Ricardo Calderon Lopez
Expediente 154/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Calderon Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, hubiese recurrido el auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictado por este Juzgador Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto **, deducido del presente expediente, con el que se ordenó notificar a la parte quejosa, el proveído de catorce de junio año en curso, emitido en el presente juicio de amparo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondientes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
En catorce de junio de dos mil dieciséis, la licenciada Perla Rocio Mercado Gómez Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que los datos, fechas e información plasmados en el presente proveído los constaté personalmente y bajo esas circunstancias, doy cuenta a la secretaria encargada del despacho, con el oficio 721/2016, firmado por la actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, identificado con el número de folio 20528. - Doy fe. La Secretaria. Cuernavaca, Morelos, a catorce de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria de catorce de abril del año en curso, dictada por la Superioridad en el conflicto competencial número 7/2016, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por RICARDO CALDERON LOPEZ, contra los actos y las autoridades en el escrito inicial de demanda". Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, y en acatamiento a lo establecido en la ejecutoria del Órgano Colegiado oficiante, este Juzgado de Distrito procede a proveer lo conducente respecto de la demanda interpuesta por la parte quejosa Ricardo Calderón López. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 154/2016-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que por lo que respecta a los actos reclamados del quejoso hace consistir en: "La ejecución del mandamiento 33312201211136403M de trece de noviembre de dos mil catorce, la ejecución del mandamiento de ejecución de veintiuno de abril de dos mil doce emitido por la Auditoria Superior de la Federación y el cobro realizado al quejoso por la cantidad de $108,380.00 (ciento ocho mil trecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) el treinta de noviembre de dos mil quince, por concepto de pago de las cantidades requeridas por la Administración Local de Recaudación de Cuernavaca con sede en Morelos", se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la citada ley . De los artículos citados se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, que en el caso es de quince días, los cuales de acuerdo al artículo 18 de la citada ley, se contaran a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto. Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que la Auditoría Superior de la Federación el veinte de noviembre de dos mil doce, emitió resolución en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/2011/07/074, en contra del cual interpuso recurso de reconsideración, en el cual impuso como sanción a título de indemnización el pago de la cantidad de $99,011.53 (noventa y nueve mil once pesos 53/100 Moneda Nacional). Inconforme con la determinación anterior, interpuso recurso de reconsideración, el cual confirmo la resolución el quince de marzo de dos mil trece. Posteriormente el aquí quejoso promovió juicio de nulidad, del cual toco conocer a la tercera sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa donde el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que se reconoció la validez de la resolución impugnada. Finalmente, el quejoso promovió juicio de Amparo Directo, el cual se registró con el número 228/2015, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y en sesión de veintitrés de octubre de dos mil quince, se negó el amparo solicitado. Asimismo, de las constancias de autos se desprende que la sanción impuesta al aquí quejoso dio como origen el crédito fiscal numero H-395078, por lo que el veintiocho y veintinueve de abril, veintisiete y veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se llevaron a cabo diversas diligencias de requerimiento de pago, las cuales fueron atendidas por Verónica Calderón López, Felipe Calderón González, María de los Ángeles Hernández López y el propio quejoso. Lo hasta aquí narrado pone de manifiesto que el peticionario de amparo tuvo concomimiento del procedimiento administrativo de ejecución desde finales de dos mil catorce, por lo que si la demanda de amparo la interpuso hasta el veintiuno de noviembre de dos mil quince, es dable concluir que no se efectuó dentro del término de quince días que establece la Ley de Amparo. Máxime, que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución determinante del crédito fiscal desde el veinte de noviembre de dos mil doce; momento en que se emitió resolución en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/2011/07/074, la cual, finalmente, quedó firme el veintitrés de octubre de dos mil quince, en que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo solicitado en el Juicio de Amparo Directo número 228/2015. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el treinta de noviembre de dos mil quince, el quejoso efectuó un pago por la cantidad de $118,280.00 (ciento dieciocho mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), en atención a los requerimientos de pago antes señalados, sin embargo, no puede establecerse dicha fecha para el computo de los quince días para la promoción del presente juicio de amparo, toda vez que como se precisó con antelación, tuvo conocimiento del procedimiento de ejecución en noviembre de dos mil catorce. En ese orden de ideas es indudable que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la citada ley. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el embargo trabado respecto del bien inmueble propiedad del quejoso, ubicado en el domicilio Independencia número veinticuatro, colonia 3 de Mayo, municipio de Emiliano Zapata, Morelos, código postal 62763, de igual forma se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción III, aplicados a contrario sensu, todos de la citada ley . De la ley en mención, se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento y por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Sobre los supuestos normativos citados, en su texto de la Ley de Amparo Vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cuyo contenido es en esencia el mismo al ahora vigente , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por regla general el Juicio de Amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva, entendiéndose como tal, aquella que apruebe o desapruebe el remate. Sirven de sustento a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente. EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Bajo ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, toda vez que se debe esperar al dictado de la última resolución en ese procedimiento, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales que hubieren cometido. En ese sentido es dable concluir que los actos reclamados en el presente juicio de amparo derivan de un procedimiento administrativo de ejecución tramitado por la Administración Local de Recaudación de Cuernavaca, Morelos del Servicio de Administración Tributaria, respecto de los cuales es improcedente esta vía constitucional, como se precisó en párrafos anteriores. Cabe precisar que el quejoso no se ostenta como tercero extraño al procedimiento citado, toda vez que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se advierte que tuvo pleno conocimiento de la resolución determinante que origino el procedimiento administrativo de ejecución. Máxime que en su escrito presentado el cuatro de enero de dos mil dieciséis, manifestó que realizó el pago de la cantidad de $118,380.00 (ciento dieciocho mil trecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), en virtud del mandamiento de ejecución antes citado, de ahí que se corroboré su conocimiento. Por lo anterior, es claro advertir que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues los actos reclamados derivan de un procedimiento administrativo de ejecución, los cuales no pueden ser combatidos a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución correspondiente, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, como las que refiere el inconforme en su demanda. En efecto, lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio dictado en el procedimiento administrativo de ejecución, más no como una determinación que revista el carácter de la última resolución en la citada fase procesal, para que el escrito inicial de demanda resulte procedente, conforme lo establece el numeral 107, en su fracción III de la Ley de Amparo, la que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o desaprueba el remate, hipótesis en la que de ninguna manera, se ubican los actos reclamados, por lo que es incuestionable que en el caso cobra vigencia la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del ordinal 61, en concordancia con el artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo, ya que no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Por tanto y toda vez que los actos impugnados no se tratan de actos definitivos para los efectos de la procedencia del juicio de amparo; en consecuencia, en términos del artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con los numerales 107, fracción III, y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ricardo Calderón López. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, no ha lugar a tener como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, toda vez que se encuentra fuera de la residencia en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Por otra parte, únicamente se tienen como autorizados con facultades amplias a Sergio Cuen Sandoval, José Luis Hernández Cruz y Gustavo Adolfo Zapata Hernández; y en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica, en razón de que es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de México, es decir fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su cargo, para que notifique de manera personal el presente acuerdo a Ricardo Calderón López, en el domicilio señalado a continuación: Calle Meconetan, número 93, Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán código postal 04300, Ciudad de México. Asimismo, el actuario de su adscripción, deberá hacerle de su conocimiento el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente, requiriéndole que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, siguientes al de la notificación, señale domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo dentro del plazo concedido, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes incluso las de carácter personal, se les harán por medio de lista, de conformidad con los artículos 27, fracción II, y 29, de la Ley de Amparo; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa por medio de exhorto. Así lo proveyó y firma la licenciada Graciela Elias Morales, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, encargada del despacho por ministerio de ley, en términos de lo dispuesto en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de mayo de dos mil dieciséis, asistida de la Secretaria, Perla Rocío Mercado Gómez, quien autoriza. Doy fe. , *Alex EN ESTA FECHA SE GIRARON EL (LOS) OFICIOS: 29637 EXHORTO NÚMERO: ________ JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN TURNO, EN LA CIUDAD DE MEXICO. LA SUSCRITA GRACIELA ELIAS MORALES, ENCARGADA DEL DESPACHO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, A USTED JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA, EN TURNO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, HAGO SABER: QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 154/2016-III, PROMOVIDO POR RICARDO CALDERON LOPEZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "Cuernavaca, Morelos, a catorce de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria de catorce de abril del año en curso, dictada por la Superioridad en el conflicto competencial número 7/2016, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por RICARDO CALDERON LOPEZ, contra los actos y las autoridades en el escrito inicial de demanda". Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, y en acatamiento a lo establecido en la ejecutoria del Órgano Colegiado oficiante, este Juzgado de Distrito procede a proveer lo conducente respecto de la demanda interpuesta por la parte quejosa Ricardo Calderón López. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 154/2016-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que por lo que respecta a los actos reclamados del quejoso hace consistir en: "La ejecución del mandamiento 33312201211136403M de trece de noviembre de dos mil catorce, la ejecución del mandamiento de ejecución de veintiuno de abril de dos mil doce emitido por la Auditoria Superior de la Federación y el cobro realizado al quejoso por la cantidad de $108,380.00 (ciento ocho mil trecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) el treinta de noviembre de dos mil quince, por concepto de pago de las cantidades requeridas por la Administración Local de Recaudación de Cuernavaca con sede en Morelos", se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la citada ley . De los artículos citados se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, que en el caso es de quince días, los cuales de acuerdo al artículo 18 de la citada ley, se contaran a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto. Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que la Auditoría Superior de la Federación el veinte de noviembre de dos mil doce, emitió resolución en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/2011/07/074, en contra del cual interpuso recurso de reconsideración, en el cual impuso como sanción a título de indemnización el pago de la cantidad de $99,011.53 (noventa y nueve mil once pesos 53/100 Moneda Nacional). Inconforme con la determinación anterior, interpuso recurso de reconsideración, el cual confirmo la resolución el quince de marzo de dos mil trece. Posteriormente el aquí quejoso promovió juicio de nulidad, del cual toco conocer a la tercera sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa donde el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que se reconoció la validez de la resolución impugnada. Finalmente, el quejoso promovió juicio de Amparo Directo, el cual se registró con el número 228/2015, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y en sesión de veintitrés de octubre de dos mil quince, se negó el amparo solicitado. Asimismo, de las constancias de autos se desprende que la sanción impuesta al aquí quejoso dio como origen el crédito fiscal numero H-395078, por lo que el veintiocho y veintinueve de abril, veintisiete y veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se llevaron a cabo diversas diligencias de requerimiento de pago, las cuales fueron atendidas por Verónica Calderón López, Felipe Calderón González, María de los Ángeles Hernández López y el propio quejoso. Lo hasta aquí narrado pone de manifiesto que el peticionario de amparo tuvo concomimiento del procedimiento administrativo de ejecución desde finales de dos mil catorce, por lo que si la demanda de amparo la interpuso hasta el veintiuno de noviembre de dos mil quince, es dable concluir que no se efectuó dentro del término de quince días que establece la Ley de Amparo. Máxime, que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución determinante del crédito fiscal desde el veinte de noviembre de dos mil doce; momento en que se emitió resolución en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/2011/07/074, la cual, finalmente, quedó firme el veintitrés de octubre de dos mil quince, en que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo solicitado en el Juicio de Amparo Directo número 228/2015. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el treinta de noviembre de dos mil quince, el quejoso efectuó un pago por la cantidad de $118,280.00 (ciento dieciocho mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), en atención a los requerimientos de pago antes señalados, sin embargo, no puede establecerse dicha fecha para el computo de los quince días para la promoción del presente juicio de amparo, toda vez que como se precisó con antelación, tuvo conocimiento del procedimiento de ejecución en noviembre de dos mil catorce. En ese orden de ideas es indudable que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la citada ley. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el embargo trabado respecto del bien inmueble propiedad del quejoso, ubicado en el domicilio Independencia número veinticuatro, colonia 3 de Mayo, municipio de Emiliano Zapata, Morelos, código postal 62763, de igual forma se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción III, aplicados a contrario sensu, todos de la citada ley . De la ley en mención, se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento y por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Sobre los supuestos normativos citados, en su texto de la Ley de Amparo Vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cuyo contenido es en esencia el mismo al ahora vigente , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por regla general el Juicio de Amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva, entendiéndose como tal, aquella que apruebe o desapruebe el remate. Sirven de sustento a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente. EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Bajo ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, toda vez que se debe esperar al dictado de la última resolución en ese procedimiento, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales que hubieren cometido. En ese sentido es dable concluir que los actos reclamados en el presente juicio de amparo derivan de un procedimiento administrativo de ejecución tramitado por la Administración Local de Recaudación de Cuernavaca, Morelos del Servicio de Administración Tributaria, respecto de los cuales es improcedente esta vía constitucional, como se precisó en párrafos anteriores. Cabe precisar que el quejoso no se ostenta como tercero extraño al procedimiento citado, toda vez que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se advierte que tuvo pleno conocimiento de la resolución determinante que origino el procedimiento administrativo de ejecución. Máxime que en su escrito presentado el cuatro de enero de dos mil dieciséis, manifestó que realizó el pago de la cantidad de $118,380.00 (ciento dieciocho mil trecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), en virtud del mandamiento de ejecución antes citado, de ahí que se corroboré su conocimiento. Por lo anterior, es claro advertir que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues los actos reclamados derivan de un procedimiento administrativo de ejecución, los cuales no pueden ser combatidos a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución correspondiente, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, como las que refiere el inconforme en su demanda. En efecto, lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio dictado en el procedimiento administrativo de ejecución, más no como una determinación que revista el carácter de la última resolución en la citada fase procesal, para que el escrito inicial de demanda resulte procedente, conforme lo establece el numeral 107, en su fracción III de la Ley de Amparo, la que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o desaprueba el remate, hipótesis en la que de ninguna manera, se ubican los actos reclamados, por lo que es incuestionable que en el caso cobra vigencia la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del ordinal 61, en concordancia con el artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo, ya que no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Por tanto y toda vez que los actos impugnados no se tratan de actos definitivos para los efectos de la procedencia del juicio de amparo; en consecuencia, en términos del artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con los numerales 107, fracción III, y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ricardo Calderón López. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, no ha lugar a tener como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, toda vez que se encuentra fuera de la residencia en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Por otra parte, únicamente se tienen como autorizados con facultades amplias a Sergio Cuen Sandoval, José Luis Hernández Cruz y Gustavo Adolfo Zapata Hernández; y en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica, en razón de que es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de México, es decir fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su cargo, para que notifique de manera personal el presente acuerdo a Ricardo Calderón López, en el domicilio señalado a continuación: Calle Meconetan, número 93, Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán código postal 04300, Ciudad de México. Asimismo, el actuario de su adscripción, deberá hacerle de su conocimiento el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente, requiriéndole que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, siguientes al de la notificación, señale domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo dentro del plazo concedido, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes incluso las de carácter personal, se les harán por medio de lista, de conformidad con los artículos 27, fracción II, y 29, de la Ley de Amparo; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa por medio de exhorto. Así lo proveyó y firma la licenciada Graciela Elias Morales, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, encargada del despacho por ministerio de ley, en términos de lo dispuesto en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de mayo de dos mil dieciséis, asistida de la Secretaria, Perla Rocío Mercado Gómez, quien autoriza. Doy fe.DOS RÚBRICAS ILEGIBLES. LO QUE TRANSCRIBO A USTED, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A FIN DE QUE SE SIRVA DILIGENCIAR EL PRESENTE EXHORTO EN SUS TÉRMINOS Y UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, DEBERÁ DEVOLVERLO A ESTE JUZGADO A LA BREVEDAD POSIBLE. CUERNAVACA, MORELOS, A CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. DOY FE. SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR LICENCIA DEL TITULAR, AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN SESIÓN DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS GRACIELA ELIAS MORALES. SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO. PERLA ROCÍO MERCADO GÓMEZ.
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SE DESECHA LA DEMANDA.
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