Ricardo Carlos Gutiérrez Roldán

Expediente 1478/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1478/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Carlos Gutiérrez Roldán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional y definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvanse al Agente del Ministerio Publico de la Federación en funciones de Fiscal auxiliar de la Célula A-II-4, Equipo de Investigación y Litigación II, de la UIL "A" de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala, las copias certificadas que anexó como apoyo a su informe justificado, consistente en un tomo de pruebas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra el acto que reclama, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio con anexo signado por la Agente del Ministerio Publico de la Federación en funciones de Fiscal auxiliar de la Célula A-II-4; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas Asimismo, téngase como pruebas de la autoridad oficiante, la documental que anexa a su oficio de cuenta, medio de prueba que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Vista a las partes Con el contenido del informe de cuenta y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Tomo anexo Por otra parte, fórmese tomo anexo con las constancias que remite el presidente oficiante. Domicilio. Ahora, por cuanto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, fracción II de la citada ley, estas se harán en el domicilio de sus oficinas principales. Comunicación no procesal. Con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte recurrente proporcionando el número telefónico y correo electrónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veintiséis minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con un minuto del treinta de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia relativa al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1478/2022-VI, promovido por Ricardo Carlos Gutiérrez Roldan, se procedió a celebrar la misma ante la presencia de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/6055/2022 de la misma fecha, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de Karen Aguas Pérez Secretaria que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. APERTURA DE AUDIENCIA. La Secretaria Encargada del Despacho declaró abierta la audiencia, sin la asistencia personal de las partes, ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. En cumplimiento a su inmediato acuerdo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: Copia de la demanda de amparo y anexos. Auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, donde se proveyó respecto a la suspensión provisional; y, El informe previo rendido por la autoridad responsable: Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones del Fiscalía Auxiliar de la Célula A-II-4 en el Estado de Tlaxcala. Todo lo anterior consta en autos. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Téngase por hecha la relación precedente de constancias. PRUEBAS. La secretaria da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, así como las diversas documentales exhibida por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones del Fiscalía Auxiliar de la Célula A-II-4 en el Estado de Tlaxcala, en apoyo a sus informe previos. De igual forma certifica que las demás partes no ofrecieron prueba alguna. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas de mérito. Ahora, toda vez que no existe prueba pendiente por desahogar, se concluye dicho período procesal. ALEGATOS. Enseguida, se abre la de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron manifestaciones en tal sentido. La Secretaria Encargada del Despacho determina: Sin alegatos de las partes, se cierra esta fase. CONCLUSIÓN DE LA AUDIENCIA. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y la Secretaria Encargada del Despacho procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. R E S O L U C I Ó N VISTO; para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1478/2022-VI. R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de suspensión. Ricardo Carlos Gutiérrez Roldan, solicitó la suspensión definitiva contra actos del Titular de la Célula II-4 Tlaxcala de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tlaxcala, que hizo consistir en: La resolución dictada en la carpeta de investigación FED/TLAX/DELTLAX0000899/2018, del índice de la Célula II-4 Tlaxcala Estado de Tlaxcala de la Fiscalía General de la República, notificada en treinta de noviembre de dos mil veintidós, en la que resolvió no ha lugar acordar favorable la petición de la devolución de vehículos y accesorios al quejoso. SEGUNDO. Admisión del incidente. Mediante auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la incidencia a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe previo, proveyó sobre la suspensión provisional, y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en función de que está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se dispone que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener: "La fijación clara y precisa del acto reclamado"; por tanto, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: Acto reclamado Ahora bien, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La resolución dictada en la carpeta de investigación FED/TLAX/DELTLAX0000899/2018, del índice de la Célula II-4 Tlaxcala Estado de Tlaxcala de la Fiscalía General de la República, notificada en treinta de noviembre de dos mil veintidós, en la que resolvió no ha lugar acordar favorable la petición de la devolución de vehículos y accesorios al quejoso. TERCERO. Efectos para los que solicita la suspensión del acto reclamado. Ahora, la parte quejosa solicita expresamente la medida cautelar del acto reclamado para el efecto de que: CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Ante todo, es menester precisar que la resolución en donde se resuelve sobre la suspensión no es inamovible e inalterable, sino que puede variar a partir de hechos supervenientes que revelen la existencia de razones que hagan posible la concesión de la suspensión, tal como lo pone de manifiesto el artículo 154 de la Ley de Amparo. Ahora, el Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones del Fiscalía Auxiliar de la Célula A-II-4 en el Estado de Tlaxcala, al rendir su informe previo ser parcialmente cierto el acto reclamado, no obstante, dicha parcialidad de existencia se desvirtúa en razón de que la representante social responsable adjuntó a su informe previo de referencia, copia del acto reclamado, es decir, de la resolución de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad, dictada dentro de la carpeta de investigación TLAX/0000899/2018, de su índice, con la que se corrobora la existencia del acto reclamado, por lo tanto se tiene por comprobada la certeza del mismo. QUINTO. Consideración previa. Con el propósito de proveer lo conducente respecto de la suspensión definitiva del acto reclamado, debe precisarse que el Juez de Distrito está obligado a pronunciarse sobre dicha medida cautelar, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Cobra aplicación a la consideración vertida la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Ahora, la parte quejosa solicita expresamente la medida cautelar del acto reclamado para el efecto de que: Sobre la cual resulta improcedente conceder la suspensión definitiva, en atención a los motivos que se exponen a continuación: De la interpretación conjunta de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, para decretar la providencia cautelar es necesario que el agraviado la solicite por escrito, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, en los supuestos enunciativamente señalados en la segunda porción normativa antes invocada. Bajo esta línea, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Lo anterior con base en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2347, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el texto siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." Bajo esa óptica se realiza el estudio respecto a la procedencia o no de la suspensión solicitada por el peticionario del amparo, en ese sentido si se solicita la suspensión contra la negativa de la devolución de aseguramiento de los vehículos. Ahora bien, el acto de autoridad transcrito con antelación no se advierte que sea susceptible de paralización mediante la suspensión, por no permitirse a través de ésta que la autoridad haga o reconozca aquello que fue pedido y negado y, tomando en consideración que el objetivo de la suspensión en el juicio de garantías es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo; por consiguiente, resulta inconcuso que tal hipótesis no se actualiza en el particular, dado que las consecuencias del acto reclamado se traducen en actos negativos; por lo que se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, respecto del acto consistente en la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós dictado en la carpeta de investigación FED/TLAX/DEL TLAX/0000899/2018, mediante el cual negó la devolución de los vehículo y accesorios a Ricardo Carlos Gutiérrez Roldan. En razón del hecho delictivo de posesión ilícita de petrolífero. Lo anterior es así, en virtud de que si tal medida cautelar se otorga contra ese tipo de actos no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal; de ahí que la interpretación del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea susceptible de suspensión, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite la parte agraviada, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte quejosa con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender, pues sólo constituye una negativa lisa y llana. Se expone tal aserto, porque aun cuando en la Ley de Amparo no existe alguna disposición que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es negativo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido constante en el sentido de que no procede contra actos que tienen tal carácter. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado del Semanario Judicial de la Federación, en la página 185, Tomo VIII, de la Novena Quinta Época, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión, porque ésta no puede extenderse a obligar a la autoridad responsable a que ejecute determinados actos, porque tal cosa sólo puede ser materia de la sentencia que concede el amparo." Así como el diverso, sustentado por el propio Pleno publicado en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 344, Tomo VIII, de la Quinta Época, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS. Contra ellos no cabe decretar la suspensión, en virtud de que ésta consiste en mantener las cosas en el estado en que se encuentran, mas no en obligar a la autoridad responsable a que reponga al agravio en el goce de la garantía individual que estima violada, porque esto no es materia de la sentencia que concede el amparo". En estas condiciones, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada respecto del acto reclamado, consistente en consistente en la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós dictado en la carpeta de investigación FED/TLAX/DEL TLAX/0000899/2018, mediante el cual negó la devolución de los vehículo y accesorios Ricardo Carlos Gutiérrez Roldan, así como todos sus efectos y consecuencias. Sin que pase inadvertido que el aseguramiento de los bienes muebles, derivan de la integración de una carpeta de investigación, con apoyo en las facultades que el artículo 21 de la Constitución Federal, otorga al agente del Ministerio Público, de persecución del delito y del delincuente, lo cual constituye una cuestión de orden público e interés social; por ende, no se trata de un acto inconstitucional en sí mismo. Aunado a ello, en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia de la suspensión contenida en el párrafo tercero del numeral 128, dado que el aseguramiento reclamado es una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa, que se encuentra en ejecución, dictada por un Juez de Control, lo que impide conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Por tanto, la preservación del orden jurídico o del interés de la sociedad está por encima del interés particular que se dice afectado. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis PC.I.P. J/66 P (10a.), de los Plenos de Circuito, visible en la página 1791, tomo II, febrero 2020, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEVOLVERLO DERIVA DE LA EXISTENCIA DE DILIGENCIAS MINISTERIALES PENDIENTES. Conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, lo que converge con el esclarecimiento de los hechos, que es uno de los objetivos del proceso penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la misma Constitución. Por su parte, el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales cataloga el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial y su objeto, durante el desarrollo de ésta, es mantener el bien en el estado en que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. En este sentido, como el aseguramiento es de un vehículo automotor, los artículos 236 y 237 del citado Código Nacional prevén que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución con o sin reservas, después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Ahora, si el Ministerio Público niega la solicitud de devolución, porque faltan diligencias y/o actos de investigación que realizar, esta contestación forma parte de las circunstancias fáctico-jurídicas que el órgano jurisdiccional de amparo debe ponderar como parte de la naturaleza del acto reclamado, al resolver sobre la suspensión provisional a petición de parte. En este orden, en atención a la naturaleza del acto reclamado, es improcedente conceder la suspensión provisional con los efectos restitutorios provisionales que prevé el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que el vehículo automotor asegurado sea entregado temporalmente al quejoso que acreditó su propiedad en la carpeta de investigación, si de los datos contenidos en la demanda de amparo y los documentos que la acompañan, se colige que el Ministerio Público negó su devolución porque existen diligencias ministeriales pendientes; pues de concederse la suspensión provisional con esos efectos, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. Lo anterior no implica soslayar los intereses del quejoso en el incidente de suspensión, ya que la resolución de la suspensión provisional deberá tener efectividad como medida cautelar instrumental, en términos del artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, para conservar la materia del juicio, impidiendo que el acto se consume irreparablemente; aunado a que, como lo dispone el párrafo segundo de ese precepto, podrá modificarse y operar también con efectos restitutorios provisionales, cuando se cumplan las condiciones que prevén los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así se demuestre en el incidente de suspensión, ante el órgano jurisdiccional de amparo." Por otra parte, en relación a la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Novena Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Junio 2017, Página: 2864, con número de registro 2014603, que es del tenor siguiente: "ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEVOLVERLO, PROCEDE ORDENAR SU ENTREGA TEMPORAL CON O SIN RESERVAS A SU PROPIETARIO O POSEEDOR, CONFORME AL ARTÍCULO 147, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. El numeral citado establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Lo anterior se actualiza cuando se reclama la negativa de devolver un vehículo asegurado por la autoridad ministerial en una carpeta de investigación y el aseguramiento mismo, pues de concederse la suspensión provisional por satisfacerse los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, procede ordenar su entrega temporal con o sin reservas a su propietario o poseedor, porque los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales así lo autorizan previamente a que la autoridad o peritos hubiesen examinado, fotografiado o videograbado dicho objeto y se acredite que no ha sido un medio eficaz para la comisión del delito -esto último no se justifica si en el acuerdo reclamado se señala que no procede la devolución definitiva por falta de diligencias por practicar-; asimismo, es materialmente posible esa acción por encontrarse el bien a disposición de la responsable, lo que se demuestra con el acuerdo de aseguramiento. Por tanto, en los efectos de la medida cautelar, debe señalarse que previo a la entrega provisional, la autoridad, en un plazo que se le fije, deberá efectuar las diligencias señaladas, a menos de que ya las haya realizado; además, el quejoso deberá presentarlo tantas veces sea requerido por la autoridad ministerial o judicial correspondiente y quedará a cargo del juzgado de amparo velar por el cumplimiento de lo precedente. Además, se conserva la materia del amparo, dado que la entrega provisional del bien no implica dejar sin efectos el aseguramiento reclamado y tampoco el diverso acuerdo en el que se negó entregar definitivamente dicho vehículo al quejoso, pues podrán examinarse en el juicio principal". Al respeto debe decirse que dicha tesis, no es aplicable al presente asunto pues se requiere no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que en el caso no acontece, ya que la negativa y el aseguramiento de los vehículos que refiere la parte quejosa, derivan de la integración de una carpeta de investigación, lo cual constituye una cuestión de orden público e interés social, de ahí que resulten inaplicables dichos criterios, además, que de las constancias que anexa como pruebas no acredita que dichos vehículos no hayan sido un medio eficaz para la comisión del delito de almacenamiento ilícito de petrolífero. Por tanto, al desconocer las circunstancias -hasta este momento- que generaron dicho aseguramiento, existe la incertidumbre de que dichos bienes estén directa o indirectamente vinculados con la comprobación de algún delito o si existen vestigios de algún ilícito derivado de ellos. Por lo que, de concederse la suspensión que solicita la parte quejosa, se entorpecería la investigación que debe efectuarse en el procedimiento de la carpeta de investigación, con lo que se afectaría, desde luego, el interés social, dado que la sociedad tiene interés en que se realice la investigación inherente a los delitos y, en su caso, de los probables responsables, en este sentido, la prevención del interés de la sociedad, está por encima del interés particular. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Ricardo Carlos Gutiérrez Roldan, por los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero y cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/6055/2022 de la misma fecha, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de Karen Aguas Pérez, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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