Ricardo Calixto Reyes

Expediente 1317/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 40 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1317/2017
Año
2017
Actuaciones
40
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Calixto Reyes
  • Ricardo Calixto Reyes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo 1317/2017, así como el testimonio de ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 22/2019, correspondiente en la sesión de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Acúsese recibo. Ahora bien, el Tribunal Colegiado al resolver sobre el recurso de inconformidad 22/2019, dictaminó lo siguiente: ".PRIMERO. Es infundado el recurso de inconformidad." Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, así como las anotaciones en el libro correspondiente. Por otra parte, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que se concedió el amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA 2-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; quince de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos de los cuales se advierte que el quejoso Ricardo Calixto Reyes, en el acto de la notificación de once del mes y año en curso, realizó diversas manifestaciones, las cuales van encaminadas a su inconformidad con el cumplimiento que las autoridades responsables dieron al fallo protector a su favor (foja 249) Ahora bien, en el artículo 79 de la ley de Amparo se acogen distintos supuestos que el legislador, en ejercicio de su libertad configurativa, consideró que requerían especial protección, ya sea por la calidad de la persona o la materia de que se trata, porque su posición en el proceso involucra una concreta debilidad o vulnerabilidad. Así las cosas, con la suplencia de la queja se pretende que no se produzca una violación mayor dejándose a la persona en estado de indefensión, dadas las particulares condiciones en las que se encuentra. Ante tal circunstancia, el legislador ha estimado adecuado atemperar los tecnicismos del juicio de amparo para lograr una eficaz protección de los derechos humanos violados y sus garantías, al considerar que, por una serie de circunstancias de carácter histórico, social y/o jurídico, en esos supuestos se requiere especial protección. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada de la Décima Época, registrada bajo el número 2018831, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro Diciembre de 2018; Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a. CCl/2018 (10a.), Página: 413. "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. PERMITE A LAS PARTES ENCONTRARSE EN UN PLANO DE IGUALDAD Y HACER EFECTIVO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el artículo 79 de la Ley de Amparo se acogen distintos supuestos que el legislador, en ejercicio de su libertad configurativa, consideró que requerían especial protección, ya sea por la calidad de la persona o por el grupo al que pertenecen (menores de edad), la materia de que se trata (penal, agraria, laboral), porque su posición en el proceso involucra una concreta debilidad o vulnerabilidad (una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa), o bien se afecten ciertas instituciones (el orden y desarrollo de la familia). Así, con la suplencia de la queja se pretende que, a causa de una deficiente argumentación jurídica, no se produzca una violación mayor dejándose a la persona en estado de indefensión, dadas las particulares condiciones en las que se encuentra. Asimismo, la lógica de la suplencia de la queja deficiente implica la protección a ciertos supuestos concretos y específicos: el legislador ha estimado adecuado atemperar los tecnicismos del juicio de amparo para lograr una eficaz protección de los derechos humanos violados y sus garantías, al considerar que, por una serie de circunstancias de carácter histórico, social y/o jurídico, en esos supuestos se requiere especial protección. En definitiva, los supuestos de suplencia de la queja que prevé el artículo 79 aludido se caracterizan por presentar posiciones asimétricas entre las partes, y, en consecuencia, se asume que una de ellas cuenta con menores recursos (ya sea educativos, sociales, económicos o de cualquiera otra índole) ocasionándose una disparidad que repercute en su derecho de acceso a la justicia. Ante tal disparidad, la suplencia de la queja funciona como un mecanismo que permite a las partes encontrarse en un plano de igualdad y hacer efectivo lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional". En el caso, la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el inciso a), fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula éste Juzgador para que al ejercerla, otorgue al procesado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal. Atento a lo anterior y, tomando en consideración que la materia de que se trata el presente asunto y que el quejoso Ricardo Calixto Reyes, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas; consecuentemente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), se suple la deficiencia de la queja, por lo que se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto de siete del mes y año en curso (fojas 242 a 245), en el que se declaró cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo y en acatamiento al acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en su oportunidad, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el efecto de que sustancie el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA 2-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Cabe precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "1.- Dentro del ámbito de sus atribuciones, provean que de inmediato se le brinde la atención médica y que ésta sea integral y completa al quejoso, conforme a lo destacado en esta sentencia, esto es, recabar de inmediato el diagnóstico especializado para su padecimiento; inmediatamente después, verificar el cumplimiento del tratamiento que se indique, a fin de que tengan una mejor calidad de vida; y, 2.- Se le proporcione los medicamentos y/o complementos alimenticios, así como la dieta relativa, que les haya sido prescrito o cualquier otro que indique el médico tratante, conforme a los padecimientos diagnosticados". Ahora, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 44 y 45), causó ejecutoria la sentencia dictada el quince de agosto de esa anualidad (fojas 29 a 39), por este órgano de control constitucional y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Director General, Titular del Área Médica, Titular del Área de Seguridad y Custodia y Titular del Área de Producción de Alimentos, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residentes en Villa Comaltitlán, Chiapas. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De lo anterior deriva, que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Atento a lo expuesto, mediante oficios de trece y catorce de octubre de dos mil diecisiete, las autoridades responsables Encargado del Despacho de la Dirección General, Médico Penitenciario, Director de Seguridad y Encargado del Departamento de Producción de Alimentos del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, informaron respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y al efecto la primera de las mencionadas remitió copia certificada de las constancias relativas a dicho cumplimiento (fojas 47 a 56, 59, 63 y 70). Con esos comunicados y anexos, en proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del mismo, manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 72 y 73). En auto de once de enero de dos mil dieciocho, no se tuvo por cumplida la ejecutoria; ello, pues de constancias no se advirtió que las autoridades responsables realizaran al quejoso el perfil tiroideo y biopsia por aspiración con aguja fina, tal como fue sugerido por el médico Luna Martínez, de medicina interna del centro penitenciario, al valorar al referido quejoso el tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 53); por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación de ese acuerdo, dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 76 a 79). Requerimiento antes citado, el cual se reiteró en autos de veinticuatro, veinticinco de enero, veintiséis de marzo, veintidós de mayo, veintinueve de junio, veintisiete de julio, siete de septiembre, nueve de octubre, doce, treinta de noviembre, veintiocho de diciembre, todos de dos mil dieciocho; quince, veintinueve de enero, once, dieciocho de febrero, once de marzo y ocho de abril de la presente anualidad (fojas 88, 89, 92, 93, 108, 109, 118, 119, 122, 123, 132, 133, 136, 137, 148, 149, 152, 153, 163, 164, 167, 168, 180, 181, 191 a 195, 207, 298, 213, 214, 219 y 223). En cumplimiento a los anteriores requerimientos las autoridades responsables mediante oficios que se mandaron agregar a los autos en proveídos de veinticuatro y veinticinco de enero, veintiocho de febrero, veintidós de mayo, nueve de julio, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, tres y veintinueve de enero, siete y dieciocho de febrero, doce y doce de abril de la presente anualidad (fojas 81 a 89, 91 a 93, 99 a 104, 113 a 119, 125 a 129, 140 a 145, 155 a 160, 170 a 175, 187 a 195, 204, 205, 212 a 214, 225 a 237, informaron y acreditaron las gestiones realizadas sobre el cumplimiento del fallo protector concedido en este juicio. Con dichos comunicados en autos de veinticinco de septiembre y veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; doce y dieciséis de abril del año en curso, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (fojas 144, 145, 160, 230, 231, 236 y 237). En consecuencia, se procede a realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. De las constancias que adjuntaron las autoridades responsables, dentro de las que se destaca la nota médica de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, solicitud de interconsulta a medicina interna, receta médica, hoja de contra referencia, formatos de entrega recepción de medicamentos (fojas 49 a 55), se demuestra que se brindó atención médica en general, al ahora quejoso Ricardo Calixto Reyes, en la que se le diagnosticó tumoración en cuello e hipertrigliceridemia, dándole un plan de tratamiento consistente en valoración por el área de medicina interna, USG cuello, naproxeno 250 miligramos tabletas, dos cada doce horas, por diez días; metformina 85 miligramos tabletas, una cada doce horas, y plavastatina 20 miligramos, tomar una cada veinticuatro horas por las noches, por tres meses. Asimismo, se encuentra acreditado que dichas autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias para la realización del perfil tiroideo y biopsia por aspiración con aguja fina, tal como fue sugerido por el médico Luna Martínez, de medicina interna de dicho centro penitenciario, al valorar al referido quejoso el tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 53); de igual forma, que el referido quejoso fue valorado por el médico especialista Jesús López Rivera, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad, denominado "Ciudad Salud", con residencia en esta ciudad, quien fue quien le diagnosticó tumor maligno de la glándula tiroides y le explicó al paciente, patología, tratamiento riesgos y complicaciones, ante quien el quejoso manifestó que no aceptaba el tratamiento, pero que tomaría tiempo para pensarlo y hablar con su familia (fojas 172 y 173). Por lo anterior, si de autos se advierte que las autoridades responsables acreditaron que el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, brindaron atención médica en general, al ahora quejoso Ricardo Calixto Reyes, en la que se le diagnosticó tumoración en cuello e hipertrigliceridemia, dándole un plan de tratamiento acorde a sus padecimientos; realizado además, las gestiones necesarias para la realización del perfil tiroideo y biopsia por aspiración con aguja fina, tal como fue sugerido por el médico Luna Martínez, de medicina interna del centro penitenciario, al valorar al referido quejoso el tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 53); ante esa situación, es indudable que la ejecutoria de amparo, ha sido cumplida. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplieron con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda.

  4. Principal

    MESA 2-B Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Director Jurídico en ausencia del Director General y en representación de los Titulares de las Áreas Médica, de Seguridad y Custodia, y Producción de Alimentos del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, mediante el cual informa las gestiones realizadas sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada del oficio sin número de diez del mes actual, suscrito por el Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud". A fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, no obstante que mediante auto de doce del mes actual, se ordenó dar vista a la parte quejosa sobre el cumplimiento dado por parte la referida autoridad responsable (fojas 225 a 231); con el contenido del oficio de cuenta y anexos que acompaña la autoridad oficiante, dése vista de nueva cuenta a la parte quejosa, con la copia certificada de oficio sin número de diez del mes actual, suscrito por el Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud", por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; en apoyo a esta determinación se cita por identidad jurídica, la tesis VI.1º.P.27 K, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Una vez que el Juez de Distrito recibió el oficio por medio del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento de la ejecutoria, deberá dar vista a la parte quejosa con el contenido del mismo, concediéndole el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndola que de no hacerlo, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolución que deberá estar suficientemente razonada, a fin de que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud de hacer valer su inconformidad en la forma que estime pertinente, y de no hacerse así, deberán devolverse los autos al Juez de Distrito a fin de que deje insubsistente el acuerdo citado y emita en su lugar otro, en el que de conformidad con las consideraciones antes señaladas, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento que hubiese dado la responsable a la sentencia que concedió el amparo."

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