Ricardo Cárdenas Cárdenas

Expediente 1502/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1502/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Cárdenas Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, dado que éste es de orden público, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o bien si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes le devolviera las cantidades que se efectuaron por concepto de derecho de alumbrado público:... En proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de mérito, sin que hubiese sido necesario requerir a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector, toda vez que mediante oficio recibido en este juzgado el doce de noviembre de dos mil diecinueve informó sobre dicho cumplimiento, por lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento, la que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene valor probatorio pleno, se advierte que: La ejecutoria de que se trata quedó cumplida, en virtud que el delegado de la Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, acreditó que el once de noviembre del año en curso, hizo entrega a la autorizada de la parte quejosa de un cheque por la cantidad de... En tales condiciones este juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se determina lo siguiente: El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el treinta de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VIII)

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1502/2019-VIII, promovido por Ricardo Cárdenas Cárdenas, contra actos del Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes; y, RESULTANDO Fecha de presentación de la demanda en la Oficialía de Partes Común: Quince de octubre de dos mil diecinueve. Nombre de la parte quejosa: Ricardo Cárdenas Cárdenas. Autoridad responsable: Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes. Actos reclamados: Cobro de derecho de alumbrado público. Auto de admisión: Dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Señaló antecedentes: SÍ Existe tercero interesado: NO Se le dio intervención al Ministerio Público. SÍ Se solicitó informe justificado: SÍ Se fijó fecha de audiencia constitucional: SÍ Se solicitó incidente de suspensión: NO CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado en términos del Acuerdo General 18/2017, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama un acto con ejecución dentro de la circunscripción territorial donde este órgano de control de la constitucionalidad ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Certeza o negativa del acto reclamado. El Secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes negó la existencia del acto que se le reclamó. Sin embargo, su negativa queda desvirtuada porque dicho tema fue abordado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 92/2006-SS., entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en la que consideró que si la Comisión Federal de Electricidad actúa en un plano de coordinación y como auxiliar de la administración municipal correspondiente, es inconcuso que es precisamente al Ayuntamiento, por conducto de la Secretaría correspondiente, que resulta ser la de Finanzas Públicas, en quien recae la atribución del acto que se le reclama como cobro del derecho de alumbrado público. Luego, si la parte quejosa acompañó a su demanda los avisos recibo relativos a los servicios 109 071 064 303 y 096 081 003 171 y sus respectivos comprobantes que obran dentro del sumario, y de los que se aprecia que el diez y doce de octubre de dos mil diecinueve realizó el pago del derecho de alumbrado público correspondiente; es inconcuso que se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, la Hacienda Pública se administrará libremente por el Ayuntamiento y el único órgano facultado para recibir los ingresos y canalizar los egresos, será la Secretaría de Finanzas y sus cajas recaudadoras; de tal manera que, como se dijo, corresponde a la autoridad responsable recaudar el importe respectivo. Por ende, la negativa que realiza la autoridad responsable de haber emitido el acto que aquí se reclama queda desvirtuada. TERCERO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer motivos de improcedencia y este juzgador no advierte, de oficio, la actualización de alguno. No pasa desapercibido a este juzgador, que en la acción de inconstitucionalidad 15/2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión celebrada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, resolvió: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 15, fracciones I, III, VII y VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio Fiscal 2019, 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos, 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, 50 y 51, incisos a), d), f), g), i), m) e y), numerales 3 , 4, 5 y 6 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús maría, 32, párrafos segundo, quinto y sexto, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, 64 y 72, numerales 7 y 11de la de la Ley de Ingresos del Municipio del Municipio de Rincón de Romos, 48 y 49 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo, 22 y 36, fracción IX, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia y 36 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, todas del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del apartado VI, temas I y II, de esta decisión. TERCERO. Se declara la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 15, fracción VI, de la de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos del municipio de Calvillo, 51, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, 36, fracción VIII, de la Ley de Ingresos de San José de Gracia y transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, así como los artículos 138 Bis, de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 72 D de la Ley de Hacienda del Municipio de Calvillo, 68 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Pabellón de Arteaga y 122 D de la Ley de Hacienda de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en el apartado VI, parte final, de esta determinación. CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo precisados en apartado VI, parte final de esta ejecutoria. De la misma resolución se advierte, por lo que hace a los efectos de la declaratoria de invalidez, el Máximo Tribunal del País estableció que, al recaer la declaratoria sobre disposiciones generales de vigencia anual, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes quedaba vinculado en lo futuro, a no repetir los mismos vicios de inconstitucionalidad al legislar para el próximo año fiscal, ya sea en las leyes de hacienda estatales o en las leyes de ingresos de los municipios de esta entidad federativa. Igualmente, el Pleno de la Corte determinó que la declaratoria de invalidez de las normas indicadas surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes, lo cual aconteció el pasado tres de octubre del año dos mil diecinueve; esto último con motivo de la comunicación oficial formada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con número de orden 100/2019, respecto de la que obra publicación en las listas de acuerdos publicadas en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha tres de octubre del año en curso; por tanto, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de procedimientos Civiles. De esa forma se obtiene que a partir de la notificación al Congreso del Estado de Aguascalientes, éste y todas las autoridades que intervienen en el proceso de creación de leyes en la entidad, están obligadas a prescindir de legislar incurriendo en los vicios de inconstitucionalidad detectados por la Suprema Corte de Justicia respecto al "derecho" de alumbrado público (DAP), además que conforme a la declaratoria de invalidez de las normas relativas a las leyes de hacienda y de ingresos del Estado de Aguascalientes, todos los actos de aplicación (cobro del DAP) que se sustenten en dichas normas igualmente carecen de validez; y, en consecuencia, de reiterarse la aplicación de dichas normas por las autoridades estatales y municipales del Estado de Aguascalientes, procede la denuncia de incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En función de lo anterior, surge la posibilidad de la improcedencia del juicio de amparo indirecto conforme a la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio de garantías es improcedente cuando se promueva contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, en acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o con motivo del procedimiento a que se refiere el capítulo VI del título Cuarto de la Ley de Amparo. Sin embargo, a juicio de este resolutor, aquella causal de improcedencia se actualizará respecto de las leyes declaradas inválidas y sus correspondientes actos de aplicación, cuando éstos sean aplicados por las autoridades estatales y municipales a partir de la fecha en que surtió efectos la citada declaratoria de invalidez (tres de octubre del año dos mil diecinueve). Quedando entonces para los quejosos, en este último caso, la vía que se siga ante un Juez de Distrito en la que se denuncie el incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 210 de la Ley de Amparo, a efecto de que se obligue a las autoridades a dejar de aplicar las normas invalidadas por la Corte, se restituya al gobernado en todas las afectaciones que se le hubieran ocasionado con tal aplicación y, de no cumplir la autoridad con lo anterior, en su oportunidad podría dar lugar a la separación del cargo de las autoridades responsables y a que estas fueran consignadas por el delito relacionado con el incumplimiento de sentencias de amparo. CUARTO. Consideraciones preliminares. Previamente a abordar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, mediante los cuales controvierte el acto concreto del cobro del Derecho de Alumbrado Público, se exponen las siguientes consideraciones. Para justificar el cobro y pago del derecho de alumbrado público, la parte quejosa exhibió como pruebas de su intención los avisos recibo relativos a los servicios 109 071 064 303 y 096 081 003 171; documentales a las que se confiere valor probatorio de indicio, conforme a los numerales 133, 197 y 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; que adminiculadas generan convicción de que la parte quejosa realizó el pago por concepto de derecho de alumbrado público. Al resultar procedente el juicio de amparo en cuanto al acto de cobro y pago del derecho de alumbrado público, se procederá a analizar la constitucionalidad del mismo. QUINTO. Estudio de fondo. La parte promovente argumenta esencialmente que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional. Lo sintetizado es fundado. El artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica y, por su parte, el 115, fracción III, inciso b), prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público y la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir -entre otros- los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las Leyes de Ingresos de este nivel de gobierno. Por su parte, el Máximo Tribunal ha sostenido que si en las leyes locales se incluye una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, lo cual está reservado al Congreso de la Unión, acorde con lo prescrito en el artículo 73, fracción X y XXIX, párrafo 5°, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esas normas invaden la esfera y atribuciones exclusivas de la Federación, en lo relativo al legislar y aplicar sobre contribuciones en materia de energía eléctrica. Sobre el tema, se inserta la jurisprudencia P./J. 6/88, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 134, tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." En consecuencia, al haberse establecido criterio jurisprudencial temático sobre el particular, el cual sigue vigente de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, procede suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 fracción I, de dicha ley. Ahora, el derecho por servicio de alumbrado público en el municipio de Aguascalientes se forma con una unidad normativa derivada de los artículos 138 y 138 Bis de la Ley de Hacienda del municipio de Aguascalientes y la correspondiente ley de ingresos municipal, en el caso lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Ingresos del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2019; al disponer, en el orden indicado: "Artículo 138.- Los Derechos a que se refiere este capítulo se causarán y liquidarán de acuerdo a las tarifas que la efecto establece la Ley de Ingresos del Municipio. (ADICIONADO, P.O. 2 DE JULIO DE 1995) Artículo 138 bis.- Son causantes del derecho por concepto de alumbrado público en calles, plazas, jardines y demás lugares de uso común, los consumidores de energía eléctrica clasificados en las tarifas 1,2,3,OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15, 1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RF H, HM-RM, publicadas en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1986, 10 de noviembre de 1991, 3 de abril de 1992, 13 de mayo de 1993, 4 de octubre de 1993 y 30 de septiembre de 1994. Los derechos de alumbrado público se cubrirán en un 10% del importe de energía eléctrica de los sujetos obligados al pago de este derecho; los importes que resulten será (sic) recaudados por conducto de la Comisión Federal de Electricidad adicionando su monto en las facultades de los consumidores. Mensualmente la Comisión Federal de Electricidad presentará estado de cuenta de las aplicaciones al Ayuntamiento para su análisis y aprobación". "Artículo 93. En la determinación del Derecho de Alumbrado Público se observará lo dispuesto en la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, en relación a que para su cobro se atienda a la firma del convenio con la Comisión Federal de Electricidad y a las siguientes consideraciones: I. Es objeto de este Derecho, la prestación del servicio de alumbrado público, se entiende por servicio de alumbrado público, el que el Municipio otorga en los sitios contemplados en el artículo 138 bis, de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. II. Serán sujetos del pago de Derecho de Alumbrado Público, los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional, industrial, comercial o de servicios, así como los predios rústicos o urbanos de este Municipio, que se beneficien con el servicio de alumbrado público, consumidores de energía eléctrica clasificados en las Categorías Tarifas DB1, DB2, PDBT, GDBT, GDMTH, GDMTO, DIST y DIT. III. La base de este Derecho no podrá exceder de un 10% del importe de energía eléctrica, mismo que serán recaudados a través del documento que para tal efecto expida la Comisión Federal de Electricidad conforme a los periodos que contemple dicha dependencia en los términos de sus atribuciones. IV. La base a que se refiere la fracción III, de este Artículo, se aplicará al consumo de energía eléctrica de las redes de alumbrado público del Municipio de Aguascalientes, así como la ampliación, instalación, reparación, limpieza, mantenimiento y renovación del alumbrado público y luminarias. V. El Derecho de Alumbrado Público se causará de acuerdo con lo que se disponga la presente Ley y de conformidad a la normatividad de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes." Del contenido de los citados dispositivos legales se observa que entre ellos tienen una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la determinación de los componentes del derecho por servicio de alumbrado público, pues en los últimos dos preceptos se determinan los elementos del tributo, con remisión expresa del primero de los artículos invocados a la ley de ingresos correspondiente, para la determinación o liquidación de la tarifa o tasa correspondiente al citado derecho, la que se determina precisamente en el artículo 93 invocado. En ese sentido, el artículo 93 de la ley de ingresos, establece como sujetos pasivos de la obligación tributaria a los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional, industrial, comercial o de servicios, así como los predios rústicos o urbanos de este Municipio, que se beneficien con el servicio de alumbrado público, consumidores de energía eléctrica clasificados en las Categorías Tarifas DB1, DB2, PDBT, GDBT, GDMTH, GDMTO, DIST y DIT. También se obtiene del precitado numeral 93, fracción III, que la tasa de este derecho no puede exceder de un 10% del importe de energía eléctrica, mismo que será recaudado a través del documento que para tal efecto expida la Comisión Federal de Electricidad conforme a los periodos que contemple en los términos de sus atribuciones. Por lo tanto, es evidente que los invocados preceptos establecen una contribución a la que otorgan la naturaleza jurídica de derecho, cuyo objeto o hecho imponible lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público que presta el Municipio. No obstante, la armonía que debe existir en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho se rompe con el contenido del artículo 93, en especial, en la fracción III, de la ley de ingresos referida, al regular que la base para el cálculo de este derecho son los consumos de energía eléctrica, a los que se aplicará una tasa que no podrá exceder de un 10%. De ello se advierte que se establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso la base del tributo se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad, denotativo de capacidad contributiva ajeno a la actividad del ente público y que, en el caso, consiste en dicho consumo de energía. Este conflicto entre el aspecto objetivo que denota el hecho imponible y el que denota la base se resuelve en favor del contemplado en la base, pues es el que servirá para el cálculo del tributo, que se liquidará con base en el consumo de energía eléctrica e irá variando según aumente o disminuya dicho consumo. El anterior razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en análisis, puesto que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relación con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine. Por tanto, no obstante que se denomina a la contribución de mérito "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal. En similar sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 25/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, marzo de 2004, página 317, cuyo rubro es: "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." En consecuencia, lo que procede es conceder la protección constitucional para los siguientes efectos. SEXTO. Efectos del fallo protector. De conformidad con el artículo 77, fracción I, y segundo párrafo, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección constitucional solicitado por Ricardo Cárdenas Cárdenas, contra el acto que reclama a la autoridad responsable Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, consistente en el cobro de derecho de alumbrado público, efectuado por las cantidades: $2,374.74 (dos mil trescientos setenta y cuatro pesos 74/100 moneda nacional) respecto al servicio 109 071 064 303, con fecha de facturación del veintiséis de agosto al veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. $4,968.56 (cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos 56/100 moneda nacional) respecto al servicio 096 081 003 171, con fecha de facturación del treinta y uno de agosto al treinta de septiembre de dos mil diecinueve. De tal forma que se le deberá devolver a la parte quejosa dichos montos que enteró por derecho de alumbrado público. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73,74, 75, 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Cárdenas Cárdenas, contra el acto reclamado consistente en el pago del derecho de alumbrado público que le atribuye a la autoridad responsable Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, para los efectos precisados en el sexto considerando de la presente sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante el secretario José Rubén Ávila González, quien autoriza y da fe dentro del juicio de amparo 1502/2019-VIII. Juez Secretario ALE

  3. Principal

    Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 118 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa y como lo dispone el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme al artículo 2º, segundo párrafo, el domicilio que señala para tal efecto. (VIII)

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo... se admite la demanda. Tramítese sin incidente de suspensión. -Advertencia preliminar- No pasa desapercibido a este juzgador, que en la acción de inconstitucionalidad 15/2019 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión celebrada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la regulación legal del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en el Estado de Aguascalientes, resolvió: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 15, fracciones I, III, VII y VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes , para el ejercicio Fiscal 2019, 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes , 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos , 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, 50 y 51, incisos a), d), f), g), i), m) e y), numerales 3 , 4, 5 y 6 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús maría, 32, párrafos segundo, quinto y sexto, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, 64 y 72, numerales 7 y 11de la de la Ley de Ingresos del Municipio del Municipio de Rincón de Romos, 48 y 49 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo, 22 y 36, fracción IX, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia y 36 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, todas del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del apartado VI, temas I y II, de esta decisión. TERCERO. Se declara la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 15, fracción VI, de la de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos del municipio de Calvillo, 51, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, 36, fracción VIII, de la Ley de Ingresos de San José de Gracia y transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, así como los artículos 138 Bis, de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 72 D de la Ley de Hacienda del Municipio de Calvillo, 68 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Pabellón de Arteaga y 122 D de la Ley de Hacienda de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en el apartado VI, parte final, de esta determinación. CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo precisados en apartado VI, parte final de esta ejecutoria. De la misma resolución se advierte, por lo que hace a los efectos de la declaratoria de invalidez, el Máximo Tribunal del País estableció que, al recaer la declaratoria sobre disposiciones generales de vigencia anual, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes quedaba vinculado en lo futuro, a no repetir los mismos vicios de inconstitucionalidad al legislar para el próximo año fiscal, ya sea en las leyes de hacienda estatales o en las leyes de ingresos de los municipios de esta entidad federativa. El Pleno de la Corte determinó que la declaratoria de invalidez de las normas indicadas surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes, lo cual aconteció el pasado tres de octubre del año dos mil diecinueve; esto último con motivo de la comunicación oficial formada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con número de orden 100/2019, respecto de la que obra publicación en las listas de acuerdos publicadas en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha tres de octubre del año en curso; por tanto, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de procedimientos Civiles. Entonces, a partir de la notificación al Congreso del Estado de Aguascalientes, éste y todas las autoridades que intervienen en el proceso de creación de leyes en la entidad, están obligadas a prescindir de legislar incurriendo en los vicios de inconstitucionalidad detectados por la Suprema Corte de Justicia respecto al "derecho" de alumbrado público, además que conforme a la declaratoria de invalidez de las normas relativas a las leyes de hacienda y de ingresos del Estado de Aguascalientes, todos los actos de aplicación (cobro del DAP) que se sustenten en dichas normas igualmente carecen de validez; y, en consecuencia, de reiterarse la aplicación de dichas normas por las autoridades estatales y municipales del Estado de Aguascalientes, procede la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En función de lo anterior, surge la posibilidad de la actualización notoria y manifiesta de la improcedencia del juicio de amparo indirecto conforme a la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio de garantías es improcedente cuando se promueva contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, en acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o con motivo del procedimiento a que se refiere el capítulo VI del título Cuarto de la Ley de Amparo. Sin embargo, a juicio de este resolutor, dicha causal de improcedencia se actualizará respecto de las leyes declaradas inválidas y sus correspondientes actos de aplicación, cuando éstos sean aplicados por las autoridades estatales y municipales a partir de la fecha en que surtió efectos la citada declaratoria de invalidez (tres de octubre del año dos mil diecinueve). En atención a lo anterior, en el particular el quejoso Ricardo Cárdenas Cárdenas reclama el cobro de Derecho de Alumbrado Público, por lo que hace al servicio número... -Procedimiento sumario- De la lectura integral a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama el acto de aplicación del artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, en relación con el 138 bis de la Ley de Hacienda del mismo municipio. La fracción III del numeral 93 de la Ley de Ingresos invocada dispone que la base del derecho de alumbrado púbico no podrá exceder de un diez por ciento (10%) del importe de energía eléctrica, mismo que serán recaudados a través del documento que para tal efecto expida la Comisión Federal de Electricidad conforme a los periodos que contemple dicha dependencia en los términos de sus atribuciones. A su vez, el precepto 138 bis, párrafo segundo, de la citada Ley de Hacienda prevé que los derechos de alumbrado público se cubrirán en un diez por ciento (10%) del importe de energía eléctrica de los sujetos obligados al pago de este derecho; también dispone que los importes que resulten serán recaudados por conducto de la Comisión Federal de Electricidad adicionando su monto en las facultades de los consumidores. Por tanto, de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Amparo, el presente juicio se desarrollará por la vía sumaria, toda vez que el quejoso impugna el acto de aplicación por parte de la autoridad responsable de una norma general considerada inconstitucional por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, por igualdad de razón jurídica, a juicio de este juzgador, es procedente el juicio sumario cuando se reclamen normas generales en las que exista jurisprudencia temática emitida por el máximo tribunal. Se afirma lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2006-PL, en relación con la jurisprudencia temática sostuvo que: 1) en materia de inconstitucionalidad de leyes, es aquella cuya construcción argumentativa revela un nivel de abstracción de tal índole, que evidencia el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general; 2) en todo caso, se requiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare que el vicio alcanza a todas las leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales, en tanto y sólo en cuanto, a ella le corresponde definir criterios de tal naturaleza; 3) en materia de inconstitucionalidad de leyes, será en todos los casos expresamente diseñada por parte del Alto Tribunal; y, 4) el criterio sea de forma tal que cuando el juzgador se encuentre frente al mismo supuesto, reiterado en cualquier otra legislación, sepa con precisión y sin lugar a dudas, que tiene la obligación de observar la ley desde la misma perspectiva de la jurisprudencia temática creada ex profeso a esos fines. -Informe justificado- Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de tres días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberá exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. En caso de no rendir el informe solicitado, conforme a lo dispuesto en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, en el entendido que, de ser procedente, queda a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°, de la Ley de Amparo. Además, se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de ser omisa en rendir su informe, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización... -Fecha audiencia constitucional- Se señalan las nueve horas con catorce minutos del treinta de octubre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. -Intervención a Ministerio Público- Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con la copia de la demanda de amparo. -Causas de improcedencia- Según lo dispuesto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, conforme a lo señalado en párrafos que anteceden. -Pruebas- En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que se exhiben con la demanda, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su demanda de amparo. -Autorizados- Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a Mónica Carranza Ramírez y Héctor Manuel Hernández Álvarez, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. - Habilitación de días y horas inhábiles - Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Igualmente, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Finalmente, se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo.(VIII)

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