Ricardo Bravo Sánchez

Expediente 1633/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1633/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
01/03/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Bravo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    CAUSA EJECUTORIA la sentencia dictada en autos y se ordena el archivo del presente expediente.

  2. Incidental

    Se ordena el archivo de los cuadernos incidentales.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO PERJUDICADO LA SENTENCIA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN ESENCIA DICE: Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil doce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, Colima, IRMA LETICIA RIVERA ACEVEDO, EDUARDO JIMENEZ FLORES y MIGUEL ANGEL MORA CHAVEZ, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal EJIDO "LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ", del Municipio de Armería, Colima, promovieron demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. (Fojas 3 a 12 de autos). II. Sustanciación. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil doce, se admitió la demanda de garantías, misma que fue radicada con el número de expediente 1525/2012; se solicitó a la responsable rindiera su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción -quien no formuló pedimento-; se tuvo como tercero interesado a Cooperativa Sal de Villa de Álvarez, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que -previo(s) diferimiento(s)- se celebró el dos de septiembre de dos mil dieciséis, suspendida en la etapa probatoria; reanudada y concluida el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (hojas 154 a 158 tomo I; 620, 621 y 670 del tomo II ídem) Ley de Amparo aplicable. Ante todo resulta pertinente establecer que en la especie es aplicable la Ley de Amparo en vigor al momento de la presentación de la demanda de garantías (diecisiete de octubre de dos mil doce), o sea, la abrogada (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936) y no la vigente en la fecha en que se pronuncia este fallo (que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece), de acuerdo con el ARTICULO TERCERO TRANSITORIO de esta última norma. De esta manera, toda referencia que se haga a la "Ley de Amparo" o expresiones análogas en este fallo, debe ser entendida a la abrogada. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 36 y 114 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Competencia específica. Además este Juzgado es competente, en virtud de que se reclama la orden restitución definitiva de un predio, dictada en la causa penal 55/2005, que presuntamente afecta terrenos del ejido quejoso, quien se ostenta ajeno al proceso penal de origen, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción V, del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuyos efectos legales se concretizaron dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXXII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido con antelación, en relación con los diversos artículos 36 de la Ley de Amparo; y artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda, ampliación y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se les reclaman, son los siguientes: AUTORIDAD(ES) ORDENADORA(S): Del Juez Mixto Civil, Familiar, Mercantil y Penal de Armería, Colima; El auto de catorce de septiembre de dos mil doce, dictado en la causa penal 55/2005, en el que la autoridad responsable ordena la restitución definitiva del predio denominado "El Ciruelo", a la parte ofendida Cooperativa de Sal de Villa de Álvarez, S. C. L., en cumplimiento a la sentencia condenatoria de nueve de marzo de dos mil diez. De los Secretarios de Acuerdos y Actuarios adscritos al Juzgado Mixto Civil, Familiar, Mercantil y Penal de Armería, Colima; El cumplimiento de dicha orden. Actos que la parte quejosa estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil doce, dictado en la causa penal 55/2005, pues así lo aceptaron al rendir su informe con justificación; de acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del proceso penal 55/2005, del índice del Juzgado Mixto Civil, Familiar, Mercantil y Penal de Armería, Colima, remitidas por tales autoridades; documentos que al ser elaborados por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, adquieren el carácter de documentales públicas; por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o; de las cuales se desprende la existencia material del acto combatido. Análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 73, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Quien esto juzga, de manera oficiosa advierte que en el caso se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73, en relación con el 4º, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, toda vez que la parte quejosa carece de legitimación procesal activa para instar el presente juicio de garantías. Dichos preceptos legales son del texto siguiente: "ARTICULO 73.- El juicio de amparo es improcedente: (.) V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso;. (.)." "ARTICULO 4o.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor." Para corroborar lo aseverado, se considera menester realizar una breve reseña de las constancias que se tienen a la vista relativas al acto reclamado, con base en las copias fotostáticas certificadas de la causa penal 55/2005; documento que cuenta con pleno valor, con apoyo en los arábigos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de forma supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º y del que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1.-Por auto de veintinueve de agosto de dos mil cinco, el Juez Segundo Penal de Manzanillo, Colima, radicó la causa penal 55/2005, con motivo de la consignación de la averiguación previa M2/251/2005, del índice de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Mesa Segunda de Manzanillo, Colima, quien ejercitó acción penal contra MARIA DE JESUS MOJICA BAROCIO, VICTORIANO CARRILLO LARIOS, JOSE ANTONIO CRUZ ZAMANO, MIGUEL RAMOS VILLALVAZO, AURELIANO QUIÑONEZ CASTILLO y AGUSTIN RAMOS VILLALVAZO, para quienes solicitó orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, en agravio de la Sociedad Cooperativa de Sal de Villa de Álvarez (fojas 1122 del tomo uno del cuaderno de pruebas relativo a la causa penal 55/2005). 2.-El treinta y uno de agosto de dos mil cinco, el Juez Segundo Penal de Manzanillo, negó la orden de aprehensión peticionada y se declaró legalmente incompetente para conocer de los hechos, por haberse suscitado en el municipio de Armería Colima (fojas 1123 a 1126 ídem). 3.-Por acuerdo de treinta de noviembre siguiente, el Juez Mixto Civil, Penal, Mercantil y Familiar de Armería, Colima, aceptó la competencia declinada (foja 1136 ídem). 4.-Contra la determinación del Juez Segundo Penal de Manzanillo, Colima, el fiscal de la adscripción promovió recurso de apelación, resuelto el veinticuatro de febrero de dos mil seis, por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, bajo el toca 17/2006, en cuya determinación modificó la resolución apelada, decretó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público por cuanto a MARIA DE JESUS MOJICA BAROCIO, por el delito de despojo en agravio de la Sociedad Cooperativa de Sal de Villa de Álvarez, y confirmó la negativa de la orden de aprehensión por lo que ve al resto de los indiciados (foja 1142 a 1156 ídem). 5.-En acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil seis, el juez de la causa tuvo por cumplimentada la orden de aprehensión, y transcurrida la dilación constitucional, el veinte de marzo siguiente dictó auto de formal prisión a MARIA DE JESUS MOJICA BAROCIO, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, en agravio de la Sociedad Cooperativa de Sal de Villa de Álvarez, S.C.N. (fojas 1168 a 1206 del tomo dos del referido cuaderno de pruebas) 6.-Por auto de cuatro de abril de dos mil seis, el juez natural ordenó la restitución provisional a la parte ofendida del bien inmueble materia de despojo denominado "El Ciruelo", ubicado en el kilómetro 65+200 del tramo carretero Manzanillo-Colima, la cual se llevó a cabo el doce de mayo de dos mil seis (fojas 1215 y 1227 a 1229 ídem). 7.-Contra el auto de termino constitucional, la procesada interpuso recurso de apelación, resuelto el quince de septiembre de dos mil seis, por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, bajo el toca 537/2006, en cuya determinación modificó la resolución apelada únicamente en cuanto a la denominación de la persona moral ofendida, por lo que decretó auto de formal prisión a MARIA DE JESUS MOJICA BAROCIO, por el delito de despojo en agravio de la Sociedad Cooperativa de Sal de Villa de Álvarez, S.C.L. (foja 1238 a 1254 ídem). 8.-Seguido el proceso, el nueve de marzo de dos mil diez, se resolvió en definitiva la causa penal de origen en la que se declaró a MARIA DE JESUS MOJICA BAROCIO, como penalmente responsable del delito de despojo, previsto en el artículo 235, fracción I, del Código Penal para el Estado de Colima, cometido en agravio de la Sociedad Cooperativa de Sal de Villa de Álvarez, S.C.L., y se le condenó, entre otras cosas, a la reparación del daño, consistente en la entrega al denunciante en restitución definitiva de la fracción de la parcela "El Ciruelo". Sentencia que causó ejecutoria el siete de abril de dos mil diez (fojas 1623 a 1641 y 1645 ídem). 9.-El catorce de septiembre de dos mil doce, el Juez Mixto de Armería, Colima, dictó un acuerdo en la causa penal 55/2005, cuyo contenido, en lo que interesa, dice: ".hágaseles la restitución definitiva al agraviado LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SAL DE VILLA DE ALVAREZ, S.C.L., por conducto de su Representante Legal, del predio denominado el "CIRUELO", ubicado en el kilómetro 65+500 del tramo carretero Manzanillo, Colima, materia del despojo; de la cual se hizo restitución provisional mediante acta levantada el día 12 doce de mayo de 2006 dos mil seis, visible a foja 1242 del expediente; en virtud de que en la sentencia definitiva del proceso que nos ocupa, emitida con fecha 09 nueve de Marzo DE 2010 dos mil diez, en el resolutivo TERCERO, se ordenó, ... (lo transcribe); por lo que, en virtud de que los ofendidos ya tienen la restitución provisional, como lo solicita el promovente, se programan las .., a fin de que tenga verificativo la DILIGENCIA DE RESTITUCIÓN DEFINITIVA al pasivo .." (foja 1663 ídem). Determinación que constituye el acto reclamado en sede constitucional. Ahora bien, como se observa de la reseña anterior, la parte aquí quejosa Comisariado ejidal del Ejido Lic. Luis Echeverría Álvarez, acude al presente juicio de amparo como tercera extraña a la litis penal de origen, a efecto de combatir el auto de catorce de septiembre de dos mil doce, dictado en la causa penal 55/2005, donde el juez responsable ordenó la restitución definitiva del predio denominado "El Ciruelo", ubicado en kilómetro 65+500 del tramo carretero Manzanillo, Colima, a la parte ofendida aquí tercero perjudicado, en cumplimiento a la sentencia condenatoria emitida en aquel proceso, lo que según el ejido quejoso, vulnera sus garantías constitucionales de legalidad y debido proceso, ya que refiere que la orden reclamada se ejecutará sobre terrenos de su propiedad. En primer término, es conveniente citar lo que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: .. c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;". Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece en su numeral 114, fracción V, lo siguiente: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (...) V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería;" De los anteriores preceptos transcritos deriva que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que los afecten. Es importante resaltar en este sentido, que tanto la Constitución en su artículo 107, fracciones III, inciso c) y VII, como el artículo 114, fracción V, de su ley reglamentaria aluden a una afectación a las personas extrañas a juicio. Esto significa que en el amparo promovido por personas extrañas a juicio debe cumplirse con el requisito general de procedencia del juicio de amparo consistente en la afectación al interés jurídico del quejoso por parte del acto reclamado, principio que es consagrado tanto por el artículo 107, fracción I, constitucional, como por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, al disponer: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...) 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o personas extrañas en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor." De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el interés jurídico a que se refiere la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. A lo expuesto, son aplicables las tesis números LXVII y LXIII, que respectivamente, establecen: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquier otra clase. Por tanto, no basta el reconocimiento por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." (Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXVII. Página 320). "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Una correcta interpretación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones conculcados, y aunque la lesión de tales derechos, es natural que traiga repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen el interés jurídico para promover amparo." (Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXIII. Página 3770). Con base en lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que el tercero extraño a juicio puede promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos. En efecto, en el presente juicio de amparo, el ejido quejoso se ostentó tercero extraño a un procedimiento penal donde se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la inculpada a la reparación del daño, consistente en la restitución de un inmueble, respecto del cual el peticionario de garantías alegó tener derechos de propiedad y posesión de los que se le pretendía privar sin haber sido oído ni vencido en esa causa criminal. En principio, considérese que en el caso del ilícito de despojo que nos ocupa, el bien jurídico tutelado por la norma penal es la posesión de facto del inmueble en cuestión, la cual puede estimarse lesionada aun cuando el derecho de posesión o propiedad sea dudoso o se encuentre en litigio, de manera que al ordenar la restitución definitiva de dicho predio, el juez penal no decide en forma alguna sobre la titularidad de los derechos de propiedad o posesión de la citada parcela. Sirve de apoyo a la anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 37, Volumen XLIII, Segunda Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DESPOJO, BIEN JURIDICO TUTELADO EN EL.- Tratándose de la figura delictiva de despojo, el legislador quiso tutelar como bien jurídico, la posesión actual que disfruta una persona de manera quieta y pacífica, independientemente de que el derecho a la propiedad sea objeto de litigio". Sentado lo anterior, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo citados en líneas precedentes para la procedencia de la acción de garantías, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado, y en la especie el acto reclamado es el acuerdo que ordena la restitución definitiva del bien inmueble objeto del delito de despojo, como parte de la reparación del daño, en cumplimiento a la sentencia emitida en un procedimiento de naturaleza penal, en el cual se determinó la responsabilidad de la inculpada en la comisión del ilícito, es evidente que dicho acuerdo no le ocasiona perjuicio a quien se ostenta como tercero extraño a ese procedimiento penal. Ello es así, porque el juez penal se pronunció sobre la responsabilidad de la inculpada en la comisión del delito de despojo, a quien condenó a la reparación del daño como pena pública; y si bien ésta consistió en la restitución a la parte ofendida del inmueble desposeído, su efecto es declarativo no constitutivo de derechos de propiedad ni de posesión sobre el mismo, puesto que en dicho procedimiento no se dilucidó sobre los presuntos derechos de propiedad o de posesión respecto de ese bien, en virtud de que éstos no fueron materia de la litis en la integración del ilícito por el cuál la encausada fue procesada y condenada y como consecuencia se le impuso la pena de restituir el inmueble desposeído a la parte ofendida. En efecto, el proceso jurisdiccional de naturaleza penal tiene por objeto hacer efectivos los derechos que hayan sido desconocidos o violados a la parte ofendida por el delito cometido, lo cual también incluye el de reparar los daños y perjuicios producidos, y esta función se considera parte de la pena pública y puede ser exigida por el Ministerio Público. Es decir, transgredida la ley penal nace una relación de orden público entre el Estado y el individuo a quien se imputa la comisión del ilícito, la cual determinará que, de demostrarse plenamente su culpabilidad, se impongan al sujeto las penas o sanciones de seguridad que correspondan conforme a las normas aplicables. Sin embargo, la comisión del hecho delictuoso, una vez demostrada la culpabilidad, da origen también a otra relación que se refiere a la reparación del daño causado a la víctima; conformando ambos aspectos, en el sistema jurídico mexicano, la pena. En tal virtud, el auto impugnado dictado en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble, es un acto que a quien perjudica es a las partes que intervinieron en ese procedimiento penal como son el sentenciado, el Ministerio Público y en este caso al ofendido, no así a quien alega tener derechos, posesorios y de propiedad sobre ese bien por lo que si éste estima que se le afectó en tales derechos, debe hacerlos valer ante los tribunales de instancia a través de la acción civil que corresponda, razón por la cual, no se le deja en estado de indefensión, pues no es competencia de un juez penal el pronunciarse sobre quien tiene mejor derecho para poseer el inmueble a cuya restitución se condenó, por ser una cuestión de naturaleza civil. Con base en lo expuesto, se concluye que no está legitimado para acudir al juicio de amparo quien se ostenta tercero extraño a un procedimiento de naturaleza penal, en el cual se dictó sentencia definitiva que condenó al inculpado a la restitución del inmueble al ofendido por concepto de reparación del daño, ya que la restitución reclamada no le ocasiona el perjuicio personal y directo que exigen los artículos 73, fracción V, y 4º, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, tiene aplicación la jurisprudencia 126/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 564, tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "TERCEROS EXTRAÑOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDENÓ AL INCULPADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Conforme a los artículos 73, fracción V y 4o., ambos de la Ley de Amparo, así como a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la procedencia de la acción de garantías requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo al agraviado; de ahí que si el acto impugnado consiste en el fallo emitido en un procedimiento penal en el cual el Juez se pronunció sobre la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de despojo y como consecuencia lo condenó a la reparación del daño, consistente en la restitución del inmueble a la parte ofendida, es evidente que tal acto no le ocasiona al tercero extraño que alega tener derechos sobre ese bien el perjuicio exigido por los artículos mencionados, pues el efecto de esa condena es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Además el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal elevó a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria, por daños y perjuicios. En tal virtud, la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido." Finalmente, debe decirse que no resulta necesario analizar peritajes y documentales, debido a que el sobreseimiento decretado obedece a la naturaleza misma del auto reclamado y a las consecuencias limitadas que produce (declarativas), por lo que el derecho de propiedad y de posesión que el quejoso pretendió demostrar a través de aquellas, no incide en la determinación aquí asumida, pues aun cuando de éstas se pudiera arribar a la convicción de que es propietario o poseedor de la superficie controvertida (aspecto que no se afirma ni se niega), la naturaleza y efectos que conlleva el acto reclamado no cambian y por ende, al no afectarse algún derecho que pudiera ser tutelable a favor del núcleo agrario aquí quejoso, lo deberá hacer valer en la instancia correspondiente, si no lo ha hecho aún. Consecuentemente, al actualizarse plenamente la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73, en relación con el 4º, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio. Corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio, promovido por IRMA LETICIA RIVERA ACEVEDO, EDUARDO JIMENEZ FLORES y MIGUEL ANGEL MORA CHAVEZ, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal EJIDO "LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ", del Municipio de Armería, Colima, en relación con el acto consistente en la orden de restitución definitiva de catorce de septiembre de dos mil doce, dictada en la causa penal 55/2005, reclamado al Juez Mixto Civil, Familiar, Mercantil y Penal de Armería, Colima. En ese orden de ideas, al haberse decretado el sobreseimiento respecto de los actos reclamados, este juzgador se encuentra imposibilitado para abordar el examen de los conceptos de violación expresados; tal como lo establece la jurisprudencia número 509, publicada a fojas 335, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Consideración que debe hacerse extensiva al acto de ejecución que se reclama de las autoridades responsables ejecutoras al no combatirse por vicios propios. Tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, 114 y 155 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: UNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por IRMA LETICIA RIVERA ACEVEDO, EDUARDO JIMENEZ FLORES y MIGUEL ANGEL MORA CHAVEZ, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal EJIDO "LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ", del Municipio de Armería, Colima, en relación con los actos y autoridades indicados en el apartado intitulado "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados", por las razones contenidas en el apartado denominado: "Análisis de causas de improcedencia". Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Colima, Colima, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos del que se advierte que el Agente del Ministerio Público Federal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda en la Ciudad de México, a la fecha no ha informado sobre las acciones subsecuentes efectuadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica a dicha autoridad, para que en el término de veinticuatro horas, informe las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de garantías y remita las constancias que así lo acredite; apercibido que de incumplir, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en su caso, se ordenará remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito residente en esta ciudad, para que inicie el incidente de inejecución de sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1020, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra versa: "SENTENCIAS DE AMPARO, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ESTÁN OBLIGADAS A INFORMAR ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS. La circunstancia de que la sentencia se encuentre en vías de ejecución no releva a las autoridades de la obligación que el artículo 104 de la Ley de Amparo les impone de informar sobre el cumplimiento que den al fallo de amparo". Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido de la secretaria José Antonio Andrade Ahumada, quien autoriza y da fe.JAAA/mzr

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