sólo se traduce en una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, en especial las relacionadas con la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, sino que además conlleva una afectación al derecho de acceso efectivo a la justicia. Por lo anterior, aun si en el referido juicio no se ofrece la prueba idónea o se hace deficientemente, el juzgador deberá ordenar, incluso de oficio, su desahogo". Asimismo, resulta aplicable, la tesis número 1a. CXL/2007, sustentada por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA (ADN) EN LOS JUICIOS DE PATERNIDAD. AUN CUANDO SE OMITA EXHIBIR EL CUESTIONARIO PARA SU DESAHOGO, LA ADMISIÓN DE DICHA PROBANZA NO VULNERA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD. Si se parte de la base de que en toda contienda judicial que involucre derechos de menores el juzgador debe resolver atendiendo al interés superior del niño, resulta inconcuso que no se vulneran las garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de que en un juicio de paternidad se ofrezca la prueba pericial en genética (ADN) y el oferente omita exhibir el cuestionario en el que se precisen los puntos objeto del dictamen para su desahogo y para la vista, adición y designación del perito de su contraparte, y no obstante ello el juzgador admita la prueba. Lo anterior es así, si se considera que la prueba de referencia es la idónea para investigar sobre la paternidad; de ahí que aun ante esa omisión o irregularidad en el procedimiento, al estar involucrados derechos de un menor debe resolverse atendiendo primordialmente al interés superior de éste ante cualquier otro que vaya en su perjuicio, por lo que el juzgador tiene la facultad de decretar en todo tiempo, aun de oficio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que la estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos del menor controvertidos en el juicio". De ahí que los motivos de disenso expresados por el quejoso en el sentido de que la jueza responsable infringió en su perjuicio garantías individuales, porque la prueba cuestionada fue ofrecida sin que se anexara cuestionario alguno que contenga la metodología científica a utilizar para obtener el resultado que pretende la tercero interesada, que por lo tanto no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento; son infundados, pues como ya se mencionó la jueza de la causa estaba obligada a ordenar la práctica de cualquier diligencia probatoria que estime conducente para investigar todo lo que sea necesario con relación a los hechos o circunstancias advertidas, entre ellas la prueba pericial en genética molecular, ello con el fin de dictar una sentencia en la que con razonamientos objetivos se tenga plena convicción de que lo decidido con relación al reconocimiento de la paternidad respecto del quejoso y el menor Benito Alejandro Vázquez Puente. De esta suerte, fue correcta la determinación de la jueza de la causa al admitir la prueba en comento sin que con ello se haya violado el derecho humano a un debido proceso en el que se cumplan las formalidades esenciales como son los términos para ofrecer pruebas y desahogarlas en el juicio de origen, máxime que dicha probanza fue ofrecida por la parte actora, y, aún cuando no hubiese sido así, la jueza responsable estaba en aptitud, de oficio, ordenar el desahogo de la citada pericial. Pues como ya se dijo, el interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional, toda vez que el artículo 4o. de la Carta Magna es terminante en señalar que juez responsable, está obligado a velar y cumplir con el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos los de rango internacional, entre ellos, los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que la reforma que lo elevó a rango constitucional, tuvo como propósito directo reconocer los ideales que en materia de los derechos de los niños han sido reconocidos a nivel internacional, para de esta forma cristalizar la obligación asumida por el Estado Mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se comprometió a dar prioridad a los derechos del menor, a fin de asegurar que tales derechos no fueran atropellados. Por tanto, resulta inconcuso que la jueza de origen cumplió con esa obligación de salvaguardar el interés superior del menor de un procedimiento relacionado con los derechos de éste. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos y al no advertir alguna violación manifiesta que haya dejado sin defensa al quejoso a fin de suplir la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto por la fracción VI, del artículo 79, de la Ley de Amparo, lo que procede es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, respecto de los actos reclamados. Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a RICARDO CASTAÑÓN ÁLVAREZ, contra el acto atribuido a la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, precisado en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa, licenciado Juan García Trejo, hasta el veintiocho de mayo de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.-DOY FE.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la tercero interesada Ma. de Jesús Vázquez Puente; y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional.

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