RICARDO BORREGO PÉREZ y Otros.

Expediente 854/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 28 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
854/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • RICARDO BORREGO PÉREZ y Otros.
  • Karín Patricia Rodríguez Morán
  • MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ ORTÍZ y Otros.
  • KARÍN PATRICIA RODRÍGUEZ MORÁN y Otros.
  • Ricardo Borrego Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    notifíquese en términos de ley

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. I. Tribunal Colegiado informa. Se tienen por recibidos los oficios 10931/2019 y 10900/2019, signados por los Actuarios Judiciales del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales comunican que se levantaron los aplazamientos en los impedimentos 18/2019 y 93/2018, relativos al juicio de amparo indirecto 854/2018 de la estadística interna de este órgano jurisdiccional, y se ordenó devolverlos a las ponencias de los Magistrados Miguel Ángel Rodríguez Torres y Mario Galindo Arizmendi respectivamente; en atención a lo anterior, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, asistido de Francisco Javier Frías Luna, secretario que autoriza y da fe, inicia la celebración de la audiencia incidental prevista por el artículo 144 de la Ley de Amparo, en los cuadernos de suspensión relativos al juicio de amparo 854/2018, sin la asistencia de las partes. I. Relación de constancias. El secretario da cuenta al Juez: Con el estado procesal que guardan los presentes autos; con el proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en que se tuvo por inexistente a las autoridades que la parte quejosa denominó Órgano o Poder Reformador de la Constitución a través del Congreso de la Unión y Congreso de la Unión, ambos con sede en la Ciudad de México; así como, con las constancias que integran esta incidencia. II. Intervención del agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a este órgano de control constitucional si formuló pedimento. III. Periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual, se tienen por anunciadas las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa como anexos a su demanda inicial de amparo, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, y al no existir más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada dicha etapa. IV. Alegatos. Consecuentemente, se abre el periodo correspondiente a alegatos, en el cual se tienen por reproducidos los formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a este órgano de control constitucional, en el pedimento 581/2018; así, al no existir diversos escritos en ese sentido, se declara concluida esta etapa, y se procede a dictar la resolución siguiente. Resolución incidental. Visto, para resolver en definitiva el incidente de suspensión deducido del juicio de amparo 854/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda y fijación del acto reclamado. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, , por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclaman a las autoridades siguientes: 1. Órgano o Poder Reformador de la Constitución a través del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. 2. Congreso de la Unión, con asiento en la Ciudad de México. 3. Cámara de Diputados, con residencia en la Ciudad de México. 4. Cámara de Senadores, con domicilio en la Ciudad de México. 5. Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México. 6. Secretaria de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. 7. Director del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que las quejosas solicitó la suspensión consistente en: 1. La discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo del sistema general normativo que regula las remuneraciones de los servidores públicos, con especial énfasis en lo que respecta a juzgadores federales, que se articula sobre los siguientes ordenamientos federales: a Artículos 75 y 127 Constitucionales. b Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. d Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuanto a su artículo 65, fracción II. e Código Penal Federal en sus artículos 217 bis y 217 ter. 2. De manera destacada y para el caso de que su señoría no comparta la existencia del sistema general normativo, también se reclaman en lo general y lo particular, por ser autoaplicativas y en sí mismas inconstitucionales, la discusión, aprobación, publicación y refrendo de los siguientes ordenamientos: a La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos LFRSP, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo general, y en lo particular los artículos 1 al 17, 217 bis y 217 ter, primero y segundo transitorio. b Los artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal. c La inminente aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, con disminución de la base tabular que determina las percepciones nominales del Presidente de la República de 259,000.00 Doscientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 m.n. a 108,000.00 Ciento ocho mil pesos 00/100 m.n., según lo anunciado por el Sr. Presidente de la República para el periodo 2018 2014 y su partido político. Sobre la inminencia de este acto se hace notar a su señoría que, en la interpretación más favorecida para la Cámara de Diputados, de los artículos 66, 74, fracción IV, y 75 constitucionales, el Presupuesto de Egresos deberá estar aprobado en este año electoral, a más tardar el 31 de diciembre del año en curso. Lo anterior, sin perjuicio de ampliar nuestra demanda de amparo en el momento en que se materialice la aprobación del Presupuesto de Egresos, por los vicios propios y adicionales de que pudieran adolecer las disposiciones presupuestales. 3. Los efectos y consecuencias que se deriven de tales ordenamientos, como pudieran ser la disminución de nuestras percepciones, la retención de recursos presupuestales por las autoridades hacendarias, la privación de nuestra libertad personal, la afectación a la independencia judicial y al sistema de pesos y contrapesos que determina la división de poderes. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, se pidió informe previo a las autoridades señaladas como responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en los artículos 33, 37 y 125 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Informes previos. Las autoridades responsables Supervisora "A" Homologada a Jefa de Departamento de la Subdirección de Amparos de la Cámara de Diputados, Directora General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, y Director General de Procedimientos Constitucionales en representación de la Secretaría de Gobernación, todas con sede en la Ciudad de México, al rendir sus informes previos, admiten la existencia de los actos reclamados . I. Análisis de la medida cautelar solicitada. 1. Naturaleza suspendible del decreto reclamado. Previamente a abordar el análisis de la procedencia o improcedencia de la suspensión solicitada, conviene reproducir el contenido de las normas reclamadas. Ley Federal de Remuneraciones de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan: I. El Poder Legislativo Federal; II. El Poder Judicial de la Federación; III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia; IV. Los tribunales administrativos de la Federación; V. La Procuraduría General de la República; VI. La Presidencia de la República; VII. Las dependencias federales, y VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal. Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes; V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos; VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad. Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. Artículo 5. Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la demasía. Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases: I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: a El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales; b El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; c Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o d Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: a Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, sea nivel federal, estatal, del Distrito Federal o municipal. Si la recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales. La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público; b Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses, y c El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar. Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad. Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán: I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente: a Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente: i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y b Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda. III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo: a Cámara de Senadores; b Cámara de Diputados; c Auditoría Superior de la Federación; d Suprema Corte de Justicia de la Nación; e Consejo de la Judicatura Federal; f Banco de México; g Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; h Instituto Federal Electoral; i Comisión Nacional de los Derechos Humanos; j Instituto Nacional de Estadística y Geografía; k Los organismos públicos descentralizados de la Federación; l Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y m Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión. IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo. Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley. Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que: a Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. b Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables. c Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración. Los entes públicos federales que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación observan, en lo conducente, las mismas reglas contenidas en el presente artículo en la elaboración de sus respectivos presupuestos. Artículo 9. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal y demás entes públicos federales publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores. Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la percepción. Artículo 10. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo. Artículo 11. Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores se hacen públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. Artículo 12. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal. Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos. Artículo 13. Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente. Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública. Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político. Artículo 14. Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente. Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley: I. Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos correspondientes; II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas; III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y finca directamente las responsabilidades resarcitorias; IV. Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando proceden, y V. Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción. Artículo 16. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se desarrollan de conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes autónomos. Artículo 17. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años. Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso. Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley. Artículo Segundo.- Se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, con los artículos 217 Bis y 217 Ter, para quedar como sigue: TÍTULO DÉCIMO Delitos Cometidos por Servidores Públicos CAPÍTULO V BIS Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos Artículo 217 Bis. Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita: I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. Artículo 217 Ter. Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se impondrán las siguientes penas: I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años. TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma. La legislación reglamentaria en comento, señala que es de carácter general, cuyo objeto es regular las remuneraciones de todo servidor público de los poderes de la Unión, así como todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellas dotados de autonomía constitucional. También, define al servidor público como la persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia; los tribunales administrativos de la Federación, entre otros. Señala que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades; que no podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. Que en todo caso la remuneración estará sujeta a los principios rectores de anualidad, reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad, así como de transparencia y rendición de cuentas. Establece los conceptos que deben considerarse como remuneración o retribución, sus excepciones y aquellos recursos que no forman parte de la remuneración de los servidores públicos. También, precisa las bases que se considerarán para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, como son: a No recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. b No tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las salvedades ahí descritas, así como que la suma de las retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. c No cubrir una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. d Dictaminación de la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a los aspectos ahí precisados. Precisa que la remuneración de los servidores públicos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que contendrá: I los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a las parámetros que indica, II la remuneración total anual del Presidente de la República para el presente ejercicio fiscal, la remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que señala, entre ellos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos y III la remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fideicomisos públicos o afectos al citado presupuesto, además de sus tabuladores. Asimismo, dispone que durante el procedimiento de programación y presupuestación, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto, los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. Establece las percepciones por retiro y otras prestaciones de los servidores públicos, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 de dicha ley, además, determina las disposiciones del control, las responsabilidades y las sanciones respecto de las conductas de los servidores públicos que se consideren contrarias a las contenidas en la citada ley de remuneraciones. Mientras que la adición que en dicha legislación se hace al Código Penal Federal, relativa a los artículos 217 Bis y 217 Ter, señala que además de las responsabilidades administrativa y política, los servidores públicos incurrirán en el delito de remuneración ilícita cuando aprueben o refrenden el pago, suscriban el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la ley; cuando reciban un pago indebido sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. Por la comisión del delito señalado, indica una serie de parámetros que habrán de considerarse para imponer las sanciones que correspondan, las que pueden oscilar entre la imposición de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; y cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del ilícito. Así como la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años. 1.1. Situación de los quejosos frente a las normas impugnadas. Sentado lo anterior, se tiene que la naturaleza del acto reclamado permite ser objeto de suspensión, en razón de que los efectos y consecuencias de éste son de carácter positivo y constituyen actos a realizar en el futuro, por ende, son susceptibles de paralizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, constitucional, ya que prescribe remuneraciones de ciertos sujetos, quienes no pueden recibir un pago mayor que el Presidente de la República; de hacerlo, los conmina a realizar un reporte y, en caso de omisión, tales sujetos podrían configurar un delito. Los quejosos acuden al amparo con motivo de que ostenta el cargo de Secretarios de juzgado y actuario judicial, respectivamente cuya pormenorización se verá más adelante. Entonces, desde luego son sujetos de los artículos que impugnan, pues éstos, regulan sus remuneraciones y, en ciertas hipótesis, lo ubican en la configuración de un delito. Al margen de la propuesta en el presupuesto de egresos para el ejercicio dos mil diecinueve; en el sentido de que el Ejecutivo Federal percibirá como salario la cantidad de ciento ocho mil pesos mensuales, lo que se cita como hecho notorio; lo cierto es que las normas reclamadas definen sujetos, por lo que su análisis abstracto, consustancial a este tipo de actividad del Estado, no permite condicionarlo, pues el estudio relativo a quienes son los sujetos de las leyes reclamadas tienen como principio y fin las normas en sí mismas. Ahora bien, acorde con el artículo 148 de la Ley de Amparo, cuando se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del impetrante, lo que acontece en la especie dado que se reclaman diversos dispositivos que, desde una base objetiva como se detallará en párrafos posteriores, trasgreden su esfera jurídica desde su sola entrada en vigor, por ejemplo: el referente a la base que se considerará para determinar las remuneraciones de los servidores públicos, entre ellas, no percibir mayores ingresos que el Ejecutivo Federal sin que a la fecha exista acto formal que lo defina, o bien, el que establece como principio rector de las percepciones de los servidores públicos la sujeción a la anualidad en el presupuesto de egresos; de ahí que los efectos y consecuencias de éstas sean de carácter positivo, susceptibles de suspenderse. 2. Interés suspensional pruebas. Los quejosos solicitan la medida cautelar y para acreditar su interés suspensional, exhibieron con su demanda, los siguientes documentos: a Constancias laborales emitidas por la Administración Regional en Mazatlán, Sinaloa, del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a su sueldo y cargo como Secretario de juzgado y actuario judicial. b Recibos de pago con sello digital y cadena original, correspondientes a los meses de enero a diciembre del año en curso. c Nombramientos. Con las documentales descritas se estima acreditado presuntivamente el interés suspensional de los peticionarios de amparo, las cuales adquieren valor probatorio en términos de los artículos 127, 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, en tanto sirven para demostrar el daño o afectación de los quejosos de negarse la medida solicitada, consistente en la sujeción a las normas que impugnan, dado el cargo de servidores públicos que ostentan en la actualidad, esto es, secretarios de juzgado y actuario judicial, respectivamente, en esta ciudad. Por ello, la suficiencia para tener por demostrado, aunque sea presuntivamente, el aludido interés en el otorgamiento de la suspensión definitiva, así como el interés de la sociedad que justifica su otorgamiento, sobre lo que se abundará en líneas posteriores. 2.1. Afectación El artículo 3, fracción I, de la legislación reclamada, establece el principio rector de anualidad para las remuneraciones de los servidores públicos, consiste en que la remuneración será determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuirán durante el mismo. En cuanto a la afectación subjetiva, los quejosos son personas con relación laboral-administrativa para con el Estado Mexicano, por lo que en torno a ello y en el aspecto económico, se puede considerar que el principio de anualidad contenido en las disposiciones reclamadas, no producen, de momento, efectos materia de paralización, dado que el sueldo del Ejecutivo Federal se autoriza en el presupuesto anual, de ahí que previsiblemente dicha afectación recaiga en el presente ejercicio fiscal, siendo entonces cuando estará conminado a efectuar el reporte de sus percepciones, de ser mayores que las del referido mandatario. Así, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que no desempeñe un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resientan perjuicio económico. No obstante, como los quejosos son secretarios de juzgado y actuario judicial, respectivamente, la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, ya le irradia afectación, dado que la posición de los quejosos no se limita a su proyecto de vida y conservación de status quo, sino de protección inmediata de sus funciones que como secretarios de juzgado y actuario judicial, respectivamente, en virtud de las labores que desempeñan dentro de la institución a la que pertenecen, esto es, al Poder Judicial de la Federación, las cuales se puede ver potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, como se explica a continuación. La afectación objetiva con motivo de las normas tildadas de inconstitucionales, se advierte de un análisis a primera vista, ya que el referido principio de anualidad rector de las remuneraciones de los servidores públicos, permea en las funciones de todos y cada uno de los integrantes de la institución del Poder Judicial de la Federación, ya que si bien es cierto, los titulares de los órganos jurisdiccionales encarnan, en sí, la independencia judicial, también lo es, que el aparato de impartición de justicia está conformado por los titulares juntamente con el personal a su cargo, dado que no es posible que dicho ente jurisdiccional opere de manera individual. Entonces, por extensión, debe entenderse que toda la institución está protegida constitucionalmente. Luego, derivado del principio de anualidad aludido, las remuneraciones de los servidores públicos se sujetan a una revisión o análisis anual para su determinación, por lo que potencialmente pueden variar, sin considerar que son todos los servidores públicos del Poder Judicial los que conforman la institución encargada de la impartición de justicia como un ente jurisdiccional, la cual por mandato constitucional debe ser pronta y expedita como lo salvaguarda el artículo 17 del Pacto Federal, así como la independencia judicial también desde la perspectiva de institución jurisdiccional a que alude el precepto 100 constitucional. Esto debido a que los servidores públicos que integran un órgano jurisdiccional atienden al principio ético de lealtad que deben al Poder de la Unión al que pertenecen, respaldado en el citado artículo 17, como se pormenorizará más adelante. 3. Requisitos de procedencia de la medida. Ahora, para resolver sobre la medida suspensional, respecto a los efectos y consecuencias del decreto reclamado en su naturaleza de autoaplicativo, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, se debe analizar si se satisfacen los requisitos previstos en el numeral 128 de la ley de la materia, pues de no ser así, la medida debe negarse. Es orientadora, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que enseguida se reproduce: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. De conformidad con el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo en que se reclame una norma autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica dlos Quejososs; sin embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En consecuencia, cuando se reclamen disposiciones de carácter general por considerar que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, aquélla resultará improcedente. Décima Época. Registro 2009368. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, materia común, tesis I.18o.A. J/1 10a., página 1824. 3.1. A petición de parte. En el caso, se satisface el requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo que lo soliciten los quejosos, con la presentación de la demanda y la petición de suspensión, aduciendo la afectación que le causa de manera directa e inmediata la sola entrada en vigor de las normas reclamadas, toda vez que, desde ese momento se incorporan prohibiciones y obligaciones que inciden en la esfera jurídica de derechos de los quejosos, tales como la prohibición a todo servidor público de recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que se determinará en el presupuesto de egresos correspondiente, conforme al principio rector de anualidad, así como realizar reportes cuando se reciba un pago de los considerados como indebidos. 3.2 Afectación al interés social y disposiciones de orden público. De igual manera, se estima satisfecho el requisito contenido en la fracción II del citado numeral, ya que no se causa afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Entendiendo por interés social y orden público la referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre un sistema coherente de valores y principios, estos últimos se traducen en el balance entre los derechos humanos y las libertades individuales, con los de la comunidad. Tales conceptos, para efectos de la suspensión, guardan una estrecha relación puesto que el primero se refiere a disposiciones plasmadas en ordenamientos legales cuyo fin es el de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; en tanto que el segundo alude al hecho, acto o situación que reporte una ventaja, un provecho, la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o mal público. En torno al tema, el numeral 129 de la ley de la materia, no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene en forma enunciativa, más no limitativa un catálogo de supuestos, en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo al incluir el legislador la frase se considera, entre otros casos. No obstante ello, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese tenor, corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Entonces, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. 3.2.A. Mayor afectación al interés social. Al respecto, en lo que interesa, el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: . III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ." De lo transcrito se advierte que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En torno a ello, el último párrafo del aludido numeral establece, que excepcionalmente podrá concederse la suspensión, a pesar de que se trate de los casos previstos en la propia norma, si a juicio del juzgador con la negativa pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, al ponderar la afectación que los quejosos pretenden evitar vertiente objetiva y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor a la sociedad que con el otorgamiento de la misma. Lo anterior, ya que de negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra los derechos fundamentales de impartición de justicia pronta y expedita a cargo del Poder Judicial, desde la óptica de ente jurisdiccional, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, en trasgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita. Disposición constitucional que, en lo que atañe, prevé que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Para lograr el cometido de justicia pronta, expedita y de calidad, uno de esos medios es la independencia judicial vista de forma abstracta; en el ámbito internacional, basta acudir a la publicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia consultable en la página web www.oas.org cuyo párrafo treinta, dispone que el principio de independencia del Poder Judicial ha sido reconocido como costumbre internacional y principio general del derecho y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales, por citar alguno, la Convención Americana de Derechos Humanos artículo 8.1. De igual forma, sustenta que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso y su ausencia afecta el derecho de acceder a la justicia, además de generar desconfianza y hasta temor que orille a las personas a no recurrir a los tribunales. Lo anterior, también se sustenta en la Observación General Número 32, emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con relación al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyos puntos 18 y 19, establece que la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna y que el requisito de independencia se refiere, en lo de interés, a la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo. Que los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución y las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura. Además, para salvaguardar la independencia judicial, la ley deber garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas. De tal manera que la sociedad está interesada en el debido cumplimiento a las normas, que tiendan a proteger la independencia del Poder Judicial, como institución garante del derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, conformado por el titular del órgano jurisdiccional y todo el personal a su cargo, lo cual se mermaría de no acceder a la suspensión solicitada, en la medida en que se estaría desconociendo el contenido de los numerales 17 y 100 de la Carta Magna. En otras palabras, de negarse la medida cautelar, constituiría una permisión tácita de un altamente factible atentando contra la independencia del poder judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado. Ámbitos en los que se encuentra interesada la sociedad como miembros de un Estado de derecho democrático. Lo que se sostiene, en tanto que, la institución encargada de la impartición de justicia está conformada por todos los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación, dado que, como se dijo, no es el titular del órgano jurisdiccional quien de manera individual constituye dicha institución, sino todos los servidores que laboran conjuntamente con el operador de justicia, aun cuando sea en el juzgador en quien encarna la independencia judicial y recae en él la investidura de tal cargo. Así es, los servidores públicos deben lealtad y compromiso únicamente a la institución a la que pertenecen; principio definido por el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, como el que acepta los vínculos y adhesión a la institución que conforman de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla representa. En ese sentido, con base en las normas impugnadas las remuneraciones de los servidores públicos pertenecientes a un Poder de la Unión independiente y autónomo, estarán sujetas a una revisión anual teniendo como parámetro el sueldo del Ejecutivo Federal, y en el caso, el Presidente Constitucional en múltiples declaraciones ha sostenido que se disminuirá su salario a ciento ocho mil pesos mensuales, el que incluso pudiera ser variado e inferior atendiendo al principio de anualidad de trato; además, no se advierten bases objetivas en la fijación de las cantidades expresadas. De ahí que se sostenga, que por el contenido y fin de las normas reclamadas, es factible se ejerza un control de otros poderes sobre el Poder Judicial de la Federación, a través del personal que lo integra, pues aun en la hipótesis de que no exista ese control hacia el titular del órgano, sí podría haberlo respecto del resto del personal, pues si bien el salario mensual neto de los promoventes no rebasa el anunciado por el Ejecutivo ijado como parámetro, como se advierte de los recibos de pagos exhibidos, al no existir una base objetiva para su fijación, así como la sujeción a la anualidad que como principio rector de las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere la ley impugnada, es innegable la posibilidad de control de otros poderes sobre el Judicial, mediante el personal integrante del órgano, el cual no puede responder a otros intereses más que a las encomiendas constitucionales del propio Poder Judicial de la Federación, a través del titular correspondiente. En esa medida, se reitera, que aun cuando el titular encarna la independencia judicial, ésta en realidad se manifiesta por toda la labor del personal, sin la cual no es posible la prestación del servicio de impartición de justicia como lo mandata la constitución, esto es, pronta y expedita por parte de tribunales independientes, por ello el interés de la sociedad de que no se respondan a otras fuerzas, pues de no ser así, el servicio de administración e impartición de justicia que no se desempeñe bajo las directrices constitucionales indicadas, se verá disminuido, toda vez que cualquiera que sea la labor que desempeñen los servidores públicos de un órgano jurisdiccional, siempre está encaminada a la decisión judicial y al referido servicio acceso a la justicia de la ciudadanía. Es la labor conjunta del juzgador y el personal a su cargo, lo que permite que la sociedad pueda acceder a una justicia pronta y expedita emitida por tribunales independientes, de otra manera, sería inoperable el quehacer judicial del titular, si su personal como maquinaria operativa de la impartición de justicia, tuviera influencias externas derivadas de la revisión periódica de sus remuneraciones y la amenaza de responsabilidad penal que establecen las normas que se controvierten. En ese orden de ideas, partiendo de la base que de no concederse la suspensión solicitada, la sociedad se vería afectada en mayor medida, al no poder acceder a una justicia pronta y expedita impartida por tribunales independientes y autónomos de toda influencia política, lo cual no sería materialmente posible de considerar que el titular desarrollara toda la laboral judicial por sí solo, con un personal falto de lealtad que obstaculizara o entorpeciera el servicio prestado por responder a influencias externas. Con lo que se tienen por satisfechos los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4. Apariencia del buen derecho. En cuanto a la apariencia del buen derecho, que se encuentra prevista en el dispositivo 138 de la ley de la materia, se actualizan los supuestos de dicha figura, atento a que las normas reclamadas contenidas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como las adiciones al Código Penal Federal, por su transgresión directa a los derechos humanos que irradian a los justiciables derivado de los artículos 17 y 100 Constitucionales, como se adelantó, previsiblemente resultan inconstitucionales. Tal conclusión deriva de que la Constitución se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica, en función de lo cual establece la relación jerárquica y material entre las normas del sistema y determina su significado. Ésta, como Norma Fundamental determina las relaciones entre las normas jurídicas y su forma de aplicación; de ahí que, su propia y especial naturaleza implica considerarla siempre como una unidad coherente y homogénea en todo momento de manera que, por regla general, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad pues permanece siempre la misma a pesar de los cambios. En ese tenor, de acuerdo con la jerarquía de esa Norma Fundamental, las disposiciones constitucionales originales como creadoras y conformadoras del sistema jurídico determinan el significado de las demás normas. Por tanto, si de la interpretación sistemática de los artículos 17 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que los órganos jurisdiccionales se rigen por un sistema que garantiza la independencia de la institución del Poder Judicial, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños, lo cual se protege mediante diversos mecanismos, como es la no disminución de sus remuneraciones; entonces, a juicio de quien esto resuelve, tales normas constitucionales deben determinar el significado de la reforma de los artículos 75 y 127 constitucionales a los que reglamentan las normas reclamadas. En congruencia con lo expuesto, de un examen preliminar de las hipótesis normativas insertas en los numerales citados en último término, con las diversas que derivan de las disposiciones constitucionales originales, se concluye que, en apariencia, las restricciones a que se contraen los citados artículos 75 y 127 no resultan aplicables a todos aquellos funcionarios que forman parte del Poder Judicial de la Federación, lo que evidencia aún más que, eventualmente, la ley reglamentaria reclamada se encuentre afectada del vicio de inconstitucionalidad. Considerar lo contrario, conllevaría al extremo de afirmar que existe una antinomia entre los referidos preceptos constitucionales; supuesto en el que debe aplicarse el principio de especialidad en la norma, es decir, que eventualmente, para los funcionarios públicos del Poder Judicial Federal, deben prevalecer los artículos 17 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los diversos 75 y 127, al ser los primeros los preceptos especiales que regulan la independencia y autonomía judicial. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 15/96, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, Novena Época, registro 200136, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo III, Abril de 1996, materia común, página 16, de rubro siguiente: SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Además, la apariencia del buen derecho, en términos del artículo 107, fracción X, constitucional y 138 de la Ley de Amparo, constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, que encomienda al juzgador adoptar la decisión más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, para maximizar el fin de dar eficacia a la suspensión sin lastimar el interés social, sin que la norma constitucional otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del fin constitucional perseguido, en función de las particularidades de cada caso concreto. En el caso, la ejecución de las normas reclamadas puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de los quejosos tanto a nivel personal, como en su cargo de servidores públicos integrantes de la institución del Poder Judicial de la Federación. 4.1. Afectación subjetiva. Al respecto, es de reiterarse, que los quejosos son personas con relación laboral-administrativa para con el Estado Mexicano, dado que tiene el cargo de secretarios de juzgado y actuario judicial, respectivamente, como se advierte de las documentales descritas en líneas arriba. Luego, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que no desempeñe un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resienta perjuicio económico. Virtud a que el principio de anualidad, desde este momento y desde una perspectiva económica, pudiera considerarse que no produce efectos objeto de paralización de las normas, pues el sueldo del Presidente del país se autoriza en el presupuesto anual; entonces, es factible que tal afectación recaiga en el inicio del presente ejercicio fiscal. En cuyo caso, estarán conminados a realizar un reporte a su superior jerárquico si su remuneración supera a la del Titular del Ejecutivo, debido a la carencia de un sueldo mínimo del Ejecutivo y de bases objetivas para su fijación. Sin embargo, como se dijo, los quejosos son secretarios de juzgado y actuario judicial, respectivamente, por lo que la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, les irradian afectación, dado que su posición no se limita a su proyecto de vida y conservación de status quo, sino de protección inmediata de sus funciones como integrantes del ente jurisdiccional, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, como se enseguida expone. 4.2. Afectación objetiva probable violación al servicio de administración de justicia pronta y expedita y a la independencia judicial como parte integrante del ente jurisdiccional En este aspecto, mediante la suspensión del acto que se reclama, se evita la posible afectación de los derechos de los quejosos, ya que en tanto se emite la resolución de fondo, la independencia como parte integrante del aparato judicial impartidor de justicia, puede verse menoscabada. Lo que acontece en el caso, puesto que del análisis prima facie que se realiza de las disposiciones tildadas de inconstitucionales; en un examen de mera aproximación, se advierte que no se tiene en cuenta a los artículos 17, 94 y 100 constitucionales, que salvaguardan la impartición de justicia pronta y expedita a través de tribunales independientes. A su vez, los derechos fundamentales de justicia pronta, completa e imparcial, salvaguarda de una garantía social de contar con servidores idóneos para impartir justicia, en los que rijan los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia. Finalidad que se logra cuando los órganos jurisdiccionales cuentan con personal leal al Poder Judicial de la Federación, sin influencias o control externo, enfocados hacia una misma dirección que no es otra que cumplir con el mandato constitucional de brindar el servicio de administración de justicia pronta, expedita e imparcial, a través del personal que opera el aparato judicial, cuyo actuar y desempeño compromete todos los fines que persigue el artículo 17 de la Carta Magna, siendo la independencia del juzgador uno de los medios para cumplir con tal garantía social. Labor judicial que se reitera, no sería posible desarrollar si el personal obedece a fuerzas ajenas a la institución, lo que eventualmente conllevaría a que prestar un servicio de administración de justicia disminuido y deficiente derivado de tales influencias externas. Sirven de sustento a lo anterior, los criterios emitidos por el Pleno del Alto Tribunal del país, contenidos en las tesis siguientes: RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL. Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera que la exigencia constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la colectividad, y sus garantías como la de inamovilidad en el cargo únicamente se justifican si, de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que se apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades de satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar. Novena Época. Registro 164705. Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, materia constitucional, administrativa, tesis P. XXXII/2010, página 10. RATIFICACIÓN DE JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. ES UNA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CARGO Y PRINCIPALMENTE UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA IMPARTIR JUSTICIA PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De un análisis armónico y sistemático de los artículos 17, 97, primer párrafo y 100, sexto párrafo, de la Constitución Federal, y 105 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que la ratificación de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito constituye una institución para que estos altos funcionarios judiciales puedan adquirir estabilidad en el cargo público que detentan previa satisfacción de determinados requisitos, pero principalmente constituye una garantía de la sociedad de contar con servidores idóneos para impartir justicia. Esto es así, ya que para que proceda la ratificación, el funcionario debe haber desempeñado el encargo durante seis años y se debe atender a su desempeño en la función, al resultado de las visitas de inspección que se le hayan practicado durante su gestión, al grado académico, cursos de actualización y de especialización que tenga, el que no haya sido sancionado por falta grave con motivo de una queja administrativa y a los demás que se estimen convenientes para evaluar al funcionario; y, por otra parte, debe tenerse presente que estos cargos forman parte de la carrera judicial en la que rigen los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso; todo lo cual tiene como fin último el garantizar que la impartición de justicia sea expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, en los términos que lo consigna el artículo 17 constitucional, lo que es responsabilidad directa del funcionario judicial. Novena Época. Registro 192147. Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000, materia, constitucional, administrativa, tesis P. XXXIV/2000, página 102. Lo anterior, dado que la fracción I del artículo 3 de la ley reclamada, establece como principio rector de las remuneraciones de los servidores públicos la anualidad, consistente en tal remuneración se determinará para cada ejercicio fiscal, lo que genera de facto, la real posibilidad de que año con año, el Poder Legislativo varíe la remuneración de los servidores públicos, lo que posibilita el control o influencia externa sobre el personal de los órganos jurisdiccionales, en contravención a los artículos 17, 94 y 100 de la Carta Magna, ocasionando así la eventual pérdida de la lealtad al Poder Judicial de la Federación. Sirven de sustento a lo anterior, las tesis y jurisprudencia aprobadas por el Pleno del Alto Tribunal, del tenor literal siguiente: INDEPENDENCIA JUDICIAL. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL. La independencia judicial constituye un rasgo distintivo de la regulación constitucional y legal que rige, entre otros aspectos, los relacionados con el nombramiento, duración en el cargo, remuneraciones y demás aspectos relevantes de los derechos y obligaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales, por lo que, al interpretar dicha regulación, las conclusiones a las que se arribe deben ser acordes con ese principio. Novena Época. Registro 175918. Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, materia constitucional, tesis P. XIV/2006, página 24. INDEPENDENCIA JUDICIAL. LOS DERECHOS QUE ASISTEN AL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL TIENDEN A GARANTIZAR QUE RESUELVA SIEMPRE CONFORME A DERECHO, SIN INFLUENCIAS AJENAS. De la interpretación sistemática de los artículos 17, 94, párrafo octavo, 99, párrafo penúltimo, 100, párrafo séptimo, 101 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe concluirse que los titulares de los órganos jurisdiccionales se rigen por un sistema que garantiza su independencia, consistente en la actitud que debe asumir todo juzgador para emitir sus resoluciones con apego a derecho, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños, lo cual se protege mediante diversos mecanismos, como son la fijación de un plazo de duración en el cargo, la imposibilidad de disminuir sus remuneraciones y de que ocupen diverso empleo o encargo durante un periodo. Novena Época. Registro 175917. Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, materia constitucional, tesis P. XIII/2006, página 25 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. LA NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE RIGE EN ESA ENTIDAD NO GARANTIZA SU PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. Del análisis exhaustivo y pormenorizado de la normatividad constitucional y legal que rige en el Estado de Tlaxcala se advierte que no cumple con la mayoría de los principios constitucionales que para garantizar la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales se establecieron en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987. Ello es así, toda vez que no se observa que en dicha entidad federativa exista disposición alguna referida a: 1 el establecimiento de las características necesarias para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; 2 la posibilidad de que al término de su encargo puedan ser reelectos y, consecuentemente, alcancen su inamovilidad; 3 la posibilidad de que gocen de seguridad o estabilidad en su cargo, y 4 el derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo. En ese sentido, la normatividad del Estado de Tlaxcala tiene carencias trascendentales; sin embargo, y no obstante que los aludidos principios constitucionales no se encuentran previstos en la normatividad estatal aludida, ello no significa que en dicha entidad no deban ser cumplidos, pues éstos deben garantizarse siempre por ser obligatorios al estar establecidos en la Constitución Federal. Novena Época, Registro 175859. Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, materia constitucional, tesis P./J. 20/2006, página 1529. Así, a través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de los pretendientes de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; pues mientras ello no suceda, la independencia de la institución a la que pertenecen, puede resultar menoscabada y, así, el servicio de administración de justicia en general. Luego, si los peticionarios de amparo acredita con las documentales exhibidas, que ocupan los cargos de secretarios de juzgado y actuario judicial, respectivamente, por lo que a nivel subjetivo cuentan con dicha protección constitucional, esto es, a la no disminución de sus remuneraciones, a nivel objetivo, tal protección se dirige a la independencia y autonomía de la institución jurisdiccional de la que forman parte. Por tanto, en apariencia del buen derecho que le asiste, se concede la suspensión definitiva solicitada a los quejosos , para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se les apliquen los artículos tildados de inconstitucionales; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en el presente incidente. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que a la letra dice: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO., sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por los Quejososs, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir los Quejososs. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Novena Época. Registro 165659. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, materia común, tesis 2a./J. 204/2009, página 315. II. Garantía. En la inteligencia que dicha medida surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados, además porque no se advierte la existencia de terceros interesados. TERCERO. Tomando en cuenta que en proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó Órgano o Poder Reformador de la Constitución a través del Congreso de la Unión y Congreso de la Unión, ambos con sede en la Ciudad de México; por tanto, se declara sin materia este incidente de suspensión, respecto de los actos atribuidos a las mismas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 125, 132 y 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se concede a , la suspensión definitiva de los actos que reclama de las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación y Director General Djunto del Diario Oficial de la Federación, todas con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se declara sin materia, el presente incidente de suspensión, por lo que hace a las autoridades que el quejoso denominó Órgano o Poder Reformador de la Constitución a través del Congreso de la Unión y Congreso de la Unión, ambos con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese.

  4. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Agregar. Se tiene por recibido el oficios signado por el Consultor Jurídico en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México; sin que se torne necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que ya transcurrió la fecha que se notifica en el oficio que adjunta a su oficio. Cúmplase.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano