Ricardo Bernal Medina

Expediente 337/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
337/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Bernal Medina

Actuaciones

  1. Principal

    V... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción.

  2. Principal

    V.... Agréguese el escrito del quejoso, mediante el cual desahoga las prevenciones formuladas. Ahora, previo a realizar algún pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario referir que el juicio de amparo es improcedente respecto de actos contra los que proceda algún recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados o nulificados, aun cuando la parte afectada no lo hubiere hecho valer; elemento que se acredita, pues en contra del acto reclamado que se combate, procede el recurso de revocación. En ese sentido, este Juzgador estima, que la parte quejosa podía obtener el remedio a las violaciones de las que se duele respecto de la determinación dictada en la audiencia de inicio de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el juez responsable en la Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar relativo al Reconocimiento de Paternidad 890/2022, donde admite diversas pruebas ofrecidas por las partes y de forma oficiosa requiere otras, como son: pericial en trabajo social y en materia de psicología; así como, ordena girar oficios a diversas dependencias para conocer los sueldos, prestaciones, ingresos y bienes declarados de las partes; la cual tendría que haber sido impugnada mediante la interposición del recurso de revocación a que aluden los artículos 1.362 a 1.365 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México... Del análisis sistemático de los preceptos legales transcritos se advierte que están previstos en el Código de Procedimiento Civiles del Estado de México vigente, las hipótesis en que procede el recurso de revocación; por ello, contra la determinación impugnada previo a la promoción del juicio de amparo el promovente debió agotar el principio de definitividad, a través del recurso de revocación. Se afirma lo anterior, porque el artículo 1.362 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México, establece cuáles son los actos contra los que procede el recurso de revocación, dentro de los cuales se precisa que los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. En consecuencia, si la resolución impugnada en el presente juicio constitucional constituye la determinación en la que admite diversas pruebas ofrecidas por las partes y de forma oficiosa requiere otras, como son: pericial en trabajo social y en materia de psicología; así como, ordena girar oficios a diversas dependencias para conocer los sueldos, prestaciones, ingresos y bienes declarados de las partes, dentro de la Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar relativo al Reconocimiento de Paternidad 890/2022; es inconcuso que contra dicha determinación la inconforme debió agotar el recurso de revocación previo a acudir a esta instancia constitucional; de ahí que si no lo hizo, no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el precepto legal invocado de la ley de la materia prevea las hipótesis de excepción que harían procedente el juicio de amparo, las cuales son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales: b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Debe precisarse que la determinación reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento. Además, cabe destacar que, si bien, los actos que aquí se reclaman derivan de un procedimiento de orden familiar e involucran a un menor de edad, tampoco se actualiza la excepción al principio referido que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la demanda no fue promovida a favor de los intereses del infante o alegando algún riesgo que pudiera tener el menor de edad al ejecutarse la resolución impugnada, sino, únicamente por los intereses del quejoso, aunado a ello que éste no haya solicitado la suspensión de los actos reclamados. Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso, ya que la sola lectura de los preceptos legales transcritos permite advertir que contra la resolución reclamada y emitida por el Juez señalado como responsable, procede el recurso de revocación. Por lo tanto, al no surtirse alguna de las excepciones al principio de definitividad, no existe justificación alguna para que la solicitante de amparo no haya agotado el recurso de revocación; máxime, que pudo obtener el remedio a las violaciones de las que se duele, ya que en dicho recurso hubiese sido factible que se anulara, revocara o modificara la determinación impugnada. En adición, la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. Con la salvedad de que no es factible evadir los presupuestos establecidos por el legislador para la procedencia del amparo indirecto, ya que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano, en cuanto al margen de protección a violaciones de los derechos humanos, sin embargo, ello no significa que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia y que tengan que resolver el fondo de cualquier cuestión planteada, sin que importe la verificación de los requisitos previstos en las leyes nacionales para la interposición de los medios de defensa, ya que precisamente las formalidades procesales son la vía que hacen posible arribar a una adecuada resolución, sin las cuales se provocaría un estado de incertidumbre jurídica entre las partes. Aunado a lo anterior, el hecho de que los órganos jurisdiccionales no son los únicos con deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados también deben hacerlo al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó, siempre y cuando éstas tengan sustento constitucional. De esta forma, la existencia de formas y plazos concretos para acceder a la justicia, no corresponde a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de establecer mecanismos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y dentro de éstas, la de legalidad e igualdad en los procedimientos. No pasa inadvertido que el acto del que se duele el agraviado podría considerarse como de imposible reparación; sin embargo, tal circunstancia no lo exime de acatar el principio de definitividad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia descrita, por lo que, atento a lo que establece el numeral 113 de la citada normatividad, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Respecto a las personas que autoriza, domicilio y correo electrónico que proporciona, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que en el auto de veinticuatro de marzo pasado se acordó lo conducente.

  3. Principal

    ... con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista de estrados al quejoso, el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, lo anterior en atención al aviso de treinta de marzo del año en curso... (requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito realice lo siguiente: 1. Bajo protesta de decir verdad, amplié los antecedentes de los actos que reclama, dentro de los cuales debe establecer cuál es el estado procesal del expediente 890/2022 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar con residencia en Ecatepec; si contra la determinación que reclama promovió o interpuso algún medio de defensa ordinario o extraordinario; en caso afirmativo ante qué ante que autoridad y cuál es el estado procesal en que se encuentra. 2. Transcriba el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, o en su caso exhiba copia del mismo.1 Lo anterior, pues del contenido de la demanda, específicamente en el capítulo de conceptos de violación, únicamente se advierte que la autoridad responsable le solicitó informar sus percepciones económicas. 3. Exhiba cuatro juegos de copias del escrito en que desahogue las prevenciones para correr traslado a las partes, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: una para la autoridad responsable; una para la parte tercero interesada; una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito, y una para el incidente de suspensión que solicita. Lo anterior conlleva el apercibimiento que de no cumplir con los requerimientos formulados se tendrá por no presentada la demanda en términos del numeral 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.)

  4. Principal

    V... Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo ..., por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar con residencia en Ecatepec - Coacalco, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número de expediente 337/2023-V. Previo a realizar pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo, establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá a la parte promovente para que aclare su demanda....

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